Ambiente y clima

La gobernadora Jenniffer González Colón reafirmó el 31 de agosto de 2026 que la sequía es la causa del racionamiento de agua que afecta entre el 10 y 13 por ciento de los clientes en dos zonas de Puerto Rico, y sostuvo que la crisis no desalentará la inversión extranjera.

Más de una de cada diez personas en las zonas afectadas enfrenta servicio intermitente de agua potable, y las lluvias del fin de semana anterior no fueron suficientes para aliviar la situación; el nivel del embalse La Plata continúa bajando.

La gobernadora ofreció las declaraciones durante una conferencia de prensa sobre la convención de la Florida-Caribbean Cruise Association pautada para octubre, comparando la situación con estados de emergencia por sequía declarados en Maryland, Virginia y otros estados del país.

La Red Mundial de Monitoreo de Arrecifes de Coral publicó el informe 'Estatus de los arrecifes de coral del mundo: 2025', el más amplio de la historia con 21,1 millones de observaciones en más de 36,000 localizaciones de 120 países, concluyendo que los arrecifes han perdido un 9,5% de su masa en las últimas cuatro décadas pero aún conservan capacidad de regeneración. El Caribe figura entre las regiones más afectadas, con una pérdida del 43,4% de coral duro vivo.

Los arrecifes aportan beneficios ambientales valorados en 9,9 billones de dólares anuales, protegen a 5,3 millones de personas de la energía de las olas y sostienen la subsistencia de cerca de mil millones de personas en el mundo; su deterioro en el Caribe representa una amenaza directa para costas puertorriqueñas. El informe advierte que la frecuencia creciente de blanqueamientos masivos reduce las ventanas de recuperación del ecosistema.

El Caribe y Florida experimentaron olas de calor récord entre 2023 y 2024 que intensificaron los blanqueamientos; el autor principal del informe, el doctor Manuel González Rivero, señala un 'patrón de escalera de degradación' acelerado desde los eventos masivos de 2010. Entre 2017 y 2019, tras un gran blanqueamiento global, la superficie de coral duro vivo repuntó un 6%, evidenciando que la recuperación es posible si hay tiempo suficiente entre episodios térmicos.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, anunció el 31 de agosto de 2026 que se reunirá con el presidente de la AAA, Luis González, para discutir planes de mitigación ante el descenso del embalse Río Blanco de Naguabo, cuyo nivel cayó a 24.36 metros —umbral de la fase de Ajustes Operacionales— tras perder alrededor de 4 centímetros diarios durante dos semanas.

El embalse Río Blanco es la fuente principal de agua potable para Vieques y Culebra, dos islas municipio donde la infraestructura hídrica tiene opciones de abastecimiento alternativo limitadas; de activarse la fase de Ajustes Operacionales, el servicio a miles de residentes podría reducirse.

Vieques y Culebra dependen de sistemas de agua transportada o conducida desde el territorio principal, lo que las hace especialmente vulnerables a caídas en los niveles de embalses como Río Blanco; Méndez también representa el distrito legislativo que incluye ambas islas municipio.

El 31 de agosto de 2026, los remanentes de la tormenta Dolly dejaron lluvias que elevaron los niveles de 14 embalses, incluido Carraízo, que subió siete centímetros hasta 37.14 metros y se mantuvo en 'ajustes operacionales', alejándose del umbral de 'control'. Cuatro embalses —La Plata, Lucchetti, Cerrillos y Loco— aún registraron reducciones.

Es la primera vez en varios meses que la mayoría de los embalses no registran descensos simultáneos, aunque la situación sigue siendo preocupante; Carraízo mantiene el racionamiento cada 48 horas y Loco cayó al nivel de 'observación' el 30 de agosto.

Carraízo entró en 'ajustes operacionales' el 27 de julio y la gobernadora Jenniffer González anunció el plan de racionamiento por sectores el 4 de agosto; La Plata lleva tres días consecutivos en 'ajustes operacionales' sin racionamiento activo.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó el 31 de agosto que los remanentes de la tormenta tropical Dolly provocaron aumentos en 14 de los 19 embalses monitoreados durante las últimas 24 horas, con el embalse Río Blanco, en Naguabo, registrando el mayor incremento de 19 centímetros. Carraízo, en Trujillo Alto, subió apenas siete centímetros hasta 37.14 metros —a 14 centímetros de entrar en fase de control— mientras que La Plata, en Comerío, bajó cinco centímetros hasta 44.67 metros; ambos permanecen bajo ajustes operacionales.

Las lluvias de Dolly no han revertido el déficit hídrico que mantiene a Carraízo y La Plata en estado crítico, y el NWS advierte que la humedad atmosférica —entre 2.10 y 2.30 pulgadas, por encima de lo normal— sostendrá un patrón inestable con riesgo de inundaciones entre limitado y elevado hasta mediados de semana.

El racionamiento de agua que afecta a comunidades del área metropolitana y este de la isla continúa vigente desde el 7 de agosto; el director ejecutivo del NWS, Ernesto Rodríguez, había advertido previamente que los remanentes de Dolly aportarían entre dos y cuatro pulgadas en la cuenca de Carraízo, insuficientes ante un déficit de entre 8 y 10 pulgadas.

Las alcaldesas de Loíza y Naguabo, Julia Nazario y Miraidaliz Rosario, y el alcalde de Juncos, Alfredo "Papo" Alejandro, respaldaron las gestiones del comisionado residente Pablo José Hernández Rivera para ampliar la declaración de emergencia del USDA a más municipios y para solicitar una declaración de desastre al presidente Donald Trump que active recursos de FEMA para negocios y personas.

Los tres municipios reportan gastos sustanciales para atender la falta de agua —Loíza señala que Piñones ha tenido más días sin agua que con agua desde octubre de 2025— y no pueden acceder a fondos federales mientras no estén incluidos en ninguna declaración de emergencia.

La gobernadora Jenniffer González y el comisionado residente Hernández Rivera han diferido sobre cuándo y cómo solicitar una declaración de desastre presidencial bajo la ley Stafford; Hernández lleva semanas empujando para que la declaración cubra a todos los municipios afectados por la sequía extrema, no solo a los agricultores contemplados en la declaración vigente del USDA.

El presidente de la Junta de Planificación, el licenciado Héctor Morales Martínez, y el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, admitieron que ninguna de las dos agencias tiene visibilidad sobre los proyectos en proceso de permisología ante la OGPe en el oeste de Puerto Rico. Expertos consultados por El Nuevo Día señalan un sistema de planificación fragmentado donde la fiscalización territorial es escasa.

La falta de coordinación interagencial deja sin supervisión ambiental y de planificación a desarrollos en una zona costera de alta fragilidad ecológica; Surfrider Foundation Puerto Rico estima que el 95% de las dunas y manglares del área fueron eliminados.

El oeste de Puerto Rico ha enfrentado presión de desarrollo acelerado sobre terrenos costeros vulnerables; el huracán María en 2017 agravó la erosión de infraestructura vial en zonas ya comprometidas, y organizaciones como Para la Naturaleza han advertido sobre el agotamiento de terrenos en estado natural con funcionalidad ecológica.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez, del Servicio Nacional de Meteorología, confirmó el 30 de agosto que los remanentes de la tormenta Dolly dejarán entre una y tres pulgadas de lluvia sobre Puerto Rico hasta el lunes en la noche, con hasta cuatro pulgadas en algunos pueblos del este, lo que representa un alivio parcial a la sequía pero insuficiente para resolver el déficit de los embalses.

El Monitor de Sequía con datos al 25 de agosto muestra que la sequía extrema cubre un 44.5% de Puerto Rico —dominando el litoral sur y extendiéndose por el este y noreste— mientras que un 75.2% del territorio se encuentra bajo alguna categoría de sequía; las acumulaciones proyectadas de Dolly no alterarán ese panorama de forma significativa.

Rodríguez comparó el evento con la tormenta Erika de 2015, cuando varios sistemas consecutivos fueron necesarios para superar una sequía similar; la AAA había advertido previamente que las precipitaciones de Dolly eran improbables que hicieran mella en los planes de racionamiento vigentes.

Una auditoría de la Oficina de la Contralora, que cubrió del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025, concluyó que el DRNA no incorporó efectivamente a municipios y comunidades vulnerables en la planificación contra la erosión costera, y que la agencia perdió oportunidades de solicitar fondos federales de resiliencia climática por desconocimiento de convocatorias.

Los auditores hallaron ausencia de guías, protocolos uniformes y estructuras organizacionales dedicadas al problema, debilidades que agravan el daño a comunidades, infraestructura pública y recursos naturales en las costas de Puerto Rico.

La fuente de NotiCel confirma los hallazgos centrales ya reportados por El Nuevo Día y Metro PR sobre la misma auditoría, añadiendo el detalle de que solo una parte de los municipios costeros respondió las encuestas del DRNA, evidenciando brechas en la coordinación interagencial.

El 28 de agosto, lluvias obstruyeron la toma de agua del río Cañas y detuvieron la planta de filtros Miradero en Mayagüez, provocando bajas presiones o interrupciones del servicio en Mayagüez, Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros y Rincón. La AAA trabaja desde la mañana del 29 de agosto en la limpieza de la toma y en la reparación de una bomba averiada en la estación de bombeo de Río Grande de Añasco.

Decenas de sectores residenciales en cinco municipios quedaron sin agua potable o con servicio reducido; la AAA habilitó dos oasis en Mayagüez para atender a los abonados afectados.

La planta de filtros Miradero es una instalación clave para el suministro de agua en la región oeste del país; obstrucciones en tomas de agua tras lluvias intensas son una causa recurrente de interrupciones en el servicio de la AAA.

Un estudio de World Weather Attribution, con más de 20 científicos de universidades de todo el mundo, determinó que el cambio climático causado por el ser humano redujo las precipitaciones en Puerto Rico un 9% entre mayo y julio de 2026, y que las altas temperaturas aceleraron la evaporación del poco aguacero que cayó. El Departamento de Agricultura federal declaró desastre por sequía en 26 municipios, y el Monitor de Sequía de Estados Unidos reporta que el 44% de la isla enfrenta sequía extrema.

El estudio advierte que episodios de escasez de agua como el de 2026 son ahora un 30% más probables de repetirse en las próximas décadas, y que bajo un escenario de calentamiento de 2.8 °C las lluvias en el Caribe podrían bajar un 10% adicional. Puerto Rico ya pierde el 60% del agua potable por fugas, medición deficiente y otros problemas de infraestructura, agravando el impacto de la sequía sobre agricultores y residentes.

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró estado de emergencia por la crisis del agua aproximadamente un mes antes de la publicación del estudio. Las sequías más comparables a la de 2026 ocurrieron en 1994 y 2015; la de 2015 fue la primera vez que el Monitor de Sequía clasificó condiciones de sequía extrema en Puerto Rico. Solo en julio de 2026 se registraron al menos 300 incendios de pastizales en la isla, y de enero a agosto el total llegó a 2,682, un 74% más que el año anterior.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció junto a la Fundación Afya el envío de 26 paletas con 45,000 botellas de agua potable a Puerto Rico para atender los problemas de suministro causados por la sequía y averías en la AAA.

El cargamento busca asistir a cerca de 500,000 personas en San Juan y municipios colindantes —Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo— que enfrentan racionamiento de agua potable.

La crisis responde a fallas en el sistema de la AAA que afectan el embalse que surte a esos municipios; miles de familias carecen de acceso regular al agua. Nueva York alberga cerca de un millón de puertorriqueños y ha actuado como red de apoyo en emergencias previas de la isla.

El Proyecto de la Cámara 1405, presentado el 21 de agosto de 2026 por el representante López Román, propone crear zonas de conservación entomológica que exigirían una Determinación de Compatibilidad del DRNA antes de autorizar ciertos desarrollos en esas áreas. La presidenta de la Asociación de Constructores, Pinsy Rivera Ortiz, y el presidente de la Cámara de Comercio, el licenciado José "Che" Julio Aparicio, advirtieron que la medida añadiría burocracia, encarecería proyectos y dificultaría el acceso a vivienda.

Aparicio alertó que cada requisito adicional aumenta tiempo, costo y riesgo, lo que podría reducir la inversión y la construcción de vivienda asequible en una isla que lleva décadas perdiendo población. El proyecto contempla multas de hasta $25,000 para violaciones intencionales o reiteradas.

El P. de la C. 1405 aún es una propuesta legislativa referida a la Comisión de Recursos Naturales; no está vigente y deberá completar el trámite en la Cámara y el Senado antes de llegar a la consideración de la gobernadora. El texto del proyecto incluye salvaguardas que aclaran que designar un terreno como Área de Conservación Entomológica Prioritaria no prohíbe automáticamente su desarrollo ni transfiere la titularidad.

El 20 de agosto, el Comando de Sistemas de Ingeniería de Instalaciones Navales (NAVFAC) realizó un recorrido público por seis zonas de la antigua base Roosevelt Roads en Ceiba, donde se documenta el avance de trabajos de remediación ambiental iniciados oficialmente en 2007.

Varias zonas presentan contaminación con tricloroetano (TCE), una sustancia cancerígena, incluyendo el área adyacente al terminal del ferri que conecta con Vieques y Culebra; 21 años después del cierre de la base, algunas áreas apenas entran ahora a la fase de estudio de medidas correctivas.

La Marina estadounidense cesó operaciones en Ceiba en 2004 y desde entonces NAVFAC identifica y remedia derrames de combustible, solventes clorados y residuos sólidos en la antigua base; el 93% de los terrenos ya se transmitió a otras entidades, pero la Marina retiene la propiedad de las áreas pendientes de limpieza.

El 27 de agosto de 2026, cuatro organizaciones comunitarias de Puerto Rico, Bahamas, Jamaica y Seychelles anunciaron la creación de la Coalición de Pequeñas Islas para denunciar el impacto ambiental y social de desarrollos turísticos de lujo, señalando a la cadena hotelera Rosewood como actor común en tres de los cuatro casos. La coalición exige que los gobiernos de cada territorio detengan la concesión de nuevos permisos hasta que se complete una evaluación ambiental independiente.

La alianza documenta un patrón compartido —adquisición de terrenos ecológicamente frágiles, incentivos fiscales a cambio de promesas de empleo, y exclusión de las comunidades locales de las decisiones sobre sus costas— que trasciende el caso de Cabo Rojo y lo inserta en una tendencia global.

La Coalición Defiende a Cabo Rojo, uno de los cuatro miembros fundadores, encabezó el 26 de agosto de 2026 una marcha multitudinaria en Cabo Rojo contra el megaproyecto turístico Esencia, en un municipio donde economistas y planificadores estiman que más de tres mil familias son susceptibles de desplazamiento.

Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, la sequía extrema (D3) afecta ahora el 44.45% del territorio de Puerto Rico, un incremento de 11.14 puntos porcentuales frente al 33.31% registrado la semana anterior. En total, 82.91% del territorio presenta algún grado de sequedad o sequía.

La sequía extrema es actualmente la clasificación de mayor extensión en el archipiélago, lo que representa presión directa sobre el suministro de agua potable, la agricultura y los embalses; además, otro 22.16% del territorio se encuentra bajo sequía severa (D2).

El deterioro refleja principalmente una intensificación de las condiciones existentes más que una simple expansión geográfica: la semana anterior, el 29.55% de la isla estaba bajo sequía severa, cifra que ahora bajó a 22.16% al degradarse esas áreas a categoría extrema.

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñero Torres, confirmó que al 27 de agosto de 2026 se han registrado 2,682 incendios forestales en Puerto Rico, 1,142 más que los 1,540 ocurridos durante todo el 2025. Las zonas más afectadas comprenden los pueblos del sur y suroeste, con incendios de gran magnitud en Canóvanas el 19 de julio y en Cayey el 6 de agosto.

Aproximadamente el 80 % de los incendios ocurre en áreas colindantes con viviendas, lo que mantiene al archipiélago en riesgo constante de que fuegos forestales se conviertan en incendios estructurales. La sequía extrema (D3) ya abarca más de 30 municipios con déficits de lluvia de entre 12 y 16 pulgadas, y el 62.86 % del territorio enfrenta sequía severa.

Especialistas comparan la sequía actual con la de 2015, señalando que la presente es más extrema y abarca una región más amplia. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió hasta el 21 de agosto 46 comunicados de peligro de incendios y cinco avisos de bandera roja, frente a 29 comunicados y un aviso durante todo el 2025.

La Junta de Control Fiscal autorizó al Gobierno de Puerto Rico acceder a hasta $18.73 millones de la Reserva de Emergencia durante un período de 21 días, vigente de forma retroactiva desde el 21 de agosto hasta el 10 de septiembre de 2026, para atender necesidades inmediatas relacionadas con la sequía.

La autorización inyecta fondos de emergencia para sostener operaciones de distribución de agua potable en curso, incluyendo la misión Water Sentinels de la Guardia Nacional, que ya ha distribuido más de un millón de galones entre Canóvanas y San Juan.

El director ejecutivo de la Junta, Robert F. Mujica Jr., comunicó la extensión al director de la OGP, Orlando Rivera Berríos; la autorización cubre gastos elegibles mientras se completan evaluaciones de solicitudes pendientes y se valida documentación de respaldo.

El 18 de agosto de 2026, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan celebró una vista de seguimiento y ordenó al DRNA presentar informes mensuales de progreso; la agencia reveló que contrató una empresa para elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero de 2022, 2023 y 2024, pero el contrato no cubre 2025. El tribunal fijó una nueva vista para el 28 de octubre de 2026.

El año 2025 es considerado clave para medir si Puerto Rico avanzó hacia la meta de la Ley 33-2019 de reducir en un 50 % las emisiones respecto a los niveles de 2005, y su exclusión del contrato deja ese horizonte sin datos oficiales. El DRNA no ha publicado el inventario desde 2021, pese al mandato judicial y a la exigencia anual de la ley.

El Puente Puerto Rico obtuvo una sentencia contra el DRNA hace casi cuatro años para forzar la publicación del inventario; la organización tuvo que reactivar el caso en noviembre de 2025 al no recibir respuesta de la agencia tras promesas previas de cumplimiento.

El 26 de agosto de 2026, el presidente ejecutivo de la AAA, ingeniero Luis R. González Delgado, informó que 12,810 de los 20,952 abonados afectados en Guaynabo y Bayamón ya cuentan con agua potable tras la reparación de una de las cuatro unidades de bombeo de la represa La Plata. Los 8,142 abonados restantes —incluyendo sectores como La Morenita y Caimito— esperan el restablecimiento progresivo del servicio en las próximas 24 a 48 horas.

Miles de familias en Bayamón y Guaynabo siguen sin agua mientras la AAA activa gradualmente las estaciones de bombeo para estabilizar presiones y niveles de tanques, un proceso que la agencia advierte no puede acelerarse sin riesgo de desestabilizar la red de distribución.

La avería en la represa La Plata se agravó el 24 de agosto cuando piezas del inventario de la AAA resultaron defectuosas, obligando a adquirir un componente fuera de la isla; una vez reparada la bomba, el restablecimiento total del servicio requiere tiempo adicional para recuperar los niveles de los tanques y las presiones del sistema.

El 21 de agosto de 2026, el representante López Román presentó el Proyecto de la Cámara 1405, que propone establecer Áreas de Conservación Entomológica Prioritaria para insectos bioluminiscentes en Puerto Rico y exigir evaluaciones adicionales a desarrollos dentro de esas zonas. La medida contempla también estándares de iluminación, restricciones sobre pesticidas y multas de hasta $25,000 por violaciones.

De aprobarse, ciertos proyectos de construcción en áreas designadas tendrían que obtener una Determinación de Compatibilidad Entomológica del DRNA antes de recibir su permiso final, añadiendo un paso regulatorio a desarrollos en terrenos públicos y privados.

La medida fue referida a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara y aún debe completar el proceso legislativo; varios de sus mecanismos dependerían de reglamentos que el DRNA y el Departamento de Agricultura tendrían que adoptar tras su aprobación.

El 20 de agosto, el Comando de Sistemas de Ingeniería de Instalaciones Navales (NAVFAC) invitó a más de 20 personas a visitar seis zonas de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba para conocer el estado de los trabajos de limpieza ambiental, proceso que inició oficialmente en 2007.

Varias zonas presentan contaminación con tricloroetano (TCE), sustancia vinculada al cáncer renal, y otras con solventes clorados, combustibles y residuos sólidos; el 93 % de los terrenos ya se transfirió a otras entidades, pero porciones clave siguen bajo control de la Marina hasta completar la remediación.

Desde 2004, poco después del cierre de la base, NAVFAC identificó posibles derrames en áreas de uso militar; algunas zonas recibieron tratamientos entre 2012 y 2023, mientras otras aún aguardan fases intermedias de investigación y declaración de fundamentos.

Las legisladoras municipales del Movimiento Victoria Ciudadana Norma Devarie Díaz y Daisy Sánchez Collazo radicaron el 26 de agosto de 2026 una petición de información y acción urgente ante la Legislatura Municipal de San Juan para investigar fuertes olores a humo que han afectado a las comunidades de Hyde Park, Jardín Botánico, Villa Nevárez y sectores de Río Piedras durante los últimos cuatro días. Residentes reportan que el olor comienza después de las 11:00 p.m. y provoca irritación de garganta, dolores de cabeza, mareos, náuseas y vómitos.

El Municipio no ha emitido información oficial ni ha orientado a todas las comunidades afectadas; la única alerta conocida fue dirigida exclusivamente a Villa Nevárez. Las legisladoras también reclaman un informe completo sobre un incendio ocurrido el 21 de agosto en el Jardín Botánico de la UPR que consumió alrededor de 20 cuerdas de terreno.

El incendio del 21 de agosto en el Jardín Botánico de la UPR es el único incidente reportado por la prensa, pero no se ha divulgado información sobre riesgos persistentes ni medidas de seguimiento. La petición también exige determinar si existen quemas ilegales, crear un Plan de Desalojo Comunitario e instalar sensores de calidad de aire en las zonas afectadas.

El miércoles 26 de agosto de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología mantuvo un aviso de calor extremo para Puerto Rico, con temperaturas máximas entre los altos 80 y los 90 °F, agravadas por una densa capa de polvo del Sahara que limita la formación de lluvias; Vieques y Culebra permanecen bajo advertencia de calor.

Los índices proyectados alcanzan niveles peligrosos para la salud —con riesgo de agotamiento por calor y golpes de calor— especialmente para personas sin acceso a aire acondicionado; el polvo del Sahara también suprimió las lluvias que podrían haber aliviado las temperaturas nocturnas, que en algunas estaciones amanecieron uno o dos grados por encima de lo registrado el día anterior.

La decisión de ampliar la cobertura de avisos a todo Puerto Rico, incluyendo municipios del interior y regiones montañosas, a partir del 1 de septiembre fue anunciada por el meteorólogo a cargo Ernesto Rodríguez tras analizar datos de estaciones meteorológicas, registros del Departamento de Salud sobre enfermedades relacionadas con el calor y consultas con alcaldes y manejadores de emergencias.

El 26 de agosto de 2026, miles de personas convocadas por la Coalición Defiende Cabo Rojo marcharon desde la carretera 100 con la 308 hasta la plaza Ramón Emeterio Betances para rechazar el proyecto de desarrollo turístico de lujo Esencia, previsto para las costas de Cabo Rojo. La manifestación contó con la participación de organizaciones comunitarias, ambientales, sindicales y cooperativistas, así como el obispo de la Diócesis de Mayagüez, Ángel Luis Ríos Matos.

Economistas y planificadores señalaron que el gobierno ha otorgado cerca de $500 millones en exenciones contributivas al proyecto, lo que —según expusieron— privaría al municipio de recaudos mientras más de tres mil familias en Cabo Rojo ya son susceptibles de desplazamiento por costos de vivienda. Arqueólogos advirtieron además que los predios costeros afectados concentran más de 160 contextos arqueológicos, incluyendo restos humanos de más de cuatro mil años de antigüedad.

Cabo Rojo es actualmente el municipio con más viviendas turísticas en Puerto Rico después de San Juan, y los opositores al proyecto citan como precedente el desplazamiento comunitario ocurrido en zonas como Dorado, Río Grande y Humacao ante desarrollos turísticos similares.

El Cuerpo de Vigilantes del DRNA ocupó esta semana un mono rhesus de tres meses en poder de un residente de San Juan, la sexta ocupación de este tipo registrada en esa zona en 2026.

El teniente Ángel Atienza advirtió que los monos rhesus pueden portar herpes B, una enfermedad mortal para los humanos, y que su posesión está prohibida por leyes estatales y federales.

Según Atienza, los animales provienen de poblaciones pequeñas en Sabana Seca, Toa Baja, y el oeste de la isla; los traficantes matan a las madres para capturar las crías y venderlas como mascotas.

La empresa Ganaderos Borges, Inc. solicitó al Tribunal Federal en San Juan un mes adicional para demostrar cumplimiento con las condiciones impuestas tras la radicación de un pliego de gran jurado por descargas ilegales de desperdicios animales en una quebrada.

La empresa opera bajo condiciones estrictas del tribunal y aún no ha podido contratar una compañía especializada en manejo de aguas con desperdicios, requisito impuesto en el plazo original de diez días.

Ganaderos Borges, su dueño y tres empleados enfrentan cargos federales por supuestamente descargar desperdicios de animales en una quebrada que desemboca en el mar; el tribunal permitió operaciones continuadas pero condicionadas a pasos concretos de remediación.

El representante del PNP Roberto López Román radicó el Proyecto de la Cámara 1404, que obligaría al secretario de Recursos Naturales y Ambientales a revisar cada cinco años el listado de especies en peligro de extinción o amenazadas, con la primera revisión a más tardar el 1 de julio de 2028.

La medida llenaría un vacío en la Ley 241-1999, que actualmente carece de mecanismos periódicos de revisión ni criterios explícitos para excluir especies que se hayan recuperado, lo que afecta la protección efectiva de la flora y fauna de Puerto Rico.

La Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico (Ley 241-1999) rige la protección de especies desde hace más de dos décadas sin establecer plazos obligatorios de actualización ni un proceso claro para remover especies recuperadas de los listados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos 'Johnny' Méndez, solicitó al Comité de Sequía —liderado por el DRNA— evaluar la viabilidad de un dragado de orilla en el embalse de Fajardo, cuyo nivel descendió a 46.66 metros, poco más de dos metros antes de activar un plan de interrupciones programadas.

El embalse de Fajardo abastece de agua potable a los municipios de Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande; si el nivel cae a la designación de 'ajustes', entrarían en vigor interrupciones programadas del servicio para esas comunidades.

El dragado de orilla —que remueve sedimento, lodo y escombros de los taludes expuestos— solo puede ejecutarse durante sequías prolongadas; el Comité de Sequía ya tiene en lista los embalses de Carraízo y La Plata para operaciones similares.

El lunes 25 de agosto de 2026, el director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Rodríguez, advirtió que el próximo mapa federal podría colocar cerca del 40% de Puerto Rico bajo sequía extrema, superando en cobertura de categorías severa y extrema a la sequía de 2015. Pese al deterioro, el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera informó que el Comité de Sequía no recomendó cambios inmediatos a los ajustes operacionales en Carraízo, La Plata ni los sistemas del este.

Los déficits de lluvia alcanzan hasta 16 pulgadas en sectores de las cuencas de Carraízo y La Plata, embalses que suplen agua a la zona metropolitana y municipios del este, donde ya rige racionamiento desde inicios de agosto.

Las lluvias del 11 y 12 de agosto frenaron durante unos 10 días la reducción en Carraízo, pero el embalse retomó su descenso ante la ausencia de precipitación significativa; Carraízo y Cidra se mantienen en nivel de ajustes operacionales, umbral que precede al nivel de control.

El secretario del Departamento de Agricultura Irving Rodríguez Torres anunció el 24 de agosto de 2026 que los agricultores en municipios que alcanzaron condiciones de sequía severa (D2) ya pueden solicitar asistencia mediante ocho programas federales de la Farm Service Agency, que incluyen ayudas por pérdida de animales, alimento para ganado y préstamos de emergencia.

La activación de estos programas abre acceso a fondos federales para productores agrícolas afectados por la falta de lluvia, en un momento en que el Servicio Nacional de Meteorología anticipa una expansión de las áreas bajo sequía extrema y precipitación por debajo de lo normal durante las próximas dos semanas.

La gobernadora Jenniffer González Colón había solicitado el 10 de agosto de 2026 que se aceleraran las gestiones para habilitar asistencia federal por sequía; el Departamento de Agricultura realizará talleres educativos en sus ocho regiones agrícolas para orientar a los solicitantes.

El Departamento de Agricultura federal (USDA) concedió una subvención de $354,000 a la Asociación Acueducto Juan Asencio Inc. (ASAJA) para rehabilitar un segundo pozo, instalar generación eléctrica de emergencia y mejorar las instalaciones del sistema de agua potable que sirve a la comunidad Juan Asencio en Aguas Buenas.

La obra beneficiará a aproximadamente 215 hogares que actualmente dependen de un solo pozo activo y un tanque de 25,000 galones —infraestructura que USDA califica de insuficiente para la demanda diaria— y busca reducir la vulnerabilidad del suministro ante apagones y eventos climáticos extremos.

Los fondos provienen del programa de Asistencia de Emergencia para Agua Comunitaria de USDA Rural Development, diseñado para fortalecer sistemas de agua en áreas rurales; ASAJA opera un acueducto comunitario que hasta ahora solo mantenía en funciones la estación de pozo número 1.

El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas organiza el Park(ing) Day 2026 para el 18 de septiembre en la calle del Parque, en Santurce, donde artistas, residentes y estudiantes de arquitectura convertirán espacios de estacionamiento en parques temporales desde las 9:00 a.m.

La actividad abre un espacio de participación ciudadana en torno al uso del suelo urbano, la reducción de la huella de carbono y el diseño de calles más seguras y verdes en San Juan.

Park(ing) Day es un proyecto de arte público global que surgió en San Francisco hace más de veinte años; en Puerto Rico, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas ha continuado la tradición de llevar la iniciativa a Santurce.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, confirmó el 24 de agosto que la agencia aún no tiene las autorizaciones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (USACE) necesarias para comenzar el dragado de orilla en el embalse Carraízo, en Trujillo Alto, aunque indicó que el proceso "está corriendo". Mientras tanto, el nivel del embalse bajó siete centímetros adicionales y se ubica a 34 centímetros de entrar en fase de control.

Sin los permisos federales, el dragado —destinado a remover sedimento y lodo acumulado— no puede arrancar, lo que prolonga la presión sobre un embalse que se acerca a niveles críticos de gestión hídrica.

El DRNA anunció durante el fin de semana la creación de un "Task Force" para monitorear el proceso de dragado en Carraízo, y ya se preparan caminos de acceso para la maquinaria; sin embargo, el cuello de botella sigue siendo la aprobación federal del USACE, sin fecha definida.

El 24 de agosto de 2026, el embalse La Plata bajó a 45.28 metros, a solo 0.38 metros del umbral de 44.90 metros que activaría los ajustes operacionales, según la AAA. Más de 20,000 clientes en su área de servicio permanecen sin agua por una avería en las bombas que extraen agua cruda hacia la Planta de Filtros Enrique Ortega, en Toa Alta, sin fecha confirmada de restablecimiento.

La combinación de embalses en descenso, la expansión de la sequía extrema a un tercio del territorio y la avería en La Plata aumenta el riesgo de restricciones más severas; Carraízo ya está en ajustes operacionales y sus abonados bajo racionamiento, mientras Carraízo se acerca al nivel crítico de control tras perder 0.07 metros en 24 horas para ubicarse en 37.34 metros.

Carraízo entró en racionamiento el 7 de agosto de 2026 y Cidra se mantiene en ajustes operacionales; el Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó que la sequía extrema (D3) afecta el 33.31% del archipiélago, con presencia en más de 30 municipios, y la sequía severa (D2) cubre el 62.86% del territorio.

El Centro Nacional de Huracanes reportó el 24 de agosto que una onda tropical que se desplaza por el Atlántico tiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días y un 10% en las próximas 48 horas, con posible formación de depresión tropical a mediados o finales de la semana.

El sistema se mueve hacia el oeste a entre 15 y 20 millas por hora a través del Atlántico tropical, aunque aún no se ha establecido una trayectoria definida que indique si afectaría el Caribe o Puerto Rico.

El CNH también monitorea un segundo sistema al sureste de Bermudas con un 40% de probabilidad de convertirse en depresión tropical en 48 horas; la temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

El 23 de agosto, cientos de manifestantes marcharon en Cabo Rojo desde la PR-100 hasta la plaza pública Dr. Ramón Emeterio Betances para exigir la cancelación del megaproyecto de lujo Esencia. Planificadores, científicos y líderes comunitarios advirtieron que el desarrollo agravaría el acceso a la vivienda, destruiría reservas ecológicas y provocaría un colapso en el suministro de agua del suroeste.

La marcha multisectorial convirtió las calles de Cabo Rojo en escenario de debate público sobre acceso a la costa, seguridad hídrica y desplazamiento comunitario; Three Rules Capital, una de las empresas promotoras del proyecto, respondió que el asunto ya fue adjudicado por las autoridades reguladoras.

La oposición a Esencia ha reunido a sectores de planificación, academia y comunidad que señalan conflictos entre el desarrollo turístico de lujo y los derechos de acceso al litoral; la marcha del domingo se produce días después de que el proyecto fuera tema de movilización desde el escenario del cierre de gira de Bad Bunny en el Hiram Bithorn.

El alcalde de Toa Alta, Clemente "Chito" Agosto, habilitó una plataforma digital llamada Repórtalo para que los residentes documenten salideros y averías en el sistema de agua potable y dar seguimiento a la AAA, mientras el embalse La Plata se encuentra a 0.81 metros de su nivel de ajustes operacionales.

Más de 130,000 abonados en Toa Alta, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Naranjito, Corozal, Bayamón y Cataño dependen del embalse La Plata, y el municipio busca reducir el desperdicio de agua para evitar que el racionamiento se agudice.

La Plata amaneció el 23 de agosto de 2026 en 45.71 metros, apenas por encima del nivel de ajustes operacionales fijado en 44.90 metros; la AAA es la agencia responsable de las reparaciones, aunque el municipio asume ahora un rol de fiscalización mediante evidencia documentada.

El alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill Rosa, activó el 23 de agosto un plan de emergencia que despliega 20 camiones cisterna en comunidades afectadas y establece cuatro oasis fijos de agua en distintos puntos del municipio, en respuesta a la interrupción del servicio provocada por la avería en una bomba de la Represa La Plata. Los camiones también abastecen centros de envejecientes y comercios; brigadas municipales distribuyen agua embotellada en Guaraguao y ya atendieron áreas de Santa Rosa I, II y III.

La medida refleja que la falla —originada el 19 de agosto— sigue sin resolverse días después, obligando al municipio a movilizar recursos propios para atender a comunidades en múltiples barrios de Guaynabo mientras la AAA continúa los trabajos de reparación.

La avería comenzó el 19 de agosto cuando una interrupción eléctrica en la Represa La Plata sacó de operación las cuatro bombas de extracción; tres se reactivaron con normalidad, pero la cuarta permaneció bajo evaluación, dejando a más de 24,000 abonados sin servicio en municipios del área metropolitana incluyendo Guaynabo, San Juan, Bayamón, Toa Baja, Naranjito y Toa Alta.

Las autoridades del tiempo emitieron el 23 de agosto una advertencia de calor para 46 municipios de Puerto Rico, vigente de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., con índices de calor entre 105 y 111 °F. Una onda tropical débil cruzará las islas aumentando la humedad y provocando aguaceros dispersos, principalmente sobre el oeste durante la tarde.

Los índices de calor extremo representan un riesgo directo para la salud, especialmente en el centro-norte y la costa sur de la isla, donde el riesgo se sitúa cerca del límite entre limitado y elevado. El calor continuará como amenaza en los próximos días, ya que una segunda onda tropical se espera entre el lunes en la noche y el martes.

Puerto Rico enfrenta periodos recurrentes de calor extremo en verano agravados por la humedad tropical; las ondas tropicales que cruzan el archipiélago son el mecanismo más frecuente de variación en los patrones de lluvia y calor durante la temporada.

El EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico y la NASA anunciaron la inauguración del NASA Earth Information Center (EIC) en la isla para el 17 de septiembre de 2026, una instalación que ofrecerá al público datos, imágenes y visualizaciones sobre el sistema terrestre y sus cambios.

El centro convertirá a Puerto Rico en sede de una de las instalaciones de divulgación científica de la NASA, ofreciendo a estudiantes, educadores, investigadores y comunidades acceso directo a herramientas de observación planetaria que incluyen monitoreo de infraestructura energética y respuesta a desastres.

La inauguración se enmarca en una alianza existente entre la NASA y el EcoExploratorio para ampliar el acceso a la ciencia de la Tierra desde la isla; el evento contará con la participación del doctor Miguel Román, científico boricua y subdirector de Atmósferas y Sistemas de Datos en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, recordó el 21 de agosto de 2026 que los propietarios de terrenos con manantiales están obligados por ley a permitir acceso razonable al agua, que no puede venderse; un propietario en Trujillo Alto fue multado por impedir ese acceso. El DRNA y el DACO realizaron además un operativo conjunto en el sur de Puerto Rico para identificar pozos de agua abiertos sin franquicia.

El recordatorio se produce en medio de una sequía activa que afecta los embalses y obliga a la AAA a racionar agua, lo que hace que fuentes alternativas como manantiales sean críticas para comunidades sin suministro regular.

Puerto Rico ha enfrentado episodios recurrentes de sequía que presionan el sistema de embalses administrado por la AAA; los manantiales representan una fuente hídrica complementaria cuyo acceso está protegido bajo el marco legal de recursos naturales del país.

El 21 de agosto de 2026, la Agenda Nacional Puertorriqueña (NPRA) exhortó a la administración de Donald Trump a brindar asistencia técnica y comprometerse a revitalizar la infraestructura hídrica del archipiélago ante la crisis de agua potable y la sequía que afecta importantes sectores de Puerto Rico.

La organización pide a FEMA, EPA, el Departamento de Agricultura y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) que coordinen asistencia con el gobierno local, con atención prioritaria a hospitales, personas mayores, escuelas y viviendas públicas.

Puerto Rico ha enfrentado sequías recurrentes y deterioro de su infraestructura hídrica por años, según la presidenta de NPRA, Nilda Ruíz, quien también solicitó una reunión con la gobernadora Jenniffer González para extender la colaboración al gobierno de la isla.

El 18 de agosto, organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales celebraron una conferencia de prensa frente al Capitolio para denunciar la insistencia del Gobierno en aprobar una nueva ley de permisos mientras el país enfrenta sequía extrema y racionamiento de agua. Los portavoces señalaron que el proyecto sustitutivo —que deroga 72 leyes y supera 800 páginas— ha circulado entre sectores de la construcción sin ser publicado ni sometido a vistas públicas amplias.

Las organizaciones advierten que la reforma abriría paso a la privatización de zonas costeras, reduciría protecciones ambientales y arqueológicas, y trasladaría poder decisional sobre uso del territorio a inversionistas privados, agravando la crisis del agua en un contexto de cambio climático.

El proyecto de reforma surge de un Task Force creado por la gobernadora Jenniffer González y presidido por el entonces secretario de la Gobernación Francisco Domenech, que incluyó representantes del sector privado con un mandato explícito de darles un rol más prominente en la evaluación de permisos. Los proyectos originales —PC 1213 y PS 1183— quedaron pendientes en la sesión legislativa anterior y ahora se negocia un sustitutivo entre La Fortaleza, el Senado y sectores económicos.

La alcaldesa de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, reunió el 20 de agosto de 2026 a representantes de la AAA y otras entidades gubernamentales para evaluar las condiciones de sequía en la región sur y reforzar el Plan de Emergencia municipal.

Aunque los lagos Toa Vaca y Cerrillos se mantienen en niveles seguros, la aridez en la región sur también eleva el riesgo de incendios forestales, lo que pone en riesgo vidas, propiedades y recursos naturales.

El municipio de Ponce ya venía desarrollando la campaña 'Ponce Cuida Cada Gota' en alianza con la AAA para moderar el consumo de agua; la reunión amplió esa coordinación para incluir la prevención de incendios forestales.

La empresa Smart Parking System, impulsada por el alcalde de San Juan Miguel Romero, aclaró que su propuesta de estacionamiento multipisos junto a la playa El Escambrón no tiene diseño definitivo, número de niveles ni altura fijos, y que todo está sujeto a modificaciones mientras la Legislatura Municipal evalúa enmiendas a la ordenanza que le concedería un derecho de superficie sobre los terrenos.

La aclaración llega después de que grupos comunitarios y legisladores municipales criticaron la propuesta por carecer de planos, estudios de tránsito y análisis ambiental; la empresa calificó de "contradictoria" esa oposición y aseguró que la demanda de estacionamiento en la zona "es cada vez mayor".

La Legislatura Municipal ya rindió un primer informe positivo pese a la oposición de legisladoras de minoría y organizaciones ciudadanas, y el 18 de agosto de 2026 celebró una reunión ejecutiva virtual donde se discutieron enmiendas; Escambrón Unido ha exigido retirar la Ordenanza Núm. 55, Serie 2025-2026, que concedería el terreno público costero por 60 años prorrogables a 90.

El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, Ernesto Morales, explicó que la temporada de huracanes 2026 se mantiene muy por debajo del promedio porque el polvo sahariano y los vientos cortantes asociados a El Niño han impedido el desarrollo de ondas tropicales, pese a que las temperaturas oceánicas entre África y Puerto Rico oscilan entre 81°F y 83°F. La Universidad Estatal de Colorado proyecta que la actividad ciclónica de este 2026 será aproximadamente 40 % del promedio histórico registrado entre 1991 y 2020, frente al 105 % de 2025.

Aunque las condiciones actuales reducen el riesgo, Morales advirtió que la probabilidad de que un huracán afecte el Caribe no desaparece —CSU la estima en 17 % para el resto de la temporada— y que el pico histórico de actividad ciclónica comienza precisamente en las últimas dos semanas de agosto y durante septiembre.

Morales citó el ejemplo del huracán Andrew, que se formó el 26 de agosto de 1992 durante una temporada relativamente tranquila con condiciones similares de El Niño, y causó daños estimados en cerca de $25,000 millones en Estados Unidos. Hasta el 20 de agosto de 2026 se han formado tres sistemas: Arthur, Bertha y Cristóbal.

El 19 de agosto de 2026, la meteoróloga Ada Monzón anunció su salida del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático (CEACC), organismo del que formó parte desde su creación en 2019 y donde fue confirmada por la Cámara y el Senado. Monzón atribuyó su retiro a nuevas oportunidades y proyectos profesionales que dará a conocer próximamente.

Monzón fue coautora del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, documento que orientará la política pública del archipiélago ante el cambio climático durante las próximas décadas; su salida se da mientras el CEACC opera con varias vacantes.

El CEACC fue creado mediante la Ley 33 de 2019 durante la administración del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, con el mandato de establecer política pública sobre cambio climático y elaborar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero; el organismo está compuesto por nueve miembros de la comunidad científica más tres ex officio del Gobierno.

El 19 de agosto de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico afectados por fuertes aguaceros asociados al paso de una onda tropical; el radar Doppler registró acumulaciones de entre una y tres pulgadas de lluvia con proyección de una a dos pulgadas adicionales.

La advertencia cubre múltiples pueblos de la isla y el SNM anticipó acumulaciones de agua en carreteras y áreas de pobre drenaje, especialmente en el noroeste, con mayor actividad de lluvia a partir del mediodía.

Las precipitaciones responden al cruce de una onda tropical por la región; la meteoróloga María Novoa, del SNM, había anticipado la mayor actividad de lluvia desde horas tempranas del día.

La noche del 18 de agosto de 2026, la AAA se reunió con alcaldes que dependen del embalse La Plata y les informó que el sistema cuenta con 60 a 65 días de reserva de agua, descartando la necesidad de un plan de racionamiento preventivo a corto plazo. El alcalde de Toa Alta, Clemente "Chito" Agosto —quien había impulsado la idea del racionamiento preventivo— calificó la reunión de exitosa y dijo que dará el beneficio de la duda a la AAA.

Nueve municipios dependen de La Plata; con pronósticos de lluvia poco favorables, los alcaldes acordaron esperar mientras la AAA aplicó ajustes operacionales para frenar el descenso, aunque Agosto advirtió que si el racionamiento ocurre de todas formas, la agencia habrá faltado a la verdad. El contraste con el embalse Carraízo —para el que el gobierno pasó de reportar 30 días de abasto a anunciar interrupciones de 48 horas— alimenta la desconfianza sobre los umbrales que usa la AAA para activar medidas.

El Gobierno declaró emergencia estatal por sequía el 31 de julio de 2026; desde entonces, alcaldes de municipios afectados habían pedido acción preventiva, mientras la gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que imponer un racionamiento con los niveles actuales sería una decisión arbitraria. La AAA ya redujo la extracción nocturna en La Plata como ajuste operacional.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, justificó el 18 de agosto de 2026 que el gobierno revisara el "Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico" en plena emergencia, argumentando que el documento "estaba viejito", y confirmó que la gobernadora Jenniffer González designó al zar de Energía, Josué Colón, para liderar esa revisión.

El propio protocolo exige activar un Comité Científico tras decretarse una sequía, pero ese cuerpo no ha sido convocado; mientras tanto, casi el 80% del país se encuentra entre condiciones atípicamente secas y de sequía extrema, con embalses como Carraízo ya bajo racionamiento de 48 horas.

El exgobernador Alejandro García Padilla, cuya administración manejó una sequía severa con más de 130 días de racionamiento, reaccionó públicamente con un "hay que orar" ante la designación de Colón; la gobernadora se reunió con él un día antes para conocer las estrategias aplicadas en aquella emergencia.

Este martes, organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales exigieron a la Asamblea Legislativa el descarte inmediato del proyecto sustitutivo de reforma al sistema de permisos, cuyo borrador —impulsado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz— no ha estado accesible para los grupos que se oponen.

Las organizaciones argumentan que la medida prioriza los intereses de grandes desarrolladores e inversionistas sobre la crisis de agua y electricidad que enfrenta el país, y advierten que podría agravar el colapso de los recursos naturales y amenazar el acceso a playas y zonas costeras.

La reforma surge tras la radicación de dos propuestas legislativas distintas —una de Rivera Schatz y otra de la gobernadora Jenniffer González— para transformar el sistema de permisos; el Senado trabaja en un texto sustitutivo que, según Rivera Schatz, está adelantado.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció el 18 de agosto de 2026 que la agencia identificó 1,200 pozos ilegales en la zona sur que extraen aproximadamente 300,000 galones diarios del Acuífero del Sur, actualmente bajo sequía extrema. El Cuerpo de Vigilantes inició operativos la semana anterior e intervino con dueños de unos 300 pozos, concentrándose principalmente en Salinas.

La cantidad de pozos ilegales identificados en la zona sur es casi equivalente al total de pozos legales en toda la isla, que suman 1,453, lo que revela la magnitud del uso no regulado de un recurso hídrico crítico. Por ahora el DRNA orienta a los dueños para que soliciten franquicias de agua en lugar de imponer multas, lo que deja sin cobro el costo de extracción acumulado.

El Acuífero del Sur es la principal fuente de agua subterránea de esa región agrícola y ha enfrentado niveles históricamente bajos por la sequía prolongada; la extracción no regulada agrava el déficit hídrico en una zona ya vulnerable.

Una resolución del Senado propone retomar el examen legislativo de la contaminación en los terrenos de la antigua Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y Puerto Rico Olefins en Peñuelas, donde la EPA identificó benceno, tolueno, dioxinas y metales pesados como arsénico, cadmio y cromo en el suelo y el agua subterránea.

La comunidad de Tallaboa, contigua al predio, lleva décadas expuesta a esos contaminantes; el cierre del complejo también eliminó más de 1,000 empleos y dejó las estructuras abandonadas sin remediación completa.

Entre las décadas de 1950 y 1970, CORCO operó uno de los complejos petroquímicos más grandes del mundo, con capacidad de refinar 161,000 barriles de petróleo al día; tras su cierre, el sitio quedó registrado como zona contaminada con residuos catalíticos y sustancias químicas enterradas.

El comisionado residente Pablo José Hernández envió este lunes una carta al director ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, solicitando precisar la magnitud de las pérdidas de agua, los proyectos pendientes y las áreas donde el gobierno federal puede asistir ante la crisis de suministro de agua potable en Puerto Rico.

Hernández señala que por años se ha dicho que la AAA pierde cerca del 60% del agua que produce —frente al 14% que la EPA estima como promedio en Estados Unidos— y advierte que fondos federales disponibles desde 2021 solo se han aplicado a la primera fase del dragado de Carraízo, mientras 18 proyectos adicionales de dragado permanecen sin ejecutar.

La solicitud llega en medio de una sequía y problemas de infraestructura que mantienen a cientos de miles de personas sin acceso permanente a agua potable en sus residencias y negocios en Puerto Rico.

El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, aseguró que ese cuerpo actuará en la sesión legislativa actual sobre el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático, aunque sostuvo que la Cámara no ha podido avanzar porque el Senado aprobó un informe sin un proyecto de ley ni una certificación de los $6,300 millones que OPAL estima necesarios para su implantación. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha argumentado, en cambio, que ese cuerpo no solo consideró el informe final sino que aprobó el plan, e invocó el Artículo 16 de la Ley 33-2019, que dispone que el documento se tendrá por aprobado si la Asamblea Legislativa no actúa al cierre de la sesión ordinaria asignada.

El desacuerdo entre ambas cámaras mantiene al país sin una política pública formal para responder a la erosión costera y el calor extremo desde finales de 2025, mientras los $6,300 millones en financiamiento estimados permanecen sin certificación ni aval legislativo.

La Comisión Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático refirió el informe final a la Cámara el 18 de noviembre de 2025; días después, Rivera Schatz comunicó a La Fortaleza que el Senado consideraba el plan aprobado, citando el mecanismo de aprobación automática de la Ley 33-2019.

Toyota de Puerto Rico lanzó la campaña "Lavar puede esperar", exhortando a propietarios de vehículos de cualquier marca a no lavar sus carros en medio de la sequía actual, y comenzó a mostrar sus propios productos sin lavar en su publicidad.

La mayor parte de la isla está bajo condiciones de sequía, y sectores de San Juan, Carolina, Loíza y Trujillo Alto están bajo racionamiento de agua, lo que convierte el uso doméstico e industrial del recurso en un asunto de urgencia colectiva.

Toyota de Puerto Rico tiene una presencia extensa en el mercado local de vehículos; la iniciativa incluye a los concesionarios, aunque la empresa dejó a cada punto de venta la decisión de entregar vehículos nuevos sin el lavado tradicional.

El 17 de agosto de 2026, Ciudadanos del Karso entregó a la Legislatura una petición con 8,774 firmas exigiendo que la representante Elinette González Aguayo convoque vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 1079, que enmienda la Ley 292-1999 de protección de la fisiografía cársica; a esa fecha, la Comisión de Recursos Naturales no había calendarizado ninguna vista desde que el proyecto fue radicado el 26 de enero. Más de cuarenta científicos, investigadores y profesores universitarios reunidos en San Germán el 31 de julio y el 1 de agosto también suscribieron una declaración oponiéndose, en sus formas actuales, al PC 1079 y a otras dos medidas relacionadas.

La zona kárstica del norte filtra, almacena y recarga el agua subterránea de la que dependen cientos de miles de puertorriqueños en comunidades como Vega Alta, Vega Baja y Dorado. Los científicos advierten que las tres medidas, en conjunto, reducirían los controles preventivos del sistema de planificación y permisos que protegen ese recurso.

El PC 1079 fue presentado por el presidente cameral Carlos Méndez y se discute junto al PC 1213 y el Sustitutivo del Senado a los PS 1173 y 1183; entre los firmantes de la oposición científica figura el ecólogo Ariel E. Lugo, junto a geofísicos, oceanógrafos y planificadores vinculados a centros de investigación del país.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, exhortó el lunes a los consumidores a fotografiar y reportar confidencialmente a confidencial@daco.pr.gov cualquier alza en precios de agua embotellada u otros artículos protegidos, luego de recibir señalamientos de posibles violaciones a la Orden Administrativa 2026-006.

Los comercios que incumplan la congelación de precios enfrentan multas de hasta $10,000 por infracción; los reportes ciudadanos activan visitas de inspectores a los establecimientos señalados.

La Orden Administrativa 2026-006, vigente desde el 1 de agosto de 2026, congela precios de agua potable, hielo, cisternas, equipos y servicios de instalación y reparación de sistemas de agua durante el estado de emergencia por sequía activo en Puerto Rico.

La Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) convocó una marcha nacional y vista pública ciudadana denominada 'Cabo Rojo es nuestro – Marcha a la vista' para el domingo, 23 de agosto de 2026, a partir de las 2:00 p.m., oponiéndose al propuesto proyecto de lujo Esencia. La marcha partirá de la intersección de las carreteras 100 y 308 y culminará en la Plaza Pública Dr. Ramón Emeterio Betances.

El ecólogo Héctor Quintero Vilella, portavoz de DaCR, advirtió que el proyecto agravaría la ya precaria infraestructura de agua potable, privatizaría el acceso a la playa y destruiría una zona de alto valor ecológico. La marcha suma movilización ciudadana a la oposición de más de doscientos artistas y científicos que el 16 de agosto presentaron la iniciativa '¡Esencia no va!'

La Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó el 31 de julio la consulta de ubicación del proyecto en tiempo récord y sin celebrar vistas públicas, a pesar de cientos de solicitudes comunitarias para que se realizaran. La Ley 82-2026 permite construir proyectos catalogados como 'estratégicos' en terrenos rústicos protegidos, categoría que el Plan de Uso de Terrenos del País prohíbe urbanizar.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el 17 de agosto una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico, vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., con índices de calor proyectados entre 100 y 111 grados Fahrenheit en sectores del norte y sur de la isla.

Los cielos despejados y la poca nubosidad aceleran el aumento de temperaturas desde temprano, exponiendo a la población a condiciones que representan riesgo de enfermedades por calor, especialmente para quienes realizan actividades al aire libre.

Puerto Rico registra episodios recurrentes de calor extremo durante el verano; las advertencias del SNM buscan alertar a residentes y trabajadores sobre ventanas de tiempo de mayor riesgo a lo largo del día.

El programa internacional EcoEscuelas, coordinado en Puerto Rico por la Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) desde 2006, celebra dos décadas de presencia en la isla con 15 escuelas públicas y colegios participantes.

Doce de los 15 planteles cuentan con la certificación internacional de Bandera Verde, que valida su compromiso con prácticas sostenibles en áreas como consumo de agua, energía y manejo de desperdicios.

EcoEscuelas fue creado en 1994 por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y es el programa de educación ambiental escolar más grande del mundo, con presencia en más de 100 países.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) ganó una subvención de $4,997,229.60 de la Fundación Nacional de Pesca y Vida Silvestre para sembrar 200,000 árboles nativos en Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Los fondos provienen del programa competitivo federal 'America the Beautiful Challenge' y financiarán un proyecto de cuatro años en colaboración con Protectores de Cuencas, Inc.

La iniciativa restaurará cientos de acres de bosques, humedales y áreas urbanas mediante especies forestales, costeras, mangles, frutales y en peligro de extinción, fortaleciendo la cobertura forestal y la conectividad de hábitats a escala isla.

Puerto Rico compitió a nivel nacional contra estados y territorios de Estados Unidos para obtener estos fondos; la propuesta seleccionada se titula 'Collaborative Efforts to Restore Forests and Expand Habitat Connectivity in Puerto Rico'.

El 14 de agosto de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández y 25 legisladores demócratas del Congreso enviaron una carta a la gobernadora Jenniffer González exigiéndole que solicite al presidente Donald Trump una declaración de desastre mayor ante la crisis hídrica que afecta a Puerto Rico. Los firmantes incluyen al senador Rubén Gallego y a los congresistas boricuas Darren Soto, Ritchie Torres y Nellie Pou.

Una declaración de desastre mayor abriría el acceso a asistencia de FEMA para el gobierno y los ciudadanos, así como préstamos de emergencia de la SBA para hogares y negocios; más de 180,000 hogares sufren actualmente racionamientos de hasta 48 horas.

La presión sobre González se intensifica luego de que esta misma semana Hernández, Huffman, Thompson y el senador Martin Heinrich ya habían pedido a la GAO que investigue la crisis en el suministro de agua, mientras que el día anterior una docena de congresistas demócratas había enviado una carta separada a la EPA exigiendo que tratara la situación como emergencia.

El 14 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes rebajó a 20% la probabilidad de formación ciclónica de la Invest 92L en las próximas 48 horas y los próximos siete días, luego de que el sistema encontrara vientos fuertes en altura y aire seco que frenaron su organización. El sistema se ubicaba a unas 400 millas al este de las Islas de Barlovento.

El panorama de lluvia para Puerto Rico resultó menos severo de lo proyectado un día antes, aunque bandas de lluvia aún podrían alcanzar el este y sureste de la isla entre la tarde del sábado y la madrugada del domingo.

La meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología, señaló que para este punto de su trayectoria se esperaba que el sistema hubiera alcanzado mayor organización, lo que indica que las condiciones atmosféricas lo debilitaron antes de lo anticipado.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el 14 de agosto una advertencia de calor para 61 municipios, vigente de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., con temperaturas máximas cerca de 90 °F y sensación térmica de hasta 106 °F en zonas costeras y urbanas.

El calor extremo representa un riesgo directo a la salud pública —especialmente agotamiento por calor y golpe de calor, este último una emergencia médica que puede causar daño a órganos y muerte— para residentes de prácticamente todo el archipiélago, incluyendo San Juan, Bayamón, Ponce, Mayagüez y Vieques.

El NWS también emitió una Declaración de Peligro de Incendios para el mismo día, advirtiendo que condiciones secas y ventosas persistirán hasta principios del fin de semana, lo que eleva el riesgo simultáneo de emergencias por calor e incendios.

El viernes 14 de agosto, el embalse Carraízo registró su tercer aumento consecutivo al ganar siete centímetros en 24 horas, alcanzando los 37.86 metros, según la AAA. Pese a la recuperación, el embalse permanece en clasificación de ajustes operacionales y necesita llegar a 38.50 metros para pasar a nivel de observación.

Miles de familias en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo continúan sin agua potable y sujetas a un plan de racionamiento mientras el embalse no recupera niveles suficientes.

La AAA había evaluado ampliar el racionamiento de 48 a 72 horas para los abonados de Carraízo; las lluvias asociadas a una onda tropical en días previos iniciaron la recuperación gradual del embalse. De los 19 embalses monitoreados por la AAA, nueve registraron aumentos y diez descensos en las últimas 24 horas.

El 14 de agosto de 2026, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) informó que el embalse La Plata descendió nueve centímetros en las últimas 24 horas, ubicándose en 46.02 metros, mientras la mayoría de los demás embalses también registraron bajas. El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, reiteró que el gobierno no contempla un plan de racionamiento en lo inmediato, aunque monitorea los niveles diariamente.

La Plata abastece a unos 130,828 abonados en nueve municipios del área metropolitana —incluyendo Bayamón, Guaynabo y Toa Baja— y su descenso sostenido ocurre incluso mientras lluvias de una onda tropical dieron alivio parcial a otros embalses.

En 2015, una sequía en la isla provocó interrupciones de hasta 72 horas en varios sistemas; ese precedente es el umbral de referencia que el gobierno utiliza para calibrar cuándo activar restricciones. La gobernadora Jenniffer González Colón había descartado el jueves 13 de agosto un racionamiento y anunciado estudios de dragado para Carraízo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, inspeccionó el jueves 14 de agosto el embalse Fajardo acompañado de personal técnico de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), cuyo nivel actual es de 47.9 metros, por debajo del umbral de seguridad de 48.30 metros. El embalse se encuentra bajo designación de "observación" por la AAA y sirve a los municipios de Ceiba, Fajardo, Luquillo y Río Grande.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos ubica al 17.02 por ciento de Puerto Rico bajo sequía extrema, y el embalse Fajardo es uno de cuatro en la red de la AAA bajo nivel de observación, lo que afecta el suministro de agua potable a cientos de miles de residentes del este de la isla.

La situación del embalse Fajardo se da en paralelo a la crisis documentada del embalse Carraízo, que ya motivó intervenciones para mitigar su descenso. El embalse Fajardo, construido en agosto de 2000 y terminado en 2006, tiene una capacidad de 4,455 acres-pies y es descrito como uno de los más modernos de la red de la AAA.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, anunció el jueves un operativo de $1,825,000 para contratar brigadas privadas que aceleren la reparación de salideros en toda la isla. La agencia también habilitó la línea directa (787) 993-2440, disponible de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. los siete días de la semana, para que la ciudadanía reporte fugas de agua potable.

El operativo busca reducir pérdidas de agua potable en medio de la emergencia por sequía que atraviesa Puerto Rico, donde cada fuga no reparada agrava la presión sobre los embalses y los sistemas de distribución.

La AAA opera bajo condiciones de sequía declarada en la isla; González Delgado exhortó además a la ciudadanía a limitar el uso del agua a necesidades esenciales y evitar actividades de alto consumo como lavar vehículos o llenar piscinas.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos reportó, con datos válidos al 11 de agosto de 2026, que la sequía extrema (categoría D3) se expandió hasta cubrir el 17.02 % de Puerto Rico —un aumento de 7.53 puntos porcentuales frente al informe anterior— concentrada principalmente en el sur, con Santa Isabel y Guánica completamente bajo esa clasificación, y Salinas y Coamo casi en su totalidad dentro de la categoría. El Servicio Nacional de Meteorología indicó que las lluvias recientes podrían reflejarse en la actualización de la próxima semana.

La categoría D3 puede implicar pérdida de cultivos, escasez de alimento para el ganado, deterioro en la calidad del agua, reducción de los acuíferos y alteraciones en rutinas escolares y comerciales. En el reporte anterior, la sequía extrema cubría el 9.49 % del territorio, lo que significa que en una semana casi se duplicó su extensión.

La sequía extrema venía creciendo semana a semana; el reporte anterior ya registraba deterioro en el sur y el centro de la isla, y el nuevo mapa muestra que la franja crítica se ha extendido con mayor intensidad. El informe no incluye las precipitaciones registradas en los dos días previos a su publicación, por lo que la próxima actualización podría mostrar alguna mejoría.

La Sociedad Geológica de Puerto Rico (SGPR) aclaró que el terremoto de magnitud 7.4 del 10 de agosto de 2026 en Colombia y los terremotos del 24 de julio de 2026 en Venezuela, aunque de magnitud similar, no guardan relación entre sí. El sismo colombiano se originó en la zona de subducción de la placa de Nazca a unos 110 kilómetros de profundidad, mientras que los de Venezuela ocurrieron en una falla de desplazamiento lateral a solo 10 kilómetros.

La aclaración ayuda a la ciudadanía a entender que dos eventos sísmicos devastadores ocurridos en semanas consecutivas responden a sistemas geológicos distintos, evitando desinformación sobre un posible encadenamiento regional de terremotos.

La SGPR emitió esta explicación en línea con los argumentos previos del científico Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico y profesor de geología del Recinto de Mayagüez de la UPR, quien ya había abordado el tema con Primera Hora.

Este jueves 13 de agosto de 2026, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) operó puntos de distribución de agua potable en San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en respuesta al racionamiento provocado por interrupciones programadas en la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas. También se asignaron camiones cisterna a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) de los municipios afectados.

El racionamiento afecta a los abonados del sistema de Carraízo, que sirve a una franja densamente poblada del área metropolitana; los oasis y camiones cisterna —incluyendo 10 en San Juan, 8 en Loíza y 13 en Canóvanas— son la única alternativa de agua potable para residentes sin suministro ese día.

El sistema de Carraízo y la planta Sergio Cuevas han sido fuente recurrente de interrupciones de servicio en el área metro, y la AAA ha recurrido a oasis y camiones cisterna como medida de mitigación en episodios previos de racionamiento.

El Servicio Nacional de Meteorología informó el 13 de agosto de 2026 que Puerto Rico entrará en un período más seco y brumoso tras el paso de una onda tropical, con concentraciones de polvo del Sahara entre bajas y moderadas previstas hasta el sábado.

La disminución de humedad y la presencia de partículas de polvo limitarán la actividad de aguaceros y producirán cielos brumosos, lo que afecta la calidad del aire para la población.

Una onda tropical dejó aguaceros en Puerto Rico el miércoles 12 de agosto; la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano del SNM explicó que esa humedad se aleja y es reemplazada por una masa de aire seco con polvo sahariano.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan anticipa tiempo más lluvioso e inestable desde el domingo hasta el lunes por el acercamiento de la onda tropical Invest 92L, con acumulaciones de lluvia de dos pulgadas o más. El Centro Nacional de Huracanes le asigna un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y en los próximos siete días.

Las lluvias previstas podrían aliviar la sequía que afecta el sur y el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, aunque persiste incertidumbre sobre trayectoria, intensidad y distribución de humedad.

El Invest 92L se acercaría a la región como una onda tropical amplia, con la mayoría de los modelos colocando el centro al sur de las islas caribeñas; el sistema aún no ha alcanzado organización ciclónica formal.

El Centro Nacional de Huracanes informó el 12 de agosto que la tormenta tropical Cristóbal se desplaza sobre el Atlántico norte con vientos de 45 millas por hora, alejándose hacia el este y con pronóstico de disiparse antes del jueves.

El sistema no representa amenaza para zonas costeras, aunque el NHC mantiene vigilancia sobre otra perturbación atlántica con alta probabilidad de desarrollo ciclónico.

Cristóbal se ubicaba al oeste de las islas Azores, en latitud 37.2 norte y longitud 41.0 oeste, con presión mínima de 1008 milibares, indicativo de un sistema en etapa de debilitamiento.

Organizaciones ambientales y residentes del sur de Puerto Rico denunciaron que el Departamento de Energía federal aprobó $164.5 millones para la planta de carbón de AES en Guayama, que sumados a otros fondos totalizan cerca de $820 millones, cantidad que según los grupos podría extender la operación de la carbonera 25 años adicionales. Paralelamente, denuncian que se depositó material de dragado contaminado con cenizas tóxicas en la comunidad Cimarrona sin notificación, permisos ni controles ambientales.

Las organizaciones advierten que el costo de la modernización podría trasladarse a la factura eléctrica de residentes y comercios, y señalan que la presencia de cenizas tóxicas de AES se ha documentado en al menos 13 municipios del archipiélago, con residentes reportando enfermedades vinculadas a la contaminación y la propia empresa habiendo admitido la contaminación del Acuífero de la Costa Sur.

La gobernadora Jenniffer González firmó en marzo de 2025 la Ley 1, que extiende la quema de carbón en Puerto Rico. Los grupos también señalan que la EPA federal estaría impulsando cambios reglamentarios que eliminarían informes sobre el manejo de cenizas y el monitoreo del agua contaminada en Guayama.

El Municipio de Añasco se unirá al programa Rescate Costero, liderado por FirstBank, con una siembra de árboles nativos en el Balneario Municipal Tres Hermanos programada para el 15 de agosto de 2026.

La actividad forma parte del tercer y último año del programa, que busca fortalecer barreras naturales contra la erosión costera y eventos atmosféricos en un balneario que sufrió daños desde el huracán María.

El alcalde Kabir Solares García indicó que en 2021 el municipio comenzó a recuperar el balneario, que había quedado abandonado tras los estragos del huracán María; el ecólogo Alexis Molinares, asesor del programa, advierte que el deterioro de dunas y manglares reduce la capacidad de las costas para resistir marejadas y tormentas.

El ingeniero Carlos Pesquera informó este miércoles 13 de agosto que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) evalúa ampliar de 48 a 72 horas el racionamiento de agua para los abonados del embalse Carraízo, aunque aclaró que la decisión no está tomada. Mientras tanto, lluvias asociadas a una onda tropical elevaron los niveles de 12 embalses en las últimas 24 horas, incluyendo Carraízo, que subió diez centímetros hasta los 37.53 metros.

Un racionamiento más prolongado afectaría directamente a los residentes y negocios que dependen del embalse Carraízo —ubicado en Trujillo Alto— que permanece en nivel de ajustes operacionales desde el 27 de julio. El alivio parcial de las lluvias no ha sido suficiente para levantar esa categoría restrictiva.

Carraízo lleva en ajustes operacionales desde el 27 de julio, condición que la AAA impone cuando los embalses descienden lo suficiente como para requerir manejo restrictivo del recurso hídrico. Seis embalses —La Plata, Toa Vaca, Lucchetti, Dos Bocas, Guajataca y Cerrillos— continuaron descendiendo pese a las lluvias recientes.

En la noche del miércoles 12 de agosto de 2026, el secretario del DRNA Waldemar Quiles confirmó que el delfín Miguelito fue hallado en buen estado y sin la máscara de buceo que tenía incrustada en el torso, tras un operativo de emergencia activado desde la madrugada por el Cuerpo de Vigilantes y biólogos de la agencia en aguas del islote Icacos, Fajardo.

Los biólogos del DRNA evaluaron al animal y determinó que se encontraba dentro de los parámetros de saludable; el delfín permanece libre en aguas del Atlántico, aunque las autoridades mantienen la alerta por el patrón de interacción humana que provocó el incidente.

El operativo fue desencadenado tras la circulación viral de videos que mostraban a Miguelito —delfín juvenil macho conocido por sus interacciones con bañistas y turistas en la Reserva Natural Marina Cayos de la Cordillera— con el equipo de buceo incrustado en su piel; el secretario Quiles había calificado la situación de "indignante" en una conferencia de prensa celebrada ese mismo día.

Este viernes, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, el representante Félix Pacheco y el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, visitarán el embalse La Plata para evaluar la viabilidad de un dragado de orilla ante la sequía y la acumulación de sedimentos que, durante las últimas dos décadas, redujo cerca del 40% de su capacidad de captación. El embalse se encuentra actualmente en 46.16 metros, por debajo de su nivel óptimo de 51 metros.

El embalse La Plata abastece a más de 450,000 familias, y el último dragado significativo ocurrió en 2015, cuando se removieron unos 700,000 pies cúbicos de sedimento. La visita también responde a la Orden Ejecutiva 2026-035, firmada por la gobernadora, que declara emergencia por sequía y contempla trabajos de dragado en embalses.

La sequía en curso ya motivó la radicación de una Resolución Conjunta por parte del representante Pacheco para ordenar a la AAA desarrollar un plan de dragado y coordinar recursos con otras agencias. La visita se enmarca además en el programa Cámara 100x35, iniciativa de la Cámara de Representantes orientada a identificar soluciones a problemas comunitarios en toda la isla.

El 12 de agosto de 2026, el Centro Nacional de Huracanes mantiene el Invest 92L con un 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y los próximos siete días, mientras un segundo sistema —una onda tropical al sur de las islas de Cabo Verde— registra un 20% en 48 horas que escala a 40% en siete días.

Ambos sistemas se desplazan hacia el oeste u oeste-noroeste bajo condiciones ambientales favorables, lo que mantiene activo el monitoreo para Puerto Rico y el Caribe en plena temporada ciclónica.

La temporada de huracanes del Atlántico va del 1 de junio al 30 de noviembre. El CNH ya seguía el Invest 92L desde sus primeros indicios de organización; la aparición de un segundo sistema activo eleva el número de perturbaciones bajo vigilancia simultánea en el Atlántico tropical oriental.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció este martes un operativo conjunto con la AAA y el DACO para identificar y sancionar a personas que venden agua extraída de pozos sin el permiso de franquicia requerido, luego de detectar anuncios en redes sociales —incluyendo uno que ofrecía galones a 75 centavos— que ofrecen ese servicio de forma ilegal.

La venta no autorizada de agua de pozos amenaza el suplido de agua a la ciudadanía en un momento en que Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía; el DACO activó su Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos para monitorear plataformas como Facebook Marketplace y Clasificados OnLine.

Todo pozo destinado a la extracción comercial de agua requiere un permiso de franquicia expreso del DRNA; la agencia describió este operativo interagencial como "sin precedentes".

Más de 40 ecólogos, biólogos, oceanógrafos y científicos ambientales endosaron una declaración y resolución —aprobada el 1 de agosto de 2026 en San Germán— reiterando su rechazo a las medidas legislativas que proponen una reforma al sistema de permisos y al Proyecto de la Cámara 1079, que debilitaría la protección de la zona kárstica. La declaración señala que estas iniciativas reducen controles preventivos, amplían certificaciones privadas y limitan el rol de agencias como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Los científicos advierten que ciertos daños ambientales derivados de estas medidas pueden ser graves, acumulativos e irreversibles, y exigen que toda iniciativa legislativa sobre sistemas naturales se fundamente en evidencia científica. Los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, no habían respondido al momento de la publicación.

La resolución se produce a pocos días del inicio de la sesión ordinaria legislativa, en medio de un proceso activo de reforma de permisos y planificación territorial en la Asamblea Legislativa; el grupo de científicos se suma a otras voces que ya habían pedido frenar estas medidas.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, primero afirmó públicamente que la AAA había reducido las presiones del agua desde abril; luego, al ser confrontado por la periodista Milly Méndez en el programa Pegaos' en la Mañana, se retractó y admitió que no sabe específicamente cuáles fueron las medidas operacionales tomadas por la corporación. Quiles también confirmó que el Comité de Sequía, bajo el DRNA, fue activado en junio y que el protocolo de sequía —revisado en 2018— está actualmente bajo revisión.

La contradicción del principal funcionario ambiental del gobierno genera dudas sobre la transparencia y coordinación interagencial en la gestión de la crisis hídrica, precisamente cuando cientos de miles de abonados enfrentan racionamientos activos y embalses en descenso.

La crisis hídrica se desarrolla en torno al embalse Carraízo, cuyos abonados ya enfrentan racionamiento de 48 horas, mientras La Plata —que abastece a nueve municipios del área metropolitana y norte— también registra descensos acelerados; la falta de claridad sobre qué acciones tomó la AAA y cuándo agrava el escrutinio sobre la respuesta gubernamental.

El alcalde de Cidra Delvis J. Pagán Clavijo anunció el 11 de agosto de 2026 la habilitación de una plataforma en línea donde los residentes pueden reportar salideros, ubicarlos en un mapa y añadir fotografías; el municipio canalizará cada caso ante la AAA y dará seguimiento.

La herramienta busca reducir el desperdicio de agua durante un periodo de sequía activa en el municipio; a pocas horas de su lanzamiento ya había recibido cinco reportes, todos con número de querella asignado por la AAA.

La reparación de salideros corresponde a la AAA, pero el municipio de Cidra asume un rol de intermediario ante la corporación pública como parte de su estrategia local frente a la sequía; quienes no tengan acceso a internet pueden reportar al 787-739-2323.

Organizaciones ambientales y residentes del sur de Puerto Rico denunciaron que el Departamento de Energía federal aprobó $164.5 millones para la planta de carbón de AES en Guayama, fondos que junto a otros totalizan cerca de $820 millones y que, según los grupos, podrían extender la operación de la instalación 25 años adicionales. Además, señalaron que se están impulsando cambios reglamentarios en la EPA federal que eliminarían informes sobre el manejo de cenizas y el monitoreo del agua contaminada en la zona.

La abogada ambiental Ruth Santiago advirtió que la propia AES ha admitido haber contaminado el Acuífero de la Costa Sur sin poder descontaminarlo, mientras residentes de Cimarrona en Guayama denuncian que material de dragado con cenizas tóxicas fue depositado detrás de sus hogares sin notificación, permisos ni controles. Las organizaciones señalan que las cenizas de AES se han documentado en al menos 13 municipios del archipiélago.

La gobernadora Jenniffer González firmó en marzo de 2025 la Ley 1, que extendió la quema de carbón en Puerto Rico, decisión que los grupos ambientales ya habían cuestionado en su momento. Los grupos exigen también que el alcalde de Guayama, O'brain Vázquez Molina, y la legislatura municipal se pronuncien ante la situación.

El director de la Secretaría Auxiliar de Permisos del DRNA, Juan Castrodad Pérez, aclaró que el Reglamento #6213 prohíbe hincar pozos a ciudadanos que ya tienen servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), en medio de la crisis de agua y racionamientos que atraviesa Puerto Rico.

La restricción limita una de las pocas alternativas individuales disponibles ante la sequía, ya que la mayor reserva de agua en Puerto Rico se encuentra en los acuíferos subterráneos y no en los embalses.

El Reglamento #6213 para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico establece que construir sistemas de extracción en áreas con servicio de la AAA no cumple con los criterios de uso beneficioso y razonable del recurso.

El 10 de agosto de 2026 un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la región de Chocó, Colombia —catalogado como el más intenso del país en lo que va de siglo—, y ha generado 99 réplicas hasta ahora. La geóloga colombiana Adriana Ocampo, con más de cinco décadas en la NASA, explicó que la actividad sísmica de 2026 en la región responde a dinámica tectónica natural, no a un fenómeno anómalo.

El sismo derrumbó varias estructuras en Colombia y obligó a ciudadanos a movilizarse en labores de socorro; en el mismo año Venezuela registró dos sismos adicionales de magnitud 7.2 y 7.5. Ocampo aclaró que estos eventos son procesos independientes entre sí.

El terremoto colombiano fue causado por la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, mientras que los sismos venezolanos respondieron a una falla de rumbo entre las placas del Caribe y Sudamericana. México también registró sismos de gran magnitud durante 2026.

El 11 de agosto, la jueza Yelitza Trinidad Martín del Tribunal de Arecibo impuso una sanción de $500 al DRNA y $100 a su representación legal por no entregar los informes requeridos, y fijó un calendario concreto: culminar gestiones de adquisición voluntaria con el propietario José González Freyre para el 14 de agosto, e informar sobre la autorización del Departamento de Justicia para proceder con expropiación forzosa para el 30 de septiembre.

El calendario judicial convierte un acuerdo que lleva casi un año sin ejecutarse en fechas límite con consecuencias legales, y determina si el acceso público y gratuito a la Reserva Natural y Marina Cueva del Indio se logrará por compra voluntaria o por expropiación forzosa.

El acuerdo que obligó al DRNA a garantizar el acceso público y gratuito a la reserva en el barrio Islote de Arecibo se formalizó hace casi un año; la vista del 11 de agosto fue de ejecución de sentencia ante el incumplimiento de los informes requeridos.

El 11 de agosto de 2026, el Municipio de San Juan celebró frente a la Torre Municipal la última ronda de entrega de certificados a las 335 familias seleccionadas para recibir cisternas de 400 galones, financiadas con cerca de $1 millón del programa Respuesta Capital; se espera que todos los equipos estén instalados entre septiembre y octubre.

El alcalde Miguel Romero reconoció que comunidades como San José y Monacillos han tenido dificultad para saber con precisión cuándo tendrán servicio bajo el plan de racionamiento vigente, y señaló que el presidente de la AAA ha mejorado sus comunicaciones con el Municipio tras una vista ante el juez Anthony Cuevas celebrada la semana anterior.

El Municipio acudió al tribunal contra la AAA luego de que Romero planteara preocupaciones sobre cambios operacionales en San Juan realizados sin previo aviso; un comité creado por el tribunal —en el que participa Roberto Martínez, exdirector de la Región Metro de la AAA durante la sequía de 2015— monitorea la situación.

El martes 11 de agosto de 2026, la onda tropical sobre Puerto Rico dejó entre una y dos pulgadas de lluvia —con acumulaciones aisladas de hasta 2.5 pulgadas— sobre municipios de la cuenca de Carraízo, incluyendo San Lorenzo, Caguas, Juncos y Las Piedras, según estimados preliminares del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El embalse de Carraízo opera bajo racionamiento activo debido a la sequía, y cualquier precipitación sobre su cuenca tiene impacto directo en la disponibilidad de agua para sus abonados.

La sequía ha mantenido las reservas del embalse de Carraízo por debajo de niveles normales, llevando a las autoridades a imponer turnos de racionamiento de agua. La meteoróloga María Novoa del SNM advirtió que las cifras son aún estimados de radar y deben cotejarse con pluviómetros antes de ser oficiales.

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) elevó el martes 11 de agosto de 2026 de 30% a 40% la probabilidad de desarrollo del sistema en las próximas 48 horas, mientras mantiene en 70% la posibilidad a siete días; el sistema se encuentra a unas 550 millas al suroeste de las islas de Cabo Verde. El CNH proyecta que probablemente se forme una depresión tropical durante la segunda mitad de la semana mientras el sistema avanza hacia el oeste y oeste-noroeste.

Las condiciones ambientales se volverían cada vez más favorables para el desarrollo del sistema en los próximos días, aunque el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan indicó que aún es demasiado pronto para determinar si tendrá algún impacto en Puerto Rico.

La temporada de huracanes de 2026 se proyecta con menos sistemas de lo normal debido a vientos cortantes en el Atlántico; sin embargo, agosto y septiembre históricamente concentran la mayor actividad ciclónica en la cuenca atlántica.

El 11 de agosto de 2026, el secretario del DRNA Waldemar Quiles confirmó un operativo conjunto con la AAA y el DACO para identificar pozos que extraen y venden agua sin el permiso de franquicia requerido, tras detectar anuncios en redes sociales —incluyendo uno que ofrecía galones a 75 centavos— que evidencian la práctica.

Las extracciones ilegales afectan el suplido de agua a la ciudadanía en un momento en que Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía; el DACO activó su Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos para monitorear plataformas como Facebook Marketplace y Clasificados OnLine en búsqueda de anuncios irregulares.

La AAA, a través de su presidente ejecutivo Luis González Delgado, respaldó el esfuerzo como parte de una estrategia coordinada para garantizar el uso responsable del agua disponible; el secretario del DRNA describió la iniciativa como "sin precedentes" entre las tres agencias.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, confirmó el martes 11 de agosto de 2026 que el gobierno está revisando el Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico y anticipó someter una versión revisada entre esa semana y la siguiente.

La revisión ocurre en medio de condiciones activas de sequía y luego de que El Nuevo Día revelara que el Comité Científico contemplado en el protocolo vigente no ha sido formalmente convocado durante el evento actual.

El protocolo vigente fue adoptado en 2018 a raíz de la sequía de 2015-2016 y establece la estructura de comités que deben activarse para analizar condiciones y recomendar medidas al gobierno.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico anunció el 11 de agosto de 2026 la disponibilidad de un mapa interactivo que consolida en un solo lugar avisos meteorológicos, puntos de calor satelital, incendios reportados, sistemas tropicales y datos sociodemográficos del U.S. Census Bureau.

La herramienta centraliza información geoespacial actualizada para apoyar la planificación y toma de decisiones ante condiciones de sequía, en un momento en que el Comité de Sequía anticipa expansión de sequía extrema hacia el este y el área metropolitana.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ha impulsado plataformas de datos públicos como parte de sus funciones de análisis e información para la toma de decisiones gubernamentales y comunitarias; la herramienta incorpora datos de resiliencia comunitaria del censo federal.

Los representantes Denis Márquez, Adriana Gutiérrez y Nellie Lebrón Robles radicaron una resolución para que la Comisión de Gobierno de la Cámara investigue la implementación de la Ley 91-2024, que obliga a las agencias gubernamentales a recolectar agua de lluvia. La medida fue aprobada en 2024 a iniciativa de la senadora Elizabeth Rosa y firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi, pero se desconoce su nivel de cumplimiento.

La resolución llega mientras miles de puertorriqueños enfrentan racionamiento de agua, lo que hace urgente saber si el gobierno activó los mecanismos legales disponibles para reducir la dependencia del sistema de agua potable.

La Ley 91-2024 establece como política pública promover la cosecha de lluvia para usos no potables —riego, lavado de autos, descarga de baños— y fue copatrocinada por los entonces senadores Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe; su reglamentación quedó en manos de las propias agencias.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, admitió en entrevista con la periodista Milly Méndez que desconoce específicamente cuáles fueron los ajustes operacionales que realizó la AAA desde abril, luego de haber afirmado días atrás que la corporación había reducido las presiones del servicio de agua. Confrontado con el audio de sus declaraciones originales, Quiles reconoció que pudo haber usado una expresión incorrecta y que no sabe con exactitud qué medidas tomó la AAA.

La contradicción pública del titular del DRNA profundiza las dudas sobre la coordinación gubernamental ante la crisis de agua, en un momento en que alcaldes y el sector privado ya cuestionan la transparencia del manejo del racionamiento. Quiles también confirmó que el protocolo de sequía, revisado en 2018, está bajo revisión y podría presentarse en los próximos días.

Puerto Rico enfrenta racionamientos provocados por los bajos niveles del embalse Carraízo; el Comité de Sequía del DRNA fue activado en junio, meses después de que la AAA habría comenzado ajustes operacionales. Quiles defendió que las medidas tomadas, junto con el dragado de Carraízo, permitieron retrasar las interrupciones programadas aproximadamente tres meses.

El alcalde de Cidra Delvis J. Pagán Clavijo anunció el 11 de agosto de 2026 la habilitación de una plataforma en línea que permite a los residentes localizar fugas en un mapa, añadir fotos y dar seguimiento a querellas canalizadas al municipio y la AAA; a pocas horas de activarse ya había recibido cinco reportes.

La herramienta ofrece una vía adicional al contacto directo con la AAA para agilizar la atención de fugas durante un periodo de sequía activa que afecta los niveles del embalse de Cidra.

El municipio actúa como intermediario ante la AAA, la corporación pública responsable de reparar los salideros; la iniciativa responde a una estrategia municipal más amplia para reducir el desperdicio de agua ante la sequía en curso.

Teresa Vázquez Cárdena, residente de la comunidad El Pueblito en Trujillo Alto, lleva ocho días sin servicio de agua en su hogar desde el sábado anterior al 10 de agosto de 2026, pese a vivir a escasos minutos del embalse Carraízo. Para sobrevivir, llena cubos, ollas y otros recipientes mientras cuida a su madre incapacitada.

El caso ilustra la falta de acceso al agua potable en comunidades de la zona metropolitana aun cuando están ubicadas junto a la principal fuente de abastecimiento regional, con impacto directo en personas que dependen de cuidado médico en el hogar.

El embalse Carraízo ha sido por décadas la fuente primaria de agua para cientos de miles de abonados en el área metropolitana de San Juan; interrupciones prolongadas del servicio en comunidades adyacentes reflejan problemas estructurales en la distribución de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

La sequía que afecta a Puerto Rico ha reducido la producción local de forraje, elevado sus precios por encima del valor de mercado y forzado importaciones desde Estados Unidos a costos elevados, según el presidente de la Asociación de Productores de Forraje de Puerto Rico, Iván Cordero. El impacto también alcanza las expectativas de cosecha de café y otros cultivos.

El encarecimiento del alimento para ganado presiona los costos de producción de los agricultores locales en un momento en que las condiciones climáticas continúan agravándose, lo que podría traducirse en mayores precios para los consumidores y menor disponibilidad de productos agrícolas locales.

Puerto Rico depende significativamente de importaciones para su seguridad alimentaria, lo que hace al sector agrícola especialmente vulnerable ante episodios de sequía; el forraje ya se vende al detalle —no al por mayor— y se recurre a fuentes externas para cubrir la demanda.

El meteorólogo Ernesto Rodríguez anunció el 10 de agosto de 2026 que recomendará el jueves 13 de agosto ampliar la categoría de sequía extrema (D3) a sectores de Gurabo, San Lorenzo, Las Piedras, el sur de San Juan, Carolina y Trujillo Alto, mientras la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció que la AAA no ha restituido el servicio de agua a algunos abonados dentro de los horarios anunciados.

La expansión de la sequía extrema hacia el área metropolitana agudiza la presión sobre el sistema Carraízo y el racionamiento en curso; el déficit de lluvia continúa aumentando, con sectores del tercio este de Puerto Rico acumulando entre 12 y 16 pulgadas menos de precipitación de lo normal.

El racionamiento en el sistema Carraízo entró en vigor el 7 de agosto de 2026 y múltiples embalses han registrado descensos consecutivos; aunque unas 2.5 pulgadas de lluvia cayeron el pasado martes sobre parte de la cuenca de Carraízo, el meteorólogo advirtió que las próximas dos semanas continuarán mayormente secas, con una posible mejoría del patrón hacia finales de agosto y septiembre.

El representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, radicó la 'Nueva Ley de Agua para el Puerto Rico del Siglo XXI', que propone reducir las pérdidas del sistema de agua —actualmente superiores al 50%— a un 30% para 2031 mediante un programa de rehabilitación de 20 años.

Puerto Rico pierde más de la mitad del agua que produce, una tasa que duplica el promedio de los estados continentales; la legislación contemplaría modernización de embalses, dragados periódicos, culminación de la planta El Valenciano en Juncos para 2032, e incentivos contributivos para cisternas residenciales.

La infraestructura de agua potable de la isla, con excepción del Superacueducto, no ha recibido mantenimiento sostenido; la AAA administra los principales embalses del país, y la ausencia de servidumbres de paso ha dificultado históricamente los trabajos de dragado.

El 10 de agosto, una onda tropical que se alejaba fue seguida por aire más seco y aumento de polvo del Sahara, mientras el Servicio Nacional de Meteorología mantuvo una advertencia de calor para 61 municipios entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. y alertó sobre peligro elevado de incendios durante la tarde.

La combinación de condiciones secas, cálidas y polvorientas, junto con vegetación afectada por la sequedad y ráfagas de viento, eleva el riesgo de incendios en gran parte de la isla; el martes se espera el día de mayor actividad meteorológica de la semana, con más aguaceros, tronadas y riesgo de rayos.

Las concentraciones de polvo del Sahara —que se mantuvieron altas durante el día— comenzarán a disminuir gradualmente en la noche del 10 de agosto; el Centro Nacional de Huracanes vigila varias perturbaciones en el Atlántico, aunque todavía es demasiado temprano para determinar si tendrán impacto en Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para este domingo 9 de agosto, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., que cubre todos los municipios costeros —incluyendo Vieques y Culebra— y el interior del este cerca de Caguas, con índices que podrían alcanzar los 105 °F. Bandas de lluvia asociadas a una onda tropical al sur de la isla han dejado acumulaciones mínimas, sin aliviar las condiciones de sequía.

El calor extremo representa un riesgo directo para la salud pública, particularmente en comunidades vulnerables, mientras que la escasa precipitación agrava la sequía que afecta al archipiélago.

La meteoróloga Glorianne Rivera del SNM explicó que las bandas de lluvia han llegado desde la madrugada al este y norte de la isla, pero sin acumulación significativa; la onda tropical que las genera pasa al sur de Puerto Rico sin proveer alivio hídrico sustancial.

Desde mayo de 2026, Puerto Rico atraviesa condiciones de sequía, pero el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) nunca convocó el Comité Científico que el Protocolo de Manejo de Sequía exige activar para asesorar al Comité Ejecutivo de jefes de agencias.

Sin el Comité Científico, el grupo de jefes de agencias que define e implanta las políticas de mitigación opera sin el respaldo técnico especializado que las propias guías del protocolo establecen como necesario.

El Protocolo de Manejo de Sequía, formalizado en 2018, contempla cuatro grupos de trabajo de apoyo al Comité Ejecutivo; el Comité Científico es uno de ellos y está diseñado específicamente para proveer conocimiento especializado ante eventos de sequía.

El 9 de agosto, el director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José Rivera Ortiz, confirmó que la mayoría de los 183,000 abonados de la Zona 1 ya tiene servicio de agua potable tras el inicio del racionamiento el 7 de agosto, aunque los sectores al final del Cupey Water System permanecen pendientes por averías que vaciaron el sistema durante el fin de semana anterior.

La recuperación continúa siendo desigual dentro de la misma zona: factores como diámetros de tuberías, distancias, elevaciones de la red y el hecho de que parte de la infraestructura estuvo varios días sin agua prolongan la espera para los abonados de Cupey, quienes acumulan más de una semana sin servicio regular.

El plan de interrupciones programadas ligado al embalse Carraízo y la Planta de Filtros Sergio Cuevas arrancó el 7 de agosto; los sectores de Cupey perdieron el servicio antes del inicio oficial del racionamiento por fallas en la estación de bombeo, extendiendo su interrupción más allá del turno de 48 horas asignado a la Zona 1.

La gobernadora Jenniffer González Colón convocó a los jefes de agencia para poner en marcha el Plan Interagencial de Apoyo a los Municipios, que asigna a cada agencia un municipio específico para coordinar la respuesta ante la sequía severa que afecta el suministro de agua en varios puntos de la isla.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos documenta que la sequía ha afectado gravemente a gran parte de Puerto Rico, al punto de que son necesarias interrupciones programadas del servicio de agua; San Juan registró su julio más seco desde 1899.

La iniciativa, liderada por la secretaria de Estado, es descrita por el gobierno como sin precedentes en su alcance interagencial; las Islas Vírgenes enfrentan simultáneamente sequía extrema, mientras el oeste de los estados continentales también registra patrones de poca lluvia.

El comisionado residente Pablo José Hernández añadió un elemento a su plan federal de cinco puntos al señalar que deben iniciarse gestiones para el regreso de los cientos de puertorriqueños de la Guardia Nacional desplegados en Washington, D.C., para que apoyen la respuesta a la crisis de agua en la isla.

La incorporación de la Guardia Nacional ampliaría la capacidad operacional en terreno mientras se gestiona ante el gobierno federal una declaración de emergencia bajo la Ley Stafford que activaría recursos de FEMA y préstamos de la SBA para negocios y agricultores afectados por la sequía.

Hernández ya había presentado las otras cuatro medidas de su plan —incluyendo la solicitud de declaración federal de emergencia y la recomendación al Departamento de Agricultura para emitir designación de emergencia por sequía— en paralelo al Plan Interagencial de Apoyo a los Municipios activado por la gobernadora Jenniffer González.

El Centro Nacional de Huracanes comenzó a vigilar una onda tropical que aún se encuentra sobre África, con 20% de probabilidad de desarrollo en siete días y 0% en las próximas 48 horas, según actualización del 8 de agosto de 2026. La meteoróloga Glorianne Rivera, del Servicio Nacional de Meteorología, indicó que el sistema se espera que salga de la costa africana el martes.

Puerto Rico enfrenta condiciones de sequía y déficit de precipitación, lo que hace relevante cualquier sistema que pudiera acercar lluvias; sin embargo, las guías meteorológicas actuales sitúan el sistema al noreste de la isla.

Las ondas tropicales que emergen de la costa africana son el punto de origen de gran parte de los sistemas que atraviesan el Atlántico durante la temporada ciclónica; las temperaturas oceánicas elevadas pueden favorecer su organización durante el trayecto.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y el presidente de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, descartaron el 8 de agosto de 2026 que el Comité de Sequía contemple la siembra de nubes para provocar lluvias en los embalses afectados.

La sequía ya es extrema en municipios del suroeste y sur de Puerto Rico, agravando el racionamiento de agua potable para decenas de comunidades.

La última vez que se recurrió a la siembra de nubes fue durante la sequía de 2015; expertos como el geomorfólogo José Molinelli Freytes concluyeron que la medida no funcionó.

El 7 de agosto de 2026, horas después de iniciar el racionamiento de 48 horas para sectores abastecidos por el embalse Carraízo, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, defendió su gestión ante la sequía y anunció que aprovecharán los bajos niveles del embalse para dragar sus orillas junto al DRNA y el Cuerpo de Ingenieros federal. González Delgado también descartó imponer multas a clientes y exhortó al uso prudente del agua mientras aguarda las lluvias históricas de finales de agosto.

El racionamiento ya afecta a dos zonas —la zona 2 comenzó el 7 de agosto y la zona 1 le sigue el domingo— y el dragado proyectado busca ampliar la capacidad de almacenamiento de uno de los principales embalses que abastece de agua potable a la región metropolitana.

González Delgado comparó la situación actual con crisis previas: en 2015 las interrupciones programadas comenzaron en abril y en 2020 en junio, mientras que en 2026 no arrancaron hasta agosto para el embalse de Carraízo, lo que el funcionario atribuye a las medidas de conservación implementadas desde mayo.

La gobernadora Jenniffer González Colón activó la Guardia Nacional al amparo de la Orden Ejecutiva 2026-033 para desplegar helicópteros en el combate de un incendio forestal activo desde el jueves en el sector Monte Gallo, en Cayey. La solicitud fue hecha por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Arturo Garffer, y el comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Josué Piñeiro Torres.

La activación permite usar helicópteros militares para reforzar a bomberos de Cayey y Caguas, unidades forestales de Juncos y Ponce, y oficinas municipales de Manejo de Emergencias; el humo ya alcanza las comunidades Los Paganes, Sumido y el barrio Cercadillo. Para el domingo previo ya se habían reportado 1,982 incendios en lo que va del año, cifra que supera los 1,681 de todo el año 2024 y los 1,540 de todo el año 2025.

La Orden Ejecutiva 2026-033 declara estado de emergencia por incendios forestales en Puerto Rico y permite incorporar nuevos municipios a las labores de respuesta; también se movilizó personal del Ejército de Salvación para brindar apoyo en el área afectada.

El alcalde Julio Alicea Vasallo ordenó reforzar las medidas de ahorro y prevención en Cataño ante la caída en los niveles del embalse La Plata, del cual el municipio se abastece; las medidas iniciaron desde principios de junio y el municipio ha elevado recientemente su nivel de respuesta. Cataño no depende del embalse Carraízo, donde la AAA activó este viernes un plan de racionamiento.

El caso de Cataño ilustra que la presión de la sequía se extiende más allá de la cuenca de Carraízo: los municipios que dependen de La Plata también enfrentan descenso en los niveles y podrían activar fases adicionales de restricción si las condiciones se deterioran.

La AAA confirmó previamente que La Plata se mantiene en nivel de observación —sin racionamiento formal— mientras aplica ajustes operacionales para contener la caída; Cataño es uno de los municipios abastecidos por ese embalse junto a Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón y Corozal.

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, identifica la sequía de 2015 como el peor escenario posible para el período seco actual. El exgobernador Alejandro García Padilla, cuya administración manejó aquella emergencia, afirma que el plan de entonces —que incluyó una orden ejecutiva de emergencia desde julio de 2014 y racionamientos de hasta tres días sin servicio— se distancia de la estrategia actual y estableció mecanismos permanentes que hoy aparentan ser ignorados.

En 2015, los embalses de Carraízo, La Plata y Cidra llegaron a niveles críticos y se impuso un racionamiento que dejó a clientes de la AAA hasta tres días sin agua; una repetición de ese escenario afectaría a cientos de miles de residentes en la isla.

Durante la sequía de 2015, el Monitor de Sequía declaró sequía moderada en 12 municipios y el Servicio Nacional de Meteorología anticipó un déficit de precipitación de casi tres meses; la administración García Padilla decretó el estado de emergencia mediante orden ejecutiva en julio de 2014, casi un año antes de que se implementara el racionamiento.

El 7 de agosto de 2026, el alcalde de Caguas William Miranda Torres informó que el municipio activó un plan de respuesta ante un posible racionamiento de agua que podría afectar a cerca de 12,500 residentes abastecidos por el Lago de Cidra, principalmente adultos mayores; desde el jueves el municipio distribuye recipientes de 60 galones entre personas que no pueden acudir a un oasis por edad, salud o movilidad reducida, con una inversión inicial estimada en $50,000.

Las comunidades afectadas se concentran en la zona oeste de Caguas e incluyen sectores rurales de Cañaboncito; el municipio contrató camiones cisterna para instalar oasis y ya identificó hogares de cuidado prolongado, égidas y albergues que podrían necesitar asistencia adicional.

El embalse de Cidra abastece no solo al municipio homónimo sino también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey; la gobernadora Jenniffer González Colón había confirmado previamente que ese embalse es el próximo cuerpo de agua bajo vigilancia por condiciones de sequía, y el Comité de Sequía celebra reuniones semanales con agencias y municipios desde el primero de junio.

El 6 de agosto de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón advirtió que el proyecto Esencia, propuesto para Cabo Rojo, no cuenta con autorización total de construcción y que varias agencias deben evaluar documentos y emitir determinaciones antes de que pueda avanzar.

González Colón dejó claro que una consulta de ubicación aprobada no equivale a un permiso de construcción ni sustituye otras autorizaciones ambientales y administrativas, corrigiendo así una interpretación que circulaba públicamente sobre el estado del proyecto.

El proyecto Esencia ha generado debate público en torno a su proceso de permisos; la gobernadora también aclaró que la persona que ocupa interinamente la dirección de la oficina de permisos fue designada por sucesión establecida en ley, no por decisión discrecional suya.

Reuters, AP, CBS News, ABC News, Al Jazeera y El País reseñaron el plan de racionamiento de agua en Puerto Rico, que afecta a más de 180,000 abonados del embalse de Carraízo con interrupciones de 48 horas por una sequía extrema.

La cobertura global refleja la magnitud de la crisis hídrica en el área metropolitana de San Juan; la gobernadora Jenniffer González Colón reconoció que desconoce por cuánto tiempo será necesario mantener el racionamiento.

AP señaló que Puerto Rico ha enfrentado medidas similares antes, mencionando episodios registrados en 2015 y 2020; la agencia recordó que la crisis actual ocurre bajo temperaturas extremas y un panorama de pocas lluvias.

El 2 de agosto de 2026, vecinos, pescadores y activistas de Quebrada Vueltas, Fajardo, recorrieron la costa del megaproyecto Moncayo y documentaron tubos que vierten líquidos en manglares, posibles violaciones a la zona marítimo-terrestre y el uso de permisos originados en proyectos de la década de 1990.

De confirmarse las violaciones descritas, el proyecto estaría afectando ecosistemas de manglar protegidos y accediendo ilegalmente a la zona marítimo-terrestre, con impacto directo sobre la pesca artesanal y el litoral entre Fajardo y Puerto del Rey.

Moncayo opera bajo permisos heredados de dos desarrollos previos que intentaron establecerse en ese litoral desde los años 90, entre ellos un proyecto que eventualmente sería un Four Seasons; vecinos denuncian que el alcance actual excede lo que aquellos permisos contemplaban.

Expertos en ingeniería hidráulica entrevistados por Primera Hora señalaron que la crisis de agua que atraviesa Puerto Rico en agosto de 2026 era prevenible, y apuntaron a décadas de falta de mantenimiento de infraestructura, ausencia de estudios sobre pozos de emergencia y carencia de educación ciudadana sobre conservación como causas principales.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) opera con una infraestructura que data de principios y mediados del siglo pasado, y los expertos advierten que sin fondos dedicados al mantenimiento y voluntad política para ejecutarlo, las sequías futuras producirán crisis similares.

Puerto Rico ya experimentó una sequía significativa en 2015, en la que medidas como la 'siembra de nubes' fueron descartadas por inefectivas; los mismos patrones de respuesta tardía se repiten en la crisis actual.

El 6 de agosto de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal autorizó al Gobierno de Puerto Rico acceder a la Reserva de Emergencia para financiar medidas de respuesta a la sequía, según declaró su director ejecutivo Robert Mujica. La autorización responde a la orden ejecutiva de la gobernadora Jenniffer González Colón que declaró un estado de emergencia por la escasez de lluvia y la reducción en los niveles de los embalses.

Los fondos podrán destinarse al suministro de agua por camiones cisterna, instalación de sistemas móviles de potabilización y creación de centros temporeros de distribución, medidas de impacto directo en la salud pública. El acceso a la reserva está limitado estrictamente a las necesidades descritas en la orden ejecutiva.

La Reserva de Emergencia fue creada bajo el Plan Fiscal de Puerto Rico para permitir al gobierno responder a emergencias imprevistas sin desviar otros fondos públicos, con normas estrictas que restringen su uso a situaciones de desastre o emergencia.

El 6 de agosto, la gobernadora Jenniffer González Colón aclaró que el proyecto Esencia, propuesto para Cabo Rojo, solo ha completado uno de los múltiples trámites requeridos y que varias agencias aún deben evaluar documentos y emitir sus determinaciones. González Colón rechazó la percepción de que la aprobación de una consulta de ubicación equivale a una autorización total de construcción.

La advertencia frena expectativas —tanto de promotores como de opositores— sobre el estado real del proyecto, dejando claro que ninguna etapa completada sustituye los permisos ambientales y administrativos pendientes.

El proyecto Esencia ha generado debate público en torno a su impacto ambiental en Cabo Rojo; la controversia más reciente giró en torno a la figura interina al frente de la oficina de permisos, cuya designación González Colón atribuyó a un proceso de sucesión establecido por ley.

El 6 de agosto, la NOAA redujo su pronóstico para la temporada atlántica de 2026 a entre 7 y 13 tormentas con nombre, de 2 a 6 huracanes y de 0 a 2 huracanes mayores, con un 75% de probabilidad de actividad por debajo de lo normal. La agencia atribuyó la menor actividad a la presencia de un fuerte fenómeno de El Niño que incrementa los vientos cortantes sobre el Atlántico.

El rango actualizado incluye la posibilidad de que no se forme ningún huracán de categoría 3 o superior durante toda la temporada, aunque la NOAA advirtió que los meses de agosto, septiembre y octubre concentran el período más activo y que una temporada tranquila no elimina el riesgo para las comunidades costeras.

La actualización de agosto reduce el límite superior del pronóstico original respecto a huracanes mayores y mantiene la tendencia hacia una temporada por debajo del promedio histórico; ya se han formado dos tormentas con nombre, lo que estrecha aún más el margen de actividad adicional esperada.

La meteoróloga Débora Martorell alertó el 5 de agosto de 2026 que los modelos del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo proyectan un Súper El Niño con pico de intensidad en diciembre, con anomalías de temperatura en la región Niño 3.4 que superarían los 4 grados Celsius sobre el promedio, lo que mantendría condiciones secas y calurosas en el Caribe hasta principios de 2027. La temperatura superficial del mar en esa región ya supera en más de un grado Celsius el récord registrado el 4 de agosto de 1997.

Puerto Rico atraviesa una severa sequía hidrológica que ha reducido los niveles de varios embalses y obligado a la AAA a implantar racionamiento de agua para miles de abonados en la zona metropolitana; de confirmarse las proyecciones, la recuperación de los embalses se dificultaría aún más. Comercios, industrias y escuelas ya advierten sobre el impacto económico de las restricciones.

El fenómeno de El Niño altera los patrones de circulación atmosférica y suele traducirse en menos lluvia y mayor riesgo de sequía en el Caribe; el evento de 1997 es uno de los más intensos registrados, y las proyecciones actuales colocan el calentamiento de 2026 por encima de todos los años comparables desde 1982.

El 2 de agosto de 2026, residentes, pescadores y activistas de Quebrada Vueltas, Fajardo, recorrieron la costa donde se construye Moncayo y documentaron tubos que vierten aguas usadas en manglares, alteraciones a la zona marítimo-terrestre y restricciones de acceso al litoral.

Los vecinos alegan que los constructores violan el deslinde mínimo de 30 metros exigido en la zona marítimo-terrestre y que el proyecto opera bajo permisos de desarrollos anteriores que datan de la década de 1990, lo que podría implicar que el alcance actual excede lo autorizado originalmente.

Moncayo es un megaproyecto de residencias de lujo en el litoral de Fajardo que heredó permisos de dos proyectos hoteleros previos —incluyendo uno que iba a ser un Four Seasons— que nunca se concretaron; los vecinos sostienen que el desarrollo actual amplió el alcance contemplado en aquellos permisos.

El Monitor de Sequía de los Estados Unidos declaró el 6 de agosto de 2026, con datos al 4 de agosto, que la franja sur del centro y oeste de Puerto Rico se encuentra bajo sequía extrema (D3), y extendió la sequía severa (D2) al centro-sur y hacia el noreste de la isla. La declaración llega a un día del inicio del racionamiento para abonados del embalse Carraízo y tras el julio más seco registrado en la estación de San Juan.

El informe advierte que los impactos en la zona sur se han intensificado con mayor rapidez, y que cualquier lluvia ofrece, en el mejor de los casos, un alivio localizado y temporal fuera del noroeste; solo esas secciones recibieron suficiente precipitación para aliviar ligeramente la situación.

La sequía extrema se expande sobre una isla que ya enfrenta racionamiento de agua inminente en zonas abastecidas por Carraízo, niveles descendentes en 14 embalses, y proyecciones de mayor aridez ligadas al desarrollo del fenómeno El Niño hasta principios de 2027.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió el 6 de agosto una advertencia de calor vigente hasta las 5:00 p.m., con temperaturas máximas entre los altos 80 y los bajos 90 grados Fahrenheit en zonas costeras y urbanas. La agencia anticipó que podrían emitirse advertencias adicionales durante el resto de la semana y el fin de semana.

El calor peligroso se extiende más allá de un evento puntual: la combinación de humedad persistente en niveles bajos y temperaturas elevadas genera índices de calor de riesgo continuo, particularmente en sectores costeros y urbanos, además del riesgo ya identificado de fuegos forestales por vegetación seca.

Una masa de aire más seca continúa entrando a la región, pero la humedad residual en la atmósfera baja sostiene índices de calor peligrosos; el patrón se suma a los vientos del este-sureste que favorecen temperaturas elevadas en el norte, el oeste y zonas urbanas reportados desde días anteriores.

El 6 de agosto de 2026, la Junta de Control Fiscal (JCF) autorizó al Gobierno de Puerto Rico a utilizar fondos de la Reserva de Emergencia para cubrir gastos derivados de la crisis de sequía, tras la declaración de estado de emergencia de la gobernadora Jenniffer González Colón. Los fondos podrán destinarse a camiones cisterna, sistemas móviles de potabilización, centros temporeros de distribución y apoyo logístico.

La autorización despeja el financiamiento inmediato para la respuesta gubernamental en los municipios afectados; el mecanismo, creado al amparo del Plan Fiscal, solo puede activarse para emergencias imprevistas y desastres naturales, no para otros gastos públicos.

La activación llega luego de que legisladores —entre ellos el representante Víctor Parés— solicitaran a la JCF una asignación de $300 millones para cisternas y otras medidas, incluyendo siembra de nubes, ante la reducción sostenida en los niveles de los embalses.

Con el 80% del territorio bajo condiciones de sequía y proyecciones de la NOAA que extienden el evento hasta marzo —con algunos modelos anticipando entre 18 y 24 meses de condiciones secas— el Departamento de Agricultura estima que los costos operacionales agrícolas podrían aumentar entre 8% y 15%. El precio de la paca de heno ya subió de entre $4 y $5.50 a entre $7 y $9, con posibles aumentos adicionales a entre $10 y $15.

El alza en costos de producción se trasladará a precios más altos para el consumidor y una reducción en la disponibilidad de alimentos locales, mientras las 207 vaquerías de la isla enfrentan escasez de forraje y deben importar alfalfa a costos elevados sin poder ajustar el precio controlado de la leche.

Puerto Rico ha enfrentado sequías severas en múltiples ocasiones; la de 2014–2016 dejó más de $13 millones en daños agrícolas y la de 1993–1995 generó pérdidas estimadas en $300 millones. El secretario de Agricultura Irving Rodríguez confirmó que están coordinando con el USDA para activar protocolos de sequía masiva, incluyendo ayudas bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.

Ante el racionamiento de 48 horas anunciado la noche del martes 5 de agosto de 2026 para clientes del embalse de Carraízo, residentes de sectores como Cupey y Cupey Alto en San Juan reportaron haber estado sin agua desde el sábado anterior, obligándose a hacer filas en la carretera 199 para comprar candungos y recipientes de almacenamiento.

La experiencia de vecinos de San Juan evidencia una falta de comunicación sobre los calendarios y zonas del racionamiento, además de un impacto económico no presupuestado que recae sobre ciudadanos de siete municipios —San Juan, Loíza, Canóvanas, Trujillo Alto, Gurabo, Carolina y Juncos— afectados por el plan de cortes alternos.

El embalse de Carraízo se encuentra en nivel de ajustes operacionales debido a la poca agua almacenada por la sequía; el racionamiento se divide en dos zonas y varios residentes señalan que la interrupción del servicio comenzó días antes del inicio formal del plan controlado.

El Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico conmemora 55 años de su creación como espacio de investigación científica, educación y encuentro sociocultural en el corazón del área metropolitana.

Las 268 cuerdas del jardín representan uno de los pocos corredores verdes dentro de una zona urbana densamente poblada, ofreciendo hábitat a flora y fauna nativa en medio de la congestión metropolitana.

La Ley de Protección y Conservación del Jardín Botánico de la UPR estableció formalmente su misión de enlazar colecciones botánicas, lagos y senderos para que el visitante aprecie la flora nativa y tropical, y proyectó el espacio como modelo de equilibrio entre naturaleza y urbanización.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) exhortó a la ciudadanía a reportar fugas de agua llamando al 787-620-2482 o a través de sus redes sociales, como parte del manejo de la sequía que afecta a Puerto Rico.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, confirmó que los reportes ciudadanos y de alcaldes se usan para priorizar el trabajo de brigadas propias y privadas asignadas a atender salideros.

El exhorto surgió durante la conferencia de prensa en que se anunció el plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo; la gobernadora Jenniffer González subrayó que las llamadas se reciben aunque entren a un sistema automatizado.

La meteoróloga Débora Martorell advirtió el 5 de agosto de 2026 que nuevas corridas del modelo del Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Mediano Plazo (ECMWF) apuntan al desarrollo de un Súper El Niño con pico en diciembre, con anomalías de temperatura que superarían los 4 grados Celsius sobre el promedio y que mantendrían condiciones secas y calurosas en el Caribe hasta comienzos de 2027. La temperatura superficial del mar en la región de referencia Niño 3.4 ya supera en más de 2.6 grados Celsius el promedio del período 1991–2020 y en más de un grado el récord observado el 4 de agosto de 1997.

Puerto Rico atraviesa una severa sequía hidrológica que ya redujo los niveles de varios embalses y forzó a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a implantar planes de racionamiento en la zona metropolitana; de confirmarse el escenario proyectado, la recuperación de esos embalses se dificultaría aún más y los efectos económicos sobre comercios, industrias y escuelas continuarían agravándose.

Las proyecciones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA ya situaban en 97% la probabilidad de que el episodio de El Niño persistiera hasta comienzos de la primavera de 2027 y en 81% la posibilidad de que alcanzara intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de 2026; los nuevos datos del ECMWF refuerzan ese escenario y ubican la línea de 2026 por encima de todos los años registrados desde 1982.

Investigadores de la Universidad Estatal de Colorado (CSU) confirmaron este miércoles su pronóstico de que la temporada de huracanes atlántica de 2026 alcanzará aproximadamente el 40% de la actividad promedio registrada entre 1991 y 2020, proyectando nueve tormentas con nombre, cuatro huracanes y un huracán mayor.

Para el Caribe, incluida Puerto Rico, la probabilidad de recibir el impacto de un huracán mayor se estima en un 17%, frente al promedio histórico de 47%, lo que representa una reducción significativa del riesgo para esta temporada.

El equipo de CSU, liderado por el investigador Phil Klotzbach, atribuye la actividad reducida a la influencia de El Niño, que aumenta la cizalladura vertical del viento sobre el Caribe y el Atlántico tropical, condición desfavorable para la formación e intensificación de ciclones; la temporada de 2026 presenta características similares a años de baja actividad como 1982, 1997 y 2015.

El 5 de agosto de 2026, la AAA anunció que operará oasis en conjunto con los municipios de Carolina, Trujillo Alto, Loíza y Canóvanas, sumándose a los decenas de puntos ya habilitados por el municipio de San Juan en días alternos para los abonados afectados por el racionamiento que arranca ese viernes.

Los oasis cubren los siete municipios abastecidos por el embalse Carraízo —San Juan, Carolina, Juncos, Loíza, Canóvanas, Gurabo y Trujillo Alto— y constituyen el principal mecanismo de acceso al agua potable durante los períodos de interrupción de 24 horas.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el racionamiento de 24 horas para los abonados de Carraízo ante el descenso acelerado del embalse; el municipio de San Juan, bajo la administración del alcalde Miguel Romero, organizó sus oasis en dos grupos con días alternos de operación, mientras la AAA coordina puntos similares en los demás pueblos afectados.

El 5 de agosto de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la activación de un plan de coordinación interagencial bajo el cual cada jefe de agencia será enlace directo con uno o más municipios para canalizar recursos y atender servicios esenciales; en San Juan habrá un jefe de agencia por cada distrito representativo. La secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana coordinará y dará seguimiento al esfuerzo.

El mecanismo busca acelerar la distribución de recursos en comunidades afectadas por el racionamiento, aunque La Fortaleza no identificó qué funcionarios fueron asignados ni a qué municipios específicos, lo que limita la transparencia inmediata del plan.

El 31 de julio de 2026, González Colón había declarado un estado de emergencia hídrica y activado mediante la Orden Ejecutiva 2026-36 a la Guardia Nacional para apoyar el acarreo, distribución y purificación de agua; catorce embalses registraron descensos en sus niveles el 4 de agosto y la sequía severa (D2) cubría el 24.75% del territorio según el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

El 5 de agosto, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para 61 municipios, con aguaceros breves esperados durante el día antes de un patrón más estable y seco.

Para los próximos días se anticipa menos lluvia, más calor y un aumento en las concentraciones de polvo del Sahara hacia finales del fin de semana, lo que agrava las condiciones de salud pública ya bajo advertencia.

La jornada del 5 de agosto se perfila como de transición: una banda débil de humedad favorecerá aguaceros matutinos principalmente en zonas de barlovento, mientras que en la tarde el calentamiento y la brisa marina podrían generar tormentas eléctricas en el interior y el oeste de la isla.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció el 4 de agosto que la agencia aumentará sus reuniones de seguimiento del Acuífero del Sur a dos por semana —desde una semanal— tras la declaración de estado de emergencia mediante la Orden Ejecutiva 2026-05 firmada por la gobernadora Jenniffer González. Cuatro pozos centinelas en Salinas, Santa Isabel y Juana Díaz están bajo observación conjunta del DRNA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), incluido el pozo Rasa, vigilado por riesgo de incursión de agua salada.

La intensificación del monitoreo refleja el agravamiento de las condiciones hídricas en el litoral sur; el DRNA también instruyó a su Secretaría Auxiliar de Planificación y Permisos a establecer guías de visitas regulares a las áreas de los pozos, incluyendo el uso de drones, lo que indica que la preocupación va más allá de la observación pasiva.

El Comité de Sequía fue activado a principios de junio de 2026 y desde entonces el DRNA se reunía semanalmente para analizar datos empíricos de los pozos centinelas; la nueva Orden Ejecutiva 2026-05 elevó formalmente el nivel de respuesta gubernamental.

El portavoz del proyecto Esencia, René Comas, anunció que los desarrolladores están dispuestos a construir, libre de costo para el Gobierno, una reserva de almacenamiento y tratamiento de agua para inyectarla al sistema de la AAA y reforzar el suministro a comunidades cercanas como Combate, Corozo y Pole Ojea. La propuesta no constituye aún un acuerdo formal con la AAA ni con el Gobierno de Puerto Rico.

La oferta busca contrarrestar uno de los argumentos centrales de los opositores al proyecto: que un desarrollo de esa magnitud agravaría la presión sobre un sistema de distribución ya deficiente en la zona oeste. Su viabilidad dependerá de la evaluación de las autoridades competentes.

El proyecto Esencia ha generado intenso debate público por su posible impacto sobre los recursos naturales de Cabo Rojo; según el portavoz, la propuesta de agua es resultado de más de tres años de reuniones con residentes y entre 300 y 350 entrevistas realizadas durante el proceso de planificación.

Ante la reducción en las fuentes de abasto provocada por la sequía, varios municipios de Puerto Rico han implementado medidas como racionamientos programados, distribución de agua embotellada y rutas de camiones cisterna. La AAA mantiene desde el 17 de julio un plan de interrupciones alternas de 48 horas en Río Grande y Canóvanas, mientras Loíza, San Juan y Aguas Buenas han recurrido a medidas preventivas adicionales.

La escasez afecta comunidades de al menos cinco municipios, con interrupciones de servicio que obligan a residentes a depender de suministros alternativos para cubrir necesidades básicas de agua potable.

El racionamiento en Río Grande y Canóvanas —que abarca comunidades como Guzmán Arriba, Palmasola y Peniel— surgió porque la toma de agua de la planta de filtros de Guzmán Arriba ha operado en niveles bajos durante varias semanas; otros municipios han adoptado sus propias medidas ante condiciones similares.

El alcalde de Toa Alta, Clemente 'Chito' Agosto, recomendó el 4 de agosto un plan ante la sequía que afecta el embalse La Plata: racionamiento preventivo, límite al tránsito de embarcaciones por riesgo de encalladura, y adelantar los trabajos de dragado tan pronto el cuerpo de agua alcance el nivel de ajustes operacionales. Agosto subrayó que los bordes y muelles del lago ya están al descubierto y que no se debe esperar a que llegue la emergencia para actuar.

El embalse La Plata abastece a más de 130,000 abonados en ocho municipios —Toa Alta, Toa Baja, Dorado, Vega Alta, Naranjito, Corozal, Bayamón y Cataño—, por lo que un descenso sin control podría derivar en ajustes operacionales que afecten el suministro de agua potable a esa población.

Agosto invocó el dragado realizado en 2015 como precedente e instó a que los permisos y fondos para una nueva intervención estén listos antes de que el nivel llegue al umbral de ajustes operacionales; el alcalde también señaló que la acumulación de sedimentos ha vuelto a reducir la capacidad de almacenamiento del embalse.

El martes 4 de agosto de 2026, la coalición Exigimos Agua marchó desde el parque Sixto Escobar hasta el puente Dos Hermanos en San Juan para exigir respuestas de la AAA; a la protesta se unieron la actriz Johanna Rosaly, quien denuncia interrupciones que afectan a 118 familias en Santurce, y la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, quien señaló que sectores de Piñones pasan más tiempo sin agua que con servicio.

La movilización evidencia que la crisis de agua trasciende municipios y afecta a comunidades vulnerables, incluyendo adultos mayores, mientras el Gobierno reconoce una disminución en los niveles de los principales embalses.

Las interrupciones en el servicio de agua potable ya existían antes de la sequía actual, y la manifestación se produce mientras comunidades de distintos municipios denuncian que las condiciones han agravado problemas de distribución preexistentes en la AAA.

Un disturbio atmosférico aumentará la humedad sobre Puerto Rico el 4 de agosto de 2026, favoreciendo aguaceros en el interior y suroeste de la isla, según el Servicio Nacional de Meteorología.

La precipitación anticipada no sería suficiente para revertir las condiciones de sequía ni para contribuir de manera sustancial a la recuperación de los embalses, y el pronóstico para las próximas semanas tampoco muestra un patrón prolongado de lluvias.

El sur de la isla mantiene déficits de lluvia elevados y condiciones de sequía persistentes; la meteoróloga Cecille Villanueva precisó que cualquier lluvia adicional en esa zona es bienvenida, aunque solo representaría un alivio momentáneo.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció la conclusión de trabajos de limpieza, remoción de desperdicios y mantenimiento del sistema de dique Expreso en el río Grande de Arecibo. Las labores fueron ejecutadas por personal de la Secretaría Auxiliar de Operaciones de la agencia bajo los parámetros del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos.

La rehabilitación aumenta la capacidad de control de inundaciones en una zona que atraviesa los municipios de Adjuntas, Arecibo y Utuado, ofreciendo mayor resiliencia ante tormentas tropicales y huracanes.

El río Grande de Arecibo es el cuarto río más largo de Puerto Rico y el segundo con mayor caudal; los diques que lo flanquean son infraestructura crítica administrada en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército federal.

El representante Félix Pacheco Burgos solicitó el lunes 3 de agosto declarar como proyecto prioritario el dragado del embalse La Plata, en Toa Alta, y anunció que radicaría una Resolución Conjunta para ordenar a la AAA crear un plan de acción interagencial que incluya coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. La solicitud se da al amparo de la Orden Ejecutiva 2026-035, firmada por la gobernadora Jenniffer González Colón el viernes pasado, que declara estado de emergencia por la sequía severa que atraviesa Puerto Rico.

El embalse La Plata abastece a 130,828 abonados en nueve municipios y ha perdido alrededor del 40% de su capacidad de captación durante las últimas dos décadas debido a la acumulación de sedimentos; el último dragado significativo de orilla se realizó en 2015, cuando se removieron 700,000 pies cúbicos de sedimento. La sequía severa (D2) ya afecta al 24.75% del territorio, y se estima que 2,743,796 personas viven en zonas con algún nivel de sequía.

El embalse La Plata fue construido en 1974 y tiene una capacidad normal de 33,000 acres-pies con las compuertas cerradas. El Monitor de Sequía de los Estados Unidos reportó esta semana un aumento de 10.47 puntos porcentuales en la categoría de sequía severa, que ahora cubre casi una cuarta parte de la isla.

El 3 de agosto, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para 61 municipios de Puerto Rico, donde los índices de calor podrían alcanzar los 103 °F, mientras una nueva concentración de polvo del Sahara deteriora la calidad del aire en la isla y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El SNM exhortó a la ciudadanía a evitar actividades al aire libre; los cielos brumosos y la mala calidad del aire representan riesgos para la salud, especialmente para poblaciones vulnerables.

El polvo del Sahara llega periódicamente al Caribe durante los meses de verano, suprimiendo la actividad de aguaceros y reduciendo la calidad del aire; esta jornada representa una nueva concentración que abarca prácticamente toda la isla.

El secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres declaró una emergencia fitosanitaria y estableció una cuarentena de 27.29 millas cuadradas en áreas de San Juan, Loíza, Cataño y Toa Baja ante detecciones de la mosca del Mediterráneo. La cuarentena restringe el traslado de frutas hospederas y material vegetal, pero no limita el movimiento de personas.

La mosca del Mediterráneo puede infestar más de 250 especies —entre ellas mango, cítricos, guayaba, papaya, aguacate, acerola, parcha y carambola— y su propagación podría elevar costos de producción, dañar la calidad comercial de los cultivos y generar restricciones al movimiento de productos agrícolas.

Rodríguez Torres subrayó que la plaga no afecta la salud humana y que la declaración de emergencia es una medida preventiva que permite movilizar recursos y actuar con mayor rapidez para proteger los cultivos.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, aclaró el 2 de agosto que la aprobación de la consulta de ubicación del proyecto Esencia en Cabo Rojo no equivale a un permiso de construcción, y que aún faltan endosos del DRNA y la AAA. El proyecto contempla impactar 2,059 cuerdas de terreno —40% clasificadas como Suelo Rústico Especialmente Protegido— e incluiría hoteles de lujo, 1,200 residencias privadas y usos comerciales.

Ciudadanos y organizaciones ambientales cuestionaron la agilidad con que la OGPe —actualmente sin director en propiedad— tramitó el proceso para un megaproyecto en terrenos con más de 30 especies en peligro de extinción y más de 100 yacimientos arqueológicos; los endosos del DRNA y la AAA, aún pendientes, serán determinantes dado que la AAA ya declaró no poder suplir la demanda hídrica del proyecto con la infraestructura actual.

La consulta de ubicación fue aprobada el viernes previo sin audiencia pública, según denunciaron varias organizaciones, entre ellas la Coalición Defiende a Cabo Rojo; además, la gobernadora Jenniffer González Colón firmó ese mismo día órdenes ejecutivas de emergencia por sequía, contexto en el que la presión sobre el suministro de agua se intensifica con dos embalses clave —Cidra y Carraízo— en ajustes operacionales.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera emitió declaraciones escritas el 2 de agosto cuestionando la transparencia del proceso de aprobación del Proyecto Esencia por la OGPe, señalando como ejemplo anuncios importantes hechos un viernes después de las 5 o el 24 de diciembre. Hernández Rivera reiteró que no se opone al proyecto si cumple con todas las reglamentaciones ambientales y se atienden los reclamos sobre el agua.

La postura del comisionado residente, quien también preside el PPD, añade presión institucional sobre la OGPe y el gobierno para explicar el proceso de evaluación del proyecto de más de $2,000 millones que incluiría hoteles, 1,200 residencias y dos campos de golf en zona costera de Cabo Rojo.

Hernández Rivera había expresado posiciones similares en conferencias de prensa en marzo y en entrevistas en abril; el PPD no ha asumido postura institucional a favor ni en contra de Esencia, y el alcalde de Cabo Rojo, Jorge Antonio Morales Wiscovitch, ha sido señalado por el comisionado como el representante del respaldo local.

Expertos consultados por El Nuevo Día advirtieron que la desalinización del agua de mar representa una opción viable únicamente para escenarios de contingencia en Puerto Rico, dados los costos excesivamente altos de la tecnología. Plantas comparables en San Diego y Tijuana —cada una con capacidad de 50 millones de galones diarios— tienen costos de construcción de $1,000 millones y $900 millones respectivamente.

La AAA produjo 513.2 millones de galones diarios en el año fiscal 2024 a un costo promedio de $2.19 por galón diario, cifra que se dispararía con la desalinización, cuyo costo de construcción solo equivale aproximadamente a $20 por galón diario producido. Los expertos señalan que Puerto Rico cuenta con abundancia de fuentes superficiales y subterráneas de agua dulce que, bien administradas, pueden cubrir las necesidades del país.

El ingeniero José Ortiz, ex presidente ejecutivo de la AAA, y el ecólogo Carl Soderberg, miembro del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, coincidieron en que el problema principal es la pérdida de agua a lo largo del sistema de distribución, no la disponibilidad de la fuente.

La estación meteorológica del aeropuerto Luis Muñoz Marín registró apenas 0.54 pulgadas de lluvia en julio de 2026, convirtiéndolo en el julio más seco desde que comenzaron los registros en 1898. El mes también fue el segundo julio más caliente en el historial de esa estación, con una temperatura promedio de 85.2 grados Fahrenheit.

El récord histórico de sequedad ocurre en medio de una sequía activa que ha reducido los niveles de los embalses y llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia. El anterior récord era de julio de 1929, cuando se acumularon 1.10 pulgadas.

El Servicio Nacional de Meteorología había anticipado el mes seco. Los registros de la estación de San Juan datan de 1898 y los datos corresponden exclusivamente a esa estación, no a Puerto Rico en su totalidad.

El juez Anthony Cuevas Ramos citó una vista para la tarde del viernes 7 de agosto en el pleito entre el Municipio de San Juan y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, tras rechazar el plazo hasta el martes que pedían los abogados de la AAA y concederle solo un día adicional para responder. El municipio alega que la AAA no ha puesto a disposición del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua el personal y las brigadas necesarias para inspecciones y ajustes de válvulas.

La vista determinará si la AAA incumplió acuerdos ratificados en corte, lo que podría acelerar —o complicar— el restablecimiento del servicio en comunidades de la capital que aún enfrentan interrupciones de agua.

El alcalde Miguel Romero había pedido la vista urgente alegando que la AAA paralizó los trabajos de campo acordados en una estipulación transaccional; el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, había rechazado el 31 de julio que existiera un impasse y describió la controversia como una diferencia de prioridades operacionales durante la sequía que afecta el embalse Carraízo.

El Servicio Nacional de Meteorología informó el 1 de agosto de 2026 que una onda tropical aumenta la probabilidad de aguaceros, tormentas eléctricas e inundaciones localizadas durante el fin de semana, especialmente en el interior, oeste y noroeste de la isla, así como en zonas a sotavento de El Yunque y las islas municipio.

El oleaje puede alcanzar hasta 6 pies y el riesgo de corrientes marinas persiste hasta el lunes; los índices de calor en zonas urbanas y de menor elevación podrían superar los 100 °F, con un índice de calor cercano a 102 °F en San Juan.

A la onda tropical se suma una nueva capa de aire del Sahara con concentraciones moderadas que comenzará a entrar el domingo por la noche y se extenderá el lunes, lo que reducirá gradualmente la actividad de lluvia aunque no eliminará los aguaceros vespertinos en el interior y oeste.

Sigue Tu Cepa Foundation anunció el «Reto 5 Metros», una nueva etapa de su campaña Puerto Rico en Llamas 2026, que invita a residentes, escuelas, negocios y agricultores a mantener un perímetro de cinco metros libre de material seco alrededor de sus estructuras.

La iniciativa responde al aumento sostenido de fuegos forestales registrado en Puerto Rico durante 2026 y busca reducir el riesgo de incendios en hogares, fincas y ecosistemas naturales a través de la acción ciudadana.

La campaña integra el trabajo educativo de Sigue Tu Cepa Foundation con la experiencia de la División de Extinción de Incendios del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, enfocándose especialmente en comunidades rurales y tierras agrícolas.

Este viernes, seis ballenas piloto protagonizaron un varamiento masivo en Punta Santiago, Humacao, donde tres llegaron a una zona de poca profundidad. Personal del DRNA, con ayuda de ciudadanos, las redirigió hacia aguas más profundas y mantiene vigilancia para evitar que regresen a la costa.

Las ballenas se encontraban flotando y nadando tras la intervención, pero el DRNA mantendrá personal en el agua durante las próximas horas para asegurarse de que los animales continúen su trayectoria mar adentro.

La respuesta fue coordinada por la doctora Grisel Rodríguez Ferrer, coordinadora del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del DRNA, que activa estos operativos cuando se reportan varamientos en las costas de la isla.

La meteoróloga Ada Monzón advirtió, al concluir su participación en el Simposio de Huracanes 2026 organizado por el CIAPR, que el periodo de sequía que atraviesa el Caribe no debe interpretarse como señal de menor riesgo ciclónico, ya que la temporada entra a su fase de mayor actividad entre el 15 de agosto y el 15 de octubre. La AAA no ha descartado activar planes de racionamiento en sectores del este de la Isla ante la merma en niveles de embalses y ríos.

El llamado cobra urgencia porque la sequía, el calor extremo y la temporada ciclónica activa representan presiones simultáneas sobre la infraestructura y el suministro de agua de Puerto Rico, en un contexto donde el cambio climático ha acelerado la intensificación rápida de ciclones.

Puerto Rico atraviesa semanas de escasa precipitación que han reducido severamente los niveles de sus embalses y ríos, mientras Monzón advirtió que incluso bajo condiciones de El Niño —que tiende a reducir la actividad ciclónica— un solo fenómeno puede ser suficiente para causar daños.

Puerto Rico anunció su participación en el Gran ShakeOut 2026, el simulacro de terremotos más grande del mundo, programado para el 15 de octubre de 2026 a las 10:00 de la mañana. Escuelas, universidades, agencias gubernamentales, empresas y comunidades practicarán la técnica "Agáchate, Cúbrete y Sujétate".

El ejercicio busca fortalecer la preparación ciudadana ante eventos sísmicos en una isla con historial de terremotos significativos, y está abierto a residentes, instituciones y organizaciones que pueden registrarse en shakeout.org/puertorico.

El Gran ShakeOut es una iniciativa internacional de simulacros sísmicos que Puerto Rico ha integrado en años anteriores como parte de sus esfuerzos de preparación ante emergencias.

El caño Villa Santos en Loíza quedó completamente seco durante la sequía que azota a Puerto Rico, causando una mortandad masiva de peces; el DRNA acudió el 30 de julio de 2026 a recoger los peces muertos para enterrarlos en una fosa común. La alcaldesa Julia Nazario Fuentes indicó que un residente de 50 años en la comunidad afirmó nunca haber visto algo así.

El caño Villa Santos solía causar inundaciones en hasta cinco comunidades cuando se abría la represa de Carraízo; su sequía total ilustra la severidad de la crisis hídrica, que ya abarca el 82.32% del archipiélago y afecta 28 municipios desde Cabo Rojo hasta Canóvanas.

San Juan cerró julio de 2026 como el mes de julio más seco de su historia, con la isla recibiendo menos del 60% de la precipitación normal en los últimos dos meses; las llanuras del sur registran sequía severa (D2) y la AAA había confirmado niveles bajos en 14 embalses.

Los representantes Víctor Parés y Elinette González convocaron una cumbre legislativa para analizar tecnologías de modificación climática —incluyendo siembra de nubes con yoduro de plata mediante drones e ionización de nubes con descargas eléctricas— como respuesta a la sequía severa que atraviesa Puerto Rico en 2026.

La cumbre reunirá a agencias clave como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos Naturales y sectores privados para evaluar alternativas concretas, señalando que los legisladores buscan soluciones más allá de la gestión tradicional de embalses y distribución de agua.

La siembra de nubes ya se intentó en Puerto Rico durante la sequía de 2015 bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla; su regreso al debate ocurre mientras el sistema de agua sigue siendo señalado por expertos como estructuralmente vulnerable.

El 30 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología mantuvo un aviso de calor extremo para más de 60 municipios de Puerto Rico, vigente hasta las 5:00 p.m., con índices de calor que podrían superar los 100 °F en áreas costeras y urbanas. El NWS advirtió que las temperaturas máximas del día se acercarían a los valores récord registrados a principios de semana en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Las condiciones de calor peligrosas afectan a la mayoría de la población, con riesgo elevado de agotamiento y golpe de calor —una emergencia médica potencialmente mortal— especialmente para quienes no tengan acceso a lugares frescos o no se mantengan hidratados. Las temperaturas mínimas de madrugada en el aeropuerto capitalino solo bajaron hasta 82 °F, lo que ofrece poco alivio nocturno.

El episodio de calor se extiende sin pausa desde el 26 de julio, con récords diarios de temperatura registrados a principios de semana en San Juan; el NWS anticipa que el viernes aumentará la humedad y que una onda tropical podría mantener tiempo inestable desde el sábado hasta el lunes.

El 30 de julio, durante una vista judicial, el alcalde de Camuy Gabriel Hernández Rodríguez informó que la Junta de Planificación le concedió ese mismo día un permiso que abarca las obras en controversia con el DRNA; el juez superior Gerardo Rafael Sarriera Lázaro concedió hasta el 5 de agosto para argumentos escritos finales antes de emitir su decisión.

La concesión del permiso por la JP mientras el pleito sigue activo profundiza la contradicción abierta entre agencias del mismo gobierno: el DRNA sostiene que las obras afectan la reserva natural Finca Nolla y tiene señalada una vista administrativa contra el municipio para el 10 de agosto.

El conflicto se origina en una orden de paralización y luego una de cese y desista emitidas por el DRNA contra el Municipio de Camuy por supuestas obras sin permiso; el presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, es uno de los funcionarios que se distanciaron de la administración para apoyar en el Senado una reforma de permisos distinta a la propuesta por la gobernadora.

El 29 de julio de 2026, San Juan registró una temperatura máxima de 94°F, segundo récord histórico consecutivo tras los 93°F del día anterior; el Servicio Nacional de Meteorología mantiene vigente un aviso de calor extremo para gran parte de la Isla.

Las condiciones representan un riesgo directo para la mayoría de las personas sensibles a las altas temperaturas, especialmente quienes no cuentan con sistemas adecuados de enfriamiento o hidratación suficiente en gran parte del archipiélago.

Este es el primer aviso de calor extremo emitido desde el 1 de octubre de 2025; los récords previos de temperatura máxima en San Juan databan de 1984 y 2013 (93°F) y de 1981 (92°F), marcas que fueron superadas en días consecutivos.

El Movimiento Ciudadano Pro Cierre del Vertedero de Arecibo (Mocivea) acudió al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston para revertir la desestimación de su demanda contra los alcaldes de Arecibo, Hatillo y Quebradillas por el uso del relleno sanitario. En mayo, la jueza Aida Delgado Colón había desestimado el caso en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

El Mocivea buscaba que los tres municipios dejaran de depositar desperdicios en la instalación y el pago de penalidades de hasta $25,000 diarios por descargas ilegales; de prevalecer en la apelación, el caso regresaría al tribunal federal para continuar. El vertedero ha sido señalado durante años por incumplir normas de salud pública y protección ambiental.

En 2014, la EPA demandó al Municipio de Arecibo, la Autoridad de Tierras y la operadora Landfill Technologies of Arecibo (LTA) por violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio; ese pleito culminó en un Acuerdo de Consentimiento que ordenó mejoras ambientales y operacionales que, según el abogado del Mocivea, Miguel Sarriera Román, no se han cumplido.

Al 29 de julio de 2026, la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan había acumulado apenas 0.53 pulgadas de lluvia en el mes, por debajo de las 1.10 pulgadas de julio de 1929, récord histórico de sequedad en esa estación. La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología, también señaló que el mes se perfila como el segundo más caliente en el historial de esa estación.

Si el acumulado no sube antes de que cierre el mes, julio de 2026 quebraría un récord de precipitación que data de 1929 en la estación con registros continuos más antiguos de Puerto Rico, iniciados en 1898.

La estación del aeropuerto de San Juan lleva registros desde 1898, lo que la convierte en el punto de referencia histórico principal para el clima de la isla; el récord anterior de julio más seco correspondía a 1929 con 1.10 pulgadas.

Según el monitoreo diario de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) del miércoles 29 de julio, la mayoría de los embalses de Puerto Rico continuó descendiendo, con las mayores bajas en Carraízo, Lucchetti y La Plata. Solo cinco embalses —Loco, Guayo, Caonillas, Dos Bocas y Matrullas— registraron aumentos.

Carraízo se mantiene en nivel de ajustes operacionales, mientras que La Plata, Cidra, Río Blanco, Fajardo, Matrullas y Guayabal permanecen en nivel de observación; Carraízo abastece a cerca de 180,000 clientes en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, y la AAA ha estado aplicando controles de presión para evitar un racionamiento.

Carraízo entró en clasificación de ajustes operacionales el 27 de julio y ha descendido de forma continua desde el 1 de junio, cuando registraba 41 metros. La sequía cubre una porción significativa del territorio insular según el Monitor de Sequía de Estados Unidos.

El Cuerpo de Vigilantes del DRNA inició patrullajes en la zona del 'Mar Negro' en la bahía de Salinas para hacer cumplir la Orden Administrativa 2026-05, firmada por el secretario Waldemar Quiles y vigente desde el 13 de julio, que prohíbe el uso de jetski en esa área para proteger al manatí antillano.

Quienes violen la orden se exponen a multas administrativas de hasta $5,000 por incidente; la medida busca salvaguardar al manatí antillano, especie en peligro de extinción.

La Orden Administrativa 2026-05 fue firmada por el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, como parte de la política pública de la gobernadora Jenniffer González de proteger especies en peligro; el comisionado Nelson Cruz anunció que el patrullaje preventivo continuará semanalmente.

El 22 de julio de 2026, DBR Dorado Owner LLC —propietaria de terrenos donde opera el Dorado Beach Resort y Ritz Carlton Reserve— presentó una demanda contra corporaciones del desarrollador Gerard Gil Bonar y el abogado David Efron para detener la construcción de un hotel Hilton Garden Inn de siete pisos y 171 habitaciones en Dorado, alegando que las escrituras de los terrenos prohíben edificaciones de más de dos pisos y cualquier uso que no sea residencial.

El proyecto, que incluye además 17,500 pies cuadrados de espacio comercial y un centro de cuido para adultos mayores, está financiado parcialmente con fondos federales de reconstrucción, lo que eleva las implicaciones del litigio más allá del municipio.

Esta es la segunda acción legal contra el mismo proyecto: una demanda anterior encabezada por la Paseos de Dorado Property Owners Association, que agrupa a 755 dueños de unidades residenciales, está pendiente ante el Tribunal Supremo desde mayo de 2026 tras fallos adversos en Primera Instancia y Apelaciones.

La directora ejecutiva de la Asociación de Agricultores de Puerto Rico, Vanesa Piñeiro, alertó que la sequía y la falta de servicio de agua de acueductos están provocando pérdidas de cosechas —incluyendo aguacates y granos de café— y escasez de productos como cilantrillo, recao y ají dulce en el mercado.

La escasez de productos agrícolas locales presiona al alza los precios para los consumidores; además, el heno está escaseando en la isla, lo que podría generar un efecto cadena en el costo de la ganadería y sus derivados.

Puerto Rico atraviesa una crisis de sequía que ya afecta el suministro de agua potable; los agricultores pequeños y de montaña, que carecen de sistemas de riego, son los más vulnerables, y algunos han recurrido a transportar agua en cisternas para salvar sus siembras.

Residentes de la comunidad Cimarrona, en Guayama, solicitaron este lunes la intervención del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, para atender el depósito de material polvoroso que análisis de laboratorio identifican como compatible con cenizas tóxicas de carbón, depositado por la empresa Bellagio General Contractor. La agencia ya determinó que existen violaciones ambientales, entre ellas la remoción de capa vegetal sin permisos y el depósito de material procedente del dragado de la Bahía Las Mareas sin autorización.

Familias que viven junto al depósito han estado expuestas al polvo contaminado, y la comunidad advierte que echarle agua a los caminos —medida actual— no detiene la dispersión. La Ley 40 de 2017 prohíbe el depósito de cenizas de carbón en Puerto Rico, por lo que los residentes y el Comité Diálogo Ambiental exigen la remoción total del material fuera de la isla.

El DRNA mantiene pendientes otras querellas por depósitos similares en Salinas y en la Reserva Nacional de la Bahía de Jobos de Aguirre. La visita del secretario Quiles fue tramitada a través del senador Rafael Santos Ortiz, luego de que la División Legal de la agencia confirmara las violaciones cometidas por Bellagio General Contractor.

El 26 de julio de 2026, Brendaliz González Méndez, directora interina de la División Legal del DRNA, informó que la agencia evalúa el uso de mallas lanzadas desde embarcaciones y barreras flotantes submarinas para remover el sargazo, luego de que la NOAA elevara su proyección a 102 millones de toneladas métricas —ajuste al alza desde los 55 millones estimados inicialmente por la Universidad del Sur de la Florida. La barrera submarina está siendo consultada con el Cuerpo de Ingenieros.

Las acumulaciones de 2026 ya superaron el récord del verano anterior de 44 millones de toneladas métricas, y la temporada —que normalmente corre de abril a noviembre— comenzó antes de lo usual, con sargazo detectado desde enero en México y República Dominicana, lo que presiona la capacidad de respuesta del DRNA y los 44 municipios costeros.

El DRNA coordina con alcaldes de pueblos costeros la remoción y disposición del sargazo; versiones previas de esta cobertura documentan inversiones de más de $2.45 millones en embarcaciones colectoras y excavadoras, así como afectaciones severas en Lajas, Yabucoa, Ceiba, Vieques y Fajardo.

Un temblor de magnitud 4.8 sacudió a Puerto Rico el 24 de julio a las 10:42 p.m., a unos 60 kilómetros al noroeste de Aguadilla en el área del cañón de la Mona, con una profundidad aproximada de 10 kilómetros. El evento fue percibido en prácticamente toda la isla, incluida Vieques, y generó más de 500 reportes ciudadanos a la Red Sísmica.

El movimiento no causó daños ni activó protocolos de tsunami, pero el director de la Red Sísmica, Víctor Huérfano, lo aprovechó para exhortar a las familias y comunidades a revisar sus planes de preparación ante terremotos.

El cañón de la Mona es una zona de actividad sísmica regular según Huérfano, quien indicó que eventos de esta naturaleza —algunos perceptibles, otros no— ocurren con frecuencia en esa área del norte de Puerto Rico.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, envió una carta fechada el 18 de julio al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos solicitando que se retire la orden de "cease and desist" emitida el 8 de julio, así como cualquier multa relacionada con el dragado realizado el 12 de junio en la desembocadura del Río Grande de Loíza. La agencia sostiene que la intervención fue legal y necesaria para rescatar a dos manatíes atrapados por arena acumulada que bloqueó el canal hacia el Atlántico.

La disputa involucra autoridades federales y estatales sobre quién tiene jurisdicción para autorizar dragados de emergencia en cuerpos de agua protegidos; si el Cuerpo de Ingenieros no retira la orden, el DRNA podría enfrentar sanciones administrativas por una acción que alega fue requerida para proteger una especie en peligro de extinción.

El incidente ocurre mientras el DRNA enfrenta presiones paralelas en Loíza: la alcaldesa Julia Nazario Fuentes y la Asociación de Alcaldes reclaman que la agencia aún no ha renovado el permiso estatal que el municipio necesita para obras de mitigación de erosión costera en Parcelas Suárez, pese a que el Cuerpo de Ingenieros ya otorgó autorización federal vigente hasta 2031. Un estudio reciente del USGS concluyó que el 75% de los sectores de playa analizados en 11 municipios, incluyendo Loíza, presentan procesos de erosión activa.

El DRNA documentó al menos cinco potenciales violaciones reglamentarias en el predio donde Bellagio General Contractor depositó material dragado del puerto Las Mareas, junto al barrio Cimarrona en Guayama. La agencia aún no ha realizado las pruebas que determinarían si el sedimento contiene cenizas de carbón, como denuncian vecinos y líderes ambientales.

El hallazgo de cinco incumplimientos específicos sustenta el caso administrativo que la División Legal del DRNA anunció el 22 de julio de 2026 contra Bellagio General Contractor, mientras la pregunta central —si el material contiene particulado de ceniza con metales tóxicos— permanece sin respuesta oficial.

El DRNA inspeccionó el predio el 30 de junio de 2026 y emitió una Notificación de Violación antes de que residentes de Cimarrona divulgaran un análisis de Eurofins que identificó arsénico, plomo, cromo, níquel y vanadio en el material vinculado al dragado del puerto Las Mareas.

El NWS en San Juan informó el 23 de julio que una densa nube de polvo del Sahara continuará afectando a Puerto Rico en concentraciones moderadas durante los próximos días, reduciendo la humedad, limitando las lluvias y provocando cielos brumosos con reducción en la visibilidad.

La presencia del polvo sahariano aumenta los síntomas de alergias y problemas respiratorios, especialmente entre personas vulnerables, y la probabilidad de lluvia cae a un 20 por ciento, con temperaturas máximas en los 90 °F bajos en zonas de menor elevación.

El polvo del Sahara es una masa de partículas de arena transportada por vientos desde el desierto africano a través del Atlántico hasta el Caribe; su llegada a Puerto Rico es un fenómeno recurrente que afecta la calidad del aire y el patrón de lluvias en la región.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió la tarde del miércoles 22 de julio una advertencia de inundaciones para los municipios de Aguadilla, Isabela y Quebradillas, vigente hasta las 2:30 p.m., ante lluvias con potencial de inundar áreas de baja elevación y pobre drenaje en el oeste de Puerto Rico.

Las autoridades advierten riesgo de inundaciones menores en zonas bajas del noroeste y recomiendan precaución en carreteras; la alerta ocurre mientras una advertencia de calor permanece activa para gran parte de la isla, con índices de entre 100 y 110 grados Fahrenheit.

El NWS había anticipado desde más temprano ese día que, pese al calor extremo, la tarde traería aguaceros y tormentas eléctricas principalmente en el oeste; las precipitaciones del noroeste reflejan un patrón recurrente de exposición de esa región a eventos de inundación repentina.

El Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico (CoRePI-PR) recibió una subvención de $1,389,416.38 del Departamento de la Vivienda federal para ampliar el proyecto CERP-PR, llevando la inversión total a $3,812,330.38. El proyecto, dirigido por la doctora Maritza Barreto Orta de la UPR-Río Piedras, busca capacitar a funcionarios municipales y tomadores de decisiones en los 44 municipios costeros de la isla.

Puerto Rico enfrenta una acelerada erosión costera agravada por el cambio climático y eventos atmosféricos extremos, y muchos municipios costeros carecen de herramientas científicas actualizadas para planificar adecuadamente. La iniciativa cubre los 44 municipios con litoral, lo que representa la totalidad de las comunidades en primera línea ante ese riesgo.

CERP-PR recibió inicialmente una partida de $2,422,914 antes de esta nueva asignación. El proyecto surge en un momento en que Puerto Rico busca fortalecer su resiliencia costera tras años de huracanes e inundaciones que han expuesto la vulnerabilidad de sus costas.

El 22 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. para 61 municipios de Puerto Rico, con sensación térmica de entre 108 y 111 °F en zonas urbanas y de baja elevación. Para la tarde se pronosticaron aguaceros y tormentas eléctricas, principalmente en el interior, el oeste y el noroeste, mientras que entre esa noche y el jueves se esperaba la llegada de una densa nube de polvo del Sahara que reduciría la humedad y deterioraría la calidad del aire.

La advertencia cubre la mayor parte de la población de la isla durante las horas de mayor calor, y la combinación de calor extremo y actividad eléctrica representa un riesgo directo para la salud pública, con síntomas que pueden derivar en golpe de calor, una emergencia médica que puede causar daño a órganos y muerte.

El patrón obedece a una vaguada en niveles altos de la atmósfera y otra en superficie al norte de la región, que aumentan la humedad tropical y generan condiciones inestables recurrentes en el verano puertorriqueño; la llegada del polvo sahariano modificará el patrón al reducir la precipitación a partir del jueves.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA proyectó que Puerto Rico recibirá hasta 80% menos lluvia de lo normal durante la semana del 29 de julio al 4 de agosto, seguido de una reducción de 65% en la semana del 5 al 11 de agosto, debido a un patrón persistente asociado con El Niño.

El déficit prolongado de precipitación agudiza la sequía que ya afecta al Caribe, con implicaciones para el suministro de agua y la agricultura en la isla durante al menos tres semanas adicionales.

La NOAA atribuye la anomalía a una convergencia en niveles altos de la atmósfera que inhibe la formación de nubes y lluvia, patrón típico de fases activas de El Niño; la misma condición también suprime la actividad ciclónica en el Caribe y el Atlántico.

Tras la radicación de una consulta de ubicación ante la OGPe el 16 de julio de 2026, la Coalición Defiende a Cabo Rojo y la Brigada Solidaria del Oeste exigieron que el trámite incluya vistas públicas en Cabo Rojo, argumentando que diez estudios añadidos a la Declaración de Impacto Ambiental no han sido evaluados públicamente.

El ecólogo Héctor Quintero Vilella, portavoz de la coalición, advirtió que los estudios hidrológicos de la Declaración de Impacto Ambiental presentan deficiencias graves, mientras que el proponente Roberto Ruiz Vargas, de Three Rules Capital, sostuvo que la fase de vistas públicas requerida ya se completó en marzo de 2025.

Esencia es un megaproyecto impulsado por Three Rules Capital y Reuben Brothers que requiere construir en terrenos cuyo uso actual no está permitido bajo la zonificación vigente; la consulta de ubicación es el mecanismo legal para solicitar esa autorización ante la OGPe.

El Municipio de Bayamón desarrolló una plataforma digital que mapea viviendas construidas sobre zancos, registra datos de sus residentes —incluyendo necesidades médicas y de movilidad— y orientará los esfuerzos de rescate hacia las zonas de mayor riesgo de colapso tras un sismo. El alcalde Ramón Luis Rivera Cruz reveló que el sistema incorporará próximamente evaluaciones de ingenieros estructurales para clasificar el nivel de riesgo de cada estructura.

El sistema busca eliminar el tiempo perdido recorriendo toda la ciudad para localizar daños, priorizando sectores rurales de Bayamón donde históricamente se construyó sobre pilotes. El municipio también cuenta con equipos de rescate urbano que incluyen perros rescatistas, herramientas hidráulicas, un vehículo con capacidad de hospital para 58 pacientes y drones de carga.

Bayamón comenzó a prepararse para terremotos en 2010, al identificar que Puerto Rico entrenaba para huracanes pero casi no realizaba ejercicios sísmicos; desde entonces ha incorporado especialistas de Chile, Costa Rica, los Topos de México y personal de California. Uno de los simulacros más recientes recreó el colapso de la escuela de Guánica durante los terremotos del suroeste de Puerto Rico en 2020.

La secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana encabezó el 20 de julio de 2026 una reunión del Comité de Sequía con la AAA y el Servicio Nacional de Meteorología para evaluar embalses, ríos y sistemas de distribución ante la sequía que afecta a Puerto Rico. El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González, informó que los embalses Carraízo y Cidra se mantienen bajo observación especial, mientras la corporación implementó ajustes operacionales en los seis embalses que administra —Carraízo, La Plata, Cidra, Toa Vaca, Río Blanco y Fajardo— para conservar el agua disponible.

Los niveles de los embalses continúan reduciéndose gradualmente por las condiciones secas sobre la región caribeña, lo que amenaza la continuidad del servicio de agua potable a la ciudadanía. Las medidas preventivas buscan extender el suministro por el mayor tiempo posible mientras persiste la situación, aunque el racionamiento ya está activo en Río Grande y Canóvanas.

La AAA ya había activado el Comité de Sequía e implementado interrupciones programadas de agua en municipios como Canóvanas y Río Grande. En paralelo, la vicepresidenta del Senado Marissa Jiménez anunció un proceso de evaluación para estudiar la viabilidad de plantas desalinizadoras como solución estructural a largo plazo.

El meteorólogo Ernesto Morales, coordinador del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, informó el 20 de julio que trazas de particulado de cenizas provenientes de los incendios forestales en Canadá podrían alcanzar Puerto Rico a partir de esa noche, arrastradas por una vaguada con curvatura al sur.

El SNM anticipa que el particulado se mantendrá en capas medias y altas de la atmósfera y no tendrá un impacto significativo en la calidad del aire local, a diferencia del efecto directo registrado en el noreste de Estados Unidos.

Puerto Rico enfrenta también incendios forestales activos en distintas áreas de la isla, por lo que Morales señaló que las cenizas locales podrían ser más perceptibles que las provenientes de Canadá.

El 20 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico, vigente hasta las 5:00 p.m., con índices de calor superiores a 100 °F por la combinación de humedad y temperaturas por encima de los 90 °F.

La advertencia cubre prácticamente toda la isla —desde San Juan y Bayamón hasta Ponce, Mayagüez y municipios de la costa este— y se suma a condiciones persistentes de peligro de propagación de incendios forestales por calor, poca lluvia y fuertes vientos.

Al menos 16 municipios del sur, entre ellos Guayama, Yauco, Peñuelas y Ponce, se encuentran bajo condiciones de sequía severa que agravan el riesgo de incendios; la NOAA ha confirmado la formación del fenómeno de El Niño en el Pacífico ecuatorial, asociado con temperaturas por encima de lo normal en el Caribe.

El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, el representante Víctor Parés, anunció una alianza con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para instalar rótulos informativos en las cercanías de charcas en la zona de Cupey, San Juan, orientando a la ciudadanía sobre cómo actuar ante el avistamiento de especies exóticas invasoras como culebras y caimanes.

Los rótulos incluirán advertencias para que las personas no interactúen con los animales y ofrecerán el contacto del Cuerpo de Vigilantes del DRNA para reportar avistamientos, buscando reducir incidentes en entornos urbanos donde estos animales han aumentado su presencia en los últimos años.

La iniciativa responde a un aumento reportado en el avistamiento de especies exóticas invasoras en zonas urbanas de San Juan; las especies capturadas tras ser reportadas serán trasladadas al Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas del DRNA en el Bosque Estatal de Cambalache, en Arecibo.

Trabajadores agrícolas en Puerto Rico continúan laborando bajo condiciones de calor extremo, con índices que alcanzan hasta 115 grados, en medio de advertencias emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología.

Los agricultores, que trabajan jornadas largas a la intemperie, enfrentan un riesgo directo a su salud en veranos que, según los propios trabajadores, no tienen precedente en su experiencia.

Anthony Gómez, residente de Salinas con más de dos décadas en la agricultura, señala que nunca había experimentado meses de calor como los de 2026, a pesar de haber comenzado a trabajar en el campo desde los 16 años.

El Servicio Nacional de Meteorología reportó el 18 de julio que persisten altas temperaturas, ráfagas de viento y condiciones secas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, elevando el riesgo de incendios forestales y de vegetación.

La combinación de calor, viento y vegetación seca crea condiciones propicias para incendios; el SNM exhortó a la ciudadanía a evitar quemas y a tener precaución con cualquier fuente de ignición.

El SNM también registró riesgo moderado de corrientes marinas para playas del norte, este y sur de la isla, incluyendo Culebra, Vieques y Mona, ampliando las alertas de seguridad pública del día.

El 16 de julio de 2026, USDA APHIS confirmó la captura de dos especímenes de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) en trampas Jackson instaladas en las inmediaciones del Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan. El secretario del Departamento de Agricultura, el agrónomo Irving Rodríguez Torres, anunció la activación inmediata de protocolos de emergencia fitosanitaria e instó al público a evitar mover frutas o vegetales de la zona afectada a otros municipios.

La mosca del Mediterráneo puede atacar más de 250 especies de frutas y algunos vegetales, representando una amenaza directa para la producción agrícola de la isla. Además de los dos casos confirmados, otros especímenes capturados en el área permanecen bajo evaluación técnica federal.

USDA APHIS mantiene en Puerto Rico un programa permanente de vigilancia fitosanitaria mediante una red de trampas diseñado para detectar oportunamente plagas cuarentenarias. La plaga es considerada una de las de mayor impacto económico en el mundo porque la hembra deposita sus huevos dentro del fruto y las larvas dañan su pulpa y capacidad de comercialización.

El 17 de julio de 2026, al reanudarse el plan de racionamiento de 48 horas en Canóvanas, residentes del sector Palma Sola comenzaron a acumular agua en cisternas, tanques y piscinas; la alcaldesa Lornna Soto alertó que las interrupciones y la baja presión están afectando zonas del municipio que no estaban contempladas en el plan original.

La extensión del racionamiento a áreas no planificadas agrava el impacto sobre miles de familias y evidencia que la crisis de abasto supera los parámetros con que la AAA diseñó el plan, en un contexto de lluvia insuficiente que apunta a interrupciones aún más severas.

El racionamiento en Canóvanas y Río Grande se vincula a la Planta de Filtración Guzmán Arriba, afectada por una sequía persistente; días antes del reinicio, alcaldes de otros municipios habían denunciado falta de coordinación con la AAA al enterarse por los medios de que también les aplicaría el plan.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó el 17 de julio de 2026 que los balnearios de Punta Salinas (Toa Baja), Cabullón (Ponce), Buyé (Cabo Rojo) y Pico de Piedra (Aguada) no son aptos para bañistas este fin de semana por exceder el límite de enterococos establecido en el Beach Action Value (70 colonias/100 mL).

Las cuatro playas afectadas pertenecen al Programa de Monitoría y Notificación Pública del DRNA, y el contacto con estas aguas representa un riesgo de salud; la agencia advierte que tras lluvias continuas las bacterias proliferan y se debe esperar al menos 24 horas después de que cesen antes de bañarse.

El DRNA monitorea regularmente la calidad del agua en playas públicas de Puerto Rico y emite alertas cuando los niveles bacterianos superan los parámetros federales; los eventos de lluvia intensa son un factor recurrente que eleva los conteos de enterococos en zonas costeras.

El USGS publicó oficialmente los datos del proyecto Cambios Costeros del Instituto CoRePI-PR de la UPR-Río Piedras, que determinó que el 75% de los transectos de playa analizados en once municipios de la costa norte presentan procesos de erosión, con reducciones en el ancho de entre 0.01 y 92 metros, registradas entre 2018 y 2022/2023.

Los hallazgos exponen el nivel de vulnerabilidad de comunidades e infraestructura costera desde Rincón hasta Luquillo frente al cambio climático, marejadas y eventos extremos, y ponen a disposición de agencias, municipios y planificadores información geoespacial esencial para la gestión territorial.

La investigación fue dirigida por la doctora Maritza Barreto Orta y el doctor Kevián Pérez Valentín, en colaboración con la doctora Legna Torres García del USGS, mediante una subvención competitiva de $499,000 por dos años, con participación de estudiantes y egresados de la Escuela Graduada de Planificación de la UPR-Río Piedras.

La organización Vínculo Animal PR propuso una moratoria de tres a cinco años sobre la importación, reproducción y comercio de animales exóticos en Puerto Rico, incluyendo especies que hoy se venden legalmente como la pitón real.

La medida afectaría tanto el tráfico ilegal como el comercio legal de mascotas exóticas, y busca crear espacio para estudiar el impacto de especies que ya circulan en la isla y que en varios casos se han convertido en invasoras.

Decenas de especies exóticas —desde erizos africanos y ardillas planeadoras hasta monos rhesus y caimanes— han ingresado a Puerto Rico, algunas de las cuales representan amenazas documentadas al ecosistema local.

La actualización semanal del Monitor de Sequía de Estados Unidos publicada el 17 de julio indica que la sequía moderada (D1) persiste en el este, sureste y sur de Puerto Rico, pero no registra áreas bajo sequía severa, extrema o excepcional —una mejoría respecto a la semana anterior. La mayoría de los principales embalses se mantiene en nivel de seguridad, según el informe diario de la AAA.

La desaparición de la categoría de sequía severa representa un retroceso en la intensidad de la crisis hídrica que había alcanzado el 14.28% del territorio la semana del 16 de julio, aunque las condiciones secas continúan presentes en gran parte de la isla fuera de la zona montañosa central.

La semana anterior, municipios como Salinas y Santa Isabel se encontraban completamente bajo sequía severa y más de una docena de municipios adicionales estaban parcialmente afectados; ese deterioro también había detonado reclamos del alcalde de San Sebastián por comunidades sin agua potable y racionamiento en Canóvanas y Río Grande.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, anunció el 16 de julio de 2026 la activación de la Unidad Especializada de Sargazo para atender un evento significativo de acumulación en el área de Las Croabas en Fajardo.

La NOAA proyecta que 2026 será un año 'excepcional' con más de 55 millones de toneladas métricas de sargazo en el Caribe, superando las 40 millones registradas en 2025; comunidades costeras y sectores turísticos y pesqueros podrían verse afectados.

En 2025 el Atlántico Tropical recibió 40 millones de toneladas métricas de sargazo, cifra que ya había superado las 36 millones de 2005; el DRNA mantiene una unidad técnica especializada y un formulario de reporte en línea para coordinar respuestas ante estos eventos.

La Coalición Defiende a Cabo Rojo y sus aliados exigen que la OGPe celebre vistas públicas en Cabo Rojo como parte del proceso de consulta de ubicación del megaproyecto Esencia, invocando las Secciones 2.1.10.1 y 2.2.3.19 del Reglamento Conjunto 2023. Vecinos de Boquerón reportan que ya se colocaron rótulos en el lugar anunciando dicha consulta.

Aproximadamente el 40 % de los terrenos que Esencia pretende impactar están clasificados como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos-Ecológicos y el 50 % como Suelos Rústicos, ninguno urbanizable según el Plan de Uso de Terrenos vigente. La consulta de ubicación —mecanismo de la OGPe para evaluar uso de terreno fuera de la zonificación establecida— representa una etapa crítica antes de que puedan otorgarse permisos de construcción.

El proceso llegó a una nueva fase después de que vecinos y grupos opositores esperaban que la OGPe publicara formalmente la consulta; el proyecto contemplaría 1,132 residencias de entre $2 y $20 millones, 520 unidades de hotel y dos campos de golf en terrenos del suroeste que colindan con dos reservas naturales. La Ley 82 aprobada previamente exige que quienes impugnen el proyecto depositen el 10 % de su costo, umbral que la coalición considera una barrera a la participación ciudadana.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, confirmó que la agencia sostiene conversaciones con la OGP y la Compañía de Turismo para financiar la compra de sargaceras marinas adicionales, a un costo aproximado de $1.7 millones por embarcación y con un tiempo de fabricación de alrededor de año y medio.

Puerto Rico cuenta actualmente con una sola sargacera —fuera de servicio por mantenimiento— mientras la llegada de sargazo a sus costas ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, limitando la capacidad del gobierno para atender el problema.

El sargazo ha representado un reto creciente para las costas caribeñas, con impacto en el turismo, la pesca y los ecosistemas marinos; el alto costo del equipo especializado obliga al DRNA a buscar fuentes de financiamiento en múltiples agencias.

El miércoles 15 de julio, el Centro Nacional de Huracanes reportó en su boletín de las 2:00 p.m. que una onda tropical al sureste de las islas de Cabo Verde ha mostrado signos de organización, aunque le asigna apenas un 10% de probabilidad de desarrollo tanto en las próximas 24 horas como en los próximos siete días.

El meteorólogo Ian Colón del Servicio Nacional de Meteorología confirmó que no se espera desarrollo significativo dado que las condiciones secas prevalecientes en la región de Puerto Rico no favorecen la intensificación del sistema.

El NHC anticipa que el sistema, al desplazarse hacia el oeste-noroeste, encontrará un entorno poco propicio para su desarrollo durante el fin de semana; la probabilidad del 10% es, según Colón, la más baja posible después de cero.

El 15 de julio de 2026, la EPA propuso ampliar los trabajos de descontaminación en el Lugar Superfondo del Antiguo Crematorio de Vega Baja, incorporando ocho propiedades residenciales adicionales al plan de limpieza tras nuevos muestreos científicos sobre exposición al plomo en el suelo. La agencia también tomará muestras en otras cuatro viviendas cercanas para determinar si requieren intervención.

La propuesta ampliaría las protecciones para los residentes de la comunidad Brisas del Rosario, quienes viven sobre terrenos que aún contienen plomo y otros metales pesados; el Departamento de Salud ofrecerá análisis gratuitos de sangre para detectar plomo durante la reunión comunitaria del 17 de julio.

El antiguo crematorio operó como vertedero e incinerador de residuos sólidos entre 1948 y 1979; posteriormente se construyeron viviendas sobre parte de esos terrenos, perpetuando el riesgo de contaminación para los residentes.

El meteorólogo Ian Colón Pagán, del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan, confirmó que las grietas que han aparecido en terrenos de San Germán y Adjuntas son consecuencia directa de la sequía: la tierra se seca, se compacta y se fractura.

Las grietas son una señal visible del estrés hídrico que ya afecta pastos, producción agrícola y fincas de café y cítricos en municipios del oeste y el centro de la isla.

Las denuncias ciudadanas incluyen una grieta de gran tamaño en un parque de béisbol del barrio Minillas en San Germán y el reporte de un agricultor en el barrio Yahuecas Arriba de Adjuntas, en la carretera PR-529.

La gobernadora Jenniffer González Colón advirtió que los abonados del barrio Jagual de San Lorenzo, Comerío, Río Grande, Canóvanas, Loíza y Cidra podrían recibir entre la semana del 21 de julio y finales de julio una notificación de la AAA para activar un plan de observación o interrupciones programadas de agua. Adicionalmente, informó que los abonados de la Planta de Filtros Finca Rosso Uno no tendrán servicio el 29 y 30 de julio.

La expansión de la sequía moderada y severa hacia el este —incluyendo ahora a Vieques y Culebra— y la caída en los niveles de 14 de los 19 embalses del país ponen en riesgo el abasto de agua potable para cerca de 2.7 millones de personas. Solo los embalses Carraízo y Cidra permanecen formalmente bajo nivel de observación, pero la AAA tomará una decisión sobre interrupciones según evolucione la situación en las próximas semanas.

Puerto Rico atraviesa un período de sequía sostenida que ha presionado el sistema de acueductos en múltiples municipios; un plan de interrupciones para Canóvanas, Río Grande y Loíza había sido pausado tras lluvias recientes, lo que evidencia la vulnerabilidad hídrica recurrente de estas comunidades. La gobernadora sostuvo una reunión de seguimiento con el Comité de Sequía en La Fortaleza, con participación del Servicio Nacional de Meteorología, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Pública.

El 15 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología informó que una masa de aire seco y polvo del Sahara continúan dominando el tiempo sobre Puerto Rico, manteniendo el cielo brumoso y limitando la lluvia a algunos aguaceros aislados en el oeste interior. La sensación térmica se mantendrá en general por debajo de 108 °F, aunque algunos sectores podrían alcanzar ese valor brevemente.

El NWS advirtió que las altas temperaturas elevan el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor —incluyendo agotamiento y golpe de calor— especialmente para personas que permanezcan al aire libre por períodos prolongados.

El episodio del 15 de julio se extiende a más de una semana de condiciones por encima de lo normal, con advertencias sucesivas de calor que llegaron a cubrir más de sesenta municipios y altas temperaturas que el NWS llegó a reportar con índices de hasta 111 °F en días previos.

El secretario de Agricultura, el agrónomo Irving Rodríguez Torres, reconoció que la sequía actual representa un reto adicional para los agricultores puertorriqueños, con las zonas del sur y sureste —donde predominan vegetales, mangós, plátanos y guineos— como las más afectadas. La agencia prometió trabajar de forma coordinada y planificada, y advirtió que se podría activar programas de emergencia si las condiciones se agravan.

Rodríguez Torres advirtió que un estado de emergencia en la montaña —que alimenta los canales de riego costeros— afectaría prácticamente a toda la isla; mientras tanto, exhortó al sector agrícola a prepararse con anticipación y seguir los planes de interrupción programada de agua potable que están previstos.

La nota añade matices a reportes previos que indicaban que la producción agrícola se mantenía estable y sin pérdidas registradas; el secretario ahora reconoce explícitamente el reto que impone la sequía y señala que la montaña es el punto crítico de vulnerabilidad para el sistema de riego de toda la isla.

En junio de 2026, el sargazo acumulado en las costas de Puerto Rico quedó apenas 10% por debajo del récord histórico registrado en 2025, según datos de CARICOOS, y la temporada aún no ha alcanzado su punto de mayor impacto. Zonas como Humacao, San Juan, Ceiba, Culebra, Fajardo, Cabo Rojo, Guánica, Lajas y sectores de la costa norte han recibido acumulaciones.

El director ejecutivo de CARICOOS, Julio Morell Rodríguez, advierte que 2026 podría cerrar como el segundo año con mayor presencia de sargazo desde que existen registros, con acumulaciones recientes en La Parguera que alcanzaron entre 20 y 30 kilogramos por metro de costa en una sola semana.

El evento de mayor magnitud registrado fue 2025, año que estableció el récord histórico de sargazo en la región; CARICOOS mantiene la vigilancia continua de estos fenómenos costeros en el Caribe.

El secretario del DRNA Waldemar Quiles Pérez firmó una orden administrativa que prohíbe motoras acuáticas en el sector Mar Muerto de la Bahía de Jobos, en Salinas, coincidiendo con el hallazgo de un manatí muerto en esa área el lunes. En lo que va de 2026, el DRNA ha reportado ocho manatíes muertos en las costas de Puerto Rico.

La agencia atribuye a motoras acuáticas el 78% de las muertes de manatíes registradas en 2025; quienes violen la restricción enfrentan multas de $5,000 por incidente. El sector Mar Muerto es históricamente el de mayor avistamiento de esta especie a nivel estatal.

El Mar Muerto comprende numerosos cayos que complican la supervisión del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, a diferencia del área de muelles de la bahía. La Bahía de Jobos es reconocida como hábitat crítico del manatí antillano, especie protegida bajo ley estatal y federal.

El Garnier Green Fest 2026 congregó a cerca de 9,000 personas en el Coliseo Roberto Clemente y recolectó 26,160 libras de plástico reciclable tipo 1 y tipo 2, utilizando la entrega de bolsas con plástico como requisito de entrada.

El material recolectado fue procesado por IFCO Recycling Inc. para evitar que terminara en vertederos de la isla, convirtiendo un evento de entretenimiento en una operación de manejo de residuos a escala significativa.

El festival ha promovido iniciativas de reciclaje y educación ambiental durante varios años, usando el modelo de las llamadas 'Green Bags' como mecanismo de participación ciudadana en el reciclaje.

Una ruptura en el Superacueducto de 72 pulgadas en Bayamón, ocurrida en junio de 2026, agravó una crisis de agua que ya afectaba a miles de clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) por meses; la gobernadora Jenniffer González-Colón activó la Guardia Nacional para distribuir agua potable en municipios como San Juan, Loíza, Guaynabo y Bayamón. Negocios en Calle Loíza reportan más de 50 días sin servicio confiable, gastando hasta $600 diarios en agua comprada para mantenerse abiertos.

La crisis recae de forma desproporcionada sobre los más de 40% de residentes que viven bajo el nivel de pobreza en la isla de 3.2 millones de habitantes, quienes no pueden costear cisternas ni agua embotellada de forma sostenida. Una residente de 75 años señaló que la interrupción ya supera en duración lo vivido tras el huracán María de 2017, que mató a un estimado de 4,645 personas.

Puerto Rico ha enfrentado históricamente interrupciones de agua por infraestructura envejecida y mantenimiento inadecuado; la ruptura del Superacueducto en junio de 2026 se sumó a fallas en plantas de tratamiento y embalses, mientras el archipiélago enfrenta condiciones de sequía al inicio de la temporada de huracanes. El alcalde de San Juan Miguel Romero demandó a la AAA a finales de mayo por las interrupciones.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) ordenó al DRNA cesar trabajos de dragado en la desembocadura del Río Grande de Loíza por no contar con los permisos federales requeridos; la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, compartió públicamente la carta firmada por Brandon L. Bowman, comandante del distrito de Jacksonville. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, sostuvo que la agencia considera que actuó dentro de los parámetros de sus permisos existentes.

La disputa añade una nueva dimensión al conflicto: el DRNA no solo enfrenta la orden federal de cese, sino que defiende activamente su interpretación de los permisos, lo que podría prolongar el enfrentamiento regulatorio y dejar sin resolver los trabajos en un cuerpo de agua clasificado como navegable bajo leyes federales.

Según la carta de USACE, funcionarios federales advirtieron previamente al DRNA —incluyendo en reuniones conjuntas— que cualquier dragado en el Río Grande de Loíza requería autorización federal bajo la Ley de Aguas Limpias y la Ley de Ríos y Muelles; la alcaldesa Nazario indicó que cuestionó al DRNA sobre los permisos al momento de ser notificada de los trabajos.

El alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, informó que el municipio se encuentra bajo alerta de bandera roja por incendios forestales activos en sectores como el Barrio Guamá y El Retiro, algunos de los cuales han permanecido encendidos por días afectando la zona urbana con humo y dificultando las labores en áreas montañosas de difícil acceso.

Los incendios han impactado la zona urbana de San Germán por el humo acumulado, mientras que la sequía y el terreno montañoso agravan la capacidad de control; las autoridades no descartan que algún acto intencional esté contribuyendo a la problemática.

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el equipo de Manejo de Emergencias Municipal (OMME) trabajan en las distintas áreas afectadas; la situación se enmarca en el aviso de bandera roja emitido el 11 de julio por el Servicio Nacional de Meteorología para el sur y oeste de la isla por vegetación seca, baja humedad y vientos fuertes.

Un grupo de científicos y pescadores presentó una propuesta para establecer un refugio de tiburones en Boca Vieja, Cataño, donde se reproducen tiburones martillo (Sphyrna lewini), especie en peligro de extinción. La iniciativa pide prohibir la pesca de tiburón en ese criadero.

El tiburón martillo está en peligro de extinción y los proponentes advierten que la sobrepesca amenaza su supervivencia en uno de sus criaderos conocidos en Puerto Rico.

El arrecife de Boca Vieja, cerca de la villa pesquera de Cataño, ha sido identificado como zona de cría de la especie; la propuesta depende de que el gobierno autorice la creación del refugio.

Entre enero y el 30 de junio de 2026, nueve millones de toneladas métricas de sargazo se acumularon en el Caribe —incluyendo costas de República Dominicana y Puerto Rico—, superando las 8.3 millones registradas en el mismo periodo de 2025 y las 1.2 millones del mismo periodo de 2024, según la Universidad del Sur de Florida.

El alga afecta directamente la experiencia de turistas en playas como Punta Cana y amenaza una de las principales industrias económicas del Caribe; en tramos de uso público nadie recoge el sargazo, lo que agudiza el impacto.

La acumulación de sargazo en el Gran Caribe ha aumentado de forma marcada en los últimos años, con cifras que se han multiplicado varias veces desde 2024; hoteles y negocios privados en zonas como playa Bávaro ya despliegan tractores con trituradoras para limpiar sus frentes de playa.

El 10 de julio de 2026, la vicepresidenta de Administración de la AAA, Karim Del Valle Gregory, declaró que un supuesto calendario de interrupciones de agua para la urbanización Fairview y zonas aledañas que circula en redes sociales es falso y no ha sido emitido ni autorizado por la corporación.

La AAA confirmó que al momento no existe ningún plan de interrupciones programadas para esos clientes, y advirtió que cualquier medida operacional se anunciará exclusivamente a través de sus plataformas oficiales, comunicados de prensa y los medios de comunicación.

La aclaración llega en un contexto de monitoreo activo de condiciones de sequía y niveles de embalses; la AAA indicó que, de surgir la necesidad de implantar un plan de racionamiento, la ciudadanía será notificada oportunamente.

La Sociedad Ambiente Marino (SAM) formalizó el 10 de julio de 2026 la iniciativa 'Juntos por nuestras costas' junto a Medalla Light y Walmart Puerto Rico, dirigida a financiar programas de restauración de arrecifes de coral, conservación marina y educación ambiental.

La colaboración entre el sector privado y una organización ambiental consolidada aporta fondos a ecosistemas costeros que enfrentan deterioro continuo y que protegen las costas de la Isla frente a fenómenos climáticos.

SAM lanza esta alianza en el marco de su 25.º aniversario; la organización ha trabajado históricamente en restauración de arrecifes y educación marina en Puerto Rico.

Durante el verano de 2026, grupos voluntarios como 7 Quillas —uno de los 14 equipos tortugueros activos en Puerto Rico— supervisan los nidos de tortuga tinglar en playas como Ocean Park, en San Juan, y convierten el proceso en actividades educativas para niños y familias.

La tortuga tinglar está en peligro de extinción y, según voluntarias del programa, solo una de cada mil crías llega a la adultez; la contaminación lumínica en las costas urbanas complica aún más su anidación nocturna.

Los 14 grupos tortugueros vigilan la temporada de anidación entre marzo y julio a lo largo del litoral de Puerto Rico, donde las tinglares —las tortugas más grandes del mundo— regresan a anidar guiadas por su memoria geográfica, a veces dejando hasta nueve nidos por temporada.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, advirtió que si la AAA activa un plan de racionamiento para los municipios que dependen del embalse Toa Vaca, comunidades como las partes altas de Santa Catalina y las partes bajas de Los Llanos podrían estar entre 24 y 72 horas sin servicio —no las 12 horas anunciadas— porque el sistema tarda demasiado en recuperarse. García Padilla también reconoció que el municipio solo cuenta con dos camiones cisterna para atender miles de unidades de vivienda.

El alcalde expone una brecha entre lo que la AAA proyecta públicamente y lo que ocurriría en la práctica en municipios con sistemas de distribución lentos, agravando el impacto sobre residentes que ya enfrentan una sequía activa. Coamo, según el propio alcalde, no tiene capacidad logística suficiente para responder a interrupciones prolongadas.

La gobernadora Jenniffer González Colón informó que el embalse Toa Vaca permanece bajo observación ante la sequía, mientras la AAA evalúa ampliar las interrupciones programadas si las condiciones no mejoran; el DACO mantiene vigente desde mediados de junio de 2026 una congelación de precios de cisternas y agua embotellada ante la emergencia. García Padilla también cuestionó un proyecto residencial entre Coamo y Santa Isabel que añadiría unas 400 viviendas al sistema de Toa Vaca, y responsabilizó a agencias de planificación y permisos por permitir desarrollos que, a su juicio, aumentan la vulnerabilidad del embalse.

El alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, anunció el 9 de julio de 2026 la cancelación de la sexta edición del Camuy Summer Fest luego de que el DRNA paralizara obras de reconstrucción en la zona turística de Peñón Brusi, impidiendo que el área recreativa estuviera lista para el evento.

El municipio estima que la cancelación representará un impacto económico de más de $500,000 para restaurantes, artesanos, comercios y más de 100 alojamientos a corto plazo en Camuy.

El Camuy Summer Fest contaba con cinco ediciones previas y se había consolidado como un evento deportivo, cultural y familiar de la región norte; Hernández argumentó que el proyecto tenía todos los permisos requeridos y anunció que el municipio acudirá al tribunal para defender la legalidad de las obras.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, confirmó el 9 de julio de 2026 que ambas agencias iniciaron un 'operativo de escritorio' que monitorea Facebook Marketplace, Clasificados Online y otras plataformas digitales donde se han detectado ventas ilegales de reptiles, animales acuáticos, monos y especies en peligro de extinción; los casos identificados serán referidos al Departamento de Justicia para posibles cargos criminales.

El operativo establece una división de roles concreta: el DACO detecta e informa, y el Cuerpo de Vigilantes del DRNA —con potestad de arresto— procesa los casos; los vendedores podrían enfrentar violaciones a leyes federales y locales sobre manejo de animales exóticos y maltrato animal.

Las plataformas digitales permiten la oferta abierta de especies protegidas por regulaciones federales y locales, aunque sí pueden usarse para compraventa de perros y gatos; la coordinación interagencial DACO-DRNA busca cerrar ese vacío de fiscalización que hasta ahora no había sido atendido con un operativo sistemático.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, denunció el 9 de julio de 2026 que los abonados del barrio Torrecilla Baja —que incluye las comunidades de Piñones, La Torre, El Indio y Terraplén— llevan 18 días sin servicio de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sin que la gerencia de la agencia haya ofrecido explicaciones ni un plan de restauración.

La interrupción afecta a una zona turística y gastronómica de alto tráfico comercial, así como a una población significativa de adultos mayores; la alcaldesa advirtió que el entendimiento de los residentes y comerciantes tiene un límite.

Nazario Fuentes recordó que una interrupción anterior ligada al Superacueducto del Norte duró 23 días, el servicio se restableció por apenas cuatro días y luego se perdió de nuevo. La crisis en Torrecilla Baja se suma a una interrupción prolongada de 22 días que enfrentaron residentes del condominio Las Carmelitas en Santurce, donde la AAA tampoco ofreció soluciones inmediatas.

El 9 de julio el Servicio Nacional de Meteorología mantuvo una advertencia de calor vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para 59 municipios de Puerto Rico, con índices de calor proyectados entre 102 y 111 grados Fahrenheit. Simultáneamente, los municipios de la costa sur y parte del este permanecen bajo condiciones favorables para la rápida propagación de incendios.

Con índices de calor que pueden alcanzar 111 °F y condiciones secas en la costa sur y el este, el riesgo de incendios forestales es elevado y la exposición al calor extremo representa un peligro directo para la salud de los residentes durante las horas más intensas del día.

Las altas temperaturas y la baja humedad relativa son factores recurrentes en el verano puertorriqueño que coinciden con mayor vulnerabilidad a incendios; la advertencia de calor de hoy se suma a episodios previos reportados esta semana, incluida la presencia de polvo del Sahara que ha agudizado las condiciones secas.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) impulsa una propuesta para evaluar y reforzar edificios construidos antes de 1987, modela en el programa de California, con plazos de hasta 25 años para completar mejoras o perder el permiso de uso. La propuesta prioriza estructuras de cuatro pisos o más, o con capacidad para más de 100 personas, incluyendo hospitales, residenciales públicos y espacios como el Coliseo Roberto Clemente y el Estadio Hiram Bithorn.

Más del 80 % de los edificios en Puerto Rico fueron construidos antes de que los códigos modernos de diseño sismorresistente entraran en vigor, dejando una cantidad significativa de estructuras —y las personas que las ocupan— expuestas ante un evento sísmico mayor. Los ingenieros advierten que residenciales públicos aún no han recibido refuerzos sísmicos.

Tras los terremotos de 2020, quedó expuesta la vulnerabilidad de viviendas y estructuras antiguas, incluyendo casos donde remodelaciones sin supervisión estructural agravaron los daños. El Recinto Universitario de Mayagüez y el CIAPR ya desarrollaron el manual 'Rehabilitación Sísmica de Casas en Zancos' como primera respuesta técnica para viviendas en terrenos inclinados.

El director de la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR), Víctor Huérfano Moreno, advirtió que estructuras críticas como hospitales requieren refuerzo antisísmico y que actualmente no hay proyectos de ley ante la Legislatura que atiendan ese asunto.

Un mapa de amenazas sísmicas desarrollado por la RSPR y el Departamento de Geología del RUM revela que gran parte de la isla tiene al menos un 50 % de probabilidad de experimentar temblores peligrosos en los próximos 100 años, siendo el área oeste la más vulnerable.

Desde los terremotos de 2020 que impactaron mayormente el sur de la isla, la comunidad científica ha recomendado actualizar códigos de construcción e incorporar técnicas como el aislamiento de base en edificios críticos, pero esas recomendaciones no han derivado en política pública.

El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, respondió a la advertencia de la AAA sobre los niveles bajos de los embalses Toa Vaca, Carraízo y Cidra señalando que conectar un proyecto de urbanización en el límite entre Coamo y Santa Isabel a ese sistema agravaría la presión sobre una infraestructura ya vulnerable. García Padilla propuso en su lugar usar los pozos disponibles en Santa Isabel y rehabilitar estructuras ya conectadas a la red.

La postura del alcalde vincula directamente las decisiones de permisos de construcción con el riesgo de racionamiento: si se aprueban nuevos desarrollos sin considerar la capacidad real del sistema, comunidades como Santa Catalina y Los Llanos —que llevan décadas dependiendo de Toa Vaca— podrían verse perjudicadas. García Padilla hizo un llamado explícito a la AAA, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos para que evalúen esa capacidad antes de autorizar proyectos.

Tras reunirse con el Comité de Sequía el 7 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González advirtió que trece municipios —incluyendo San Juan, Ponce, Caguas y Carolina— podrían sumarse al plan de racionamiento ya activo en Río Grande y Canóvanas si los embalses de Carraízo, Cidra y Toa Vaca continúan deteriorándose.

El 8 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para Añasco y Mayagüez hasta las 7:45 de la noche, tras detectar lluvias fuertes con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas asociadas a tormentas eléctricas.

El SNM advierte que se esperan hasta 1 pulgada adicional de lluvia, con riesgo de inundaciones urbanas, desbordamiento de quebradas pequeñas y acumulación de agua en zonas de pobre drenaje en ambos municipios del oeste de la isla.

El radar Doppler del SNM es la herramienta principal que activa estas advertencias localizadas; las áreas del oeste de Puerto Rico son susceptibles a inundaciones repentinas durante temporadas de lluvias intensas.

El miércoles 8 de julio de 2026, la Universidad Estatal de Colorado (CSU) rebajó su pronóstico de la temporada atlántica a nueve tormentas con nombre y cuatro huracanes, uno de ellos mayor, debido al fortalecimiento de El Niño. La probabilidad de que un huracán mayor atraviese el Caribe quedó en 19 %, frente a la media histórica del 47 %.

El nuevo estimado sitúa la actividad ciclónica muy por debajo del promedio histórico de 14 tormentas con nombre y siete huracanes, lo que reduce —aunque no elimina— el riesgo para Puerto Rico y el Caribe durante la temporada que cierra el 30 de noviembre de 2026.

La CSU ya había rebajado su cifra desde 13 tormentas en abril hasta 11 en junio; este tercer ajuste representa la revisión más baja del ciclo. La NOAA, por su parte, proyectó en mayo hasta seis huracanes y 14 tormentas con nombre para la misma temporada.

Pese a que la AAA pausó el plan de racionamiento, residentes de Canóvanas amanecieron sin agua el miércoles 8 de julio luego de que las fuertes lluvias del martes obstruyeran con vegetación, escombros y tierra la toma de aguas crudas de la planta de filtros Guzmán Arriba. El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, informó que la toma fue destapada esa misma mañana y se reinició la operación de la planta.

El episodio ilustra que las mismas lluvias que alivian los embalses pueden interrumpir el servicio en plantas vulnerables; González Delgado advirtió que las precipitaciones recientes no bastan para superar el déficit acumulado y que el racionamiento podría reactivarse si los niveles vuelven a bajar.

Canóvanas y Río Grande se encuentran bajo estado de emergencia desde que la gobernadora Jenniffer González firmó la OE-2026-032 el 7 de julio; la planta Guzmán Arriba abastece un sistema descrito como pequeño, lo que limita el alcance del impacto pero también reduce su capacidad de respuesta ante eventos de escorrentía.

La gobernadora Jenniffer González Colón confirmó el 8 de julio de 2026 que Puerto Rico enfrentará escasas lluvias durante los próximos tres meses, y que los planes de racionamiento de agua se activarán primero en sectores de Río Grande y Canóvanas, cuyos alcaldes ya recibieron aviso formal de interrupciones programadas.

Al menos cuatro municipios —Juncos, Las Piedras, Loíza y Canóvanas— ya fueron alertados sobre posibles cortes, y Río Grande y Canóvanas están a días de que entren en vigor; los embalses de Carraízo, Toa Vaca y el lado de Cidra permanecen bajo observación por niveles bajos.

El Servicio Nacional de Meteorología presentó a la gobernadora un informe que proyecta precipitaciones insuficientes para reabastecer los lagos y reservas del país; los embalses de Guineos en Orocovis y Caonillas en Utuado son los únicos actualmente en desborde.

En la noche del martes 7 de julio de 2026, el Negociado del Cuerpo de Bomberos confirmó que culminaron los trabajos de extinción del incendio forestal en la colindancia entre Carolina, Loíza y Canóvanas, horas después de que la gobernadora Jenniffer González activara la Guardia Nacional para reforzar las labores. El fuego había comenzado desde la tarde del lunes en un área de difícil acceso y generó columnas de humo y cenizas que afectaron comunidades de la zona metropolitana.

La extinción cierra un siniestro que obligó a escalar la respuesta estatal hasta incluir la Guardia Nacional, bomberos municipales de Carolina y personal de OMME, evidenciando la presión simultánea sobre un Negociado que opera con solo 54 bomberos forestales en toda la isla. Al 7 de julio de 2026, el Cuerpo de Bomberos había atendido 1,113 incendios forestales, frente a 1,024 en el mismo periodo de 2025.

El incendio se sumó a los múltiples fuegos forestales activos reportados al mismo tiempo en Ponce, Toa Alta, Caguas, Juncos y Canóvanas; la lluvia caída en la mañana del martes contribuyó al control del fuego, según el comandante Bryan Ramos Colón del Negociado de Bomberos. La extinción fue posible gracias a la coordinación entre el secretario del DSP, el general Arturo Garffer, el comisionado Josué Iván Piñero Torres y la gobernadora González.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos confirmó ante el senador Héctor "Gaby" González López que el costo del proyecto de control de inundaciones del Río Grande de Arecibo supera actualmente los $500 millones —frente a los $174 millones estimados en 2021— y se comprometió a entregar un estimado actualizado dentro de los próximos tres meses. La reunión, convocada al amparo de la Resolución del Senado 388 aprobada el 30 de marzo de 2026, también reveló que de los $82 millones asignados a la segunda fase queda disponible poco más de $50 millones.

El nuevo estimado definirá las gestiones para identificar fuentes de financiamiento que cubran un déficit de varios cientos de millones de dólares; sin ese financiamiento, la obra que protege comunidades de Arecibo de inundaciones recurrentes no podría avanzar.

El costo escaló desde los $174 millones de 2021 a más de $500 millones debido al rediseño exigido por cambios en las condiciones del terreno provocados por eventos atmosféricos de las pasadas décadas. La Resolución del Senado 388 fue radicada el 17 de diciembre de 2025 para evaluar el estado de la obra, los fondos disponibles y la coordinación entre agencias.

Entre el jueves y el domingo del fin de semana del 4 de julio de 2026, personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) capturó 99 animales en diversas regiones de Puerto Rico: 80 boas constrictoras, 8 boas nativas, 4 pitones reticuladas, 3 caimanes y 4 aves turpiales. Los caimanes fueron capturados en San Juan y los turpiales fueron removidos de una residencia en Guayama tras confidencias sobre su posible venta clandestina.

La escala de la incautación —99 animales en cuatro días— refleja la magnitud del problema de tenencia ilegal y circulación clandestina de especies exóticas e invasoras, que representan una amenaza directa a la fauna nativa de Puerto Rico.

Los animales quedaron albergados en el Centro de Rehabilitación de Especies Nativas y Manejo de Especies Exóticas del DRNA, ubicado en el Bosque Cambalache en Arecibo; el secretario Waldemar Quiles destacó la gestión del teniente Ángel Atienza, director del centro, e instó a la ciudadanía a reportar avistamientos al (787) 999-2200.

El 7 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió que el particulado de polvo sahariano y el humo de incendios forestales activos —incluyendo uno en la finca Juan Pérez, entre Carolina y Piñones— están deteriorando la calidad del aire en Puerto Rico, coincidiendo con una advertencia de calor.

La combinación de polvo sahariano, humo visible desde la torre del aeropuerto Luis Muñoz Marín y condiciones de calor representa un riesgo compuesto para la salud pública; se anticipa una segunda masa de polvo que elevaría las concentraciones nuevamente el miércoles por la tarde.

El polvo del Sahara llega periódicamente al Caribe durante los meses de verano, afectando la visibilidad y la calidad del aire; cuando coincide con incendios forestales locales activos, el impacto sobre la calidad del aire se intensifica.

El 7 de julio, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para más de 60 municipios de Puerto Rico, vigente entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., abarcando zonas costeras, urbanas y de menor elevación, incluyendo Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

La advertencia cubre la gran mayoría del archipiélago, donde temperaturas mínimas nocturnas de entre 80 y 82 °F limitaron el enfriamiento y elevaron el índice de calor; además, el polvo del Sahara deterioró la calidad del aire y redujo la posibilidad de lluvias que pudieran aliviar las temperaturas.

El polvo del Sahara continuará presente sobre la región durante gran parte de la semana, combinado con aire seco en los niveles medios de la atmósfera; una onda tropical comienza a acercarse esta noche, lo que aumentará la humedad y los aguaceros el miércoles.

El 7 de julio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una nueva advertencia de calor de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para municipios de San Juan, Ponce, Mayagüez y sus áreas vecinas, así como Vieques y Culebra, con posibilidad de más alertas en los próximos días. El polvo del Sahara continuará sobre la región gran parte de la semana, con una mejoría temporal el miércoles antes de regresar entre esa noche y el jueves.

La combinación de calor extremo y polvo del Sahara mantiene el riesgo de agotamiento y golpe de calor sobre una amplia porción de la población; la onda tropical que se acerca para el miércoles traerá más humedad, aumentará los aguaceros y podría generar tormentas eléctricas.

Las advertencias de calor y las concentraciones elevadas de polvo del Sahara llevan días afectando el archipiélago; desde el 4 de julio se habían emitido alertas de riesgo elevado de incendios forestales en el sur y las condiciones difíciles persistieron durante todo el fin de semana.

El ingeniero José "Pepe" Izquierdo Encarnación, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, recomendó una guía pública elaborada por expertos del Recinto de Mayagüez de la UPR que explica cómo reforzar los cimientos de casas construidas sobre zancos o columnas para resistir terremotos.

El 55% de las viviendas en Puerto Rico las construyen sus propios dueños, y los terremotos de 2020 en el suroeste dejaron centenares de estructuras caídas cuyos zancos cedieron; en zonas montañosas, una falla similar podría provocar muertes masivas si ocurre de noche.

Los terremotos de 2020 en el suroeste de Puerto Rico expusieron la vulnerabilidad de este tipo de construcción, que las profesiones de ingeniería ya venían advirtiendo desde antes de ese evento; la práctica de edificar sobre zancos es una costumbre cultural arraigada en la isla.

El Municipio de Morovis y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) llegaron a un acuerdo que pone fin a una demanda federal presentada en 2019 por supuesto discrimen e incumplimiento en el suministro de agua a varios sectores del pueblo. El acuerdo contempla trabajos en las plantas de filtración Morovis Urbano y Morovis Sur, además de cambio de tuberías en áreas afectadas.

Diez sectores de Morovis —entre ellos San Lorenzo, Cuchillas, Torrecillas y Unibón— han enfrentado intermitencia o ausencia total de agua potable, afectando a residentes y abonados que llegaron a demandar al gobierno federal. Las mejoras apuntan a resolver una capacidad de distribución que, según la AAA, 'se quedó pequeña' para la población actual.

La demanda fue radicada en 2019 por el municipio y tres residentes contra el entonces presidente de la AAA, Elí Díaz Atienza. El acuerdo se gestó a partir de un diálogo directo que la alcaldesa Carmen Maldonado estableció el año pasado con el presidente actual de la corporación, Luis González Delgado.

El portavoz alterno del PPD en la Cámara, Domingo Torres García, calificó de inaceptable que la AAA notificara a las 5:00 p.m. del 5 de julio un racionamiento de agua que comenzaría a las 6:00 a.m. del 6 de julio en comunidades de Río Grande y Canóvanas, argumentando que el aviso no dio tiempo suficiente a familias, comerciantes, adultos mayores ni personas con condiciones de salud.

Torres García sostuvo que la situación evidencia una falta de planificación de la administración actual y advirtió que el gobierno ha normalizado las interrupciones en un servicio esencial que afecta a miles de puertorriqueños.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, anunció el 5 de julio un plan de racionamiento alterno de 48 horas en zonas de Río Grande y Canóvanas abastecidas por la Planta de Filtración Guzmán Arriba, atribuido a condiciones de sequía en el este de Puerto Rico; el calendario de interrupciones alternas entre dos zonas se extenderá durante julio.

La portavoz del PPD en la Legislatura Municipal de San Juan, Ingrid Colberg Rodríguez, envió el 6 de julio de 2026 una carta formal al secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, solicitando intervención federal para detener la propuesta del alcalde Miguel Romero Lugo de conceder derechos sobre parte de El Escambrón por hasta 90 años para construir un estacionamiento multipisos. Colberg señaló que el municipio ha negado documentos básicos del proyecto desde el 26 de junio de 2026, incluyendo mapas, términos económicos y análisis legal.

El Escambrón está protegido por la Sección 6(f)(3) de la Ley del Fondo de Conservación de Tierras y Aguas federal, que impone restricciones sobre propiedades recreativas que hayan recibido asistencia bajo ese programa; una violación de esas restricciones podría requerir compensación o sustitución de terrenos equivalentes.

La medida ya fue sacada de agenda en la sesión legislativa municipal de fin de año fiscal tras presión ciudadana; el municipio convocó una vista pública para el 29 de julio de 2026 a las 9:30 de la mañana en el Salón de Sesiones de la Legislatura Municipal, pero opositores exigen que los documentos del proyecto se entreguen antes de esa vista.

El comisionado del Negociado del Cuerpo de Bomberos, José Piñeiro Torres, confirmó el 5 de julio de 2026 que se han atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de año, 89 más que los 1,024 registrados para la misma fecha en 2025, en una temporada que calificó de atípica por las condiciones de calor, sequía y viento.

Al ritmo actual, 2026 podría superar los 1,540 incendios forestales totales registrados en 2025, y Piñeiro Torres advirtió que los siniestros cercanos a zonas urbanas pueden convertirse en incendios estructurales si no se contienen a tiempo, todo ello con solo 54 bomberos forestales en toda la isla.

Durante todo 2024 se atendieron 1,681 incendios forestales en Puerto Rico; en 2025 la cifra cerró en 1,540. Las regiones sur y oeste de la isla son históricamente las más propensas a este tipo de incidentes por sus características de vegetación seca y vientos predominantes.

El subsecretario del DRNA, Nelson Cruz, no descartó movilizar máquinas especializadas —las llamadas 'sargaceras'— a Culebra para remover sargazo acumulado en varios puntos de la isla municipio, especialmente en Ensenada Honda. El alcalde Edilberto 'Junito' Romero confirmó que la situación es crítica: el alga ha comenzado a descomponerse y ha causado mortandad de peces.

La acumulación impidió el alquiler de hospederías durante uno de los fines de semana festivos más concurridos, afectando directamente la economía turística de Culebra. Además, el sargazo ha provocado rescates marítimos en Salinas y Ponce al obstruir los sistemas de propulsión de embarcaciones.

El DRNA dispone de cuatro excavadoras de brazo largo y dos tractores distribuidos por varios municipios para atender el sargazo en la isla. El secretario Waldemar Quiles contempla visitar Culebra para un vuelo de reconocimiento y coordinar la respuesta directa.

El editorial de El Nuevo Día conecta la devastación del doble terremoto del 24 de junio en Venezuela —más de 2,500 muertos, 855 edificios afectados y cerca de 58,000 inmuebles dañados o destruidos según la NASA— con advertencias locales sobre vulnerabilidad sísmica en Puerto Rico, incluyendo un informe del Colegio de Ingenieros y Agrimensores presentado en mayo de 2026 que señala riesgo de colapso en edificios de concreto construidos antes de 1987.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó en mayo de 2026 un nuevo mapa de peligro sísmico que asigna al menos un 34% de probabilidad de movimiento de tierra significativo en algún punto del archipiélago durante los próximos 100 años, y los expertos atribuyen buena parte de la mortandad en Venezuela a construcciones precarias y al colapso de edificios antiguos.

Los terremotos en la zona sur de Puerto Rico en 2020 ya habían expuesto la vulnerabilidad del parque edilicio local; el informe de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores advierte específicamente sobre infraestructura crítica construida con métodos y materiales deficientes previos a 1987.

La representante por acumulación Tatiana Pérez Ramírez presentó un paquete de medidas legislativas para atender la sedimentación, pérdida de capacidad y deterioro estructural de los embalses del país; entre las iniciativas, la Asamblea Legislativa aprobó la Resolución Conjunta 26-2026, ya firmada por la gobernadora, que ordena a la AAA, el DRNA y la AEE gestionar fondos federales para el dragado de los embalses.

Algunos embalses han perdido entre un 27% y más del 50% de su capacidad útil por décadas de sedimentación y falta de mantenimiento, lo que pone en riesgo el suministro de agua potable para las familias puertorriqueñas.

Estudios de la Universidad de Puerto Rico y otros análisis han advertido que la isla enfrenta sequías recurrentes mientras los embalses siguen perdiendo capacidad; la situación se agravó tras el paso de huracanes en años recientes y la proliferación de vegetación invasora en las cuencas.

El 4 de julio de 2026, la AAA reportó que los embalses de Carraízo, Cidra, Carite y Loco amanecieron bajo nivel de observación, mientras 14 de los 19 cuerpos de agua monitoreados registraron descensos durante el último día.

Carraízo, uno de los embalses más críticos del área metropolitana, suple aproximadamente a 179,387 abonados en San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, lo que convierte su deterioro en una amenaza directa al suministro de agua potable para una porción significativa de la población.

Las condiciones secas se han extendido en la isla por falta de lluvia; el monitoreo diario de la AAA muestra que solo cuatro embalses registraron aumentos y uno permanece en nivel de desborde, reflejo de un panorama hídrico desigual en toda Puerto Rico.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó que el 40.9% de Puerto Rico se encontraba bajo condiciones de sequía moderada (D1) o severa (D2) al 30 de junio de 2026, un aumento desde el 23.5% registrado en la actualización anterior.

El deterioro afecta a gran parte del territorio: el 35.0% está en sequía moderada y el 5.9% en sequía severa, con las áreas más críticas concentradas en el sur de la isla, mientras que Vieques y Culebra también presentan condiciones anormalmente secas.

El sur de Puerto Rico ha sido históricamente la región más vulnerable a episodios de sequía; la actualización del U.S. Drought Monitor con datos al 30 de junio de 2026 muestra una expansión significativa hacia el este y el centro de la isla respecto al período inmediatamente anterior.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirmó el 3 de julio de 2026 que El Niño se intensificará rápidamente entre julio y septiembre hasta convertirse en un episodio fuerte, con anomalías de temperatura superficial del mar superiores a 3.6 °F en el Pacífico ecuatorial. El organismo advirtió que el fenómeno elevará el riesgo de olas de calor, sequías y lluvias torrenciales en numerosas regiones, incluyendo menos precipitaciones de lo habitual en partes del Caribe y Centroamérica.

Un episodio fuerte de El Niño altera patrones de lluvia y temperatura a escala global, con impactos directos sobre la agricultura, la salud pública y las economías vulnerables. La OMM movilizó su sistema de pronósticos estacionales y alertas tempranas para coordinar con gobiernos y agencias humanitarias antes de que el fenómeno alcance su máxima intensidad, prevista entre noviembre y febrero.

El episodio anterior de El Niño, desarrollado entre 2023 y 2024, contribuyó a que esos dos años batieran sucesivamente los récords de temperatura global y se le relacionó con graves sequías, incendios forestales e inundaciones en varias regiones. El Niño es un regulador natural del clima que suele aparecer cada dos a siete años, y el cambio climático tiende a amplificar su impacto.

El 3 de julio de 2026, personal del CBP removió y limpió una sustancia química —identificada como AFFF, espuma para extinguir incendios— derramada en los predios del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla; la vía de rodaje afectada fue reabierta al tránsito tras concluir las labores. El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, confirmó que las operaciones aéreas no sufrieron interrupciones durante todo el evento.

El AFFF es una sustancia que, según los CDC, puede causar alteraciones endocrinas, daño hepático, efectos en el sistema inmunológico y un posible aumento en el riesgo de ciertos cánceres; el DRNA activó su División de Emergencias Ambientales para investigar el incidente, incluyendo posibles interacciones con cuerpos de agua cercanos. El alcalde Julio Roldán Concepción confirmó que varios menores vistos jugando con la espuma fueron retirados del área y llevados a evaluación médica, encontrándose estables.

La antigua Base Ramey, instalación militar federal reconvertida, alberga hoy el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández bajo administración de la Autoridad de los Puertos; la respuesta coordinó a la Policía de Puerto Rico, autoridades municipales y los departamentos de Seguridad Pública y de Recursos Naturales y Ambientales.

El doctor en ingeniería estructural Carlos Pesquera analizó los colapsos de edificios tras los terremotos en Venezuela y señaló que las estructuras fallaron por carecer de capacidad de deformación y refuerzo adecuado en columnas y uniones; a partir de ese análisis, advirtió que los edificios de hormigón de varios pisos construidos en Puerto Rico antes de 1987 deberían someterse a evaluaciones estructurales.

Pesquera, exdirector de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI), indicó que las velocidades máximas de diseño sísmico en Puerto Rico han aumentado un 144% desde la década de 1980, lo que implica que edificaciones anteriores al cambio de código de 1987 fueron diseñadas con parámetros de resistencia equivalentes a aproximadamente la mitad de los actuales; reforzar esas estructuras es técnicamente posible, pero el costo representa el principal obstáculo.

Pesquera había presentado estas conclusiones ante el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico en 2023, utilizando fotografías aéreas históricas del Condado para identificar edificaciones vulnerables; propuso que el gobierno establezca incentivos —como créditos contributivos— para fomentar la rehabilitación sísmica de estructuras existentes.

El comisionado del Cuerpo de Bomberos, Josué Iván Piñero Torres, informó que el Negociado ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, cifra que supera los 1,024 casos registrados para la misma fecha en 2025. La actividad se concentra en el sur y oeste de la isla, en municipios como Mayagüez, Sabana Grande, Añasco, Cabo Rojo y Salinas.

El incremento ocurre mientras sectores de Puerto Rico registran sequía moderada a severa, con calor intenso y ausencia de lluvia prolongada como factores agravantes, junto a actividad humana como causa identificada de muchos de los fuegos.

El sur de Puerto Rico ha sido históricamente la zona con mayor incidencia de incendios forestales en la isla, condición que se acentúa en periodos de sequía estacional.

La Asamblea Municipal de San Juan aprobó la Ordenanza Núm. 55, que autorizaba una concesión de derecho de superficie por 90 años a la empresa Smart Parking para construir un estacionamiento de 950 espacios en el Parque del Escambrón; horas después, el alcalde Miguel Romero dio instrucciones de retirar la ordenanza tras una ola de rechazo público, comprometiéndose a celebrar vistas públicas en julio de 2026.

El proyecto habría entregado a una empresa privada el control de una porción de un parque costero público durante casi un siglo, en una zona que el Plan de Mitigación del Municipio de San Juan 2021 clasificó como propensa a marejadas, inundaciones, terremotos y maremotos.

Desde 2023, el grupo Escambrón Unido ha denunciado las gestiones de la corporación Normandie OZ, LLC 1, vinculada al inversionista Eddie Ishay, para construir estructuras en el Parque del Escambrón y el Parque del Tercer Milenio en beneficio del hotel Normandie; legisladoras del Movimiento Victoria Ciudadana también cuestionaron la legalidad de la transferencia del Parque del Tercer Milenio al Municipio en 2011.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, activó personal del Cuerpo de Vigilantes en la playa Vacía Talega, en Loíza, el 2 de julio luego de que circularan en redes sociales fotografías de una silueta que parecía ser un tiburón. Tras la inspección, las autoridades descartaron la presencia del animal en el área costera.

La playa Vacía Talega es una de las más concurridas del noreste de la isla durante el verano, por lo que el avistamiento —real o no— generó preocupación entre bañistas; la respuesta rápida de la agencia evitó una alarma mayor.

El DRNA mantiene una Unidad Marítima adscrita a Piñones encargada del monitoreo costero; tres vigilantes de esa unidad continuarán supervisando el área el resto del día.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene en suspenso el plan de interrupciones programadas de agua potable para Loíza y Canóvanas, según confirmó Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza. Las condiciones actuales no han requerido activarlo.

Residentes de ambos municipios evitan, por el momento, cortes programados de agua que habrían afectado hogares, hospitales, escuelas, comercios y agricultores en la zona.

El 24 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón convocó a los primeros ejecutivos de Juncos, Las Piedras, Humacao, Loíza, San Lorenzo, Ceiba, Río Grande y Canóvanas para coordinar estrategias ante una posible sequía, con participación de la AAA.

El informe del USDM publicado el 2 de julio de 2026 confirmó que la sequía moderada (D1) se expandió del 23.45% al 40.85% del territorio en una semana, mientras que la sequía atípica (D0) alcanzó el 82.64%; los municipios de Salinas, Santa Isabel, Guánica, Lajas y Cabo Rojo se encuentran bajo sequía severa (D2).

Aproximadamente 2,178,761 personas están bajo algún grado de sequía, con impactos ya documentados en cultivos agrícolas y reducción de disponibilidad de agua en varios municipios.

La semana anterior la sequía atípica cubría el 68.24% de la isla y la moderada el 23.45%; la sequía severa se ha mantenido estable en el 5.89%, concentrada en municipios del sur y suroeste.

El ingeniero estructural y exdirector de la AFI, Carlos Pesquera, analizó los derrumbes causados por los terremotos en Venezuela y advirtió que los edificios de hormigón de varios pisos construidos en Puerto Rico antes de 1987 deberían someterse a evaluaciones estructurales para certificar que siguen siendo seguros.

Puerto Rico se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica bajo jurisdicción de Estados Unidos, y las estructuras anteriores a 1987 fueron diseñadas bajo códigos con requisitos sísmicos menos rigurosos; reforzarlas es posible, pero el costo es el obstáculo principal.

El código de edificación de Puerto Rico experimentó su cambio más significativo en 1987, cuando se establecieron nuevos criterios de resistencia sísmica; desde entonces, las velocidades máximas de diseño han aumentado 144 % respecto a los estándares de la década de 1980, según datos que Pesquera presentó ante el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en 2023.

El martes, frente al hotel Mandarin Oriental de Nueva York, una coalición de organizaciones de la diáspora neoyorquina protestó contra el proyecto Esencia, un desarrollo hotelero y residencial propuesto para la zona oeste de Puerto Rico que incluiría más de 1,000 residencias privadas y 500 habitaciones de hotel. La manifestación coincidió con el décimo aniversario de la aprobación de la ley Promesa.

Los manifestantes exigieron que Mandarin Oriental, posible participante en el proyecto, se retire del mismo y priorice la autodeterminación de la comunidad caborrojeña sobre el desarrollo inmobiliario de lujo.

El proyecto Esencia ha generado oposición entre residentes y grupos comunitarios de Cabo Rojo y la diáspora, quienes argumentan que el desarrollo amenaza el patrimonio cultural y ambiental de la región oeste de Puerto Rico.

Tras la denuncia pública del grupo Escambrón Unido y legisladoras del Movimiento Victoria Ciudadana el 29 de junio de 2026, el alcalde Miguel Romero dio instrucciones de retirar la Ordenanza Núm. 55 de los trabajos de la Legislatura Municipal y anunció que la medida —que concedería un derecho de superficie de 90 años a Smart Parking para un estacionamiento de 950 espacios en el Parque del Tercer Milenio— se presentaría a vistas públicas en julio.

El retiro detiene temporalmente una concesión que habría comprometido terreno costero público por casi un siglo sin subasta ni participación ciudadana, aunque la ordenanza no ha sido descartada; grupos opositores y legisladoras del MVC exigen además que se aclare la titularidad legal del parque desde su transferencia al municipio en 2011 y el destino de fondos federales invertidos en la zona.

Escambrón Unido lleva desde 2023 oponiéndose a los planes del inversionista Eddie Ishay, a través de Normandie OZ LLC, de construir estructuras en el parque para uso del hotel Normandie; un intento anterior de ceder terrenos del estadio Sixto Escobar para estacionamiento ya fue bloqueado en parte por fondos de FEMA asignados desde 2020 para la reconstrucción de ese estadio.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó el 1 de julio que solicitó a la presidenta de la Legislatura Municipal, Gloria Escudero, retirar temporalmente de agenda un proyecto de ordenanza que permitiría construir un estacionamiento multipisos frente a la playa del Escambrón. La decisión llegó tras críticas de organizaciones comunitarias y la circulación en redes sociales de imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban una estructura masiva sobre el terreno.

El proyecto otorgaría un derecho de superficie por 60 años —extensible por 30 más— sobre un lote frente a una playa pública, lo que ha generado denuncias de privatización que Romero rechazó.

El arquitecto y planificador Pedro Cardona Roig, conocido como 'El Urbanista', difundió las imágenes que Romero calificó de 'falsas' y que avivaron la oposición ciudadana al proyecto ante de que se celebrara ninguna vista pública.

El 30 de junio de 2026, alrededor de las 10:50 de la mañana, un incendio forestal afectó aproximadamente 57 de las 463 cuerdas del Refugio de Vida Silvestre de Boquerón, en Cabo Rojo. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, indicó que el fuego se encontraba preliminarmente bajo control con la participación de la División de Bomberos Forestales, el Cuerpo de Bomberos y otras agencias.

El incendio consumió cerca del 12% de la extensión total del refugio, un área protegida de conservación en el suroeste de la isla. Las agencias involucradas aguardaban la declaración oficial de cierre del Negociado del Cuerpo de Bomberos para iniciar la evaluación del impacto ambiental.

En 2025 se reportaron 1,501 incendios forestales en Puerto Rico, y entre 2001 y 2024 se perdieron más de cuatro hectáreas de árboles a causa de fuegos en la isla. La División de Bomberos Forestales del DRNA cuenta con 18 bomberos certificados y opera principalmente en las regiones sur y este.

El 30 de junio de 2026, el municipio de Camuy radicó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia contra el DRNA, solicitando que se revoque una orden de paralización emitida el 24 de junio contra el proyecto de mejoras al área recreativa Peñón Brusi. El ayuntamiento alega contar con los permisos requeridos y describe la determinación de la agencia como "ilegal, arbitraria e improcedente".

La paralización detiene una obra de rehabilitación de infraestructura costera —aceras, áreas de baños y mejoras eléctricas— financiada con 550 mil dólares en fondos ARPA, y afecta a comerciantes y operadores turísticos de la zona durante la temporada de verano.

El DRNA emitió su orden semanas después de que la Oficina de Gerencia de Permisos expidiera el Permiso Único Incidental al municipio, citando presuntas violaciones relacionadas con puntos de descarga, tubería pluvial y la posible necesidad de autorización del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; el municipio sostiene que los trabajos de la Fase I son de rehabilitación de infraestructura existente, sin expansión hacia áreas naturales no previamente impactadas.

El 29 de junio, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para Manatí y Vega Baja, válida hasta las 5:45 p.m., tras detectar entre 1 y 2 pulgadas de lluvia con hasta 1 pulgada adicional esperada; además alertó sobre una tormenta fuerte cerca de Orocovis con ráfagas de hasta 40 mph y emitió una advertencia marina especial por ráfagas que podrían superar los 34 nudos en aguas del norte.

Las condiciones representan riesgo simultáneo en tierra y mar: inundaciones urbanas y crecidas en quebradas pequeñas para comunidades de zonas bajas del norte, y peligro de mangas marinas y oleaje repentino para embarcaciones en el Atlántico.

El SNM reiteró su llamado a no cruzar carreteras inundadas —causa recurrente de muertes durante eventos de lluvia en Puerto Rico— y recomendó a operadores de embarcaciones moverse a puerto seguro.

El 29 de junio de 2026, organizaciones ambientales, comunitarias y religiosas denunciaron ante el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos una solicitud de NFE Energía, LLC para dragar la Bahía de San Juan y sostener una facilidad flotante de almacenamiento de gas natural licuado. Los grupos exigieron que se denegara el permiso y que la Comisión Federal Reguladora de Energía revocara la aprobación temporera de la operación.

La operación afectaría una de las zonas más densamente pobladas de Puerto Rico —que abarca San Juan, Cataño, Guaynabo, Bayamón y Toa Baja— y, según los grupos, se lleva a cabo sin Declaración de Impacto Ambiental, sin permiso federal de operación y sin plan de desalojo de emergencia para las comunidades vecinas.

NFE opera en la Bahía de San Juan bajo una aprobación temporal originalmente otorgada para una instalación de menor escala; los grupos denuncian que la empresa ha expandido sus operaciones sin revisión adecuada ni participación pública durante varios años, e incluye ahora buques hasta cinco veces más grandes que los propuestos inicialmente.

El viernes 26 de junio a las 12:06 p.m., la Red Sísmica de Puerto Rico registró un sismo de magnitud 5.4 con epicentro en la zona oriental de la República Dominicana, a 75 kilómetros al oeste-suroeste de la isla de Mona y a 166.43 kilómetros al oeste-suroeste de Mayagüez, a una profundidad de 100 kilómetros. La intensidad máxima estimada fue de nivel II en Hormigueros, sin reportes de daños.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico no emitió aviso, advertencia ni vigilancia de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes, descartando riesgo adicional para la población.

Puerto Rico se encuentra en una zona de alta actividad sísmica del Caribe; la Red Sísmica monitorea continuamente eventos en la región, incluyendo los que ocurren en países vecinos con potencial de sentirse en la isla.

El proyecto sustitutivo de reforma de permisos que el Senado de Puerto Rico impulsaba no fue llevado a votación durante esta sesión legislativa, según informó Noticel el 26 de junio de 2026. Un frente amplio de organizaciones —entre ellas Amigxs del MAR, Sierra Club, EarthJustice, la Central Puertorriqueña de Trabajadores y Ciudadanos del Karso— había denunciado públicamente la medida por carecer de participación ciudadana y amenazar protecciones ambientales, agrícolas y costeras.

La no votación frena temporalmente disposiciones que, según las organizaciones, fragmentarían terrenos agrícolas, debilitarían la zona marítimo-terrestre y reducirían la capacidad del Estado de establecer nuevas protecciones ambientales, con efectos que describen como irreversibles.

El frente de organizaciones convocó una manifestación el 25 de junio de 2026 y enmarca esta reforma dentro de una serie de medidas legislativas que, a su juicio, han erosionado las herramientas de planificación territorial en Puerto Rico, invocando la vulnerabilidad expuesta por los huracanes Irma y María y los terremotos del sur.

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, anunció el viernes 26 de junio de 2026 que el municipio retiró su demanda en el tribunal federal contra la AAA tras llegar a un acuerdo con la gerencia de la autoridad. Como parte del acuerdo, el tribunal exigirá rendición de cuentas trimestrales de la AAA al municipio sobre el avance de los proyectos comprometidos.

El mecanismo de supervisión judicial trimestral añade una capa de fiscalización formal sobre los proyectos que afectan a los 9,378 abonados de Morovis, entre ellos la rehabilitación de la Planta de Filtración Morovis Urbano, que ya lleva un 59% de avance y se estima concluirá en septiembre de 2026.

La demanda federal fue radicada en 2019 y llegó hasta el Tribunal del Circuito de Boston; el acuerdo ahora confirmado pone fin formal al litigio, aunque la vigilancia judicial continúa mediante los informes periódicos que la AAA deberá rendir.

El comisionado del NMEAD, Ángel Jiménez, defendió el jueves 25 de junio la respuesta institucional a la advertencia de tsunami emitida el miércoles tras los sismos en Venezuela, pero reconoció que tres de los 44 municipios costeros de Puerto Rico no cuentan con sirenas de aviso. El director del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Rodríguez, aclaró que se emitió una advertencia —no un aviso— y por eso no se activaron notificaciones en dispositivos móviles.

La distinción entre advertencia y aviso de tsunami determinó que miles de residentes costeros no recibieran alerta directa en sus celulares; además, la ausencia de sirenas en tres municipios costeros expone una brecha en la infraestructura de alerta temprana de la isla.

Los sismos de magnitud 7.1 y 7.5 registrados el 24 de junio frente a las costas de Venezuela activaron una advertencia regional de tsunami que incluyó a Puerto Rico; el SNM canceló esa advertencia tras confirmar que no se generaron olas significativas.

El miércoles 25 de junio de 2026, el Comité de Sequía quedó activado luego de que la gobernadora Jenniffer González Colón anunciara el protocolo preventivo ante condiciones secas en Puerto Rico. El Servicio Nacional de Meteorología informó que 44.8% de la isla está bajo condiciones anormalmente secas, 17.6% bajo sequía moderada y cerca de 6% bajo sequía severa, con Cabo Rojo, Guánica, Lajas, Salinas y Santa Isabel como los municipios más afectados.

La AAA trabaja con las alcaldesas de Loíza y Canóvanas en un plan de interrupciones programadas de agua que aún no está vigente, mientras evalúa además las tomas de agua cruda en San Lorenzo, Cayey y Aibonito. El DRNA advirtió que si el agua de mar penetra el acuífero del sur —que ya opera bajo presión— se perdería ese recurso de forma permanente.

Los ríos del tercio este de Puerto Rico muestran niveles reducidos, y el meteorólogo Ernesto Rodríguez indicó que no se esperan lluvias copiosas en las próximas dos semanas en las zonas con mayor expansión de sequía moderada y severa.

La vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, anunció el 24 de junio de 2026 que evalúa legislación para aumentar las multas por arrojar basura en playas y ríos, luego de que zonas costeras como La Pocita en Loíza y El Alambique en Carolina amanecieran cubiertas de desperdicios tras la Noche de San Juan.

La propuesta apuntaría a enmendar la Ley 21 de 1969 —que castiga el lanzamiento de desperdicios en sitios públicos o privados— para endurecer sanciones en un evento que convoca a miles de personas en las costas de la isla cada año.

La Noche de San Juan es una de las celebraciones más concurridas del año en Puerto Rico; tras cada edición, brigadas municipales y voluntarios deben intervenir para limpiar las playas afectadas.

Según el U.S. Drought Monitor, con datos válidos al 23 de junio de 2026, el 23.5% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada (D1, 17.6%) o severa (D2, 5.9%), mientras que el 44.8% adicional presenta condiciones anormalmente secas (D0).

Las clasificaciones del Monitor de Sequía sirven de referencia para declaraciones de desastre agrícola, elegibilidad para préstamos federales y planificación de recursos hídricos; el panorama sitúa en contexto regional más amplio las interrupciones de agua que ya afectan a municipios del este como Loíza y Canóvanas.

Puerto Rico ha enfrentado sequías significativas desde la década de 1950; la de 2014 a 2016 obligó a racionar agua a más de un millón de personas y provocó pérdidas agrícolas superiores a 14 millones de dólares, y la de 2020 llevó a una declaración de emergencia por sequía.

El 20 de junio, la Escuela de Agroecología El Josco Bravo celebró la graduación de 240 estudiantes que completaron un curso de 20 semanas en nueve municipios de Puerto Rico. Con esta cepa, la institución alcanza un total de 1,800 egresados desde su fundación.

El programa forma agricultores en manejo de suelos, conservación de semillas y soberanía alimentaria en un país que depende en gran medida de importaciones para su alimentación. La nueva iniciativa BAM ofrecerá a los egresados acceso colectivo a herramientas para dar continuidad a sus proyectos agrícolas.

La Escuela de Agroecología El Josco Bravo opera con un modelo de formación práctica distribuida en sedes comunitarias a lo largo de la isla; esta es su decimotercera cepa y contó con sedes en Mayagüez, Orocovis, Ciales, Toa Baja, Toa Alta, San Juan, Loíza, San Lorenzo y Gurabo.

La EPA anunció la asignación de $2 millones en subvenciones del Programa Brownfields para proyectos de rehabilitación de propiedades contaminadas en Puerto Rico, distribuyendo $500,000 a cada uno de los municipios de Juana Díaz, Maunabo, San Germán y San Lorenzo.

Los fondos financiarán la evaluación y limpieza de propiedades abandonadas —escuelas vacantes, fábricas, hospitales cerrados y estaciones de gasolina— con miras a atraer inversión privada y generar empleos en esas comunidades.

El Programa Brownfields federal existe desde 1995 y ha otorgado más de $3 mil millones en subvenciones a nivel nacional, generando más de $45 mil millones en actividad económica y cientos de miles de empleos en Estados Unidos.

El 17 de junio de 2026, la alcaldesa de Ponce Marlese Sifre y la Fiscalía federal firmaron un acuerdo de diferimiento de cargos en el que el municipio admite que entre el 1 de agosto de 2023 y el 24 de octubre de 2024 no tomó las medidas adecuadas para proteger a las tortugas carey en La Guancha, incluyendo la instalación de torres de iluminación con bombillas que ponían en riesgo a la especie. El ayuntamiento no enfrentará cargos criminales si cumple con las condiciones del acuerdo.

La tortuga carey es una especie en peligro de extinción protegida por ley federal, y su captura o muerte acarrea responsabilidad penal; el acuerdo obliga al municipio a implementar medidas concretas de cumplimiento que de no seguirse podrían reactivar los cargos.

Para el 5 de octubre de 2023 funcionarios municipales ya habían sido notificados de que la iluminación en La Guancha no cumplía con las regulaciones de vida silvestre; el entonces alcalde Luis Irizarry Pabón anunció un plan de sustitución de alumbrado el 11 de octubre de ese año, pero el municipio continuó instalando torres con bombillas no aptas para la protección de tortugas.

La vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, anunció el 24 de junio de 2026 que evaluará legislación para aumentar las multas por arrojar basura en playas y ríos, luego de que zonas costeras como La Pocita en Loíza y El Alambique en Carolina amanecieran cubiertas de desperdicios tras la celebración de la Noche de San Juan.

La medida busca enmendar la Ley 21 de 1969, que actualmente regula las sanciones por depositar basura en lugares no autorizados, con el fin de imponer penalidades más severas a quienes contaminen espacios costeros y fluviales.

La Noche de San Juan es una de las celebraciones más concurridas del año en Puerto Rico; la acumulación de basura en playas tras el evento es un problema recurrente que ha requerido brigadas municipales y voluntarios para las labores de limpieza.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió que una densa capa de polvo del Sahara intensificará la bruma desde el 24 de junio y podría alcanzar niveles altos entre el miércoles y el viernes, reduciendo la visibilidad y afectando la calidad del aire en toda la isla.

La combinación de calor intenso, vientos alisios más fuertes de lo habitual y concentraciones elevadas de polvo complica la salud pública, especialmente para personas con condiciones respiratorias; aguaceros pasajeros en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico ofrecerán alivio limitado.

El episodio llega tras días de concentraciones elevadas de polvo sahariano que ya habían afectado la isla; una onda tropical débil pasará por la región durante la semana, pero el SNM proyecta que la mayor parte de su contenido de lluvia permanecerá sobre aguas del Caribe.

El Servicio Nacional de Meteorología informó que una onda tropical débil aumentará las probabilidades de lluvia el 24 de junio, con aguaceros y tormentas aisladas esperadas principalmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico durante la tarde.

Una nube densa de polvo del Sahara llegará desde las Islas Vírgenes hacia Puerto Rico durante la tarde y permanecerá hasta el viernes, provocando cielos brumosos, menor visibilidad y peor calidad del aire para la población.

El día comenzó con cantidades moderadas de polvo del Sahara ya presentes; los vientos fuertes del este y sureste mantendrán el mar picado y un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas en muchas playas.

El exrepresentante Ángel Matos García recordó que la Ley Núm. 16-2021 prohíbe el uso de neveras portátiles de poliestireno expandido (foam) en playas, ríos, bahías y demás cuerpos de agua de Puerto Rico, y exhortó a la ciudadanía a no utilizarlas durante la celebración de la Noche de San Juan este martes 23 de junio de 2026.

El foam se fragmenta fácilmente y representa una amenaza directa para tortugas marinas, aves y peces en ecosistemas costeros; quienes incumplan la ley están sujetos a sanciones y multas.

La Ley 16-2021 fue impulsada por Matos García cuando era representante; la Noche de San Juan es una de las concentraciones de personas en playas más masivas del año en Puerto Rico.

Cianelle Tahirí Pérez Larregui, estudiante de la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, propuso construir un mariposario de 32 x 24 pies en las instalaciones del plantel para conservar la mariposa monarca puertorriqueña (Danaus plexippus portoricensis). El diseño incluiría caminos accesibles para sillas de ruedas, señalización educativa y zonas sensoriales para personas con diversidad funcional.

Las poblaciones de la monarca puertorriqueña han disminuido significativamente en los últimos años por la pérdida de plantas huésped como el algodoncillo y la calotropis, según el Servicio de Conservación de Recursos Naturales del Departamento de Agricultura federal. El proyecto busca atender tanto la conservación de la subespecie local como la inclusión de estudiantes con impedimentos.

A diferencia de la monarca continental, la subespecie puertorriqueña no migra y ha adaptado su ciclo de vida al ecosistema tropical de la isla, lo que la hace especialmente vulnerable a la pérdida de hábitat local y al uso de pesticidas.

El presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, José 'Che' Pérez, radicó una medida para investigar la viabilidad de instalar sistemas de captación y almacenamiento de agua pluvial en residencias, comercios e instituciones de Puerto Rico. La iniciativa surge ante la posibilidad de una sequía aguda que active un programa de racionamiento de agua.

De prosperar, la medida podría diversificar las fuentes de abastecimiento hídrico de la isla y reducir la presión sobre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, especialmente en momentos de crisis como la reciente escasez que afectó a San Juan.

Jurisdicciones como las Islas Vírgenes de Estados Unidos ya cuentan con legislación que exige sistemas de almacenamiento de agua de lluvia en ciertas estructuras; en Puerto Rico, la crisis de abastecimiento reciente llevó al municipio de San Juan a invertir $1 millón en cisternas residenciales.

El 22 de junio, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para más de 50 municipios en zonas costeras y urbanas de Puerto Rico, con índices de calor que podrían alcanzar los 105 grados Fahrenheit. La presencia simultánea de polvo del Sahara podría afectar adicionalmente la calidad del aire.

El calor extremo del mediodía mantiene condiciones peligrosas para la población en zonas urbanas y costeras, con riesgo particular para personas con asma, alergias o problemas respiratorios por la combinación de temperatura y polvo sahariano.

La advertencia de calor lleva activa desde el 19 de junio, combinada con episodios recurrentes de polvo del Sahara que han afectado la isla durante el fin de semana del Día de los Padres; entre miércoles y jueves se espera una nueva onda tropical débil que aumentará la humedad y las probabilidades de aguaceros.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el 21 de junio una advertencia de inundaciones para el municipio de San Sebastián, vigente hasta las 4:00 p.m., tras registrarse hasta tres pulgadas de lluvia en la zona. El fenómeno responde al paso de una onda tropical sobre el oeste de Puerto Rico.

La acumulación adicional de hasta dos pulgadas de lluvia eleva el riesgo de inundaciones urbanas y repentinas en San Sebastián y sectores cercanos del oeste de la isla.

El NWS había anticipado desde más temprano que el Día de los Padres sería lluvioso debido a la onda tropical, con probabilidad de lluvia de 60 por ciento; aunque parte del evento también tendría efectos beneficiosos sobre sectores con sequía moderada.

En la noche del 20 de junio de 2026, un incendio forestal de grandes proporciones se registró cerca de las comunidades de La Pica, Cerro Gordo, Rayo Guaras y la carretera PR-121 en Sabana Grande. El alcalde Marcos Valentín Flores informó cerca de la medianoche que las llamas habían sido controladas, aunque advirtió sobre los efectos del humo en la población.

El incendio obligó al cierre temporal de la carretera PR-121 y amenazó estructuras cercanas a la zona de La Pica; el alcalde pidió precaución especial para personas con condiciones de salud respiratoria.

Personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, voluntarios y la Policía Municipal respondieron al incidente; la carretera PR-121 fue reabierta al tránsito cerca de la medianoche.

El arzobispo de San Juan, Roberto Octavio González Nieves, exhortó a parroquias, capillas y escuelas de la arquidiócesis a abrir sus instalaciones como puntos de distribución de agua y a identificar a personas vulnerables afectadas por la crisis provocada por averías en el Súper Acueducto del Norte.

González Nieves alertó que la falta de agua ha reducido la asistencia a misas y afecta especialmente a ancianos, enfermos, personas encamadas y residentes sin transportación en municipios como Bayamón, Carolina, Guaynabo, Cataño, sectores de Trujillo Alto, Toa Baja y San Juan.

El Súper Acueducto del Norte es la infraestructura de distribución de agua más grande de Puerto Rico; González Nieves reconoció que ha representado un esfuerzo significativo del gobierno, pero advirtió que su deterioro requiere mantenimiento constante para evitar interrupciones de esta magnitud.

El Monitor de Sequía de Estados Unidos reportó esta semana que el 54.9% de Puerto Rico está bajo condiciones atípicamente secas (D0), un aumento de 14 puntos porcentuales frente a la semana anterior, mientras la sequía moderada (D1) subió de 4.60% a 5.9%, concentrada en el sur de Cabo Rojo, Lajas, Guánica, Santa Isabel y Salinas.

Trece municipios —entre ellos Aguas Buenas, Cayey, Guayama, Manatí y Barceloneta— tienen el 100% de su territorio bajo condiciones atípicamente secas, y la expansión abarca desde Culebra y Vieques hasta gran parte del área metropolitana.

Hace apenas tres meses menos del 1% del territorio presentaba estas condiciones; la categoría D0 no constituye sequía formal pero señala zonas en riesgo de escalar a niveles más severos como D1 o D2.

El miércoles 17 de junio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) mantuvo un comunicado de peligro de incendios en efecto hasta las 4:00 p.m. para sectores del sur de la isla, donde la combinación de vegetación seca, baja humedad relativa y condiciones ventosas eleva el riesgo de propagación rápida de fuego.

El SNM advirtió que cualquier incendio que se desarrolle bajo estas condiciones podría extenderse con rapidez, y recomendó evitar quemas al aire libre y actividades que generen chispas en las zonas afectadas.

Una masa de aire más seco comienza a instalarse sobre la región; no obstante, se esperan aguaceros pasajeros aislados y tronadas en el oeste e interior durante la tarde, mientras una débil onda tropical podría aumentar la humedad hacia el jueves y viernes.

En la XI Conferencia 'Our Ocean', celebrada en Mombasa, Kenia, países africanos y de la Commonwealth exigieron la aplicación acelerada del Tratado de Alta Mar, que entró en vigor en enero de 2026 tras su ratificación por 60 países. El exsecretario de Estado John Kerry advirtió que solo el 3% del océano cuenta con protección elevada o total, pese a que el 10% está formalmente designado como protegido.

La brecha entre los compromisos de conservación marina y su implementación real deja la mayor parte de los océanos sin resguardo efectivo, con consecuencias directas para las naciones insulares del Caribe y el Pacífico más expuestas al cambio climático. El tratado representa el primer mecanismo jurídico para crear áreas protegidas en aguas internacionales.

La conferencia 'Our Ocean' se celebra anualmente y esta es la primera vez que un país africano la organiza; el evento reúne a delegados de África, Estados Unidos, la Unión Europea y naciones insulares del Caribe y del Pacífico para abordar cambio climático, biodiversidad y contaminación marina.

El 16 de junio de 2026, el Centro Nacional de Huracanes informó que un conjunto de tormentas ubicado a unos 105 kilómetros al suroeste de Corpus Christi, Texas, podría fortalecerse hasta convertirse en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada atlántica 2026, con vientos sostenidos de 45 km/h.

El sistema amenaza con provocar inundaciones repentinas y potencialmente mortales desde la costa de Texas hasta el centro de Mississippi, con la amenaza extendida hasta el fin de semana incluso si no recibe nombre oficial.

El director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, señaló que el principal peligro de este tipo de sistemas es la inundación por lluvias intensas; el umbral para nombrarse tormenta tropical es de 63 km/h de vientos sostenidos.

La educadora puertorriqueña Karla López Calderón inicia el 17 de junio de 2026 una expedición de un mes al Ártico como parte del programa Polar STEAM, financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos y facilitado por la Universidad Estatal de Oregón. Trabajará junto a investigadores de la Universidad de Michigan en la recolección de datos sobre el ciclo del carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero.

López Calderón será la única hispanohablante del equipo científico, lo que representa una inserción inusual de voces latinas en investigación polar de alto nivel. La expedición la llevará más allá del Círculo Polar Ártico, con jornadas de 12 a 13 horas recolectando muestras en condiciones extremas.

Polar STEAM busca integrar educadores, artistas y escritores con investigadores científicos para ampliar el conocimiento sobre las regiones polares. López Calderón reside actualmente en Fort Worth, Texas, donde trabaja acercando las ciencias a niñas de bajos recursos.

El 15 de junio de 2026, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, reiteró que las reparaciones de las tres fallas en el Superacueducto estaban en curso y que esperaba completarlas antes de que concluyera el lunes, con más del 50% de los abonados recuperando servicio en las próximas 24 horas.

Cientos de miles de residentes en Bayamón, Guaynabo, el norte de San Juan y Piñones en Loíza permanecen sin agua desde que comenzaron las reparaciones el jueves; la proyección de González Delgado ofrece la primera ventana concreta de recuperación parcial del servicio.

Las fallas se descubrieron sucesivamente desde el jueves —primero una avería, luego una segunda y una tercera en la misma línea del Superacueducto— mientras el Senado citó a González Delgado a comparecer el 17 de junio ante una Comisión Total Especial convocada por el presidente Thomas Rivera Schatz.

El lunes 15 de junio, empleados civiles del Cuartel General de la Policía fueron enviados a sus hogares por falta de agua, tras invocarse el convenio colectivo de su sindicato; los agentes uniformados se mantuvieron en sus puestos y el portavoz Axel Valencia confirmó que los servicios a la ciudadanía continuaron sin interrupción. El superintendente Joseph González informó en un comunicado interno que el edificio operaba con un tanque de agua mientras esperaba que la AAA restableciera el servicio.

Las averías en el Superacueducto de la AAA han dejado sin agua a cientos de miles de abonados en múltiples municipios, al punto de afectar la operación de una sede central de seguridad pública del gobierno.

La misma crisis de suministro provocó ese mismo lunes el cierre del Conservatorio de Música de Puerto Rico durante dos días, evidenciando que la interrupción del Superacueducto alcanzó a instituciones gubernamentales dispersas por la isla.

La alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves Serrano, coordinó la entrega de cajas de agua a cientos de familias de la comunidad de Jagüeyes —unas 500 familias que llevan varios días sin servicio de agua potable por interrupciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)— priorizando adultos mayores y familias con niños pequeños. Personal de Obras Públicas Municipal, Manejo de Emergencias y Seguridad Pública municipal trabaja de forma coordinada en la distribución.

Más del 25% de las familias de Jagüeyes son adultos mayores de 60 años o más, población prioritaria en la distribución; la alcaldesa señaló que la crisis de suministro de la AAA se extiende más allá del área metropolitana y afecta municipios del interior de la isla.

La respuesta de Aguas Buenas se suma a los operativos ya registrados en Carolina —donde el municipio repartió unas 20,000 cajas casa por casa— y al operativo interagencial estatal del 14 de junio de 2026, que movilizó más de una decena de agencias para distribuir agua en 28 residenciales de San Juan, Bayamón, Guaynabo, Loíza y Juncos. La AAA atribuyó la crisis a una falla de gran magnitud relacionada con una tercera rotura en el Superacueducto.

El 15 de junio de 2026, FirstBank y el Municipio de Dorado realizaron una jornada de siembra de 800 árboles nativos en el Balneario Manuel "Nolo" Morales bajo el programa Rescate Costero. Las especies sembradas buscan estabilizar suelos, reducir pérdida de arena y reforzar las barreras naturales ante eventos atmosféricos.

Las costas del norte de Puerto Rico enfrentan presión histórica por erosión y fenómenos atmosféricos, y la siembra de vegetación nativa representa una solución basada en la naturaleza para proteger comunidades y ecosistemas costeros vulnerables.

El programa Rescate Costero, iniciado en 2023 como parte de la plataforma de responsabilidad social de FirstBank, se ha enfocado en la siembra de árboles nativos en zonas costeras vulnerables; esta fue la primera vez que llegó al municipio de Dorado.

Documentos y fuentes consultadas por Metro revelan que el Superacueducto no ha tenido una evaluación integral en años, y que un intento previo de inspección interna —alrededor de 2010 con un dispositivo llamado PipeDiver— fracasó cuando el equipo se perdió dentro del sistema; la AAA ahora busca contratar una firma especializada que usará tecnología SmartBall para recorrer las aproximadamente 40 millas de tubería.

Las tres roturas recientes entre Bayamón y Toa Alta dejaron sin servicio o con interrupciones a más de 100 mil abonados, y ocurren apenas ocho meses después de otra rotura significativa en Manatí; fuentes consultadas por Metro advierten que plantas como Sergio Cuevas han perdido 30 millones de galones diarios de capacidad desde 2021, aumentando la dependencia sobre un Superacueducto cuyo estado interno se desconoce.

Construido tras la sequía de la década de 1990, el Superacueducto opera bajo un modelo mixto en el que la infraestructura de transmisión pertenece a la AAA pero la planta continúa bajo contrato de operación privada; fuentes con conocimiento del sistema indican que históricamente ha existido una zona gris sobre la responsabilidad de evaluaciones técnicas entre ambas partes, y que estas inspecciones solían realizarse como parte de emisiones de bonos que dejaron de efectuarse regularmente.

El 14 de junio, el Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso de bandera roja para municipios del sur y oeste de Puerto Rico, vigente hasta las 4:00 de la tarde, ante vientos de 20 a 30 mph, humedad relativa de 40 a 50 por ciento y vegetación extremadamente seca. Los municipios bajo aviso incluyen Ponce, Mayagüez, Aguadilla, Rincón, Guánica, Cabo Rojo, Yauco, Peñuelas, Santa Isabel, Guayama y Vieques, entre otros.

La combinación de viento frecuente, sequedad extrema e índices de calor que podrían superar los 108 grados Fahrenheit eleva el riesgo de propagación rápida de incendios forestales en dos regiones de la isla simultáneamente, además de representar un peligro directo a la salud por agotamiento y golpe de calor.

El sur de Puerto Rico ha sido históricamente vulnerable a incendios forestales durante períodos de sequía; el SNM recurre a avisos de bandera roja para coordinar la respuesta preventiva de agencias de emergencias y alertar a la población.

El 14 de junio de 2026, la vicepresidenta del Senado Marissa "Marissita" Jiménez llamó a los administradores de condominios en Carolina a actualizar sus planes de desastre y racionamiento de agua y energía eléctrica, exigidos anualmente ante el DACO bajo la Ley Núm. 129-2020 y el Reglamento de Condominios 9386.

El llamado responde directamente a la avería en el Supertubo, que ha afectado el suministro de agua a múltiples sectores de Carolina y otros municipios; los planes deben notificarse a los titulares en no más de 30 días tras su aprobación y presentarse al DACO antes de que termine enero de cada año.

La Ley Núm. 129-2020 y el Reglamento de Condominios 9386 ya establecen la obligación de que toda propiedad horizontal cuente con planes de emergencia y racionamiento, pero la avería del Supertubo puso en evidencia que muchos residentes desconocen los protocolos vigentes en sus complejos.

El equipo del Estuario de la Bahía de San Juan convocó a la ciudadanía a una vista pública el 16 de junio de 2026 a las 4:00 p.m. en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores en Hato Rey —disponible también por Zoom— para revisar su plan de acción para la próxima década. El plan incorpora por primera vez metas de resiliencia ante huracanes y desastres naturales, además de infraestructura sostenible y participación ciudadana.

El plan guiará el manejo costero del área metropolitana durante la siguiente década, incluyendo evaluaciones sobre la capacidad de mantener infraestructuras esenciales sin energía ni movilidad tras desastres. Puerto Rico alberga el único estuario del Programa Nacional de Estuarios fuera de los Estados Unidos continentales y el único en zona tropical.

El Programa Nacional de Estuarios (NEP) exige que todos los estuarios registrados desarrollen planes comprensivos de gestión; este proceso de revisión actualiza el documento vigente del Estuario de la Bahía de San Juan con nuevas metas medibles de resiliencia que no habían sido incorporadas anteriormente.

Una masa de aire seco proveniente del desierto del Sahara transporta partículas de polvo miles de kilómetros a través del Atlántico hasta Puerto Rico, reduciendo la visibilidad y alterando la calidad del aire.

El fenómeno representa un riesgo para personas con condiciones respiratorias y transforma visualmente el paisaje, con cielos grises y horizontes difusos.

La llegada del polvo del Sahara al Caribe es un proceso natural recurrente que conecta el continente africano con la región; Puerto Rico experimenta este fenómeno con regularidad cada año.

Un editorial de El Vocero señala que el sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) enfrenta una crisis estructural de larga data, citando como ejemplo a residentes de San Agustín en Bayamón que dependen de oasis móviles municipales para abastecerse de agua.

Según el editorial, la reconstrucción del sistema tomaría décadas y requeriría muchos millones de dólares que ningún gobierno ha reservado, y que las agencias federales no lograron asignar tras el huracán María.

Tras el huracán María, las intervenciones al sistema de la AAA se limitaron a las áreas más expuestas y afectadas durante la emergencia, dejando sin atender la infraestructura más amplia.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció el 12 de junio de 2026 el inicio de trabajos de limpieza en el río Maunabo, a la altura del barrio Tumbao, que incluirán remoción de material vegetativo, arena, piedras y desperdicios sólidos con el apoyo de una excavadora de brazo largo de 75 pies.

La intervención busca reacondicionar el cauce del río Maunabo, cuerpo de agua que se nutre de varias quebradas en la zona sureste de la isla; el material recolectado será dispuesto conforme a las leyes y regulaciones ambientales vigentes.

El secretario Quiles atribuyó la disponibilidad del equipo a una compra descrita como la más grande de maquinaria para el DRNA en 26 años, que incluyó dos excavadoras de brazo largo; la operación se coordina con el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente.

El 12 de junio de 2026, personal y buzos del Departamento de Recursos Naturales (DRNA) se movilizaron al mediodía hacia un tributario del río Grande de Loíza para rescatar dos manatíes bebés varados en la zona. La condición de los mamíferos no había sido precisada al momento del reporte.

Los manatíes son una especie en peligro de extinción; su rescate activa protocolos especializados de la agencia estatal responsable de la vida silvestre en Puerto Rico.

Los manatíes son observados con frecuencia en aguas de Puerto Rico, pero los varamientos representan situaciones de emergencia que requieren intervención del DRNA, la agencia con jurisdicción sobre recursos naturales y fauna marina.

El grupo Escambrón Unido denunció que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó en una reunión del 29 de mayo que estaría dispuesto a permitir que el Parque Sixto Escobar —recién remodelado— sea demolido por los desarrolladores del hotel Normandie para construir un estacionamiento. La remodelación costó $1.9 millones en fondos de FEMA y $2.1 millones en fondos municipales.

La posible demolición implicaría el despilfarro de $4 millones en fondos públicos y federales, y eliminaría un espacio verde costero público en una zona que, según estudios citados por Escambrón Unido, ya enfrenta presión vehicular y ambiental significativa.

El Municipio de San Juan firmó un contrato con Normandie O.Z. —subsidiaria de Ishay Group, firma neoyorquina— el 13 de febrero de 2023, condicionado a que el desarrollador obtuviera financiamiento y permisos de construcción; ante el incumplimiento de ese plazo, el municipio emitió un aviso formal cuya respuesta aún evalúan los abogados de la ciudad, aun cuando el plazo de 60 días venció el 9 de noviembre de 2025. Escambrón Unido lleva casi cuatro años de manifestaciones semanales y reclamos de reunión con el alcalde sobre el futuro de ese espacio costero.

El Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) emitió el 11 de junio de 2026 un llamado a realizar una evaluación técnica amplia del sistema de distribución y producción de agua de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tras interrupciones recurrentes del servicio que afectaron la zona metropolitana y otras regiones del país. El presidente del CIAPR, el agrimensor Carlos Fournier Morales, señaló que la situación debe analizarse desde una perspectiva sistémica y no como una falla operacional puntual.

Las interrupciones del agua potable afectan directamente hospitales, escuelas, comercios e industrias, con impacto en la salud pública y la productividad económica. El CIAPR advierte que muchos activos del sistema llevan décadas en operación y enfrentan envejecimiento, desgaste acumulado y limitaciones históricas de inversión.

La AAA opera un sistema de gran magnitud que incluye embalses, estaciones de bombeo, plantas de filtración y extensas redes de distribución, todos sujetos a los efectos de fenómenos atmosféricos y restricciones presupuestarias de larga data. El CIAPR ofreció colaborar con la AAA y agencias gubernamentales en cualquier esfuerzo de análisis técnico o desarrollo de soluciones.

Un informe elaborado por más de 70 científicos de 56 instituciones en 17 países concluye que el calentamiento global provocado por la actividad humana alcanzó 1.37 °C sobre niveles preindustriales en 2025, y que el planeta podría superar el umbral de 1.5 °C en aproximadamente cuatro años si continúan las tendencias actuales de emisiones.

Las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero alcanzaron un máximo histórico de 56.8 gigatoneladas de CO₂ equivalente en 2024, y el presupuesto de carbono restante para mantenerse bajo 1.5 °C se redujo a 130 gigatoneladas a comienzos de 2026, margen que podría agotarse en unos tres años al ritmo actual.

El desequilibrio energético de la Tierra —indicador de la velocidad con que el calor se acumula en el sistema climático— se ha duplicado desde la década de 1970 y alcanzó un nivel récord; el nivel medio del mar subió 23 centímetros desde 1901 y las olas de calor marinas se triplicaron en frecuencia desde 1991.

Un editorial de El Vocero publicado el 12 de junio de 2026 señala que la crisis estructural del sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado (AAA) persiste sin que ningún gobierno la haya tratado como prioridad, y que residentes de San Agustín en Bayamón dependen de oasis móviles municipales para abastecerse de agua.

Según la pieza, la reconstrucción del sistema requeriría décadas de trabajo y muchos millones de dólares que el gobierno no ha reservado; tras el huracán María, los fondos federales solo atendieron las partes más expuestas del sistema.

La infraestructura de la AAA arrastra un deterioro de larga data comparable al del sistema eléctrico; el huracán María expuso las fallas más críticas, pero la reconstrucción integral nunca recibió financiamiento completo ni plan de largo plazo.