Ambiente y clima

El 11 de junio, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció una inversión de $216 millones para modernizar infraestructura de la AAA, mientras el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, advirtió que el anuncio no atiende la emergencia operacional inmediata y que acudirá nuevamente al tribunal si se incumple el acuerdo judicial vigente con la AAA.

Miles de abonados del área metropolitana llevan meses con interrupciones recurrentes del servicio de agua; el desacuerdo público entre la gobernadora y el alcalde sobre el enfoque —infraestructura a largo plazo versus acciones operacionales urgentes— pone en duda la efectividad del Comité de Estabilización y Restablecimiento del Servicio de Agua creado por orden judicial.

El comité surgió de un acuerdo entre el Municipio de San Juan y la AAA bajo supervisión de un tribunal; Romero Lugo expresó reservas sobre el ritmo de trabajo del comité en sus primeras reuniones y rechazó los señalamientos del presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, contra el representante municipal Roberto Martínez Toledo, calificándolos de estrategia de comunicaciones.

Al inicio de junio de 2026, Puerto Rico activó sus preparativos para la temporada de huracanes del Atlántico, con el NMEAD, municipios, la Guardia Nacional, FEMA y el sector privado coordinando medidas en infraestructura, evacuación y comunicaciones. La gobernadora Jenniffer González Colón ha impulsado la planificación desde marzo de 2025.

La coordinación interinstitucional sin precedentes busca proteger vidas, infraestructura y la economía de la isla ante fenómenos atmosféricos; los planes incluyen refugios equipados con generadores, agua potable y suministros médicos.

Puerto Rico ha reformulado su manejo de emergencias tras los daños de temporadas de huracanes previas, integrando tecnología moderna y participación comunitaria en una planificación más amplia que arrancó formalmente en 2025.

El Proyecto de la Cámara 25 busca redefinir la Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) de Puerto Rico aplicando criterios más restrictivos que los usados tradicionalmente para delimitar esa franja costera.

Una delimitación que no incorpore la erosión histórica, las marejadas extremas y la dinámica costera podría reducir las protecciones vigentes en zonas vulnerables del litoral puertorriqueño.

La ZMT es la franja costera de dominio público que regula el uso y desarrollo en la orilla; cualquier cambio en su definición afecta directamente permisos de construcción, acceso público a la playa y exposición al riesgo climático.

El grupo Escambrón Unido denunció que el alcalde de San Juan, Miguel Romero, confirmó en una reunión del 29 de mayo que estaría dispuesto a permitir que el Parque Sixto Escobar —recién remodelado— sea demolido por los desarrolladores del hotel Normandie para construir un estacionamiento. La remodelación del parque costó $1.9 millones en fondos de FEMA y $2.1 millones en fondos municipales.

La posible demolición implicaría el uso de fondos públicos federales y municipales en una obra que luego sería destruida para beneficiar a un desarrollador privado; además, estudios estructurales señalan que el hotel Normandie no puede cumplir con los códigos de seguridad sísmica vigentes, y el municipio ya emitió un aviso de incumplimiento contra el desarrollador cuya respuesta sigue sin resolverse pese a que el plazo de 60 días venció el 9 de noviembre de 2025.

El contrato entre el Municipio de San Juan y Normandie O.Z. —subsidiaria de Ishay Group, con sede en Nueva York— fue firmado el 13 de febrero de 2023 y estipulaba que el desarrollador debía demostrar capacidad financiera verificable; Escambrón Unido lleva casi cuatro años de manifestaciones semanales y gestiones para reunirse con el alcalde en defensa del espacio público costero.

El Centro Nacional de Huracanes indicó el 10 de junio de 2026 que una zona de baja presión sobre la bahía de Campeche podría formarse en los próximos días, con solo un 10% de probabilidad de desarrollo en siete días.

Aunque las probabilidades son bajas y no se anticipa desarrollo significativo, marca el primer sistema monitoreado de la temporada de huracanes 2026 en el Atlántico, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Los pronósticos para la temporada 2026 apuntan a actividad ciclónica dentro de los parámetros normales o por debajo de lo normal, con agosto y septiembre como los meses históricamente más activos en la cuenca atlántica.

Más de una docena de organizaciones comunitarias, ambientales, profesionales y educativas se reunieron en la plaza pública de Rincón el 9 de junio de 2026 para exigir una moratoria inmediata a la aprobación y construcción de nuevos proyectos en la zona costera de Puerto Rico, mientras se realiza una evaluación científica de los impactos acumulativos de la erosión. Los grupos también rechazaron el Proyecto de la Cámara 25, que busca redefinir la zona marítimo terrestre (ZMT).

Las organizaciones advierten que Puerto Rico está perdiendo playas, dunas, humedales y barreras naturales que protegen comunidades costeras, y que las medidas legislativas en curso facilitarían el desarrollo en áreas cada vez más vulnerables al cambio climático y la erosión.

El Proyecto de la Cámara 25 forma parte de un momento legislativo más amplio en que diversos grupos han manifestado rechazo a medidas que impactan el medioambiente; las organizaciones argumentan que la redefinición de la ZMT propuesta representa un retroceso respecto a las protecciones costeras existentes.

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene una advertencia de calor para áreas costeras y urbanas de Puerto Rico este martes 9 de junio de 2026 entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m., con índices que podrían fluctuar entre 100 y 111 grados Fahrenheit. El meteorólogo Carlos Anselmi indicó que el patrón persistirá los próximos días, aunque una débil onda tropical que entraría alrededor del jueves podría traer cierto alivio si genera lluvias prolongadas.

Los índices de hasta 111°F combinados con humedad crean condiciones peligrosas para residentes de zonas costeras y urbanas. La presencia de polvo del Sahara genera un ambiente 'bastante hostil' que podría limitar la actividad de lluvia y prolongar el episodio de calor extremo.

El polvo del Sahara llega periódicamente al Caribe durante los meses de verano, suprimiendo la actividad de lluvia y reduciendo la calidad del aire; su coincidencia con episodios de calor extremo intensifica el riesgo para poblaciones vulnerables en la isla.

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, confirmó que los sectores La Torres, Piñones, El Indio y El Terraplén llevan 13 días sin servicio de agua potable al 8 de junio de 2026, mientras el municipio distribuye agua en camiones cisterna y compra agua embotellada para residentes. Nazario Fuentes indicó que aguarda contacto de los abogados del Municipio de San Juan para evaluar su posible adhesión al pleito judicial que el alcalde Miguel Romero Lugo inició contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La crisis ya no se limita a San Juan, Guaynabo y Bayamón: Loíza, uno de los municipios históricamente más subatendidos en infraestructura, suma sectores sin agua por casi dos semanas, con comerciantes afectados y residentes dependientes de suministro municipal de emergencia. La posible inclusión de Loíza en el litigio ampliaría el alcance legal y fiscal del conflicto con la AAA.

El pleito del Municipio de San Juan contra la AAA surgió tras averías en el Superacueducto y en estaciones de bomba que afectaron a abonados en San Juan, Guaynabo y Bayamón; el presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, señaló que la mayoría de los clientes sin servicio residen en Guaynabo. Loíza no formaba parte inicial de esas negociaciones.

El 8 de junio de 2026, la Coalición Defiende a Cabo Rojo (DaCR) inició una nueva ronda de manifestaciones en Cabo Rojo, San Germán y Culebra bajo el lema '78+ CONTRA ESENCIA Y POR LA VIDA', con el propósito de presionar a alcaldes y representantes electos municipales para que retiren su apoyo al asentamiento de lujo Esencia.

La coalición, respaldada por más de 70 organizaciones, extiende la presión ciudadana al nivel municipal y a ciudades de la diáspora en Estados Unidos, señalando que el proyecto representa un riesgo catastrófico para Cabo Rojo, la zona suroeste y el país.

DaCR lleva dos años documentando su oposición a Esencia; la movilización más reciente de escala nacional fue la marcha 'Pa' la calle contra Esencia' celebrada el 28 de marzo de 2026, a la que describen como multitudinaria.

La advertencia de calor, vigente hasta las 5:00 p.m., y la presencia de polvo del Sahara continuarán sobre la isla desde el 8 de junio hasta el miércoles, con vientos del este transportando aire cálido que mantendrá temperaturas superiores a las normales. Aguaceros pasajeros afectarán principalmente el este de Puerto Rico durante la noche y las primeras horas de la mañana.

El patrón seco y brumoso prolongado por varios días mantiene el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor y afecta la calidad del aire para personas con condiciones respiratorias; además, persiste un riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas hasta el martes.

La condición actualiza una advertencia de calor emitida el 7 de junio para todas las zonas costeras, Vieques y Culebra, con índices de calor de hasta 114 °F; el polvo del Sahara es una ocurrencia recurrente sobre el Caribe durante los meses de verano.

Según el portal oficial de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 17 de los 19 embalses de Puerto Rico se encuentran en nivel de seguridad o desborde al 7 de junio de 2026, a pesar de que cerca de un tercio de la isla no ha recibido la lluvia normal para esta época. Solo los embalses Loco y Guajataca están en nivel de observación, aunque con volúmenes cercanos al nivel de seguridad.

Los embalses de Carraízo y La Plata, críticos para el suministro de agua de la zona metropolitana, se mantienen en nivel de seguridad cerca del desborde, lo que reduce el riesgo inmediato de restricciones de agua para una porción significativa de la población.

Puerto Rico ha enfrentado episodios recurrentes de sequía que han obligado a la AAA a implementar tandeos y restricciones de agua en años recientes; el monitoreo continuo de los embalses es una herramienta clave para anticipar medidas de racionamiento.

Un equipo de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, liderado por la doctora Laura Cabrera Rivera y bajo la mentoría del doctor Pablo Méndez Lázaro, publicó en la revista 'Urban Climate' un mapa estadístico de vulnerabilidad al calor para Ponce. El análisis integra temperatura del suelo, cobertura vegetal, presencia de asfalto y cemento, densidad poblacional, niveles de pobreza y envejecimiento.

Ponce registra temperaturas más elevadas que la zona metropolitana por su clima más seco y concentra una mayor proporción de residentes en situación de pobreza, lo que amplifica el riesgo de daño a la salud durante olas de calor. Contar con este mapa permite priorizar intervenciones como siembra de árboles, creación de espacios frescos y preparación de servicios de salud en las comunidades más expuestas.

San Juan ya contaba con mapas de vulnerabilidad al calor debido a su tamaño y alta densidad poblacional, pero municipios del sur como Ponce carecían de ese tipo de análisis detallado. El estudio forma parte del trabajo del Caribbean Collaborative Action Network (CCAN), adscrito al programa de Alianzas para la Adaptación Climática de la NOAA.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunció que el Proyecto de la Cámara 1079, que busca enmendar la Ley 292-1999 de protección del carso, reemplazaría el lenguaje de 'proteger y conservar' por 'proteger, aprovechar y manejar', debilitando las salvaguardas ambientales vigentes. Legisladores municipales del PIP en Barceloneta, Cabo Rojo y Peñuelas impulsan resoluciones municipales en oposición a la medida.

El sistema cársico alberga el Acuífero del Norte, descrito como la principal reserva de agua subterránea de Puerto Rico, que abastece a cientos de miles de habitantes y a la zona industrial del norte. La medida también reduciría las facultades fiscalizadoras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y excluiría ciertos procesos de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), limitando la participación ciudadana.

La Ley 292-1999 estableció el marco de protección de la fisiografía cársica de Puerto Rico, regulada además por el Plan y Reglamento del Área de Planificación Especial del Carso. El PIP vinculó el PC 1079 al proyecto de desarrollo Esencia, señalando que el 37% de sus terrenos propuestos se ubican dentro de la zona del carso en Cabo Rojo.

El Servicio Forestal de EE.UU. propuso imponer tarifas de acceso al centro de visitantes El Portal y al área recreativa La Mina de El Yunque, espacios actualmente gratuitos; la medida salió a relucir en una vista congresional en Washington DC donde el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera cuestionó directamente al jefe del Servicio Forestal, Tom Schultz.

Las tarifas propuestas —desde $4 por persona hasta $30 por pase anual familiar— convertirían en pagos obligatorios el acceso a terrenos públicos federales que las familias puertorriqueñas utilizan sin costo, planteando una barrera económica en el único bosque lluvioso tropical del Sistema Nacional de Bosques de EE.UU.

El Yunque recibe cientos de miles de visitantes al año y el Servicio Forestal ha argumentado que el aumento en afluencia requiere financiamiento adicional para mantenimiento; Schultz señaló que cobros similares ya existen en otras áreas recreativas del sistema nacional.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió el 7 de junio de 2026 una advertencia de calor vigente de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., con índices de calor proyectados entre 100 y 111°F en más de 50 municipios a lo largo de toda la isla, incluyendo San Juan, Ponce, Mayagüez, Vieques y Culebra.

El SNM advirtió que este nivel de calor representa un peligro para la mayoría de las personas sensibles a altas temperaturas —en particular adultos mayores, niños pequeños, personas con enfermedades crónicas y trabajadores al aire libre— y exhortó a hidratarse, usar ropa ligera y no dejar mascotas en vehículos.

La advertencia del domingo eleva el umbral máximo proyectado respecto al aviso emitido el sábado 6 de junio, cuando el SNM proyectaba índices de hasta 108°F; el episodio de calor extremo se extiende así por varios días consecutivos en medio de condiciones de sol abundante y alta presión sobre la isla.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) exhortó a gobiernos y comunidades a prepararse ante la posible llegada de un evento de El Niño, fenómeno que, según expertos, podría reducir las lluvias en Puerto Rico y generar riesgo de sequía.

Una menor precipitación sostenida presionaría el suministro de agua en la isla; aunque el fenómeno también tiende a debilitar los ciclones en el Atlántico, los expertos piden igualmente prepararse para la temporada de huracanes.

El Niño es un patrón climático periódico asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial que altera regímenes de lluvia en el Caribe; episodios previos han coincidido con condiciones de sequía en Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Ley 102-2026, que autoriza al secretario del DRNA a conceder permisos especiales de caza no deportiva a agricultores afectados por la proliferación de cerdos salvajes, y ordena clasificar al cerdo salvaje como especie invasora y dañina en el reglamento de manejo de vida silvestre.

La medida responde a pérdidas en cosechas provocadas por la proliferación de cerdos salvajes, con implicaciones directas para la seguridad alimentaria de Puerto Rico, y faculta al DRNA a coordinar con el Departamento de Agricultura y agencias estatales y federales para el manejo y disposición de los animales capturados.

La proliferación de cerdos salvajes en zonas agrícolas es un problema recurrente en la isla que se intensificó en el debate público tras un ataque a un residente del sector Santa Clara; la Ley 102-2026 fue de autoría del representante Axel "Chino" Roque y se enmarca en un paquete legislativo más amplio firmado en esa misma ocasión.

El alcalde de Caguas William Miranda Torres anunció el 6 de junio de 2026 la graduación de 120 líderes comunitarios que completaron la Academia de Preparación y Resiliencia de la Comunidad, un adiestramiento práctico de 7.5 horas alineado con requisitos estatales y federales.

Los 120 líderes certificados quedan integrados formalmente a la estructura de respuesta municipal, ampliando la capacidad de movilización comunitaria antes, durante y después de emergencias en el inicio de la temporada de huracanes 2026.

Caguas ha impulsado la preparación comunitaria como política municipal desde el huracán María, cuando las comunidades sirvieron de primera línea de respuesta ante la falta de infraestructura estatal y federal.

Durante la Capitol Hill Ocean Week 2026 en Washington D.C., científicos y líderes comunitarios puertorriqueños se reunieron con funcionarios, agencias ambientales internacionales y el comisionado residente Pablo José Hernández para plantear amenazas a la protección costera de la isla, incluyendo la contaminación por plásticos, la erosión y el Proyecto de la Cámara 25, que busca redefinir la zona marítimo terrestre.

El PC 25, de la autoría del presidente cameral Carlos 'Johnny' Méndez, podría alterar el marco legal que regula el acceso público a las playas y la protección de ecosistemas costeros, sectores clave para la economía y el bienestar ambiental de Puerto Rico.

La Fundación Surfrider Puerto Rico y otras organizaciones han advertido previamente sobre iniciativas legislativas que amenazan la zona marítimo terrestre; el encuentro en Washington permitió conectar esas preocupaciones locales con comunidades de las islas del Pacífico estadounidense que enfrentan retos similares.

El 5 de junio de 2026, el secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres anunció que firmará una orden administrativa que exigirá inspección veterinaria acreditada por el USDA, certificación oficial de no infestación y cuarentena obligatoria para animales importados desde jurisdicciones donde se haya detectado el Gusano Barrenador del Nuevo Mundo, tras la confirmación federal de su presencia en Texas. Puerto Rico no registra casos de la plaga.

La orden amplía los controles de bioseguridad sobre ganado bovino, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, mascotas y fauna silvestre importados, ante una plaga cuyas larvas se alimentan de tejido vivo y pueden causar lesiones severas que afectan la salud y productividad animal.

Puerto Rico ya mantenía controles de importación que, según Rodríguez Torres, mantenían el riesgo de introducción en niveles bajos; la detección en Texas motivó fortalecer preventivamente esas medidas con requisitos sanitarios extraordinarios y supervisión de Servicios Veterinarios.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, anunció el lanzamiento de 'Repórtalo', una página web disponible en reportalosj.com para que los residentes reporten interrupciones en el servicio de agua potable en sus comunidades.

La herramienta busca ampliar el monitoreo municipal más allá de las llamadas tradicionales, incluyendo sectores con cisternas donde las interrupciones pueden pasar desapercibidas por periodos prolongados.

Romero Lugo ha señalado que durante los pasados meses el municipio ha trabajado para atender comunidades afectadas por la crisis del agua, pero reconoce que hay sectores donde los problemas no llegan de inmediato a conocimiento del municipio.

El profesor de Derecho Ambiental Pedro Saadé Lloréns calificó como emergencia nacional un conjunto de proyectos legislativos —incluyendo el PC 025 sobre la zona marítimo terrestre, el PC 1079 sobre la zona del Karso y las reformas de permisos PC 1213 y PS 1183— por reducir o eliminar protecciones ambientales en beneficio de sectores económicos y políticos. Más de 60 organizaciones ambientales y comunitarias solicitaron a la Legislatura extender las vistas públicas sobre los proyectos de reforma de permisos.

Los proyectos afectarían bienes de dominio público como las playas y zonas de karso —fuente de agua potable e hábitat de especies en peligro— y limitarían la capacidad ciudadana de cuestionar decisiones gubernamentales sobre recursos naturales. El PC 025 ya fue aprobado en la Cámara y está bajo examen del Senado, mientras el Senado solo extendió hasta el 5 de junio de 2026 el plazo para comentarios escritos.

La protección de la zona del karso está regulada desde la Ley 82 de 1999, la cual reconoce su valor ecológico e hídrico y establece mecanismos para restringir el desarrollo en áreas sensibles; el PC 1079 eliminaría esos conceptos y añadiría el derecho a la propiedad privada como criterio rector para los usos en esa zona.

Residentes de la urbanización Marina Bahía, en Cataño, denunciaron el 4 de junio de 2026 que la expansión del Centro de Distribución del USPS se realiza presuntamente sin los permisos de agencias federales, municipales y estatales. Según el portavoz Melvin Pérez, las operaciones —maquinaria pesada, camiones y focos— corren las 24 horas del día, generando ruido, polvo, contaminación lumínica y daños estructurales en algunas viviendas.

La actividad constante afecta la salud respiratoria de adultos mayores y menores, interrumpe el descanso de las familias y, según los residentes, ha causado grietas en algunas viviendas. La comunidad residencial lleva conviviendo con las operaciones postales desde alrededor del año 2000, pero sostiene que la magnitud actual excede lo originalmente contemplado para la zona.

Las operaciones del USPS en ese predio comenzaron alrededor del año 2000 bajo clasificación de uso industrial liviano, colindando con una comunidad residencial establecida en 1986. El proceso de expansión que origina las quejas más recientes se desarrolla desde 2021, y la construcción más reciente inició apenas una semana antes de la denuncia.

Para el 5 de junio de 2026 y el fin de semana siguiente, el Servicio Nacional de Meteorología proyecta índices de calor de entre 100°F y 111°F cada tarde en zonas urbanas y costeras de Puerto Rico, con los valores más altos en el norte y el oeste entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m. Además, se mantiene un riesgo bajo a moderado de corrientes marinas peligrosas en las costas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Los índices de calor extremos representan un riesgo de salud directo para toda la población, especialmente en comunidades costeras y urbanas, y el patrón se extenderá al menos hasta el domingo debido a la persistencia de vientos del sureste.

La versión previa de este pronóstico, del 4 de junio de 2026, anticipaba índices de hasta 108°F asociados a una nube de polvo del Sahara; la actualización del 5 de junio eleva el techo proyectado a 111°F y extiende la alerta de calor hasta el fin de semana.

Con el inicio de la temporada de huracanes en junio de 2026, el geógrafo y planificador Marcos A. Quiñones Otero publicó un análisis sobre la preparación ante desastres en Puerto Rico, señalando que el riesgo persiste independientemente de cuán activa se proyecte la temporada. El texto cuestiona si las lecciones de desastres anteriores se han convertido en acciones concretas de preparación comunitaria e institucional.

Puerto Rico enfrenta cada temporada ciclónica con infraestructura envejecida, comunidades con recursos limitados y vulnerabilidades acumuladas que pueden convertir una amenaza natural en un desastre de consecuencias mayores. El análisis señala que los proyectos de desarrollo y los cambios a sistemas de planificación y permisos que se discuten actualmente podrían aumentar, en lugar de reducir, esas vulnerabilidades.

Puerto Rico ha atravesado varios eventos atmosféricos devastadores en las últimas décadas que marcaron profundamente su infraestructura, economía y comunidades. Desde entonces, organismos gubernamentales, expertos y organizaciones civiles han promovido discusiones sobre resiliencia, mitigación y preparación, aunque la implementación de medidas concretas ha sido desigual entre municipios y sectores de la población.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo 'Betito' Márquez García, defendió la solicitud de expansión del vertedero municipal para extender su vida útil entre 10 y 20 años, luego de que tanto el DRNA como la Junta de Planificación se pronunciaron en contra del proyecto.

El alcalde argumenta que la expansión es condición necesaria para cumplir el acuerdo vigente con la EPA federal y garantizar el cierre ordenado de la instalación; sin ella, el municipio podría quedar fuera de cumplimiento con requisitos federales.

El vertedero de Toa Baja opera bajo un acuerdo con la EPA que impone condiciones específicas para su clausura; las determinaciones adversas del DRNA y la Junta de Planificación complican el camino regulatorio del municipio para ejecutar ese plan.

El alcalde de San Juan, Miguel A. Romero Lugo, anunció el lanzamiento de 'Repórtalo' (reportalosj.com), una página web para que residentes reporten interrupciones en el servicio de agua potable en sus comunidades.

La herramienta permitirá al municipio identificar patrones de cortes en sectores donde las interrupciones no se reportan de inmediato —especialmente comunidades con cisternas— y coordinar la entrega de agua por camiones cisterna con mayor precisión.

Hasta ahora, gran parte de la información sobre interrupciones llegaba al municipio a través de llamadas ciudadanas que requerían asistencia directa; la plataforma surge tras meses de gestión municipal para atender la crisis del agua en la capital.

El profesor de Derecho Ambiental Pedro Saadé Lloréns catalogó como una emergencia nacional el conjunto de proyectos presentados en la Legislatura que afectan protecciones ambientales, entre ellos el PC 025 sobre la zona marítimo terrestre, el PC 1079 sobre la zona del Karso y los proyectos de reforma de permisos PC 1213 y PS 1183. Más de 60 organizaciones ambientales y comunitarias solicitaron a ambos cuerpos legislativos extender las vistas públicas, con respuesta limitada del Senado y ninguna de la Cámara.

Según Saadé Lloréns, los proyectos eliminarían protecciones ecológicas en el karso, permitirían la privatización efectiva de playas al redefinir la zona marítimo terrestre, y reducirían la capacidad ciudadana de cuestionar decisiones gubernamentales sobre recursos naturales. El PC 025 ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y está bajo examen del Senado.

La zona del karso está protegida desde 1999 mediante la Ley 82, que reconoce su valor ecológico e hídrico y establece mecanismos para limitar el desarrollo en áreas sensibles; el PC 1079 eliminaría esas definiciones y priorizaría el derecho a la propiedad privada como guía de uso del área. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, figura como autor o patrocinador de varios de los proyectos señalados.

Residentes de la urbanización Marina Bahía, en Cataño, denunciaron el 4 de junio de 2026 que la expansión del Centro de Distribución del USPS se realiza presuntamente sin los permisos requeridos por agencias federales, el Municipio de Cataño y agencias estatales. Según el portavoz Melvin Pérez, la operación continua de maquinaria pesada y camiones las 24 horas causa ruido, polvo, contaminación lumínica y grietas en viviendas colindantes.

La comunidad residencial de Marina Bahía, establecida en 1986, reporta afectaciones a la salud respiratoria de adultos mayores y niños, daños estructurales en viviendas y pérdida de privacidad y descanso. Los residentes alegan que la escala actual de la expansión excede lo contemplado cuando las operaciones postales comenzaron en el predio alrededor del año 2000 bajo clasificación de uso industrial liviano.

El USPS desarrolla este proceso de expansión desde 2021 en terrenos adyacentes a la comunidad; la construcción más reciente, que colinda directamente con las viviendas, comenzó apenas una semana antes de la denuncia pública.

En un foro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, ingenieros, aseguradoras y economistas presentaron un estimado de $379 mil millones como costo de la inacción ante el cambio climático, y ofrecieron medidas escalonadas —desde pintar techos de blanco hasta rediseñar infraestructura urbana— para reducir el impacto.

El costo proyectado de no actuar supera con creces los fondos federales disponibles para resiliencia; además, los panelistas advirtieron que muchas residencias están subaseguradas y que los costos de reconstrucción han subido más de 40% desde 2017, lo que dejaría a miles de familias sin capacidad de recuperarse tras un desastre.

Las pérdidas aseguradas del huracán María ya superan los $1,500 millones, frente a los $65 millones pagados tras Georges en 1998, ilustrando la escala exponencial de los eventos climáticos recientes; el gobierno cuenta con un plan de adaptación climática con metas escalonadas, pero su implementación enfrenta obstáculos de datos desactualizados y presiones políticas sobre permisos.

El 4 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón, el presidente ejecutivo de la AAA Luis Reinaldo González Delgado y el alcalde de Mayagüez José Luis Ramos dieron inicio al proyecto de modernización de la Planta Regional de Tratamiento de Aguas Residuales de Mayagüez, con una inversión de $123.3 millones financiada con fondos de FEMA, CDBG-DR y recursos propios de la AAA.

La obra beneficiará a más de 60,000 familias de los municipios de Mayagüez, Cabo Rojo, Hormigueros y Añasco, generará 1,266 empleos directos durante la construcción y aportará aproximadamente $7.6 millones en arbitrios y patentes al municipio de Mayagüez; los trabajos tienen fecha estimada de culminación para julio de 2028.

La planta, construida alrededor de 1977, ha recibido mejoras limitadas durante las últimas décadas; funcionarios describieron los trabajos como respuesta a retos de infraestructura acumulados por décadas y a la necesidad de cumplir con estándares ambientales vigentes.

El 4 de junio de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología informó que una nueva nube de polvo del Sahara provocará cielos brumosos y visibilidad reducida en Puerto Rico, llegando tras una breve ventana de mejoría en la calidad del aire; los índices de calor podrían fluctuar entre 100°F y 108°F en zonas urbanas y costeras.

Los índices de calor extremo representan un riesgo directo para poblaciones vulnerables; el SNM exhortó a mantenerse hidratado y a limitar actividades al aire libre durante las horas más calurosas del día.

La nueva nube llega mientras la anterior se aleja, confirmando un patrón de intrusiones sucesivas de polvo africano que afecta de forma recurrente la calidad del aire y las condiciones respiratorias en la isla cada temporada.

La abogada y portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana Rosa Seguí publicó una columna argumentando que el Proyecto de la Cámara 1079, impulsado por el presidente de la Cámara Carlos J. Méndez, amenaza la Ley 292 de 1999 al eliminar el deber de "conservar" la fisiografía cársica y añadir lenguaje que permitiría su "aprovechamiento". Seguí sostiene que los cambios propuestos contradicen la intención original de la ley y ponen en riesgo los acuíferos que abastecen de agua potable a cientos de miles de familias.

La zona cársica del norte central es la fuente principal de agua potable para comunidades e industrias de esa región; eliminar la obligación de conservarla —según la autora— agravaría la crisis de agua que ya enfrenta Puerto Rico.

La Ley 292 fue firmada el 21 de agosto de 1999 por el entonces gobernador Pedro Rosselló para prohibir la destrucción de la fisiografía cársica, reconocida por investigadores internacionales por sus rasgos únicos a nivel mundial. El PC 1079 forma parte de un paquete de proyectos legislativos que más de 60 organizaciones ambientales y comunitarias han cuestionado ante la Legislatura.

En un foro del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, un panel de ingenieros, aseguradoras, académicos y desarrolladores advirtió que el costo de la inacción ante el cambio climático asciende a $379 mil millones a valores actuales, según estimados de la firma Estudios Técnicos. Los panelistas presentaron medidas de adaptación inmediatas, a mediano y largo plazo, que van desde pintar techos de blanco hasta rediseñar la infraestructura urbana.

El sector asegurador reportó que los costos de reconstrucción han aumentado más de 40% desde 2017 y que las pérdidas pagadas tras el huracán María superan los $1,500 millones, frente a los $65 millones del huracán Georges en 1998. Miles de familias podrían quedar sin capacidad de reconstrucción porque sus propiedades están subaseguradas.

Puerto Rico cuenta con un plan de adaptación climática gubernamental que, según el ingeniero Carl Soderberg, incluye medidas escalonadas, responsables identificados y fuentes de financiamiento, aunque persiste confusión pública sobre sus alcances y plazos. El estudio del costo de la inacción se elaboró con datos de infraestructura de más de diez años de antigüedad debido a la falta de información actualizada.

El DRNA, mediante documento firmado por el secretario Waldemar Quiles, autorizó al creador de contenido José Morales a poseer y exhibir en cautiverio un caimán de anteojos, una pitón reticulada, una boa constrictora y una iguana verde desde instalaciones en Aguas Buenas, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027. El permiso llega tras cerca de año y medio de espera que Morales denunció públicamente.

El permiso establece condiciones estrictas —prohibición de venta o transferencia sin autorización, notificación de escapes en 24 horas y responsabilidad civil por daños— que definen cómo el Estado regula la tenencia privada de especies exóticas invasoras en la isla.

Puerto Rico enfrenta presiones ambientales persistentes por especies invasoras; la pitón reticulada, en particular, representa un riesgo ecológico documentado en otras jurisdicciones. El caso de Morales expuso demoras y pérdida de documentos dentro del proceso administrativo del DRNA.

Con el inicio oficial de la temporada de huracanes en junio de 2026, el geógrafo y planificador Marcos A. Quiñones Otero advierte que Puerto Rico aún enfrenta vulnerabilidades estructurales acumuladas y cuestiona si las lecciones de desastres pasados se han traducido en acciones concretas de preparación.

Los desastres no son fenómenos naturales inevitables, sino el resultado de vulnerabilidades acumuladas en infraestructura, comunidades y políticas públicas; comunidades pobres o aisladas enfrentan riesgos desproporcionados cuando llega una amenaza.

Puerto Rico ha enfrentado huracanes devastadores, terremotos e inundaciones que expusieron fragilidades en su infraestructura energética, sistemas de planificación y capacidad de respuesta comunitaria, generando conversaciones sobre resiliencia que, según el autor, no siempre derivaron en cambios sistémicos.

El miércoles 3 de junio, decenas de ciudadanos y organizaciones ambientales protestaron frente al Centro de Convenciones de San Juan contra lo que denominaron la 'agenda de destrucción ambiental' de la administración de la gobernadora Jenniffer González, exigiendo la renuncia del secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez. El conversatorio ejecutivo organizado por la Asociación de Mineros y aliados, en el que Quiles Pérez participaría como conferenciante, fue pospuesto minutos antes de comenzar.

Los manifestantes señalan que iniciativas recientes del Ejecutivo y la Legislatura socavan más de 30 años de leyes ambientales que protegen el karso, las playas públicas y el recurso agua. La presión ciudadana logró visibilizar el evento privado y, junto a la posposición del conversatorio, refleja tensión activa entre el gobierno y el movimiento ambientalista.

La reglamentación del karso, la reforma al sistema de permisos y la revisión al Plan de Uso de Terrenos han sido puntos de disputa entre comunidades y el sector de la minería y la construcción en Puerto Rico por décadas; organizaciones como Ciudadanos del Karso llevan años defendiendo estas protecciones.

El 3 de junio de 2026, la oficina del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan celebró su Taller de Medios 2026, reuniendo a meteorólogos y presentadores del tiempo de la televisión puertorriqueña para coordinar la cobertura de la temporada ciclónica, iniciada oficialmente el 1 de junio.

Una comunicación efectiva entre el SNM y los medios es crítica para que el público reciba avisos meteorológicos precisos y oportunos durante emergencias atmosféricas que puedan afectar a Puerto Rico.

El SNM en San Juan realiza periódicamente estos talleres de medios como parte de su estrategia de preparación ante la temporada de huracanes; la iniciativa reúne a expertos en ciencias atmosféricas con comunicadores para alinear herramientas y protocolos de divulgación.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, informó que el proyecto de reconstrucción de los kioscos de Piñones en el Bosque Estatal Piñones en Loíza cuenta con una inversión aprobada de $949,674.95 y se encuentra en la fase final de evaluación de propuestas de diseño. El proceso de contratación inició en diciembre de 2025 y la agencia recibió cuatro propuestas en marzo de 2026.

Los fondos —aprobados por FEMA como parte de un proyecto de recuperación de $1,009,783.28— financiarán la reparación de ocho daños identificados en el Bosque Estatal Piñones, incluyendo uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos del área de Loíza.

Los kioscos de Piñones han permanecido con daños pendientes de atención desde eventos que requirieron intervención federal para su recuperación; el DRNA emitió invitaciones a unas 25 firmas de ingeniería y arquitectura para participar en el proceso de diseño.

El DRNA emitió el permiso 2026-PEX-005, firmado por el secretario Waldemar Quiles, autorizando al creador de contenido José Morales —conocido como 'Gongo Fishing PR'— a poseer y exhibir en cautiverio un caimán de anteojos, una pitón reticulada, una boa constrictora y una iguana verde desde instalaciones en Aguas Buenas y otros lugares de la isla, con vigencia hasta el 30 de junio de 2027. El permiso llega luego de que Morales denunciara públicamente cerca de año y medio de demora en los trámites.

La autorización establece condiciones estrictas —prohibición de venta o transferencia sin aprobación del DRNA, notificación obligatoria de escapes en 24 horas y responsabilidad civil del titular— para el manejo formal de especies invasoras que, de escapar, representan un riesgo ecológico documentado para la fauna nativa de Puerto Rico.

Puerto Rico enfrenta presión continua por especies invasoras como la pitón reticulada; el DRNA regula su tenencia mediante permisos especiales, proceso que en este caso se complicó por documentación extraviada en los expedientes de la agencia según el propio solicitante.

El 2 de junio de 2026, funcionarios del DRNA comparecieron ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado para defender el proceso que autorizó la expansión de la Celda C del vertedero de Carolina, argumentando que se basó en inspecciones, recomendaciones técnicas y permisos previos. La audiencia respondió a la investigación ordenada por la Resolución del Senado 2.

La expansión de la Celda C ha generado cuestionamientos de legisladores y grupos ambientales por posibles impactos sobre terrenos de valor ecológico y por el manejo de lixiviados en una zona de karso. La senadora María de Lourdes Santiago señaló una discrepancia jurídica sobre el alcance de los permisos otorgados.

El director de la División de Permisos del DRNA, Pedro Guevara, sostuvo que la autorización corresponde a una renovación de la huella operacional aprobada desde 2012, y que parte de los terrenos habían sido impactados previamente por operaciones de una cantera con permisos vigentes. Una inspección realizada el 24 de abril de 2024 verificó que los planes del operador cumplían con los requisitos reglamentarios.

Con el inicio oficial de la temporada de huracanes en junio de 2026, el geógrafo y planificador Marcos A. Quiñones Otero advierte que Puerto Rico aún enfrenta vulnerabilidades estructurales acumuladas que convierten amenazas naturales en desastres evitables. Señala que la preparación real ocurre durante los meses de calma, no cuando se emiten alertas.

La isla sigue expuesta a riesgos derivados de infraestructura envejecida, comunidades sin planes de emergencia actualizados y desigualdades que concentran la vulnerabilidad en sectores pobres o aislados. Quiñones Otero advierte que decisiones actuales sobre planificación y permisos podrían aumentar —en lugar de reducir— esa exposición.

Puerto Rico ha enfrentado huracanes devastadores, terremotos e inundaciones que dejaron pérdidas de vidas, desplazamientos y daños a infraestructura crítica. A pesar de años de conversación pública sobre resiliencia y mitigación, el autor cuestiona si esas lecciones se han traducido en acciones concretas y equitativas para todos los sectores del país.

El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó para el 3 de junio de 2026 aguaceros dispersos, corrientes marinas peligrosas en la mayoría de las playas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, e índices de calor que superarán los 100 grados en varios sectores. Una extensa nube de polvo del Sahara que dominó la región recientemente se disipa temporalmente, pero se espera otra masa de polvo más adelante en la semana.

El riesgo elevado por calor afecta especialmente las zonas costeras, urbanas y de menor elevación del oeste y norte de la isla, mientras que las corrientes marinas peligrosas representan un riesgo para quienes frecuenten las playas. Los índices de calor por encima de 100 grados pueden tener consecuencias de salud pública, en particular para poblaciones vulnerables.

Puerto Rico experimenta episodios recurrentes de polvo del Sahara durante los meses de verano, los cuales reducen la humedad y la actividad de lluvia antes de dar paso a condiciones más húmedas y calurosas. La combinación de oleaje del norte con vientos persistentes del sureste es un patrón estacional que genera corrientes de resaca en las playas.

El Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques lidera un proyecto de restauración de mangle en la Bahía Puerto Mosquito, financiado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), para preservar la bioluminiscencia de la reserva natural. El plan incluye sembrar mangle rojo y negro, instalar barreras de sacos biodegradables y realizar trabajos de hidrología en la entrada de la bahía.

La bioluminiscencia de la Bahía Puerto Mosquito, una de las más brillantes del mundo, sigue comprometida por daños al mangle que, casi nueve años después del huracán María, aún no se han recuperado del todo. Sin el mangle que regula el flujo de agua marina hacia la bahía, el ecosistema que sostiene el fenómeno luminoso podría deteriorarse de forma irreversible.

El huracán María causó daños severos en los manglares de Vieques, dejando zonas de troncos secos acumulados que bloquean o alteran el flujo de agua hacia la bahía. El Fideicomiso estableció un vivero de mangle en el Centro Barbosa de Resiliencia y para el Ambiente, en una antigua escuela del barrio Esperanza, donde el proceso de crecimiento de las plantas para siembra toma entre un año y año y medio.

El biólogo y profesor puertorriqueño Adolfo Rodríguez Velázquez formará parte de la segunda misión del Ocean Exploration Trust a bordo del E/V Nautilus, que este verano estudiará especies marinas en hábitats de aguas profundas al norte de las Islas Marianas, en el Pacífico occidental.

La participación de Rodríguez Velázquez coloca a un científico puertorriqueño en una de las expediciones oceánicas de mayor reconocimiento internacional, con enfoque en el estudio de especies de profundidades abismales en una de las regiones más inexploradas del planeta.

El E/V Nautilus es el buque de investigación del Ocean Exploration Trust, organización conocida por sus expediciones de exploración oceánica en diversas partes del mundo; esta misión a las Islas Marianas sería la segunda de la organización en esa región.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anunció el 2 de junio de 2026 que existe un 90 % de probabilidad de que el fenómeno de El Niño regrese este año con intensidad potencialmente fuerte, lo que agravaría sequías, lluvias intensas y olas de calor. La jefa de la OMM, la científica Celeste Saulo, llamó a gobiernos y entidades humanitarias a prepararse con antelación.

El Caribe y América Central figuran entre las regiones más expuestas a sequías cuando ocurre El Niño, lo que representa un riesgo directo para Puerto Rico en términos de abastecimiento de agua, agricultura y demanda energética. El episodio más reciente, ocurrido entre 2023 y 2024, fue uno de los cinco más intensos registrados y contribuyó a temperaturas globales récord.

El Niño es un fenómeno climático cíclico que altera los patrones de temperatura oceánica en el Pacífico; por lo general comienza a desarrollarse entre marzo y junio y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero. La OMM aclara que no hay evidencia determinante de que el cambio climático aumente su frecuencia, pero sí puede amplificar sus impactos al añadir más energía y humedad a la atmósfera.

El DRNA informó que el proyecto de rehabilitación de los kioscos del Bosque Estatal de Piñones en Loíza se encuentra en la fase final de evaluación de propuestas de diseño, con una inversión aprobada de $949,674.95. El secretario Waldemar Quiles destacó que la agencia ha priorizado la reconstrucción de estas instalaciones desde el inicio de la administración actual.

Los kioscos de Piñones son uno de los principales atractivos turísticos y gastronómicos de la zona norte de la isla; su rehabilitación forma parte de un proyecto más amplio que atiende ocho daños identificados en el Bosque Estatal Piñones, con fondos totales aprobados de $1,009,783.28.

Todos los fondos del proyecto fueron aprobados por FEMA, lo que indica que los daños se originaron en algún evento de desastre natural previo. El proceso de contratación inició en diciembre de 2025 y la agencia recibió cuatro propuestas en marzo de 2026.

El 2 de junio de 2026, funcionarios del DRNA comparecieron ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado para defender la autorización de la Celda C en el vertedero del Municipio Autónomo de Carolina, argumentando que el proceso se basó en inspecciones, recomendaciones técnicas y permisos previamente otorgados. El director de la División de Permisos, Pedro Guevara, indicó que la autorización corresponde a una renovación de la huella operacional aprobada desde 2012.

La expansión ha generado cuestionamientos de legisladores y grupos ambientales por posibles impactos sobre terrenos de valor ecológico —incluyendo el karso— y señalamientos sobre el manejo de lixiviados. La senadora María de Lourdes Santiago señaló una discrepancia jurídica sobre el alcance de los permisos otorgados y la protección ambiental aplicable al área.

La investigación fue ordenada mediante la Resolución del Senado 2 y es presidida por la vicepresidenta senatorial Marissa Jiménez. Una inspección realizada el 24 de abril de 2024 sirvió como base documental para la emisión del permiso de expansión.

La Organización Meteorológica Mundial anunció el 2 de junio de 2026 que existe un 90% de probabilidad de que el fenómeno de El Niño regrese este año con intensidad potencialmente fuerte, agravando sequías, lluvias intensas y olas de calor. Las temperaturas en la superficie del mar en el Pacífico de referencia ya se encontraban en umbrales del fenómeno entre finales de abril y mediados de mayo, con temperaturas subsuperficiales superiores a la media en más de 6 °C.

El Caribe y América Central están entre las regiones que históricamente sufren sequías durante episodios de El Niño, lo que representa un riesgo directo para Puerto Rico en términos de abastecimiento de agua y gestión de emergencias climáticas. La OMM advierte que el cambio climático puede amplificar los impactos del fenómeno al aportar más energía y humedad a la atmósfera.

El episodio más reciente de El Niño ocurrió entre 2023 y 2024 y fue uno de los cinco más intensos registrados, contribuyendo a temperaturas globales récord. La jefa de la OMM, la científica argentina Celeste Saulo, llamó a gobiernos y entidades humanitarias a tomar previsiones con anticipación.

El martes 2 de junio de 2026, altas concentraciones de polvo del Sahara dominan Puerto Rico, generando cielos brumosos, mala calidad del aire y visibilidad reducida, con temperaturas máximas cerca de 90 grados y riesgo de calor entre limitado y elevado en zonas urbanas y costeras.

Los índices de calor pueden alcanzar entre los altos 90 y los bajos 100 grados, representando un riesgo real para la salud de residentes, especialmente en comunidades urbanas y costeras; además, el miércoles se esperan aguaceros dispersos con posibilidad de inundaciones urbanas y crecidas en quebradas.

El polvo del Sahara impacta el Caribe de forma recurrente durante los meses de verano, suprimiendo la lluvia y degradando la calidad del aire; un segundo evento de polvo con concentraciones moderadas está proyectado para llegar el jueves.

El 1 de junio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón convocó al gabinete constitucional, presidentes y directores ejecutivos de corporaciones públicas y organizaciones del tercer sector en el Palacio Rojo para pasar revista a los preparativos ante la temporada de huracanes. El presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, asistió; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, estuvo ausente y no envió representación.

La reunión busca coordinar la respuesta estatal ante posibles desastres naturales —incluyendo huracanes, terremotos, tsunamis y sequías— en el periodo de mayor riesgo, entre agosto y septiembre, cuando Puerto Rico históricamente ha sido más vulnerable.

Desde el huracán María de 2017, la coordinación interagencial y la capacidad de respuesta ante emergencias han sido objeto de escrutinio persistente; versiones anteriores de esta nota también documentan que la propia gobernadora ha reconocido que el sistema eléctrico sigue siendo frágil y que el soterramiento de líneas avanza de forma parcial.

El Fideicomiso de Conservación e Historia de Vieques, la Sociedad Ambiente Marino (SAM) y The Ocean Foundation trabajan desde diciembre de 2024 en restaurar los ecosistemas de la Bahía Puerto Mosquito —mangles, arrecifes de coral y praderas de hierbas marinas— con una subvención de $3 millones de la NOAA.

Los trabajos buscan asegurar la resiliencia a largo plazo de la bahía bioluminiscente considerada la más brillante del planeta, enfocándose en crear infraestructura sostenible ante el cambio climático y las tormentas, no solo reparaciones puntuales.

El huracán María en septiembre de 2017 dañó severamente los ecosistemas de la bahía; la directora del Fideicomiso, Lirio Márquez D'Acunti, gestionó la subvención federal de la NOAA que dio inicio formal al proyecto de restauración.

El 1 de junio de 2026 arrancó la temporada de huracanes en el Atlántico con proyecciones de la NOAA que anticipan hasta 6 huracanes y 14 tormentas con nombre —cifras por debajo de la media histórica— atribuidas a la probable aparición de El Niño este verano. Meteorólogos advirtieron, no obstante, que una temporada de baja actividad no garantiza menor intensidad en las tormentas que sí se formen.

Una actividad ciclónica inferior al promedio puede generar falsa sensación de seguridad: en 1992, año también considerado tranquilo, el huracán Andrew devastó el sur de Florida con daños estimados en 27,000 millones de dólares, 65 muertes y más de 1.4 millones de hogares sin electricidad. El Niño reduce la probabilidad de huracanes, pero no su potencial destructivo.

El huracán Andrew —primera tormenta de la temporada de 1992— no se formó hasta agosto y se convirtió en el desastre natural más costoso registrado hasta entonces en Estados Unidos, destruyendo unas 64,000 viviendas en Florida; su impacto obligó a reformar los códigos de construcción del estado. En Puerto Rico, municipios como Toa Baja ya activaron sus planes de manejo de emergencias, sirenas y refugios certificados al inicio de esta temporada.

En mayo de 2026, el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico advirtió ante el Senado sobre la erosión costera acelerada y la pérdida de cobertura vegetal en zonas costeras. El Dr. Miguel Canals, director del Centro de Ciencias Aplicadas y de Ingeniería Oceánica de la UPR en Mayagüez, señaló que una propuesta del Senado para redefinir la zona marítimo-terrestre es técnicamente errónea y propiciaría la privatización de miles de cuerdas de playa seca y dunas que hoy son bienes públicos.

De aprobarse la redefinición, el acceso público a playas y dunas quedaría limitado, afectando el turismo, el comercio local y la recreación, todos sectores clave para la economía de Puerto Rico; además, sin salvaguardas claras, los desarrollos costeros podrían avanzar sin la evaluación técnica necesaria para mitigar inundaciones y otros eventos climáticos extremos.

Puerto Rico lleva décadas con una política pública fragmentada frente a la erosión costera; el Dr. Canals advirtió que la propuesta legislativa representaría un retroceso de más de 50 años en dicha política, mientras el país enfrenta ya la degradación de hábitats y el aumento de vulnerabilidad ante eventos climáticos.

El pasado viernes, decenas de residentes de las urbanizaciones Alturas de Vega Baja y El Rosario marcharon para oponerse a la construcción de una antena de telecomunicaciones en un mogote de la zona. Los manifestantes pidieron al Tribunal Supremo de Puerto Rico que reconsidere su decisión y ordene la paralización del proyecto.

Los residentes advierten que la construcción causaría un impacto ambiental irreversible sobre un ecosistema que sirve de hábitat para diversas especies, además de posibles efectos sobre la salud y una disminución en el valor de las propiedades cercanas.

El Tribunal Supremo ya había emitido una decisión sobre el proyecto antes de la marcha, lo que llevó a las comunidades a exigir públicamente una reconsideración. A la manifestación se unieron el activista ambiental Alberto de Jesús Mercado (Tito Kayak) y el alcalde de Vega Baja, Marcos Cruz Molina.

La organización Arrecifes Pro Ciudad hizo un llamado urgente a proteger la Reserva Marina Arrecife de la Isla Verde, un ecosistema coralino rodeado de hoteles, carreteras y alcantarillado pluvial en Carolina.

El arrecife enfrenta contaminación continua por su ubicación en un entorno urbano densamente desarrollado, lo que pone en riesgo un ecosistema marino de valor ecológico y cultural para la región.

El llamado se hizo en el marco de la Semana de los Arrecifes de Coral; Arrecifes Pro Ciudad es la organización a cargo del manejo del área protegida.

El sábado 31 de mayo, el Municipio de Mayagüez realizó un operativo de limpieza en el que recolectó aproximadamente 200 toneladas de escombros, material vegetativo y desperdicios en distintos sectores de la ciudad, con la participación de cerca de 150 empleados y 50 vehículos. El operativo se realizó como medida preventiva ante el inicio de la temporada de huracanes 2026, que arranca el 1 de junio.

Los escombros y la vegetación acumulada pueden obstruir drenajes y agravar inundaciones durante eventos atmosféricos; eliminarlos antes de la temporada reduce riesgos para vidas y propiedades en Mayagüez.

La temporada de huracanes en el Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre; aunque los pronósticos para 2026 apuntan a baja actividad, las autoridades meteorológicas advierten que un solo sistema puede causar daños significativos en Puerto Rico.

El 29 de mayo de 2026, la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) y el municipio de Camuy inauguraron el Centro de Usos Múltiples y Resiliencia Plinio Martínez Caraballo en el barrio Santiago, con una inversión de $1.6 millones en fondos estatales.

El centro funcionará como espacio comunitario durante todo el año y como refugio de respuesta ante emergencias atmosféricas, convirtiéndose en el tercer Centro Resiliente del programa de ODSEC en la isla.

El programa de Centros Resilientes de ODSEC busca dotar a comunidades vulnerables de Puerto Rico con infraestructura de preparación ante emergencias; este proyecto fue encaminado por una administración anterior de ODSEC y llevado a término bajo la dirección ejecutiva de Keren Riquelme.

El 30 de mayo de 2026, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández Rodríguez, criticó los continuos retrasos en la reapertura del Parque de las Cavernas del Río Camuy, señalando que desde octubre de 2025 se han hecho múltiples anuncios incumplidos, incluyendo una fecha de apertura fijada para el 22 de abril que tampoco se cumplió. El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, informó que el parque —cerrado desde 2023— abrirá mediante un 'soft opening' con una inversión inicial de $1.4 millones de FEMA, con apertura proyectada ahora para finales de 2026.

El parque es un recurso turístico y económico clave para la zona norte de Puerto Rico, y su cierre prolongado ha generado frustración entre los residentes de Camuy; la inversión anunciada de $1.4 millones contempla solo una apertura parcial, con planes más amplios de desarrollo —campismo, glamping, ecolodge— aún sin fecha concreta.

Las Cavernas del Río Camuy permanecen cerradas desde 2023, y el DRNA ha anunciado en al menos dos ocasiones previas —octubre de 2025 y diciembre de 2025— fechas de reapertura que no se materializaron; el plan de revitalización incluye áreas de campismo, glamping, recorridos extremos y un eventual ecolodge.

El secretario de la Vivienda, Luis Martínez Román, se reunió el 29 de mayo de 2026 con el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, para explorar alternativas al proyecto de $100 millones destinado a reubicar a las 187 familias de Juana Matos, y prometió visitar la comunidad en las próximas semanas.

El compromiso de reunión llega luego de que líderes comunitarios denunciaran meses de silencio oficial, con las familias aún en una zona inundable a días del inicio de la temporada de huracanes el 1 de junio de 2026.

El gobierno federal asignó $100 millones para reubicar a los residentes de Juana Matos, comunidad de Cataño históricamente expuesta a inundaciones; entre las alternativas que se evalúan figura un traslado a Toa Baja.

Un individuo se declaró culpable ante el gobierno federal de construir casas y muelles ilegales, talar mangles y rellenar ilegalmente áreas dentro de la Reserva Natural de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

La declaración de culpabilidad confirma daños directos a un ecosistema estuarino protegido federalmente, cuya restauración completa podría requerir intervención de autoridades locales y federales.

Bahía de Jobos es una reserva natural de investigación estuarina bajo protección federal; casos de encroachment ilegal en zonas costeras protegidas de Puerto Rico han sido documentados con frecuencia a lo largo de los años.

El 29 de mayo de 2026, la senadora Ada Álvarez Conde envió una comunicación oficial al Departamento de Justicia federal solicitando información, supervisión y acción sobre el cumplimiento de acuerdos federales vinculados a la contaminación de cuerpos de agua y deficiencias en la infraestructura sanitaria que afectan el área del Condado y otras comunidades de Puerto Rico.

Las descargas de aguas residuales afectan la salud pública, el ambiente y la calidad de las playas en una de las zonas más visitadas de la isla; la solicitud busca determinar si las medidas correctivas ordenadas bajo acuerdos federales previos fueron completadas y si persisten riesgos ambientales y de salud pública.

El problema de descargas sanitarias en la laguna del Condado es recurrente y fue objeto de acuerdos federales que buscaban corregir deficiencias históricas en el manejo de aguas usadas y escorrentías en Puerto Rico; Álvarez Conde exige transparencia sobre el estado actual de cumplimiento de esos compromisos.

El 30 de mayo de 2026, la iniciativa comunitaria Defensa y Limpieza convocará a creadores de contenido, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos a realizar limpiezas simultáneas en las playas Tres Tubos, Combate, Buyé y La Playuela, en Cabo Rojo. Cada equipo representará a una organización sin fines de lucro y competirá por recolectar la mayor cantidad de desperdicios, con un premio en metálico para la entidad ganadora.

La actividad moviliza recursos privados y voluntarios hacia la protección de costas en el área oeste de Puerto Rico, donde playas como La Playuela forman parte de reservas naturales con valor ecológico reconocido.

La organización Sin Plástico PR, que colabora en el evento, lleva tiempo promoviendo la reducción de desechos y alternativas sostenibles en la isla; iniciativas de este tipo han ganado visibilidad en Puerto Rico ante la acumulación de residuos en zonas costeras.

A días del inicio oficial de la temporada de huracanes, municipios de San Juan, Ponce, Fajardo y Aguadilla informaron medidas preventivas que incluyen mejoras en infraestructura pluvial, compra de generadores y baterías solares, y la creación de fondos de emergencia millonarios. San Juan separó $5 millones y Aguadilla $2 millones, mientras Aguadilla también inaugurará nuevas instalaciones para su Centro de Operaciones de Emergencia.

Los planes buscan proteger a residentes dependientes de equipos médicos eléctricos y comunidades vulnerables a inundaciones, sectores que históricamente han sufrido las consecuencias más graves durante emergencias. La NOAA proyecta para 2026 entre ocho y trece tormentas con nombre y hasta tres huracanes mayores.

Puerto Rico enfrenta cada temporada ciclónica retos estructurales en el suministro de agua potable y energía eléctrica que se agravan durante eventos atmosféricos; varias comunidades del sur y el este de la isla padecen problemas recurrentes de turbidez y falta de agua incluso fuera de emergencias declaradas.

Cinco residentes de Puerto Rico se declararon culpables ante el tribunal federal por violaciones a la Ley del Tratado de Aves Migratorias, admitiendo haber capturado, vendido e intercambiado ilegalmente especies como patos Bahama Pintail, gansos canadienses y palomas coronadas blancas, entre otras. Las declaraciones de culpabilidad ocurrieron entre el 5 de marzo y el 22 de mayo de 2026.

Los cinco acusados —Héctor Rivera González, Ricardo Morales-Colón, Derline Cordero-Galloza, Ezequiel Muñiz-Salas y Edison Pérez-Collado— enfrentan penas de hasta cinco años de prisión, con sentencias programadas entre junio y agosto de 2026. El caso evidencia un mercado ilegal activo de fauna protegida operado a través de grupos privados en internet.

La Ley del Tratado de Aves Migratorias es una ley federal estadounidense que protege cientos de especies de aves entre Estados Unidos y otros países; su violación es perseguida por el Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre. El caso fue radicado bajo los números criminales 25-503 y 25-504 en el Distrito de Puerto Rico.

El comisionado residente Pablo José Hernández anunció el 28 de mayo de 2026 que gestiones suyas ante el Senado federal lograron incluir en H.R. 1 el restablecimiento permanente del nivel histórico del programa rum cover-over, lo que representaría más de $110 millones adicionales anuales para Puerto Rico, de los cuales cerca de $15 millones irían al Fideicomiso Para la Naturaleza.

El aumento permanente del reembolso federal del arbitrio del ron ampliaría el financiamiento disponible para conservación de ecosistemas y patrimonio histórico en la isla sin requerir fondos propios del gobierno de Puerto Rico.

El rum cover-over es un mecanismo federal que devuelve a Puerto Rico una porción de los impuestos cobrados sobre el ron producido en la isla y vendido en Estados Unidos; su nivel de reembolso ha sido objeto de negociaciones legislativas en el Congreso en años recientes.

El presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, presentó el 26 de enero de 2026 el PC 1079, que propone enmendar la Ley 292 de 1999 y su Plan de Protección de la Zona del Karso (PRAPEC) para reemplazar el enfoque de conservación por uno de aprovechamiento y desarrollo económico. La organización Ciudadanos del Karso alertó públicamente sobre la medida en los días recientes.

La zona kárstica abarca municipios desde Aguadilla hasta Dorado y recarga los acuíferos que proveen agua potable a gran parte de Puerto Rico; según la organización, los daños a esa fisiografía son irreversibles. El artículo 8 del proyecto incluye lenguaje que, a juicio de los críticos, anularía toda limitación a la propiedad privada dentro de la zona delimitada.

La Ley 292 de 1999 surgió de un estudio de ocho años del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que identificó áreas hidrológicas, ecológicas y geológicas críticas, y produjo un reglamento detallado que regula qué se puede construir y dónde en el karso. El PC 1079 reduciría el rol del DRNA y añadiría a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) como actores en el proceso.

La gobernadora Jenniffer González declaró el 27 de mayo de 2026 un estado de emergencia para atender la erosión costera crítica en la costa norte de Puerto Rico, incluyendo el municipio de Loíza, donde residentes han sido evacuados y tramos de carreteras costeras han caído al mar.

La orden ejecutiva permitirá a la administración acelerar proyectos de protección de recursos naturales y comunidades costeras vulnerables expuestas al aumento del nivel del mar, marejadas y otros factores que han intensificado la erosión.

El gobierno señaló que el alza en los niveles del mar, las marejadas ciclónicas y otros factores han agravado la erosión costera en Puerto Rico; comunidades del norte de la isla han sido de las más afectadas por estas condiciones en años recientes.

La Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó por unanimidad una resolución en rechazo al proyecto Esencia, medida presentada por la legisladora municipal del MVC Carmen Nelly Díaz Adorno y respaldada por legisladores de mayoría popular.

La resolución advierte que el proyecto —que incluiría más de 1,130 residencias de lujo, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado en unas 1,549 cuerdas en Cabo Rojo— amenazaría manglares, praderas marinas y hábitats de especies protegidas como el manatí y el pelícano pardo, además de zonas arqueológicas.

Esencia propone un desarrollo de lujo valorado entre $2 millones y $20 millones por residencia en el sector Los Pozos de Boquerón, colindante con la Reserva Natural de Boquerón; la oposición ha movilizado a comunidades, organizaciones ambientales y ahora cuerpos legislativos de municipios fuera de Cabo Rojo.

El jueves 28 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) informó que Aguada, Lares, Moca y San Sebastián permanecen bajo advertencia de inundaciones hasta las 6:00 de la tarde, con acumulaciones detectadas de entre 1 y 2 pulgadas y cantidades adicionales de hasta 1 pulgada más proyectadas. El SNM exhortó a la ciudadanía a no cruzar carreteras inundadas, señalando que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

Las condiciones detectadas por radar Doppler elevan el riesgo de inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y acumulación de agua sobre carreteras en la región noroeste, afectando la seguridad vial y comunitaria.

El día anterior, el 27 de mayo, el SNM había emitido advertencias para nueve municipios del oeste —incluyendo Camuy, Isabela, Quebradillas, Añasco y Rincón— ante un episodio similar de lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas. Los municipios del noroeste acumulan historial de inundaciones recurrentes, agravadas por infraestructura de drenaje deteriorada.

Municipios de San Juan, Ponce, Fajardo y Aguadilla informaron medidas preventivas de cara a la temporada de huracanes que inicia en 2026, incluyendo mejoras en infraestructura pluvial, compra de generadores y baterías solares, preparación de refugios y fondos de emergencia que van desde $2 millones en Aguadilla hasta $5 millones en San Juan. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos proyectó entre ocho y 13 tormentas con nombre para la temporada, con un 70% de confianza en sus estimados.

Los planes municipales buscan reducir la dependencia de ayuda externa para comunidades vulnerables a inundaciones y residentes que dependen de equipos médicos eléctricos, sectores que históricamente han sufrido las consecuencias más graves durante emergencias. Aguadilla, por ejemplo, tiene reservas de alimentos y agua para unos 45 días y ha distribuido cerca de 200 sistemas de baterías solares a personas encamadas.

Puerto Rico enfrenta cada temporada ciclónica con infraestructura de agua y energía que registra interrupciones frecuentes, vulnerabilidad que quedó expuesta de manera severa durante huracanes anteriores y que ha impulsado a los municipios a desarrollar capacidades propias de respuesta y mitigación.

La Organización Meteorológica Mundial y la Oficina Meteorológica del Reino Unido publicaron proyecciones que indican un 75% de probabilidad de que la temperatura global promedio entre 2026 y 2030 supere los 1.5 grados Celsius sobre niveles preindustriales, umbral acordado en el Acuerdo de París de 2015.

Superar ese umbral aumenta la probabilidad de muertes, extinción de especies y daños irreversibles a ecosistemas como arrecifes de coral y glaciares; el Ártico podría calentarse casi 1.66 grados Celsius adicionales antes de 2030, y el Amazonas enfrentaría sequías e incendios que debilitarían las defensas naturales del planeta.

El Acuerdo de París de 2015 estableció el límite de 1.5 grados Celsius —promediado en 20 años— como barrera para evitar los peores efectos del cambio climático; un informe científico posterior de la ONU documentó que superar ese nivel intensifica fenómenos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, presentó el PC 1079 el 26 de enero de 2026, una medida que enmendaría la Ley 292 de 1999 para sustituir la política pública de protección y conservación de la zona kárstica por una de "aprovechamiento y manejo". La organización Ciudadanos del Karso alertó públicamente sobre el proyecto tras señalar que la medida pasó desapercibida por semanas.

La zona kárstica cubre municipios desde Aguadilla hasta Dorado y recarga los acuíferos que abastecen de agua a gran parte de la isla; Ciudadanos del Karso advierte que los daños a esa fisiografía son irreversibles y que el PC 1079 eliminaría protecciones basadas en un estudio científico que tomó ocho años completar. El artículo 8 del proyecto incluiría lenguaje que impediría imponer limitaciones sobre propiedades privadas dentro de la zona delimitada, lo que según la organización vaciaría de contenido cualquier regulación ambiental.

La Ley 292 de 1999 ordenó al DRNA realizar un estudio hidrológico, ecológico y geológico de la zona kárstica, resultado del cual surgió el PRAPEC, reglamento que establece qué actividades se permiten y en qué áreas; la ley protege también terrenos de alto valor agrícola y hábitat de especies en peligro como la cotorra puertorriqueña, el sapo concho y el guabairo. El PC 1079 transferiría las facultades del DRNA a la Junta de Planificación e incorporaría a la OGPE y al DDEC en el proceso de permisos.

La Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó por unanimidad una resolución en rechazo al megaproyecto Esencia, propuesto para Cabo Rojo, a iniciativa de la legisladora municipal del MVC Carmen Nelly Díaz Adorno y con el respaldo de legisladores de mayoría popular.

La resolución suma una nueva voz institucional a la oposición contra un desarrollo que propone más de 1,130 residencias de lujo, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado en unas 1,549 cuerdas del sector Los Pozos de Boquerón, cerca de la Reserva Natural de Boquerón.

Esencia ha generado oposición por sus potenciales efectos sobre manglares, praderas marinas y hábitats de especies protegidas como el manatí y el pelícano pardo, además de zonas arqueológicas e históricas en Cabo Rojo; la resolución de Trujillo Alto refleja que el rechazo al proyecto se extiende más allá del municipio directamente afectado.

El miércoles 27 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González declaró un estado de emergencia para atender la erosión costera que afecta la costa norte de Puerto Rico, mediante una orden ejecutiva que busca acelerar proyectos de protección.

La medida permitirá a su administración actuar con mayor rapidez para proteger recursos naturales y comunidades costeras vulnerables, incluyendo Loíza, donde residentes han sido evacuados y tramos de carreteras costeras han caído al mar.

El gobierno atribuye la agudización del problema al aumento en los niveles del mar, marejadas ciclónicas y otros factores que han intensificado la erosión costera en la isla a lo largo de los años recientes.

Greenpeace desplegó una pancarta con el mensaje "Escuchen a la ciencia" a 2,315 metros de profundidad en el fondo marino del Ártico, en el marco de la expedición científica "Deep Arctic" iniciada a principios de mayo de 2026 con investigadores de España, Suecia, Alemania y Noruega. La organización exige a los líderes mundiales implementar el Tratado Global de los Océanos y cumplir el compromiso de proteger el 30 % de los espacios naturales para 2030.

La acción busca presionar a los gobiernos antes de la primera Conferencia de las Partes de Océanos, programada para enero de 2027, donde se espera que presenten propuestas concretas de santuarios marinos. El Ártico es una de las regiones del planeta que más rápido cambia por el impacto del cambio climático, y la expansión de actividades como la minería submarina amenaza ecosistemas considerados irreemplazables por la comunidad científica.

En 2024, el gobierno noruego abrió la zona donde se encuentra la expedición a la minería submarina; los planes se detuvieron un año después tras protestas de organizaciones ecologistas, pescadores, la comunidad científica y partidos de oposición en Noruega. La expedición explora la Dorsal Mesoatlántica Ártica, incluyendo el campo de fuentes hidrotermales conocido como el 'Castillo de Loki', considerado por científicos un posible origen de vida compleja en la Tierra.

El miércoles 27 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió advertencias de inundaciones para nueve municipios del oeste de Puerto Rico —Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, San Sebastián, Aguada, Añasco y Rincón— debido a lluvias con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas, con cantidades adicionales de hasta 2 pulgadas más. El SNM exhortó a la ciudadanía a no cruzar carreteras inundadas, señalando que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurre dentro de vehículos.

Las condiciones pueden causar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y acumulación de agua en zonas de pobre drenaje, con riesgo que el SNM califica de limitado a elevado. A esto se suma la llegada de polvo del Sahara a partir de esta noche, que podría reducir la calidad del aire y la visibilidad, con afectación particular para grupos sensitivos.

La inestabilidad obedece a una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera que mantiene temperaturas más frías de lo normal en altura, combinada con humedad por encima de lo normal prevista al menos hasta el jueves. Los vientos que mueven los aguaceros han disminuido respecto a principios de semana, lo que favorece mayores acumulaciones localizadas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, presentó el PC 1079 el 26 de enero de 2026, una medida que enmendaría la Ley 292 de 1999 para cambiar la política pública de protección del karso a una de "aprovechamiento y manejo". La organización Ciudadanos del Karso advirtió que el proyecto debilitaría el PRAPEC, reduciría las áreas protegidas y transferiría facultades del DRNA a la Junta de Planificación, la OGPE y el DDEC.

La zona kárstica cubre municipios desde Aguadilla hasta Dorado y es la principal área de recarga de los acuíferos que abastecen agua potable a Puerto Rico; cualquier daño a esa fisiografía es, según la propia Ley 292, irreversible. Ciudadanos del Karso señala que el artículo 8 del proyecto introduciría lenguaje que impediría imponer limitaciones sobre la propiedad privada dentro de la zona delimitada, vaciando de contenido las restricciones de uso.

La Ley 292 de 1999 ordenó al DRNA un estudio de ocho años sobre el karso antes de que la Junta de Planificación elaborara el PRAPEC, un reglamento detallado que identifica áreas hidrológicas, ecológicas y geológicas sensibles, así como terrenos de alto valor agrícola y hábitat de especies en peligro como la cotorra puertorriqueña, el sapo concho y el guabairo. El PC 1079 propone reescribir esa base sin presentar un estudio científico equivalente.

El creador de contenido José Morales, conocido como 'Gongo Fishing PR', acudió el 27 de mayo de 2026 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para radicar nuevamente permisos relacionados al manejo de especies invasoras, luego de que la agencia no localizara los documentos radicados anteriormente.

Morales lleva aproximadamente un año y medio esperando la permisología especial que le permitiría trabajar formalmente con especies como la pitón reticulada, lo que ilustra las demoras en los procesos administrativos del DRNA para atender solicitudes de manejo de fauna invasora.

A principios de mayo de 2026, Morales publicó un video denunciando la falta de respuesta de agencias gubernamentales sobre sus permisos; en ese momento descartó tener controversia con el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y señaló también acercamientos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Compañía de Turismo.

La Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó por unanimidad una resolución en rechazo al megaproyecto Esencia, propuesto para el sector Los Pozos de Boquerón en Cabo Rojo. La medida fue presentada por la legisladora municipal del MVC Carmen Nelly Díaz Adorno y respaldada por legisladores de mayoría popular.

La resolución advierte que Esencia —que contempla más de 1,130 residencias de lujo valuadas entre $2 millones y $20 millones, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado en unas 1,549 cuerdas— amenazaría ecosistemas sensibles cerca de la Reserva Natural de Boquerón, incluyendo manglares, praderas marinas y hábitats del manatí y el pelícano pardo.

Esencia ha generado oposición creciente en distintos sectores del país; la aprobación de esta resolución en un municipio ajeno a Cabo Rojo ilustra cómo el debate sobre el proyecto se ha extendido más allá de la región directamente afectada.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó la Orden Ejecutiva 2026-27 declarando estado de emergencia por la erosión costera que afecta las Parcelas Suárez en Loíza y otras comunidades de la costa norte de Puerto Rico. La medida instruye al DRNA, la OGP y la AAFAF a ejecutar de forma inmediata proyectos de mitigación y facilitar recursos operacionales.

La declaración permite acelerar contrataciones y proyectos que de otro modo requerirían procesos administrativos más lentos, ante un riesgo que la propia gobernadora describió como real e inminente para cientos de familias costeras. En Loíza, residentes han sido desalojados y tramos de carreteras costeras han colapsado hacia el mar tras fuertes marejadas.

Las Parcelas Suárez enfrentan erosión crónica agravada por el aumento en el nivel del mar y marejadas recurrentes; a principios de 2026 una marejada volvió a romper la carretera comunitaria y obligó a desalojar residentes. La alcaldesa Julia Nazario ha presionado reiteradamente por medidas urgentes, aunque una propuesta municipal de revestimiento de rocas fue rechazada por el DRNA por posibles daños ambientales.

Greenpeace desplegó una pancarta con el mensaje "Escuchen a la ciencia" a 2,315 metros de profundidad en el fondo marino del Ártico, en el marco de la expedición científica "Deep Arctic" que inició a principios de mayo de 2026 con investigadores de España, Suecia, Alemania y Noruega. La organización califica la acción como la protesta a mayor profundidad de la historia.

La acción busca presionar a los líderes mundiales para que implementen el Tratado Global de los Océanos y cumplan el compromiso de proteger el 30 % de los espacios naturales para 2030, incluyendo la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. La expedición también recoge evidencia científica en una zona que Noruega abrió a la minería submarina en 2024, planes que se detuvieron un año después tras protestas generalizadas.

La expedición opera sobre la Dorsal Mesoatlántica Ártica, entre Noruega y Groenlandia, y explora el campo hidrotermal conocido como 'Castillo de Loki', considerado por la comunidad científica un posible origen de vida compleja en la Tierra. La primera Conferencia de las Partes del Tratado de los Océanos está programada para enero de 2027.

Un estudio publicado el miércoles en la revista Nature concluye que, a medida que el cambio climático genera más aire inestable de alta energía, las tormentas con granizo de tamaño superior al de una canica grande aumentarán entre un 38% y un 47% para finales de siglo, según el nivel de emisiones globales.

El granizo ya le cuesta a Estados Unidos unos 10,000 millones de dólares al año y alrededor de 80,000 millones a escala mundial; las piedras más grandes caen con mayor fuerza y los estándares de construcción actuales no están diseñados para resistirlas.

El coautor del estudio, John Allen, profesor de meteorología en la Universidad Central de Michigan, advierte que en años recientes se han registrado piedras de granizo récord, y que las normas de diseño para viviendas —tanto en Estados Unidos como internacionalmente— no contemplan este riesgo creciente.

La secretaria de Estado Rosachely Rivera y el secretario del DRNA Waldemar Quiles anunciaron el 27 de mayo de 2026 la compra de $1,533,223 en equipo para el Cuerpo de Vigilantes, incluyendo 21 patrullas Dodge Durango, 350 pistolas Glock estandarizadas y 50 tabletas con conectividad LTE. Los fondos provienen del Puerto Rico Science, Technology & Research Funds.

Por primera vez en la historia del Cuerpo de Vigilantes, la totalidad del personal contará con el mismo armamento reglamentario, eliminando un reto logístico que complicaba operaciones de emergencia; los nuevos vehículos y tabletas amplían la capacidad de patrullaje terrestre, marítimo y costero.

Hasta esta adquisición, los vigilantes del DRNA operaban con una mezcla de modelos y marcas de armas de fuego, lo que dificultaba la compatibilidad de recursos y el entrenamiento táctico uniforme.

El PC 1079, presentado el 26 de enero de 2026 por el presidente de la Cámara Carlos "Johnny" Méndez, propone enmendar la Ley 292 de 1999 para sustituir la política de protección y conservación de la zona kárstica por una de aprovechamiento y manejo. La organización Ciudadanos del Karso advierte que la medida elimina referencias científicas y geográficas clave del PRAPEC, transfiere facultades del DRNA a la JP y la OGPE, e incluye lenguaje que blindaría la propiedad privada de cualquier limitación dentro de la zona delimitada.

La zona kárstica abarca municipios como Aguadilla, Arecibo, Dorado, Manatí y Vega Baja, entre otros, y recarga los acuíferos que proveen agua potable a gran parte del norte de Puerto Rico; Ciudadanos del Karso señala que los daños a esas formaciones son irreversibles. La medida también pondría en riesgo terrenos de alto valor agrícola y hábitat de especies en peligro de extinción como la cotorra puertorriqueña, el sapo concho y el guabairo.

La Ley 292 de 1999 surgió de un estudio de ocho años del DRNA sobre la fisiografía kárstica y dio origen al PRAPEC, un reglamento detallado que delimita qué actividades son permitidas en cada área. Ciudadanos del Karso señala que el PC 1079 no presenta estudio ni evidencia científica que justifique los cambios, y lo sitúa en un momento en que se anuncian varios megaproyectos dirigidos a compradores de alto poder adquisitivo en zonas como Dorado, Vega Alta y Maunabo.

El 27 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología activó advertencias de inundaciones para nueve municipios del oeste de Puerto Rico —Aguada, Añasco, Rincón, Camuy, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián— ante lluvias fuertes con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas, y posibles 2 pulgadas adicionales. Además, el SNM alertó que polvo del Sahara comenzaría a llegar esa noche y permanecería al menos hasta el fin de semana, provocando cielos brumosos y posible reducción en la calidad del aire.

Las condiciones podrían causar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y acumulación de agua en carreteras, con riesgo de muerte para quienes intenten cruzar vías inundadas en vehículo. La llegada del polvo del Sahara añade un riesgo adicional para grupos sensitivos por la reducción en la calidad del aire.

El SNM había identificado desde temprano ese día que la disminución de los vientos que mueven los aguaceros —en comparación con principios de semana— permitiría mayores acumulaciones de lluvia en sectores puntuales; para el viernes se esperaba un patrón más seco y estable.

El 27 de mayo de 2026, el creador de contenido José Morales («Gongo Fishing PR») acudió al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para radicar por segunda vez permisos relacionados al manejo de especies invasoras, luego de que la agencia no encontrara los documentos radicados anteriormente.

Morales lleva aproximadamente un año y medio esperando la permisología especial que le permitiría trabajar formalmente con especies como la pitón reticulada, lo que refleja demoras en el proceso administrativo del DRNA para atender solicitudes vinculadas al manejo de fauna invasora.

A principios de mayo de 2026, Morales publicó un video denunciando la falta de respuesta de agencias gubernamentales sobre estos permisos; en esa ocasión descartó tener controversia directa con el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y señaló acercamientos paralelos con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó por unanimidad una resolución en rechazo al megaproyecto Esencia, propuesto para construir más de 1,130 residencias de lujo, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado en aproximadamente 1,549 cuerdas en el sector Los Pozos de Boquerón, Cabo Rojo. La medida fue presentada por la legisladora municipal del MVC Carmen Nelly Díaz Adorno y respaldada por legisladores de mayoría popular.

La resolución advierte que el proyecto amenazaría ecosistemas sensitivos cercanos a la Reserva Natural de Boquerón —incluyendo manglares, praderas marinas y hábitats del manatí y el pelícano pardo— así como recursos arqueológicos y zonas de alto valor histórico en Cabo Rojo. El rechazo desde un municipio ajeno a Cabo Rojo indica que la oposición al proyecto se extiende más allá del área directamente afectada.

Esencia es un desarrollo de residencias de lujo valoradas entre $2 millones y $20 millones cada una, orientado a compradores de alto poder adquisitivo, que ha generado controversia por su escala y su ubicación en terrenos costeros sensibles del suroeste de Puerto Rico.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el martes 26 de mayo de 2026 una advertencia de inundaciones para Luquillo y Río Grande vigente hasta las 5:30 de la tarde, tras detectar lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas.

El SNM advierte que las condiciones podrían provocar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y agua sobre carreteras, y recuerda que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

El evento se enmarca en un patrón de humedad por encima de lo normal que se espera persista al menos hasta el miércoles 27 de mayo, con condiciones peligrosas en el mar vigentes para gran parte de las aguas locales y un riesgo elevado de corrientes marinas en playas del norte, este y sureste.

El martes 26 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones para los municipios de Añasco, Las Marías y Mayagüez, vigente hasta las 3:00 de la tarde, tras detectar lluvias fuertes asociadas a tormentas eléctricas con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas.

El SNM proyecta acumulaciones adicionales de entre 1 y 3 pulgadas, con riesgo de inundaciones urbanas, aumentos en quebradas y afectaciones en zonas de pobre drenaje; la agencia advirtió que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

Las condiciones responden a humedad por encima de lo normal y una vaguada en niveles altos de la atmósfera; el patrón de aguaceros e inundaciones se espera continúe al menos hasta el miércoles, con advertencias adicionales vigentes para embarcaciones pequeñas y alto riesgo de corrientes marinas en playas del norte, este y sureste.

El 27 de mayo de 2026, Greenpeace desplegó una pancarta con el mensaje "Escuchen a la ciencia" a 2.315 metros de profundidad en el fondo marino del Ártico, frente al campo de fuentes hidrotermales conocido como 'Castillo de Loki', en el marco de la expedición 'Deep Arctic'. La acción exige a los líderes mundiales implementar el Tratado Global de los Océanos y cumplir el compromiso de proteger el 30 % de los espacios naturales para 2030.

Greenpeace califica la acción como la protesta a mayor profundidad en la historia, y la enmarca en la urgencia de que los gobiernos lleguen con propuestas concretas a la primera Conferencia de las Partes de Océanos, prevista para enero de 2027. La zona donde se realizó la expedición fue abierta por Noruega a la minería submarina en 2024, aunque esos planes se detuvieron en 2025 tras presión de ecologistas, pescadores y científicos.

La expedición científica de un mes, iniciada a principios de mayo de 2026 con investigadores de España, Suecia, Alemania y Noruega, tiene como objetivo explorar ecosistemas de aguas profundas en la Dorsal Mesoatlántica Ártica y recopilar evidencias para exigir la creación de áreas marinas protegidas. El 'Castillo de Loki', donde se desplegó la pancarta, es descrito por la comunidad científica como un posible origen de formas de vida complejas en la Tierra.

Investigadores del ICM-CSIC e IQAC-CSIC publicaron en The Journal of Physical Chemistry Letters un estudio que identifica los mecanismos moleculares que impiden la degradación enzimática del PET cristalino: el costo energético que requiere la enzima para encajar con las cadenas de polímero compactas es, según los autores, prohibitivo.

El PET está presente en millones de toneladas de residuos plásticos globales, y las enzimas desarrolladas durante dos décadas solo degradan su porción más blanda; comprender la barrera estructural permite ahora redirigir el diseño biotecnológico hacia enzimas que sí puedan cerrar el ciclo del reciclaje.

La degradación enzimática del plástico lleva dos décadas en desarrollo científico, pero los productos comerciales de PET tienen un alto grado de cristalinidad que las herramientas actuales no pueden procesar, un obstáculo que hasta este estudio no estaba caracterizado a nivel molecular.

El creador de contenido José Morales, conocido como 'Gongo Fishing PR', acudió el martes 27 de mayo de 2026 al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para radicar por segunda vez permisos relacionados al manejo de especies invasoras, luego de que la agencia no encontrara los documentos radicados anteriormente.

El caso evidencia demoras burocráticas en la tramitación de permisos especiales para el manejo de especies invasoras como la pitón reticulada, un asunto con implicaciones para el control ambiental en Puerto Rico.

Morales lleva cerca de un año y medio esperando la permisología necesaria para trabajar formalmente con especies invasoras; a principios de mayo de 2026 publicó un video denunciando públicamente la falta de respuesta de agencias gubernamentales, aunque aclaró que no tiene controversia con el secretario del DRNA, Waldemar Quiles.

La gobernadora Jenniffer González firmó el proyecto PS 310, ahora Ley 82 del 2026, que obliga a cualquier persona, entidad o municipio a depositar una fianza equivalente al 10% del valor total de un proyecto de construcción o permiso antes de presentar una querella legal o administrativa. La ley también le reduce autoridad a los municipios sobre la clasificación de terrenos rústicos especialmente protegidos y faculta a la Junta de Planificación a modificar esa clasificación si el proyecto cumple con alguno de cinco criterios amplios, entre ellos ser declarado "estratégico", "prioritario" o "estructura crítica".

Organizaciones ambientales, comunitarias y expertos en derecho señalan que la fianza del 10% crea una barrera económica que impediría a ciudadanos y comunidades acceder a los tribunales para cuestionar proyectos de desarrollo, mientras que la flexibilización de protecciones sobre suelos rústicos abre esos terrenos a desarrollos mediante categorías legales que critican como discrecionales y ambiguas.

El profesor Pedro Saadé Lloréns, litigante veterano en asuntos ambientales, identificó al menos dos posibles bases de impugnación constitucional: violación al debido proceso de ley por el requisito de la fianza y posible conflicto con la disposición constitucional que protege los recursos naturales de Puerto Rico; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, también se expresó públicamente contra la parte de la ley que afecta la autonomía municipal sobre terrenos protegidos.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el martes 26 de mayo de 2026 una advertencia de inundaciones para Luquillo y Río Grande, vigente hasta las 5:30 de la tarde, tras detectar lluvias fuertes con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas asociadas a tormentas eléctricas.

Las condiciones podrían generar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y agua sobre carreteras; el SNM advirtió que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

El aviso se produce en un contexto de humedad por encima de lo normal en Puerto Rico, con condiciones ventosas desde el este y advertencias vigentes para embarcaciones pequeñas en gran parte de las aguas locales, así como alto riesgo de corrientes marinas en playas orientadas al norte, este y sureste.

El 25 de mayo de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de viento para todo el archipiélago, vigente hasta las 8:00 p.m., con ráfagas proyectadas de hasta 40 millas por hora especialmente en el este. La agencia advirtió sobre posibles daños a objetos no asegurados, caída de ramas e interrupciones aisladas en el servicio eléctrico.

Los vientos fuertes combinados con corrientes marinas peligrosas activas en playas del norte, este y sureste elevan el riesgo de accidentes; en lo que va de 2026, más de una docena de personas han muerto en playas locales. Entre el martes y el miércoles, el ingreso de una onda tropical aumentará la humedad e inestabilidad, incrementando el riesgo de inundaciones urbanas, particularmente en el oeste e interior del archipiélago.

El NWS atribuye las condiciones ventosas a un sistema de alta presión que mantiene una fuerte diferencia de presión sobre el noreste del Caribe, con vientos por encima de lo normal en zonas costeras y áreas elevadas. Las advertencias para operadores de embarcaciones pequeñas permanecen activas para gran parte de las aguas locales.

El martes 26 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología amplió las advertencias de inundaciones para incluir los municipios del norte —Arecibo, Barceloneta, Florida y Manatí, vigente hasta las 4:30 de la tarde— además de mantener la advertencia previa para Añasco, Las Marías y Mayagüez hasta las 3:00 de la tarde, tras registrar acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas por tormentas eléctricas.

El SNM proyecta lluvias adicionales de entre 1 y 3 pulgadas que podrían causar inundaciones urbanas, desbordamiento de quebradas y afectaciones en zonas de pobre drenaje en al menos siete municipios; la agencia advirtió que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

Las advertencias cubren tanto el corredor oeste como partes del norte de la isla, regiones históricamente vulnerables a inundaciones rápidas durante episodios de lluvias intensas asociadas a tormentas eléctricas.

Investigadores del ICM-CSIC e IQAC-CSIC publicaron en The Journal of Physical Chemistry Letters que el principal obstáculo para la degradación enzimática del plástico PET en su forma cristalina es el costo energético prohibitivo que requiere la enzima para acoplarse a las cadenas de polímero compactas.

El PET cristalino representa la mayoría de los productos comerciales de plástico, y entender esta limitación estructural permite a los científicos redirigir el esfuerzo hacia el diseño de enzimas modificadas que hagan posible un reciclaje circular completo, reduciendo la dependencia del plástico virgen derivado del petróleo.

La ciencia lleva dos décadas intentando perfeccionar enzimas que descompongan el PET, pero hasta ahora solo funcionaban en la porción más blanda del material, dejando sin solución la fracción cristalina que predomina en botellas y envases comerciales.

Un incendio en el vertedero de Vega Baja, registrado el domingo 25 de mayo de 2026, fue controlado en la mañana del lunes por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, aunque el lugar continuaba humeando al mediodía. El acceso limitado para los camiones de bomberos dificultó las labores de extinción en los laterales de la montaña de basura.

Las llamas fueron visibles desde Vega Alta y otros municipios cercanos, generando alarma en comunidades aledañas; la columna de humo representa un riesgo de calidad del aire para los residentes del área. No se reportaron heridos, y las causas del incendio no habían sido determinadas al momento del informe.

No es el primer incendio en este relleno sanitario: en 2019 y en 2022 se registraron fuegos similares, siendo el de 2022 uno que tardó varios días en extinguirse. El patrón de incendios recurrentes apunta a condiciones persistentes de riesgo en las instalaciones.

Organizaciones ambientales, comunitarias y sectores profesionales rechazaron la Ley 82-2026, firmada por la gobernadora Jenniffer González, que impone una fianza del 10% del valor de cualquier proyecto de construcción como requisito para presentar querellas legales o administrativas y le resta autoridad a los municipios sobre la clasificación de terrenos rústicos especialmente protegidos. El profesor de Derecho Ambiental Pedro Saadé Lloréns identificó al menos dos bases posibles para impugnar la ley: la violación al debido proceso por restringir el acceso a los tribunales y la posible contradicción con la protección constitucional de los recursos naturales.

La fianza del 10% aplicaría a cualquier persona, entidad o municipio que intente impugnar un permiso de construcción, lo que expertos describen como una barrera económica que podría disuadir la fiscalización ciudadana y municipal; además, la ley amplía la discreción de la Junta de Planificación para reclasificar suelos protegidos bajo criterios ambiguos como proyectos "estratégicos" o "prioritarios", sin definición objetiva en el texto.

La Ley 82-2026 se suma a un patrón señalado por el Sierra Club de Puerto Rico de debilitamiento progresivo de protecciones ambientales en el archipiélago; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ya había expresado oposición pública a la disposición que afecta la autonomía municipal sobre suelos rústicos, y el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, respaldó recientemente la visión de reducir la cantidad de suelos protegidos en Puerto Rico.

Durante el fin de semana del Vieques Music Fest 2026, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA expidió 90 boletos por violaciones a leyes de navegación, tránsito y uso de áreas recreativas, totalizando $5,200 en multas. El secretario Waldemar Quiles informó además que se realizaron 104 abordajes de embarcaciones en la zona del festival.

El operativo refleja la tensión entre la concentración masiva de personas en zonas eco sensitivas de Vieques y la capacidad de fiscalización ambiental del Estado; las infracciones más comunes incluyeron marbetes de navegación vencidos y estacionamiento en áreas protegidas.

El DRNA había desarrollado un plan de patrullaje preventivo anticipado para el evento, lo que indica una coordinación deliberada antes del festival, no una respuesta reactiva.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el 25 de mayo de 2026 una advertencia de viento para todo el archipiélago de Puerto Rico, vigente hasta las 8:00 p.m., con ráfagas previstas de hasta 40 millas por hora especialmente en el este. Un sistema de alta presión mantiene una fuerte diferencia de presión sobre el noreste del Caribe.

Los vientos fuertes podrían desplazar objetos no asegurados, derribar ramas y provocar interrupciones aisladas en el servicio eléctrico; además, las advertencias para embarcaciones pequeñas y el alto riesgo de corrientes marinas peligrosas en playas del norte, este y sureste se mantienen al menos hasta el martes. En lo que va de 2026, más de una docena de personas han muerto en playas locales.

Entre el martes y el miércoles se espera que una onda tropical y una perturbación del este aumenten la humedad atmosférica, elevando el riesgo de inundaciones urbanas y de pequeños cuerpos de agua, con mayor potencial de lluvia en el oeste e interior del archipiélago.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) determinó que aproximadamente uno de cada tres cuerpos de agua o subcuencas en Puerto Rico registra niveles de contaminación que representan riesgo para bañistas, pescadores, la vida silvestre y el suplido de agua potable. La agencia inició el proceso para desarrollar planes de acción correctivos, con énfasis en las cuencas de ríos más impactadas.

La contaminación de esta magnitud amenaza directamente la salud pública y la seguridad del agua potable para una parte significativa de la población de la isla.

El DRNA realiza este análisis de forma bianual con el propósito de identificar los cuerpos de agua más deteriorados y diseñar los planes correctivos requeridos por ley; el diagnóstico actual confirma lo que la agencia describe como un problema de carácter endémico.

El domingo 24 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió una advertencia de inundaciones para Aguada, Añasco, Las Marías, Mayagüez y Rincón, vigente hasta las 5:00 p.m., tras acumulaciones de una a dos pulgadas de lluvia asociadas a tormentas eléctricas.

El NWS advirtió que la lluvia adicional provocará inundaciones menores y que el riesgo se mantendrá elevado al menos hasta mediados de semana, con mar picado y corrientes peligrosas que podrían escalar a riesgo alto el lunes.

El patrón de tiempo respondía a tormentas eléctricas concentradas en el centro y oeste del archipiélago; para el martes se anticipaba un aumento de humedad muy por encima de lo normal para la época, extendiendo la actividad de lluvia intensa.

Portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas denunciaron el 24 de mayo de 2026 que una construcción sin permisos en la comunidad Las Mareas continúa avanzando —con cerca de 500 bloques adicionales transportados el 21 de mayo— a pesar de que el municipio radicó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de Guayama el 21 de abril de 2026. El municipio solicita un injunction, la demolición de la obra y una multa de $14,300 contra los propietarios Miguel Ángel Rivera Díaz y Aracelis Díaz Meléndez.

La Ley 161-2009 exige que el tribunal señale vista en no más de diez días naturales tras presentarse el recurso, pero al 21 de mayo —un mes después— esa vista aún no había sido fijada; mientras tanto, la residencia está prácticamente terminada. El DRNA no avala construcciones en la zona por la presencia de especies protegidas de flora y fauna, según un informe oficial del 27 de marzo de 2026.

Según el legislador municipal del PIP Emilio Nieves Torres, el caso acumula más de un año de querellas, inspecciones y órdenes de cese y desista ignoradas antes de que el municipio acudiera al tribunal. El asesor ambiental del PIP Víctor Alvarado Guzmán señaló que hasta la fecha no ha habido intervención directa del DRNA pese al expediente gubernamental documentado.

La organización Ciudadanos del Karso advirtió el 24 de mayo de 2026 que el Proyecto de la Cámara 1079 podría reducir las protecciones que la Ley 292-1999 otorga al sistema kárstico del archipiélago, incluyendo acuíferos, cuevas y sumideros. La organización exhortó a la ciudadanía a contactar a sus legisladores y solicitar vistas públicas.

El sistema kárstico es la principal fuente de agua subterránea de Puerto Rico y sostiene ecosistemas de alto valor ecológico en múltiples regiones del país. Cualquier reducción en sus protecciones legales tendría implicaciones directas sobre el suministro de agua y la biodiversidad.

La Ley 292-1999 fue aprobada para conservar el karso puertorriqueño y sus recursos naturales asociados. Ciudadanos del Karso lleva más de tres décadas impulsando investigación, educación y defensa ambiental en torno a este sistema.

Zoológicos de San Diego y Brooklyn transportaron miles de renacuajos de sapo concho —anfibio endémico de Puerto Rico— a los bosques del karso del norte de la isla para su reintroducción en hábitat natural.

El sapo concho enfrenta amenazas por destrucción de hábitat y especies invasoras, y su recuperación depende de esfuerzos de reproducción en cautiverio y liberación controlada como este.

El sapo concho es una especie endémica de Puerto Rico considerada en peligro; su conservación ha requerido la colaboración de instituciones zoológicas en el continente para mantener poblaciones en cautiverio y ejecutar reintroducciones.

Desde febrero de 2026, averías sucesivas en el embalse de Carraizo, la planta de filtración Sergio Cuevas, el Superacueducto y tuberías en las avenidas Kennedy y Roberto H. Todd han privado de agua potable a vastos sectores del Área Metropolitana de San Juan. Al cierre de la edición, decenas de miles de residentes seguían sin servicio debido a la rotura de una tubería.

El Área Metropolitana concentra más de 2 millones de personas —dos terceras partes de la población del archipiélago— y la interrupción prolongada del servicio afecta residencias, negocios y la salud pública. La situación es tan grave que el alcalde de San Juan anunció que estudia presentar una acción legal contra la AAA en el Tribunal Federal.

La AAA lleva años operando con infraestructura deteriorada y sin mantenimiento sostenido; el experto en planificación Félix Aponte señala que sucesivos gobiernos ignoraron recomendaciones de estudios técnicos y permitieron un crecimiento residencial y comercial sin la planificación de agua correspondiente, agravando el deterioro del sistema pluvial y de aguas usadas.

La EPA anunció una asignación de $319,000 en fondos federales para que Puerto Rico monitoree la calidad del agua en sus playas y notifique al público cuando niveles elevados de bacterias representen un riesgo para los bañistas.

Los fondos permitirán vigilancia continua de las condiciones del agua y divulgación pública de alertas sanitarias, protegiendo tanto a residentes como a visitantes en un sector clave de la economía turística de la isla.

Los fondos provienen del programa BEACH de la EPA, autorizado por la Ley de Evaluación Ambiental de Playas y Salud Costera (BEACH Act), un mecanismo federal de financiamiento recurrente para estados y territorios costeros.

La EPA asignó $11,407,000 a Puerto Rico bajo el programa Emerging Contaminants in Small or Disadvantaged Communities (EC-SDC) para pruebas, monitoreo y modernización de infraestructura de agua potable frente a sustancias PFAS y otros contaminantes emergentes.

Los fondos permitirán identificar y mitigar la presencia de 'químicos permanentes' —compuestos que no se degradan— en sistemas de agua potable de comunidades pequeñas o desventajadas en Puerto Rico, con impacto directo en la salud pública.

Los PFAS han sido objeto de regulación federal creciente; el programa EC-SDC es parte de una estrategia de la EPA dirigida específicamente a comunidades con menor capacidad para costear pruebas e infraestructura de agua segura.

El secretario del DRNA Waldemar Quiles Pérez reconoció los argumentos detrás de la propuesta del Servicio Forestal federal para cobrar cuotas de entrada en las dos áreas principales del Bosque Nacional El Yunque, aunque aclaró que su agencia no tiene injerencia en esa decisión.

El respaldo implícito del DRNA a la lógica del cobro ocurre mientras la propia agencia evalúa aumentar tarifas en al menos dos áreas recreativas estatales, lo que apunta a un cambio de modelo en el acceso público a espacios naturales en Puerto Rico.

El Servicio Forestal de Estados Unidos administra El Yunque y ha impulsado la propuesta de imponer cuotas recreativas en sus áreas de mayor visita; el DRNA, por su parte, maneja separadamente las áreas recreativas estatales bajo su jurisdicción.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) planifica canalizar el río Piedras, lo que implicaría la expropiación de unas 300 viviendas en Reparto Metropolitano, Puerto Nuevo, Villa Nevares y University Gardens, además del uso de parques comunitarios como áreas de trabajo hasta 2040. Residentes afectados denuncian falta de comunicación formal del USACE, señalando que llevan más de dos años sin reuniones con el organismo.

Cientos de familias —muchas de adultos mayores— enfrentan la pérdida de sus viviendas sin haber recibido información concreta sobre compensación ni reubicación. Documentación presentada en vistas públicas de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara confirma que ya se registraron 22 expropiaciones en la calle 25 de Puerto Nuevo.

La primera reunión comunitaria con el USACE se celebró el 1 de junio de 2023 en la Parroquia San Luis Rey, donde les informaron inicialmente de solo 13 expropiaciones; los mapas del proyecto revelaron un alcance mayor. Residentes y el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) difieren en la terminología —'adquisiciones' versus 'expropiaciones'— pese a que la documentación oficial del DRNA confirma las expropiaciones ya ejecutadas.

El 30 de mayo se celebrará 'Defensa y Limpieza', una jornada de limpieza de playas en Cabo Rojo que reunirá a creadores de contenido, organizaciones sin fines de lucro y voluntarios en las playas Tres Tubos, Combate, Buyé y La Playuela.

La iniciativa busca movilizar a la ciudadanía en torno a la conservación de los recursos naturales de Puerto Rico a través de un formato de competencia amistosa por equipos.

El evento fue impulsado por el creador de contenido Gabo Ramos, quien lo concibe como un vehículo para visibilizar el trabajo de organizaciones sin fines de lucro puertorriqueñas y conectarlo con audiencias digitales.

El 21 de mayo de 2026, la Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó unánimemente una resolución en rechazo al megaproyecto Esencia, una urbanización de lujo propuesta para aproximadamente 1,549 cuerdas en el sector Los Pozos de Boquerón, Cabo Rojo. La medida fue presentada por Carmen Nelly Díaz Adorno, legisladora municipal del Movimiento Victoria Ciudadana, y contó con el respaldo de legisladores de mayoría Popular.

El proyecto contempla más de 1,130 residencias de lujo valoradas entre $2 millones y $20 millones, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado, con una demanda hídrica estimada entre 1.2 y 4 millones de galones diarios que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados determinó que la planta Betances no puede suplir. La resolución también advierte sobre amenazas a ecosistemas protegidos, recursos arqueológicos, desplazamiento de residentes y posible privatización de accesos costeros.

Esencia ha generado oposición en distintos sectores de Puerto Rico por sus impactos sobre la Reserva Natural de Boquerón, manglares, praderas marinas y hábitats de especies protegidas como el manatí y el pelícano pardo; la resolución de Trujillo Alto es una de las expresiones legislativas municipales en ese rechazo creciente.

Desde febrero de 2026, averías sucesivas en el embalse de Carraizo, la planta de filtración Sergio Cuevas, el Superacueducto y tuberías en las avenidas Kennedy y Roberto H. Todd han dejado a decenas de miles de residentes del Área Metropolitana de San Juan sin servicio continuo de agua potable de la AAA. El alcalde de San Juan anunció que pidió a sus abogados estudiar una posible demanda federal contra la AAA por respuesta inadecuada a las emergencias.

La interrupción afecta a una zona donde conviven más de 2 millones de personas —aproximadamente dos terceras partes de la población del archipiélago— y abarca comunidades de perfiles socioeconómicos muy distintos, desde Lloréns Torres y Machuchal hasta Miramar y el Viejo San Juan. A los cortes de agua se suman problemas de sobrefacturación, lecturas defectuosas de contadores y estimaciones arbitrarias de consumo que encarecen aún más el servicio.

La AAA lleva años operando con infraestructura deteriorada y sin mantenimiento sostenido; el planificador Félix Aponte señala que sucesivos gobiernos ignoraron recomendaciones de expertos sobre el sistema pluvial y de aguas usadas. La crisis se suma al colapso de la AEE, privatizada bajo LUMA Energy y GeneraPR, configurando un deterioro simultáneo de las dos principales utilidades públicas del país.

La Agencia de Protección Ambiental federal (EPA) anunció el 22 de mayo de 2026 una asignación de $319,000 a Puerto Rico bajo el programa BEACH Act para monitorear niveles de bacterias en playas y notificar al público cuando las condiciones sean inseguras para bañarse.

Los fondos permitirán mantener vigilancia continua en las costas y emitir alertas oportunas a residentes y turistas, protegiendo la salud pública en un recurso que la gobernadora Jenniffer González Colón describe como motor de la economía turística de la isla.

El programa BEACH Act es un mecanismo federal recurrente que canaliza fondos a estados y territorios para monitorear la calidad del agua costera; esta asignación forma parte de la iniciativa Powering the Great American Comeback impulsada por el administrador de la EPA, Lee Zeldin.

Residentes de Reparto Metropolitano, Puerto Nuevo, Villa Nevares y University Gardens denuncian que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) planifica expropiar unas 300 viviendas como parte de un proyecto de canalización del río Piedras, y que ya se documentaron 22 expropiaciones en la calle 25 de Puerto Nuevo. Las comunidades afectadas señalan que llevan más de dos años sin reuniones formales con el USACE y que la mayor parte de la información ha llegado por medios de prensa.

Cientos de familias, muchas de adultos mayores con décadas de residencia, enfrentan el desplazamiento sin cifras de compensación ni plan de reubicación concreto. Los residentes y el secretario del DRNA han ofrecido versiones contradictorias sobre si los procesos constituyen 'adquisiciones' o expropiaciones formales.

El proyecto de canalización del río Piedras es impulsado por el USACE y requiere el uso de los dos parques principales de Reparto Metropolitano como áreas de trabajo hasta 2040, según lo presentado en mapas comunitarios. Residentes atribuyen las inundaciones recurrentes no al desbordamiento del río sino al mal mantenimiento de alcantarillas y canales por parte de sucesivas administraciones municipales, una postura que contrasta con la justificación federal del proyecto.

El 21 de mayo de 2026, la Legislatura Municipal de Trujillo Alto aprobó unánimemente una resolución en rechazo al megaproyecto Esencia, una urbanización de lujo propuesta para aproximadamente 1,549 cuerdas en el sector Los Pozos de Boquerón, Cabo Rojo. La medida fue presentada por la legisladora municipal del MVC Carmen Nelly Díaz Adorno y respaldada por legisladores de mayoría Popular.

El proyecto contempla más de 1,130 residencias de lujo valoradas entre $2 millones y $20 millones, hoteles, campos de golf, marina y aeropuerto privado, con una demanda estimada de entre 1.2 y 4 millones de galones diarios de agua en una planta —la Betances— que la AAA ya determinó no tiene capacidad suficiente. La resolución también advierte sobre amenazas a ecosistemas protegidos cercanos a la Reserva Natural de Boquerón y el riesgo de desplazamiento de residentes por el alza en costos de vivienda.

El proyecto Esencia ha generado oposición en distintos municipios más allá de Cabo Rojo, con señalamientos sobre impactos ambientales en manglares, praderas marinas y hábitats de especies protegidas como el manatí y el pelícano pardo, así como sobre zonas arqueológicas e históricas de la región.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, defendió el otorgamiento de concesiones a dueños de estructuras en la Reserva Natural La Parguera, Lajas, y aseguró que los concesionarios deberán pagar por el uso de bienes de dominio público.

La medida genera debate sobre el estatus legal de estructuras en zona marítimo terrestre dentro de una reserva natural, con ambientalistas cuestionando si se están relajando las protecciones ambientales del área.

Grupos ambientalistas han denunciado que las concesiones representan una flexibilización de las reglas en La Parguera; Quiles Pérez rechazó esa caracterización y señaló que su agencia actúa sobre el usufructo de dominio público, ámbito que anteriormente no había exigido pago a los ocupantes.

El alcalde Miguel Romero Lugo informó, como parte de la Segunda Cumbre de Preparación Segura, que el Municipio de San Juan ejecuta trabajos de limpieza de alcantarillas, tuberías pluviales y quebradas, además de haber certificado 29 refugios junto al Departamento de Vivienda para atender distintas poblaciones en caso de emergencia.

La temporada de huracanes inicia oficialmente el 1 de junio; las proyecciones preliminares anticipan 13 tormentas con nombre, seis posibles huracanes y al menos dos de categoría mayor, mientras San Juan enfrenta históricamente problemas de inundaciones urbanas ante lluvias intensas.

El municipio mantiene activa la plataforma 'San Juan Va Por Ti', con 4,824 participantes registrados con necesidades especiales o limitaciones de movilidad que podrían requerir asistencia durante una emergencia; los refugios certificados incluyen espacios para personas encamadas conectadas a equipos médicos y personas sin hogar.

La NOAA publicó el 21 de mayo de 2026 su pronóstico oficial para la temporada atlántica de huracanes, proyectando entre 8 y 14 tormentas con nombre, de 3 a 6 huracanes y de 1 a 3 huracanes mayores, con un 55% de probabilidad de una temporada por debajo del promedio. La agencia atribuye la actividad reducida al desarrollo de un El Niño que se prevé se fortalezca considerablemente.

Una temporada por debajo del promedio histórico —que contempla 14 tormentas con nombre, 7 huracanes y 3 huracanes mayores— reduce pero no elimina el riesgo: meteorólogos advierten que un solo sistema que toque tierra puede generar inundaciones catastróficas y pérdidas humanas, lo que exige que Puerto Rico y otras zonas costeras mantengan su nivel de preparación.

El Niño es un fenómeno climático periódico que genera vientos de corte en el Atlántico, lo que históricamente ha limitado la formación y el fortalecimiento de ciclones tropicales; la temporada oficial se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

El profesor y exvicepresidente de la Junta de Planificación Félix Aponte Ortiz describió, en entrevista con CLARIDAD, la historia de las descargas de aguas usadas sin tratar en Puerto Rico: desde la laguna del Condado como pozo séptico en los años setenta hasta las troncales combinadas del área Condado-Isla Verde que hoy siguen vertiendo aguas sanitarias al océano. Aponte Ortiz señaló que la AAA podría desconocer cuánta agua usada maneja realmente, dado que nunca ha realizado un estudio reciente para verificar que las aguas de sus clientes lleguen efectivamente a sus plantas de tratamiento.

Si las troncales pluviales del área metropolitana aún tienen conexiones activas a sistemas sanitarios sin tratar, cada lluvia potencialmente descarga bacterias fecales en quebradas, ríos y el océano, afectando la salud pública y los usos recreativos del litoral. La AAA además enfrenta un acuerdo federal de consentimiento —con la EPA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos— que debió culminar en 2015 y sigue sin resolverse.

La primera planta de tratamiento regional se instaló en Puerto Nuevo en 1957; antes de eso, las aguas usadas de comunidades enteras terminaban crudas en la laguna San José y otros cuerpos de agua. El modelo de sistemas combinados —que mezcla agua pluvial y sanitaria— fue importado de Estados Unidos, donde funciona mejor en ríos de gran caudal como el Hudson, pero resultó inadecuado para las condiciones del litoral metropolitano de Puerto Rico.

Residentes de Reparto Metropolitano, Puerto Nuevo, Villa Nevares y University Gardens denuncian que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USCI) planifica expropiar unas 300 viviendas para canalizar el río Piedras, y que ya se documentaron 22 expropiaciones en la calle 25 de Puerto Nuevo. Los vecinos señalan que el problema de inundaciones se debe al mantenimiento deficiente de alcantarillas y canales, no al río.

Las familias afectadas, muchas de edad avanzada, no han recibido información concreta sobre compensación ni reubicación, y el proyecto podría eliminar parques comunitarios y utilizar áreas verdes como zonas de trabajo hasta 2040. Una vecina reportó haber gastado más de $20,000 de su propio bolsillo reparando un muro colindante con la quebrada.

El USCI celebró una primera reunión con la comunidad el 1 de junio de 2023 en la Parroquia San Luis Rey, donde mencionó inicialmente 13 expropiaciones; desde entonces, según los residentes, el USCI no ha vuelto a reunirse con Reparto Metropolitano. En vistas públicas recientes de la Comisión de Adultos Mayores de la Cámara, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) describió las acciones como 'adquisiciones', pero documentación sometida por el propio DRNA confirma las 22 expropiaciones ya realizadas.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que la EPA asignó $27,456,000 a Puerto Rico a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable para identificar y reemplazar tuberías de plomo en sistemas de agua potable de la isla.

El plomo es una neurotoxina con efectos especialmente graves en niños; los fondos permitirán a comunidades planificar y financiar la remoción de líneas de servicio contaminadas que suministran agua directamente a los hogares.

La asignación forma parte de una distribución nacional de $2.9 mil millones de la EPA bajo la iniciativa 'Making America Healthy Again' de la administración Trump, canalizada a los estados mediante el mecanismo del DWSRF.

El planificador Félix Aponte Ortiz explicó que el sistema de alcantarillado de la zona metropolitana contiene troncales combinadas —diseñadas para agua pluvial— que aún reciben descargas de aguas usadas sin tratamiento, una práctica heredada de antes de que se instalara la primera planta de tratamiento regional en Puerto Nuevo en 1957. Aponte Ortiz señaló además que la AAA podría desconocer cuánta agua usada maneja, debido a salideros e infraestructura deteriorada que desvía el flujo hacia quebradas y ríos antes de llegar a las plantas.

La situación implica que cuerpos de agua como la quebrada Juan Méndez y el río Piedras reciben bacterias de origen sanitario de forma continua, y que la AAA incurre en costos de potabilización sin recuperarlos —la agencia no cobra el 60% del agua que potabiliza— mientras simultáneamente se ahorra gastos de tratamiento cuando el agua usada no llega a sus plantas. La EPA y el Departamento de Justicia federal mantienen a la AAA sujeta a un acuerdo de consentimiento que debió concluir en 2015 pero que ha sido pospuesto por las sucesivas crisis del país.

Antes de 1957, las comunidades metropolitanas descargaban aguas crudas directamente en la laguna San José y la laguna del Condado. El acuerdo de consentimiento federal exigió inversiones millonarias para rehabilitar plantas, tuberías y sistemas de bombeo, pero sigue sin resolverse completamente. Aponte Ortiz advierte que la llegada de decenas de proyectos nuevos en la zona del Condado-Isla Verde agrava la capacidad del sistema existente.

El columnista Marcos Quiñones Otero publicó un artículo de opinión en El Nuevo Día argumentando que decisiones gubernamentales sobre permisos acelerados y flexibilización ambiental están generando riesgos sistémicos en Puerto Rico, independientemente de desastres naturales.

El planteamiento señala que la vulnerabilidad del territorio ya no depende solo de fenómenos climáticos, sino de políticas públicas concretas en materia de desarrollo y fiscalización ambiental.

Puerto Rico ha estado bajo presión para agilizar procesos de permisos y construcción como parte de iniciativas de desarrollo económico y reconstrucción posdesastre, un debate que involucra a agencias reguladoras, legisladores y el sector privado.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que la EPA asignó $27,456,000 a Puerto Rico a través del Fondo Rotatorio Estatal de Agua Potable (DWSRF) para identificar y reemplazar tuberías de plomo en los sistemas de agua potable de la isla.

El plomo es una neurotoxina con efectos especialmente graves en niños; los fondos permitirán a los sistemas de agua locales planificar, identificar y financiar la sustitución de líneas de servicio con plomo en hogares de toda la isla.

La asignación forma parte de un desembolso nacional de $2.9 mil millones anunciado por la EPA bajo la iniciativa 'Making America Healthy Again', y se suma a los $11.4 millones asignados previamente a Puerto Rico bajo el programa EC-SDC para atender contaminantes PFAS, también canalizados a través del DWSRF.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y varias organizaciones ambientales denunciaron que el Proyecto de la Cámara 1079, impulsado por el presidente cameral Carlos "Johnny" Méndez, amenaza con causar daños permanentes en las zonas cársticas al enmendar la Ley 292-1999 para permitir construcciones en esas áreas y priorizar su uso como parte del desarrollo de Puerto Rico.

El karso alberga el sistema de cavernas del río Camuy, los ríos Encantado y Tanamá y el caño Tiburones —el humedal más extenso de Puerto Rico— y es fuente de agua potable para la isla; la medida también anularía la prohibición vigente de construir torres de telecomunicaciones en la zona y dejaría su redefinición geográfica en manos de la Junta de Planificación.

La Ley 292-1999 fue aprobada para conservar la fisiografía cársica y sus recursos hídricos y ecológicos; el PC 1079 propone además consagrar la primacía del disfrute de la propiedad privada por encima de cualquier ley o reglamentación ambiental.

El profesor y exvicepresidente de la Junta de Planificación Félix Aponte Ortiz describió para CLARIDAD la historia del manejo de aguas usadas en Puerto Rico, desde las descargas crudas en la laguna del Condado y la laguna San José hasta los sistemas combinados que aún conectan alcantarillado sanitario con tuberías pluviales en la zona del Condado e Isla Verde. Aponte Ortiz señaló que la AAA podría desconocer cuánta agua usada maneja en sus operaciones y que se beneficia económicamente cuando el agua usada no llega a sus plantas de tratamiento.

Un acuerdo de consentimiento entre la AAA, la EPA y el Departamento de Justicia federal —que debió concluir en 2015— permanece sin cumplirse del todo, y la expansión de nuevos proyectos en la zona agrava la presión sobre una infraestructura sanitaria que aún registra conexiones irregulares y salideros que contaminan quebradas tributarias del río Piedras con bacterias de origen sanitario.

Antes de la primera planta de tratamiento regional, inaugurada en 1957 en Puerto Nuevo, las aguas residenciales se vertían sin tratamiento a la laguna San José, que dependía del ciclo de mareas para drenar hacia la bahía de San Juan. En la década de 1960, el Departamento de Salud ya documentaba los efectos químicos de ese modelo, lo que impulsó la conversión masiva de alcantarillados, aunque el proceso quedó incompleto.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió el martes 19 de mayo una advertencia de inundaciones vigente hasta las 5:00 de la tarde para Aguada, Aguadilla, Moca y San Sebastián, tras detectar lluvias fuertes con acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas asociadas a tormentas eléctricas.

El SNM advirtió que las lluvias pueden causar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas y anegamiento en zonas de pobre drenaje, y recordó que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos al cruzar carreteras inundadas.

El patrón responde a una combinación de vientos del este, calor diurno, convergencia de la brisa marina y un sistema en niveles altos al noroeste de la isla; el SNM señaló que podrían emitirse avisos similares cada tarde durante los próximos días sobre el interior y el oeste de Puerto Rico.

El 19 de mayo de 2026, en vista pública ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, la ACLU de Puerto Rico reiteró su oposición al Proyecto de la Cámara 25, que busca enmendar la definición de la zona marítimo terrestre (ZMT), advirtiendo que favorece desmedidamente el interés privado sobre el público en contravención de la protección constitucional de los recursos naturales. La abogada de Política Pública Lolimar Rodríguez Escudero señaló que la medida debilita la protección costera, facilita reclamos privados sobre terrenos antes bajo dominio público y no contempla el cambio climático ni el aumento del nivel del mar.

La ACLU PR había sometido memoriales ante el Senado desde el 17 de marzo y concluyó que los cambios introducidos al proyecto no atendieron las razones de peso para rechazarlo; la organización recomienda que no sea aprobado. La Cámara ya había aprobado el PC 25 el 27 de enero de 2026, por lo que el Senado representa la última instancia legislativa antes de que la medida pueda convertirse en ley.

La ACLU PR ya había presentado su análisis y oposición ante la Cámara antes de que ese cuerpo aprobara el proyecto. En rondas anteriores de vistas también depusieron en contra el Instituto de Investigación y Planificación Costera, el Puerto Rico Sea Grant Program de la UPR Mayagüez y la Hispanic Federation, entre otros sectores.

El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió el martes una advertencia de inundaciones para Aguada, Aguadilla, Moca y San Sebastián, vigente hasta las 5:00 de la tarde, tras detectar acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas de lluvia asociadas a tormentas eléctricas.

Las lluvias podrían provocar inundaciones urbanas, aumentos en quebradas pequeñas e inundaciones en zonas bajas de sectores como Hato Arriba, Aceitunas y Juncal, entre otros; el SNM advirtió que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurre dentro de vehículos.

Las condiciones responden a un sistema en niveles altos al noroeste de la isla combinado con el calor del día y la convergencia de la brisa marina, factores que el SNM prevé continuarán generando tormentas eléctricas aisladas sobre el oeste de Puerto Rico durante las tardes de los próximos días.

La AAA realizará trabajos de reparación preventiva en una tubería de 24 pulgadas en la avenida Roberto Todd, Santurce, entre las 8:00 p.m. del martes 19 de mayo y aproximadamente las 4:00 a.m. del miércoles 20 de mayo. El director ejecutivo de la Región Metro, José Rivera Ortiz, indicó que las labores buscan evitar interrupciones mayores en el servicio.

La interrupción afecta zonas de alta densidad residencial y turística en San Juan; la AAA coordina con la OMME del Municipio de San Juan para distribuir agua potable mediante camiones oasis en las comunidades que lo requieran.

El pasado 13 de mayo, la rotura de una línea de distribución de 36 pulgadas en la avenida Kennedy había afectado el servicio de unos 11,200 abonados, lo que apunta a una semana de presión sostenida sobre la infraestructura de agua en la región metro.

Treinta y siete planificadores profesionales emitieron una advertencia pública señalando que el Proyecto de Código de Planificación y Permisos avanza en la Cámara sin incorporar los estándares climáticos que exige el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico.

Si el código se aprueba sin esos estándares, Puerto Rico quedaría con un marco regulatorio de uso de suelo desalineado con sus propias metas de resiliencia climática, exponiendo comunidades y territorio a riesgos que el propio gobierno ha reconocido como prioritarios.

Puerto Rico cuenta con un Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que establece requisitos específicos para la planificación territorial; el actual proceso legislativo de revisión del código de permisos representa una oportunidad directa —y según estos profesionales, desaprovechada— de alinear ambos marcos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un informe que señala que Latinoamérica y el Caribe experimentaron en 2025 episodios de calor extremo sin precedentes, con temperaturas aproximadamente 0.40 °C por encima del promedio registrado entre 1991 y 2020, situando ese año entre los cinco y ocho más cálidos en la historia de la región.

El informe advierte que el nivel del mar sube más rápido que la media mundial en las costas del Atlántico sudamericano y en el litoral de América Central y el Caribe, mientras los glaciares andinos pierden masa a ritmo acelerado, amenazando la seguridad hídrica de largo plazo.

La OMM, organismo de las Naciones Unidas, divulgó el informe en Brasil; su secretaria general, Celeste Saulo, calificó las señales de un clima cambiante como "inequívocas" en toda la región, y destacó también el aumento de la capacidad de anticipación para proteger vidas y medios de subsistencia.

Helena do Rego, estudiante puertorriqueña de 17 años, ganó la categoría de Norteamérica en The Earth Prize 2026 con "SargaTex PR", un proyecto que convierte el sargazo acumulado en las costas de Puerto Rico en un material biodegradable para fabricar productos de corta duración como chancletas y artículos de spa.

El reconocimiento trae acceso a mentoría y hasta $100,000 en financiamiento para escalar una solución que aborda simultáneamente la acumulación masiva de sargazo en las costas de la isla y el problema de desperdicios textiles.

Puerto Rico enfrenta acumulaciones anuales masivas de sargazo en sus costas, lo que representa un reto ambiental y económico para comunidades costeras; The Earth Prize está dirigida a jóvenes entre 13 y 19 años y es considerada la mayor competencia de ideas ambientales para ese grupo de edad.

El Garnier Green Fest 2026 reunió a cerca de 9,000 personas en el Coliseo Roberto Clemente y recolectó 26,160 libras de plástico reciclable tipo 1 y tipo 2 en una sola noche, usando la entrega de bolsas con plástico como requisito de entrada.

El material recolectado fue procesado por IFCO Recycling Inc. para evitar que terminara en vertederos de la isla, convirtiendo un evento de entretenimiento en un mecanismo concreto de desvío de residuos sólidos.

El festival ha promovido iniciativas de reciclaje y educación ambiental durante los pasados años, consolidando el modelo de las 'Green Bags' como condición de acceso al evento.

El 16 de mayo de 2026, a las 10:50 a.m., hora local, un sismo de magnitud 6.0 se registró al este de Puerto Rico en la región de las Islas de Barlovento, con epicentro a unos 546 kilómetros al este de San Juan y a una profundidad de aproximadamente 30 kilómetros, según la Red Sísmica de Puerto Rico.

Aunque la magnitud fue significativa, la intensidad máxima estimada fue de nivel I, lo que lo clasifica como un evento débil con poca probabilidad de causar daños a la Isla.

Puerto Rico y sus aguas circundantes forman parte de una zona sísmica activa en el Caribe; la Red Sísmica de Puerto Rico monitorea continuamente la actividad telúrica en la región y sus islas vecinas.

El Municipio Autónomo de Caguas y el Jardín Botánico y Cultural de Caguas celebrarán la Semana de la Abeja del 20 al 23 de mayo de 2026 con talleres, una degustación de mieles organizada por PR Honey Sommelier y una Feria Apícola Criolla abierta al público.

La programación busca educar a comunidades y familias sobre el rol de los polinizadores en la seguridad alimentaria, e incluye el desarrollo del Apiario Criollo del municipio como proyecto a mediano plazo.

El Día Mundial de las Abejas se conmemora cada 20 de mayo; la actividad en Caguas se enmarca en esfuerzos del jardín botánico por vincular a comunidades locales con la apicultura y la biodiversidad, contando con la participación del catedrático de la UPR en Río Piedras el doctor Tugrul Giray.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció el 17 de mayo de 2026 que personal de la Unidad Especializada de Sargazo se movilizará a Las Croabas, en Fajardo, en las próximas 48 horas para evaluar y comenzar labores de remoción ante un evento significativo de sargazo en la zona.

Las Croabas fue una de las áreas más impactadas por el sargazo en 2025, año en que el Atlántico Tropical registró un récord de más de 40 millones de toneladas métricas del alga, superando el récord anterior de 36 millones de toneladas registrado en 2005.

En febrero de 2026 el DRNA completó preparativos para la temporada, incluyendo el reacondicionamiento de equipo pesado y la adquisición de drones especializados y dos nuevas embarcaciones recolectoras con una inversión de poco más de $750,000.

Más de 30 planificadores solicitaron a la Cámara de Representantes que apruebe el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC), sometido a la Legislatura en 2024 y sin acción legislativa desde entonces.

Sin la aprobación del P-MARCC, el archipiélago permanece expuesto a riesgos climáticos sin un marco formal de mitigación y adaptación, según el grupo de profesionales.

La gobernadora Jenniffer González se comprometió durante su campaña electoral a darle al plan 'la atención y consideración que amerita', pero el documento lleva engavetado desde que fue sometido a la Legislatura en 2024.

Helena do Rego, estudiante de 17 años residente en Puerto Rico, fue seleccionada como ganadora de Norteamérica en The Earth Prize 2026 por desarrollar SargaTex PR, una tela biodegradable elaborada a base del sargazo que llega a las costas de la isla. El reconocimiento incluye una subvención de $12,500 para continuar desarrollando el proyecto.

El proyecto ofrece una respuesta local a dos presiones ambientales simultáneas: las más de 40 millones de toneladas métricas de sargazo que llegaron a las costas puertorriqueñas en 2025, y los vertederos que reciben alrededor de 250 millones de libras de desperdicios textiles al año, de los cuales solo entre 9% y 12% se reciclan.

The Earth Prize, organizado por The Earth Foundation desde Ginebra, celebra en 2026 su quinta edición y ha alcanzado a más de 21,000 estudiantes en 169 países; Helena competirá por el título global mediante votación pública que abre el 18 de mayo y culmina el 29 de mayo.

El Servicio Forestal de Estados Unidos, administrador del Bosque Nacional El Yunque, propuso cobrar cuotas en las dos áreas recreativas principales del bosque. Voces del sector ambiental advirtieron que las tarifas podrían limitar el acceso de familias puertorriqueñas al espacio.

El Yunque es uno de los espacios naturales y culturales más emblemáticos de Puerto Rico, y cualquier barrera económica de acceso afectaría directamente a las comunidades que históricamente lo han frecuentado. El Servicio Forestal indicó que eximir a algún sector del pago requeriría acción del Congreso.

El bosque enfrenta presión fiscal creciente que el Servicio Forestal cita como razón para generar ingresos propios. La tensión entre financiamiento de áreas naturales federales y acceso equitativo no es exclusiva de El Yunque, sino parte de un debate más amplio sobre la administración de espacios públicos.

El académico Luis Avilés publicó un artículo de opinión el 16 de mayo de 2026 argumentando que Puerto Rico ha tomado medidas que van en dirección contraria a la tendencia global de ampliar el acceso ciudadano a la justicia ambiental.

El texto enmarca el acceso a la justicia ambiental no como asunto administrativo sino como derecho colectivo ligado a salud pública, calidad de vida y resiliencia climática, lo que eleva el costo político y social de cualquier retroceso legislativo o regulatorio.

La fuente disponible corresponde a un artículo de opinión; el texto completo no está accesible, por lo que los detalles específicos sobre qué medidas concretas motivaron la columna no pueden verificarse con los datos provistos.

La organización Para la Naturaleza realizará el 23 de mayo de 2026 una limpieza en Baño de Oro, una piscina histórica dentro del Bosque Nacional El Yunque que lleva décadas en desuso y se encuentra cubierta de sedimento y vegetación silvestre. Los cupos de voluntariado se llenaron a capacidad tan pronto se anunció el evento.

Baño de Oro forma parte de una infraestructura recreativa construida durante la Gran Depresión de los años treinta que combina historia colonial española y obras del Nuevo Trato federal; su deterioro representa la pérdida de un patrimonio cultural y natural dentro del bosque más visitado de Puerto Rico.

Las piscinas Baño de Oro y Baño Grande fueron construidas durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt sobre antiguas fosas mineras excavadas por los españoles para extraer oro de los ríos de El Yunque; ambas fueron cerradas al público en los años setenta tras muertes por hipotermia y ahogamiento.

El Servicio Forestal de los Estados Unidos anunció dos vistas públicas —el 4 y el 10 de junio de 2026— para recibir propuestas ciudadanas sobre una posible tarifa de entrada a áreas recreativas del Bosque Nacional El Yunque.

El Yunque recibe aproximadamente un millón de visitantes al año en su área recreativa de 360 acres, y el supervisor forestal Keenan Adams advirtió que el volumen actual hace insostenible la gestión sin considerar nuevas tarifas.

La propuesta de cobro responde a un aumento descrito como drástico en visitantes al área recreativa PR-191; las vistas no buscan un voto a favor o en contra, sino alternativas concretas al modelo de financiamiento actual.

El 14 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón celebró junto a las comunidades aledañas el inicio de la Fase 1 del Contrato 3 del Proyecto de Restauración del Ecosistema del Caño Martín Peña, adjudicado a Novel Construction, LLC por $57.4 millones provenientes del Infrastructure Investment and Jobs Act. Los trabajos —que incluyen dragado y canalización de 2.2 millas del caño, preparación de fosas en la Laguna San José y protección de los puentes Moscoso y Barbosa— se extenderán hasta 2030.

El proyecto busca reconectar la Laguna San José con la Bahía de San Juan para reducir la vulnerabilidad a inundaciones de las comunidades aledañas y del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, además de generar desarrollo socioeconómico; el contrato forma parte de una asignación total de más de $163 millones en fondos federales gestionados para el proyecto.

Las ocho comunidades que bordean el caño —agrupadas en el G-8— llevan más de 20 años reclamando el dragado y el desarrollo integral del ecosistema; en paralelo, sus líderes le pidieron a la gobernadora que las excluya del nuevo Código de Planificación y Permisos que evalúa la Legislatura y que emita una orden ejecutiva para extender la vida del Proyecto Enlace, cuya autonomía comunitaria podría verse reducida bajo la reforma propuesta.

El planificador y geógrafo Marcos Quiñones Otero publicó un análisis argumentando que la reforma de permisos en discusión en Puerto Rico —caracterizada por desregulación y agilización— constituye un factor estructural de lo que los especialistas llaman 'desastre lento', al reducir controles en áreas ambientalmente sensibles justo antes de la temporada de huracanes. El autor sostiene que estas decisiones acumuladas aumentan la exposición al riesgo en lugar de reducirla.

Con la temporada de huracanes de 2026 próxima a comenzar, los cambios al sistema de permisos podrían ampliar la construcción en zonas de alto riesgo sin el análisis requerido, dejando comunidades y infraestructura más expuestas a eventos extremos cuyos costos —económicos y socioambientales— superarían los beneficios de la agilización administrativa.

Puerto Rico ha procesado múltiples crisis consecutivas —los huracanes Irma y María, la secuencia sísmica del sur y la pandemia de COVID-19— que expusieron vulnerabilidades preexistentes atribuidas a decisiones de política pública y prácticas de uso de suelo. Quiñones Otero propone alinear el sistema de permisos con instrumentos como el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC) y los planes de uso de suelos.

El 13 de mayo de 2026, el DRNA encabezó un operativo interagencial en la bahía de Salinas —a petición de la alcaldesa Karilyn Bonilla— en el que se inspeccionaron 38 embarcaciones ancladas por más de 60 días, resultando en 11 avisos de abandono, 7 boletos por derechos anuales vencidos y 4 señalamientos por documentación.

El operativo apunta a embarcaciones en posible estado de abandono que pueden representar riesgos de contaminación de aguas y obstrucción del dominio público marítimo-terrestre; el DRNA anunció que replicará los operativos en otras áreas de la Isla.

Las violaciones registradas invocan la Ley de Navegación y Seguridad Acuática de Puerto Rico (Ley 430-2000) y dos reglamentos sobre inscripción de embarcaciones y administración de aguas territoriales; el operativo contó con FURA, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de la Familia.

El 14 de mayo de 2026, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, informó que personal de la Unidad Especializada de Sargazo fue desplegado a la playa Pitahaya, en Cabo Rojo, para evaluar un evento de sargazo descrito como significativo.

El DRNA evaluará condiciones marítimas, tomará muestras y determinará acciones de limpieza; la agencia ya invirtió más de $750,000 en dos embarcaciones equipadas para recoger el material, además de drones para medir las manchas.

La gobernadora Jenniffer González firmó la orden ejecutiva 2025-037 para agilizar la respuesta interagencial ante la proliferación del alga, y el DRNA reacondicionó equipo desde febrero en preparación para la temporada; en 2025 se reportaron más de 40 millones de toneladas métricas de sargazo en el Atlántico Tropical, según la NOAA.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de calor para este jueves 14 de mayo, vigente de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., que cubre más de 50 municipios de Puerto Rico, incluyendo San Juan, Ponce y Mayagüez. Los índices de calor podrían superar los 111 grados Fahrenheit en varias zonas.

El SNM advirtió que ese nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles, especialmente quienes no tienen acceso a enfriamiento adecuado o hidratación suficiente, elevando el riesgo de golpes de calor.

Puerto Rico experimenta episodios recurrentes de calor extremo, agravados por la humedad tropical; las agencias de salud ocupacional recomiendan recesos frecuentes en sombra o espacios con aire acondicionado durante jornadas de trabajo al exterior.

El planificador y geógrafo Marcos Quiñones Otero publicó un análisis argumentando que la reforma de permisos en discusión en Puerto Rico, caracterizada por desregulación y agilización de aprobaciones, constituye un factor estructural de lo que la literatura llama 'desastre lento'. El artículo fue publicado semanas antes del inicio de la temporada de huracanes de 2026.

Según Quiñones Otero, reducir controles en áreas ambientalmente sensitivas y acelerar aprobaciones sin análisis adecuado aumenta la exposición al riesgo de comunidades e infraestructura, lo que puede traducirse en costos económicos y socioambientales catastróficos cuando ocurra un evento extremo.

Puerto Rico ha atravesado múltiples crisis —los huracanes Irma y María, la secuencia sísmica del sur y la pandemia de COVID-19— que expusieron vulnerabilidades preexistentes atribuidas a decisiones de política pública y prácticas de uso de suelo acumuladas en el tiempo. El autor señala que la reforma debería alinearse con instrumentos existentes como el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC).

La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, informó que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tiene proyectos encaminados para reconstruir el sistema de acueductos del municipio, incluyendo la instalación de nuevas tuberías en distintos barrios.

Según Maldonado, aproximadamente la mitad del pueblo de Morovis ha carecido de servicio de agua potable confiable por décadas; la reconstrucción del sistema busca extender el servicio a sectores que históricamente no lo recibían.

La alcaldesa indicó que lleva desde 2017 señalando públicamente el problema del agua en Morovis, y que el municipio también presentó una demanda ante el Tribunal Federal, que sigue activa; el tribunal ha sugerido a las partes explorar un acuerdo.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó una actualización del mapa de peligro sísmico de Puerto Rico, la primera en más de dos décadas, incorporando los datos de los temblores de 2020. El estudio concluye que cada parte del archipiélago y las Islas Vírgenes estadounidenses enfrenta al menos un 34% de probabilidad de experimentar movimiento de tierra significativo en los próximos 100 años.

El nuevo modelo eleva el estimado de amenaza sísmica para toda la isla, lo que puede incidir en códigos de construcción, planificación de infraestructura y preparación de emergencias para una población que ya vivió los efectos devastadores de los terremotos de 2020.

Los terremotos de enero de 2020 —los más fuertes en décadas— causaron daños severos en el suroeste de Puerto Rico y dejaron a miles de personas sin hogar. El mapa anterior del USGS tenía más de 20 años de antigüedad y no reflejaba esa actividad sísmica reciente ni su implicación para el riesgo futuro.

Un equipo de investigadores publicó el 13 de mayo de 2026 en la revista Nature un estudio que analiza registros de precipitaciones globales desde 1980 hasta 2022 y concluye que el cambio climático concentra las lluvias anuales en tormentas más intensas, generando períodos de sequía más prolongados. Las proyecciones indican que este fenómeno podría afectar al 27% de la población mundial.

Aunque la cantidad total de lluvia no disminuya, la concentración de precipitaciones en eventos intensos impide que el suelo absorba el agua, reduciéndola disponible para acuíferos y ecosistemas. Esto tiene implicaciones directas para la seguridad hídrica de más de una cuarta parte de la humanidad.

Es la primera vez, según los autores, que se demuestra con datos globales la relación entre la concentración de lluvias en tormentas intensas y la reducción de agua subterránea y ecosistémica. Los investigadores adaptaron el coeficiente de Gini —herramienta tradicional para medir desigualdad económica— para cuantificar la distribución desigual de las precipitaciones.

El gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia que El Puente Puerto Rico debe pagar una fianza de $5,000 —por tener base fuera de Puerto Rico— en el marco de la demanda de mandamus que la organización radicó en marzo de 2026 por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC). El Puente señala que esta exigencia, combinada con el Proyecto de la Cámara 310 —aprobado en el Senado el 13 de abril de 2026 sin vista pública y pendiente de firma gubernamental—, forma parte de un patrón deliberado para obstaculizar el acceso a la justicia ambiental.

El PC 310 requeriría una fianza equivalente al 10% del costo de cualquier proyecto de construcción para radicar querellas legales o administrativas, eliminaría la facultad judicial de exonerar a comunidades de escasos recursos, y permitiría construcción en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'; la Coalición Defiende a Cabo Rojo —respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones— lleva cuatro semanas esperando respuesta de la gobernadora ante su solicitud de veto.

El PMARCC fue elaborado bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025, y surge del mandato de la Ley 33-2019; esta es la tercera vez que El Puente Puerto Rico acude a los tribunales para exigir su aprobación, y en todas las instancias anteriores los tribunales han fallado a su favor.

El planificador y geógrafo Marcos Quiñones Otero publicó un análisis argumentando que la reforma de permisos en discusión en Puerto Rico —centrada en desregulación y agilización— constituye un factor estructural de lo que la literatura llama 'desastre lento', al reducir controles en áreas ambientalmente sensitivas semanas antes del inicio de la temporada de huracanes.

Según el autor, decisiones acumuladas de permeabilidad territorial pueden traducirse en comunidades más vulnerables e infraestructura más frágil, incrementando los costos económicos y socioambientales cuando ocurra un evento extremo.

Los huracanes Irma y María, la secuencia sísmica del sur y la pandemia de COVID-19 expusieron vulnerabilidades preexistentes en el modelo de desarrollo de Puerto Rico vinculadas a decisiones de uso de suelo y omisiones en la planificación; el autor propone alinear el sistema de permisos con instrumentos como el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (P-MARCC).

El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, informó el 12 de mayo de 2026 que todas las estaciones de control de inundaciones bajo la agencia operan de manera óptima, con rendimiento superior al diseño original, y están bajo monitoreo continuo.

Las estaciones incluyen la del Expreso Ramón Baldorioty de Castro en San Juan, con capacidad de hasta 788,000 galones por minuto, lo que representa infraestructura crítica para prevenir inundaciones en zonas urbanas densamente pobladas.

Las casas de bombas son parte de la infraestructura de mitigación de inundaciones que administra el DRNA; el secretario atribuyó el desempeño actual a programas de mantenimiento preventivo temporero aplicados a los sistemas de bombeo.

Científicos advierten que el cambio climático —a través del calentamiento oceánico, la acidificación del agua, la alteración de ciclos de nutrientes y la proliferación de sargazo— pone en riesgo la bioluminiscencia de los dinoflagelados en lugares como Bahía Mosquito, Fajardo y La Parguera. Tras el huracán María, estos organismos desaparecieron por completo de los ecosistemas afectados.

Las bahías bioluminiscentes de Puerto Rico son ecosistemas únicos con valor ecológico, científico y económico; su deterioro sería irreversible si se pierden las condiciones óptimas de temperatura, pH y nutrientes que los dinoflagelados necesitan para sobrevivir.

Los dinoflagelados llevan millones de años habitando estos sistemas, pero investigadores de la Sociedad Ambiente Marino, el Centro Smithsonian de Investigación Ambiental y universidades puertorriqueñas coinciden en que la presión acumulada —huracanes más intensos, sequías prolongadas, microplásticos y contaminantes terrestres— está atrofiando ecosistemas que históricamente han sido resilientes.

A semanas del inicio de la temporada de huracanes de 2026, Puerto Rico avanza en una reforma de permisos orientada a la desregulación y agilización de aprobaciones de construcción. Un planificador y geógrafo advierte que flexibilizar controles en áreas ambientalmente sensibles acumula factores estructurales de riesgo que él denomina "desastre lento".

Decisiones acumuladas sobre uso de suelo y permisos de construcción pueden traducirse en comunidades más vulnerables e infraestructura más frágil cuando un huracán o sismo golpee, con costos económicos y socioambientales potencialmente catastróficos.

Los huracanes Irma y María, la secuencia sísmica del sur y la pandemia del COVID-19 expusieron vulnerabilidades preexistentes en el modelo de desarrollo de Puerto Rico, muchas atribuidas a decisiones de política pública y omisiones en planificación territorial acumuladas durante años.

El creador de contenido José Morales, conocido como 'Gongo Fishing PR', denunció públicamente el 12 de mayo de 2026 que lleva aproximadamente un año y medio esperando una permisología especial del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para trabajar con especies invasoras como la pitón reticulada. También indicó haber solicitado apoyo al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y a la Compañía de Turismo sin recibir respuesta.

La demora en permisos gubernamentales afecta directamente la capacidad de Morales para manejar especies invasoras que representan una amenaza ecológica documentada en Puerto Rico. La falta de respuesta institucional deja sin atención un trabajo de control de fauna que el propio sector público no cubre de forma sistemática.

Gongo Fishing PR es un creador de contenido especializado en captura y manejo de especies invasoras en Puerto Rico, labor que ha documentado en redes sociales y que incluye incidentes con caimanes y pitones. El DRNA, dirigido por el secretario Waldemar Quiles, es la agencia responsable de emitir la permisología especial requerida para este tipo de trabajo.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, informó el 12 de mayo de 2026 que todas las casas de bombas bajo la agencia operan de manera óptima, con un rendimiento superior al caudal contemplado en su diseño original.

Las estaciones monitorean inundaciones en áreas densamente transitadas de San Juan, incluyendo el Expreso Ramón Baldorioty de Castro, con capacidad declarada de hasta 788,000 galones por minuto en esa sola instalación.

Las casas de bombas son infraestructura crítica para el control de inundaciones en zonas urbanas costeras de Puerto Rico, donde episodios de lluvia intensa han causado históricamente daños significativos a propiedades y vías de tránsito.

El Centro Residencial Oportunidades Educativas en Ceiba (CROEC) se convirtió el martes 12 de mayo de 2026 en el primer plantel de la zona este del país bajo el proyecto 'Escuela Verde, Comunidad Sostenible' del Departamento de Educación.

La iniciativa busca transformar planteles escolares en espacios de aprendizaje activo mediante huertos, reforestación y gestión de recursos naturales, integrando la sostenibilidad ambiental al currículo educativo.

El proyecto 'Escuela Verde, Comunidad Sostenible' es una iniciativa del Departamento de Educación orientada a expandir prácticas ambientales en las escuelas públicas de la isla; Ceiba representa el punto de entrada de este modelo a la región este.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió el martes 12 de mayo un aviso de inundaciones repentinas para sectores del norte de San Juan, vigente hasta las 5:00 de la tarde, tras detectar acumulaciones de entre 1 y 1.5 pulgadas de lluvia con proyecciones de 1 a 2 pulgadas adicionales.

Las inundaciones ya ocurrían o podían comenzar en breve en áreas urbanas, quebradas, carreteras y pasos subterráneos; el SNM recordó que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurre dentro de vehículos al cruzar carreteras anegadas.

El patrón climático de la semana incluye vientos fuertes sostenidos por alta presión, sensación térmica superior a 100°F en zonas urbanas y costeras desde el jueves, y riesgo moderado de corrientes marinas peligrosas en playas del norte y este de Puerto Rico, Vieques, Culebra y las Islas Vírgenes.

El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, anunció el martes 12 de mayo de 2026 que La Fortaleza sostendrá esta semana una reunión con la gerencia de la AAA para delinear proyectos de mejoras permanentes al servicio de agua en el área metropolitana, tras una segunda interrupción en menos de una semana en sectores de San Juan abastecidos por la planta Sergio Cuevas.

Las interrupciones recurrentes exponen fallas estructurales en la planta Sergio Cuevas —incluyendo válvulas sin reemplazar a pesar de órdenes de compra de al menos cuatro años— y mantienen bajo presión política a la administración, con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, reclamando cambios mayores en la cúpula de la AAA.

Desde mediados de 2025, cuando el área metropolitana sufrió insuficiencias masivas en el suministro de agua, Romero ha exigido cambios en la dirección de la AAA; el presidente de la corporación, Luis González Delgado, atribuye las limitaciones operacionales a obras retrasadas por la pasada administración, que priorizó la continuidad operacional sobre trabajos de mejoras necesarios.

La organización El Puente Puerto Rico denunció el 12 de mayo de 2026 que el Gobierno de Puerto Rico utiliza obstáculos procesales —entre ellos una fianza de $5,000 impuesta por el tribunal y el Proyecto de la Cámara 310— para dificultar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones ambientales. El contexto inmediato es la demanda de mandamus que El Puente radicó en marzo de 2026 contra la gobernadora Jenniffer González Colón y la Cámara de Representantes por no firmar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC).

El PC 310, pendiente de firma de la gobernadora, exigiría una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para radicar una querella; en el caso del megaproyecto Esencia, valorado en $2,000 millones, eso representaría $200 millones solo para presentar un caso. Además, la medida eliminaría la facultad judicial de exonerar a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelos clasificados como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'.

El PMARCC fue elaborado bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025 y exigido por la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019), pero la Cámara y la gobernadora lo mantienen sin acción a casi siete años de aprobada esa ley. El PC 310 fue aprobado en el Senado el 13 de abril de 2026 sin vista pública, en medio de una oleada de desarrollos de lujo en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza.

Científicos y expertos advierten que el cambio climático —a través del calentamiento del océano, la acidificación del agua y la alteración de ciclos de nutrientes— está afectando la supervivencia de los dinoflagelados, las microalgas responsables de la bioluminiscencia en lugares como Bahía Mosquito, Fajardo y La Parguera. Tras el huracán María, estos organismos desaparecieron por completo de los ecosistemas bioluminiscentes de Puerto Rico.

Las bahías bioluminiscentes son ecosistemas únicos con millones de años de historia que, según los investigadores, ya muestran señales de atrofia; la proliferación de sargazo ha reducido más del 99% la entrada de luz solar en el agua, comprometiendo las condiciones de crecimiento de estas microalgas. Las proyecciones de sequías más largas y huracanes más intensos amenazan con agravar el deterioro.

Puerto Rico alberga tres de las bahías bioluminiscentes más reconocidas del mundo. Investigadores de la Sociedad Ambiente Marino, el Centro Smithsonian de Investigación Ambiental y la Universidad Interamericana de Puerto Rico llevan años documentando el impacto de factores humanos y climáticos sobre estos ecosistemas.

El Servicio Nacional de Meteorología advirtió este martes, 12 de mayo de 2026, que el riesgo de calor aumentará de limitado a elevado desde el jueves hacia el fin de semana, con índices de calor que podrían superar los 105°F y llegar hasta 107°F en algunas áreas, mientras concentraciones bajas de polvo del Sahara comienzan a entrar sobre la región.

El meteorólogo Manuel Ramos señaló que ese nivel de calor afecta a la mayoría de las personas sensibles, especialmente quienes carecen de enfriamiento efectivo o hidratación adecuada, y las autoridades podrían emitir advertencias formales de calor hacia el fin de semana.

Las olas de calor con sensaciones térmicas por encima de 100°F son recurrentes en Puerto Rico durante la primavera y el verano, agravadas por la alta humedad y la densidad urbana; la llegada estacional de polvo del Sahara añade un factor adicional de degradación de la calidad del aire para asmáticos y adultos mayores.

El creador de contenido José Morales, conocido como 'Gongo Fishing PR', denunció públicamente en redes sociales que lleva aproximadamente un año y medio esperando una permisología especial del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para trabajar con especies invasoras como la pitón reticulada en Puerto Rico.

La demora impide que Morales continúe sus labores documentadas de manejo de especies invasoras, un trabajo que tiene visibilidad pública significativa; también ha solicitado sin respuesta el apoyo del DTOP y la Compañía de Turismo para proyectos relacionados.

Las especies invasoras como la pitón reticulada representan una amenaza ecológica activa en Puerto Rico; el manejo de estas especies requiere permisos especiales del DRNA, y la falta de agilidad en esa permisología ha sido señalada antes como obstáculo para iniciativas de control.

Entre el 4 y el 8 de mayo de 2026, el DRNA tramitó y adjudicó 36 permisos de uso para pozos de agua —incluyendo renovaciones y nuevos permisos—, la mayor cantidad procesada en una semana en la historia de la agencia, según anunció el secretario Waldemar Quiles junto al secretario auxiliar interino Juan Castrodad.

El anuncio refleja un esfuerzo por agilizar un proceso que regula el acceso al agua subterránea en una isla donde operan alrededor de 1,300 franquicias activas; la agencia también advirtió que inspeccionará pozos con documentación de renovación pendiente.

Los permisos se rigen por el Reglamento Número 4859 del 30 de diciembre de 1992, que establece las normas para el uso, conservación y administración de las aguas en Puerto Rico; la mayoría de las renovaciones se tramitan de forma anual.

El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que la sensación térmica alcanzará entre 100°F y 107°F en zonas urbanas y costeras de Puerto Rico durante la semana del 11 de mayo de 2026, con aguaceros vespertinos en el interior y oeste, y llegada de polvo del Sahara a partir del miércoles.

El calor extremo representa un riesgo creciente de problemas de salud hacia finales de semana, y el polvo sahariano puede afectar la calidad del aire en personas con condiciones respiratorias; adicionalmente, las corrientes marinas peligrosas en playas del norte y el este elevan el riesgo para bañistas.

Puerto Rico experimenta episodios recurrentes de calor extremo amplificado por la urbanización y la humedad costera; la llegada de polvo del Sahara es un fenómeno estacional que afecta la cuenca del Caribe con frecuencia durante los meses cálidos.

Un reportaje publicado el 10 de mayo de 2026 examina si la caza de caimanes y otros reptiles constituye una solución efectiva al problema de especies invasoras en Puerto Rico.

Las especies invasoras representan una amenaza documentada para la biodiversidad nativa de la isla, y las estrategias de control tienen implicaciones ecológicas, económicas y de política pública.

Puerto Rico enfrenta desde hace años la presencia de reptiles no nativos —entre ellos caimanes y distintas especies de lagartos— que compiten con la fauna local y alteran ecosistemas.

El 8 de mayo, la gobernadora Jenniffer González Colón activó la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar al Negociado de Bomberos en la extinción de un incendio forestal en el sector Santa Bárbara, en Gurabo, desplegando dos helicópteros UH-60 Black Hawk equipados con sistemas Bambi Bucket para descarga aérea de agua.

Las unidades aéreas trabajan en coordinación con autoridades estatales para contener el fuego y proteger vidas, propiedades y recursos naturales en la zona afectada.

El ayudante general Carlos J. Rivera Román confirmó que los soldados y aviadores continuarán operando junto al Negociado de Bomberos y agencias correspondientes hasta completar la misión.

El 8 de mayo, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan mantuvo a Ponce bajo advertencia de inundaciones hasta las 9:30 de la noche, tras detectar acumulaciones de entre 1 y 2 pulgadas de lluvia asociadas a tormentas eléctricas, con hasta 1 pulgada adicional proyectada.

Las condiciones pueden causar inundaciones urbanas, crecidas en quebradas pequeñas y acumulación de agua sobre carreteras, con riesgo de muerte para quienes intenten cruzar vías inundadas en vehículo.

El SNM advierte de manera recurrente que la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurre dentro de vehículos, un patrón que la agencia utiliza para fundamentar sus llamamientos a no cruzar carreteras inundadas.

La columnista Isabel Abislaimán publicó un artículo de opinión en El Nuevo Día sobre la arboleda de mangó a lo largo de la PR-115 como símbolo de identidad puertorriqueña y señal de advertencia sobre la deforestación sin planificación.

La pieza conecta la pérdida de arbolado con la erosión de referencias culturales y paisajísticas que definen el entorno cotidiano de los puertorriqueños.

Puerto Rico ha enfrentado presiones continuas sobre su cubierta forestal por el desarrollo urbano y la construcción de infraestructura, debates que se intensifican cada vez que proyectos viales o de construcción afectan árboles con arraigo comunitario.

El planificador Félix Aponte criticó públicamente el proyecto de canalización del río Piedras que ejecuta el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USCI), argumentando que su diseño data de la década de 1970 y no contempla cambio climático, despoblación ni tecnologías actuales. El USCI adjudicó recientemente a Ferrovial Constructor PR, LLC la fase 3 del proyecto por $1,078 billones, cubriendo el tramo entre el puente José de Diego y el área del Parque Luis Muñoz Marín.

El proyecto implica posibles expropiaciones de comunidades y la intervención de un río urbano con un análisis costo-beneficio elaborado bajo premisas demográficas y ambientales de los años ochenta, sin una nueva Declaración de Impacto Ambiental que evalúe condiciones actuales.

La idea de canalizar el río Piedras surgió tras las inundaciones de 1972 agravadas por la construcción de la PR 22; el diseño formal comenzó entre 1972 y 1973, y el proyecto fue firmado en 1994. Estuvo paralizado por falta de fondos en varias ocasiones hasta que el huracán María en 2017 desbloqueó una asignación federal de cerca de $7,000 millones para control de inundaciones en Puerto Rico.

El biólogo y profesor Rafael Joglar publicó en Facebook recomendaciones sobre los caimanes en Puerto Rico y abogó por prohibir el mercado de mascotas en la Isla para frenar la entrada de más especies invasoras.

Los caimanes de anteojos, introducidos posiblemente en las décadas de 1950 o 1960, se han expandido desde la Laguna Tortuguero en Vega Baja hasta San Juan, Bayamón, Carolina y otras áreas, representando un riesgo potencial en numerosos cuerpos de agua.

Según investigaciones de la Universidad de Puerto Rico, a partir del año 2000 los caimanes ya se habían establecido en múltiples zonas metropolitanas y fluviales de la Isla, luego de haber llegado presumiblemente como mascotas escapadas o liberadas.

El Bosque Nacional El Yunque propuso nuevos costos de acceso para varias áreas recreativas a lo largo de la carretera PR-191, según explicó el supervisor forestal Keenan Adams. El público puede enviar comentarios hasta el 4 de agosto al correo sm.fs.r8elyunsocom@usda.gov o de forma oral en la sede del bosque.

Las tarifas buscan cubrir el mantenimiento de instalaciones y senderos que reciben alrededor de un millón de visitantes al año en un área recreativa de 360 acres, aunque solo aproximadamente el 2% del bosque quedaría sujeto a cobro.

Adams señaló que las tarifas propuestas serían similares a las que ya aplican en el Castillo San Felipe del Morro, el Parque Luis Muñoz Marín y distintos balnearios, y que parte de los fondos apoyaría la recuperación tras los huracanes.

Los trabajos de limpieza del cedazo en la tubería de succión de la represa Carraízo culminaron a las 12:30 a.m. del 6 de mayo, antes de las seis horas estimadas, y para la 1:00 a.m. las cinco bombas de la planta estaban en operación, informó el director ejecutivo de la Región Metro de la AAA, José Rivera Ortiz. El sistema entró de inmediato en proceso de recuperación con aumento progresivo en los niveles de los tanques.

Aproximadamente un 3% de los abonados de la Región Metro continúa con interrupciones en el servicio de agua potable mientras el sistema se estabiliza; la AAA mantiene coordinación con los municipios de San Juan y Loíza para suplir camiones cisterna a las comunidades que lo requieran.

La AAA había adelantado los trabajos —originalmente pautados para el jueves— al martes 5 de mayo a las 10:00 p.m., debido a la acumulación de material vegetativo tras lluvias recientes; la limpieza periódica del cedazo en Carraízo forma parte del mantenimiento rutinario para proteger el sistema de sedimentos y optimizar la captación de aguas crudas.

El planificador Félix Aponte señaló que el proyecto de canalización del río Piedras, cuyo diseño comenzó en 1972, no puede ejecutarse con premisas de hace 40 años que no incluyen cambio climático ni los cambios demográficos reales de Puerto Rico. Sus declaraciones llegan días después de que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (USCI) adjudicara a Ferrovial Constructor PR, LLC un contrato por $1,078 billones para la fase 3 del proyecto.

Aponte argumenta que el análisis de costo-beneficio que sustenta el proyecto se elaboró en la década de 1980 con proyecciones poblacionales que nunca se materializaron —la Junta de Planificación anticipaba cerca de 6 millones de habitantes para el año 2000— y que el USCI no ha producido una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que refleje las condiciones actuales, incluyendo el cambio climático.

El proyecto surgió como respuesta a inundaciones agravadas por la construcción de la PR-22 a principios de la década de 1970, fue transferido al USCI bajo la administración de Carlos Romero Barceló y firmado formalmente en 1994; desde entonces ha estado paralizado en múltiples ocasiones por falta de fondos, y fue reactivado tras la asignación federal de cerca de $7,000 millones para control de inundaciones en Puerto Rico luego del huracán María en 2017.

Una niña de 11 años fue mordida en la pierna por un caimán en el manantial de Tortuguero en Vega Baja, y el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, ordenó una investigación formal y rondas preventivas en la zona. El director de la OMMEAD, Ángel Delgado Burgos, confirmó múltiples avistamientos recientes en distintas áreas del municipio y anunció rotulación de advertencia en el área del manantial.

El director de la OMMEAD reconoció una 'micro invasión' de caimanes en Vega Baja, con más de 80 capturas anuales, y señaló que los reptiles han aparecido en zonas inusuales como alcantarillados pluviales y una playa de agua salada. El incidente con la menor es el primero reportado en el manantial de Tortuguero.

Vega Baja tiene historial reconocido de alta presencia de caimanes, al punto de celebrar anualmente un Festival del Caimán; sin embargo, la proliferación reciente hacia nuevas áreas coincide con fuertes lluvias que aumentaron el caudal del río Cibuco. El DRNA aún no contaba con una querella formal al momento de ordenar la investigación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publicó un nuevo mapa de riesgo sísmico para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el primero desde 2003, incorporando nuevos datos, fallas geológicas y lecciones de los terremotos del suroeste de la isla.

El mapa sirve de base para los códigos de construcción, la planificación urbana y el diseño de infraestructura, por lo que su actualización puede incidir directamente en la regulación y la seguridad de edificaciones futuras.

El mapa anterior databa de 2003; los sismos que sacudieron el suroeste de Puerto Rico en años recientes permitieron identificar fallas geológicas que hasta entonces no estaban bien caracterizadas y que ahora se integran al modelo.

Una niña de 11 años fue mordida en la pierna por un caimán en el manantial de Tortuguero en Vega Baja, lo que llevó al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, a ordenar una investigación y activar rondas preventivas de captura en la zona. El director de la OMMEAD, Ángel Delgado Burgos, reconoció que existe una "micro invasión" de caimanes en el municipio, con más de 80 capturas anuales, y anunció que se rotulará el área para prevenir nuevos incidentes.

Es la primera vez que se registra un ataque de caimán a una persona en el manantial de Tortuguero, un cuerpo de agua popular, y los avistamientos se han extendido a alcantarillados pluviales y áreas de playa fuera del rango habitual de estos reptiles. La proliferación coincide con la temporada de verano, cuando los avistamientos son más frecuentes.

Vega Baja tiene una presencia histórica de caimanes en la Reserva Natural de la Laguna Tortuguero y el río Cibuco, al punto de celebrar anualmente un Festival del Caimán; sin embargo, la aparición de ejemplares en zonas no habituales —como playas de agua salada— se atribuye en parte al aumento del caudal del río Cibuco por lluvias recientes.

Un estudio de la Universidad de Miami, publicado el 4 de mayo de 2026 en la revista npj Climate and Atmospheric Science, demostró que datos recolectados por 19 tiburones marcados con sensores —18 azules y un mako— mejoraron la precisión de modelos climáticos estacionales del Atlántico noroeste, reduciendo errores en pronósticos de superficie oceánica hasta un 40 % en algunos casos.

Una mayor precisión en los pronósticos oceánicos incide directamente en la pesca, las operaciones marítimas y la planificación ante el cambio climático; los tiburones transmitieron más de 8,200 perfiles de temperatura y profundidad desde zonas —a casi 2,000 metros de profundidad— donde los instrumentos convencionales tienen limitaciones.

Los métodos tradicionales de monitoreo oceánico enfrentan dificultades para cubrir regiones dinámicas y de difícil acceso; usar animales marinos como plataformas de sensores es una línea de investigación emergente que aprovecha los patrones naturales de migración para recopilar datos en áreas poco instrumentadas.

El columnista Ernesto Otero publica en El Nuevo Día una columna de opinión argumentando que la discusión actual sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico parte de una premisa equivocada al intentar definir la costa con una línea fija.

Si la legislación sobre la ZMT no toma en cuenta la naturaleza dinámica de la costa —afectada por erosión, marejadas y el aumento del nivel del mar— podría crear una falsa sensación de seguridad jurídica y física para comunidades e infraestructura costeras.

La ZMT es la franja de terreno entre el mar y la tierra cuya regulación determina qué se puede construir y quién tiene acceso a la costa en Puerto Rico; su delimitación ha sido objeto de debate legislativo y legal desde hace años.

El Frente Comunitario en Defensa de Cayey, Cayey para el Mundo, la Comuna Cajey, la Comunidad Carrasquillo y residentes afectados radicaron un pleito ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico para anular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado el 11 de marzo de 2026, alegando que su adopción fue 'arbitraria, caprichosa y contraria a derecho'. La demanda denuncia que el plan permite reclasificar terrenos designados como Suelo Rústico Especialmente Protegido a categorías urbanas, sin informes técnicos de agencias como el DRNA, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Departamento de Agricultura.

Los terrenos en disputa forman parte de las 600,000 cuerdas reservadas para la agricultura a perpetuidad en Puerto Rico, y su reclasificación habilitaría desarrollos comerciales, industriales y residenciales en áreas de valor agrícola, ecológico y arqueológico. Los demandantes solicitan al tribunal la nulidad de las disposiciones impugnadas, la paralización inmediata de desarrollos basados en las nuevas clasificaciones y un interdicto para evitar daños irreparables.

Los grupos alegan además violaciones al debido proceso administrativo: avisos públicos deficientes, propuestas comunitarias ignoradas y la Junta de Comunidad sin activarse conforme al Código Municipal de Puerto Rico. La disputa se suma a cuestionamientos previos sobre proyectos ligados al territorio de Cayey, incluyendo el conector PR-158 y el complejo turístico Ciudadela de Cayey.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) emitió un boletín especial el 3 de mayo tras detectar la primera onda tropical de 2026 al este de Brasil, reportada a las 2:15 p.m. del domingo. El disturbio enfrenta ambiente seco y hostil que limita su desarrollo, y se espera que continúe moviéndose hacia el sur-suroeste, manteniéndose al sur del ecuador.

De momento no se puede determinar ningún impacto sobre Puerto Rico, aunque el fenómeno marca el inicio de la actividad tropical antes de que arranque la Temporada de Huracanes el 1 de junio.

El 9 de abril de 2026, la Universidad Estatal de Colorado proyectó una temporada de huracanes 'algo debajo del promedio', con 13 tormentas con nombre, seis huracanes y dos sistemas de categoría 3 o superior.

El Departamento de Agricultura inició el 3 de mayo de 2026 la Septuagésima Primera Semana de la Tierra Puertorriqueña, que se extiende hasta el 9 de mayo con actividades educativas, culturales y de reconocimiento al sector agrícola. Por primera vez en la historia de la celebración, los edificios de La Fortaleza, el Capitolio y la sede central del Departamento se iluminaron de verde como homenaje simbólico a agricultores, ganaderos y pescadores.

La conmemoración busca fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la producción local de alimentos, con iniciativas públicas en espacios como Plaza Las Américas y una Noche Agrícola abierta en la sede del Departamento.

La Semana de la Tierra Puertorriqueña lleva más de siete décadas celebrándose; el secretario Irving Rodríguez Torres encabeza este año una edición que incorpora por primera vez la iluminación simbólica de estructuras gubernamentales emblemáticas.

El Grupo de Trabajo sobre Arrecifes de Coral de Estados Unidos rendirá este domingo un homenaje póstumo al biólogo marino Roberto Viqueira durante la 51.ª edición de su cumbre anual, con visitas a proyectos en Guánica bajo el cuidado de Protectores de Cuencas, la organización que él fundó. Viqueira murió el 15 de julio de 2025 a manos de su vecino Eduardo Meléndez Velázquez, quien fue absuelto de todos los cargos a principios de febrero de 2026.

El reconocimiento proviene de un organismo integrado por 14 agencias federales, siete jurisdicciones costeras y decenas de organizaciones científicas, lo que subraya el alcance nacional e internacional del trabajo ambiental de Viqueira en el suroeste de Puerto Rico. Su viuda y hermanos han asumido la continuidad de Protectores de Cuencas.

Protectores de Cuencas es una entidad sin fines de lucro de base comunitaria dedicada a restaurar cuencas hidrográficas y ecosistemas asociados en la región de Guánica; Viqueira comenzó a trabajar en el Bosque Seco de Guánica desde que se graduó de la universidad. El caso de su muerte generó controversia pública tras la absolución de Meléndez Velázquez.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) activó un plan de mitigación ante la erosión costera en Isla Verde que incluye la instalación de barreras de arena tipo acordeón en un plazo estimado de cuatro meses y la evaluación de una posible expansión del rompeolas como medida permanente. La decisión surgió tras una vista ocular del Senado en la que el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, junto a legisladores y residentes evaluaron los daños en la zona costera que va desde el condominio Condesa del Mar hasta las cercanías del cementerio de Isla Verde.

Una asignación de cerca de $65 millones en fondos CDBG-Mitigación será transferida del Departamento de la Vivienda al DRNA para atender la erosión costera desde las costas de San Juan y Carolina hasta la región norte de Fajardo. La estabilización de esa franja costera afecta directamente a comunidades residenciales, infraestructura turística y la línea de playa de uno de los corredores más densamente poblados del área metropolitana.

La erosión costera en Isla Verde ha avanzado durante años, deteriorando playas y amenazando estructuras residenciales y comerciales aledañas. La misma semana, el secretario del DRNA también anunció un proyecto de mitigación por fases para la comunidad de Las Parcelas Suárez, en Loíza, lo que apunta a una respuesta coordinada ante la crisis de erosión en el litoral norte de la isla.

Un gran jurado federal acusó a Ramón Plaza-Gregory, Ileana Cortés-González y Mo-Na-Co Biomedical & Environmental Corp. por cinco violaciones a la Ley de Aire Limpio y un cargo de conspiración relacionados con el incinerador comercial de Monaco en Aguadilla. Según la acusación, los operadores quemaron materiales no autorizados, usaron equipos defectuosos y excedieron límites de emisiones a partir de agosto de 2021.

Los cargos incluyen la alegación de que, tras ser notificados por un inspector de la EPA, los acusados comenzaron a operar el incinerador durante fines de semana y días festivos para evadir la supervisión, agravando la exposición a emisiones ilegales en la comunidad de Aguadilla.

Monaco contaba con permiso para incinerar desechos patológicos bajo condiciones específicas de materiales y emisiones; las presuntas violaciones comenzaron en agosto de 2021 y se extendieron pese a la intervención federal, derivando en cargos penales confirmados por la Fiscalía federal en Puerto Rico el 1 de mayo de 2026.

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) adjudicó alrededor de 15 permisos de concesión para operar comercios —incluyendo alquiler de kayaks— en bienes de dominio público, tras evaluar más de 20 solicitudes en menos de 48 horas.

Las concesiones determinan quién puede operar comercialmente en playas y zonas costeras de acceso público, espacios cuyo uso y control tiene implicaciones directas para comunidades, visitantes y el ecosistema costero.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, encabezó el proceso de evaluación y destacó el compromiso de la agencia tanto con la protección ambiental como con el disfrute ciudadano de los bienes de dominio público.

El 1 de mayo de 2026, el municipio de Caguas presentó un recurso urgente ante el Tribunal de Primera Instancia para ordenar el cese de operaciones de la empresa Oiltec Eco Logistic, en el barrio Tomás de Castro, a quien atribuye la descarga del material espumoso que llevó a la AAA a paralizar la planta de filtros Caguas Norte. La acción busca también ejecutar una sentencia previa del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionada con esa misma empresa y que se le impongan sanciones por incumplimientos.

La paralización de la planta dejó a unos 3,000 abonados sin servicio de agua potable; el municipio alega además que los residentes del barrio Tomás de Castro continúan expuestos a contaminantes pese a múltiples visitas de agencias reguladoras.

Según el recurso legal, el municipio identificó el 1 de mayo de 2026 nuevas situaciones ambientales críticas vinculadas a Oiltec, entre ellas abandono de material contaminante, manejo inadecuado de residuos y vertido de contaminantes a cuerpos de agua; la acción se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico que ya existía contra la empresa recicladora de aceites.

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE) adjudicó el 1 de mayo de 2026 un contrato de $1,078 millones a Ferrovial Construcción PR, LLC para ejecutar la tercera fase del Proyecto de Manejo de Riesgo de Inundación del Río Puerto Nuevo en San Juan, que incluye el ensanchamiento y profundización del cauce del Río Piedras.

Es la mayor inversión de obras civiles de USACE en Puerto Rico hasta la fecha, financiada con fondos federales, y busca reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Río Puerto Nuevo en el área metropolitana de San Juan.

La adjudicación cierra una espera previa: en abril, USACE indicó que aguardaría por el contrato para decidir el futuro de esta etapa. Es la tercera fase del Proyecto de Manejo de Riesgo de Inundación del Río Puerto Nuevo, que cubre el cauce y sus tributarios, entre ellos el Río Piedras.

Un desprendimiento de rocas cubrió parte de la poza de la cascada La Soplaera, en el sector Panduras de Peñuelas, obligando al alcalde Josean González Febres a cerrar el sitio al público. Geólogos y el Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se movilizaron al lugar para evaluar la situación; las causas del desprendimiento aún se desconocen.

La Soplaera es uno de los atractivos turísticos naturales más reconocidos del sur de Puerto Rico, por lo que su cierre afecta tanto la recreación como el turismo local mientras dure la evaluación. El incidente ocurre durante una vaguada activa que genera condiciones adversas en la isla.

La cascada forma parte del patrimonio natural del municipio de Peñuelas y es un punto de referencia para el turismo del área sur. No se han reportado víctimas, y el alcalde indicó que el cierre se mantendrá hasta que las autoridades determinen que el lugar es seguro.

El 30 de abril de 2026, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una advertencia de inundaciones vigente hasta las 6:00 p.m. para 15 municipios del centro y suroeste de Puerto Rico —entre ellos Barranquitas, Comerío, Corozal, Naranjito, Orocovis, Adjuntas, Utuado y Yauco— ante el paso de una vaguada y el desarrollo de tormentas eléctricas identificadas por radar Doppler. Se han acumulado entre una y dos pulgadas de lluvia, principalmente en Naranjito y Corozal, y se prevén cantidades adicionales similares.

Las condiciones pueden provocar inundaciones en zonas bajas con drenaje deficiente y aumentos en el nivel de quebradas y arroyos que normalmente permanecen secos en los 15 municipios bajo advertencia.

La zona central montañosa de Puerto Rico es históricamente vulnerable a inundaciones repentinas durante episodios de lluvia intensa, dada su topografía y la concentración de cuencas hidrográficas; advertencias similares habían sido emitidas el 29 de abril para municipios del interior.

Empleados de Texaco Puerto Rico y voluntarios se unieron al Corredor del Yaguazo para sembrar especies nativas en la Reserva Natural de la Ciénaga de Las Cucharillas, en la comunidad de Juana Matos, Cataño, en el marco del mes del planeta.

La ciénaga, de aproximadamente 1,236 acres, es considerada el humedal urbano más grande del área metropolitana y cumple una función crítica de control de inundaciones en Cataño, un municipio que se encuentra seis pies por debajo del nivel del mar.

La zona fue severamente impactada por la explosión de Capeco en 2009; desde entonces, el Corredor del Yaguazo ha liderado esfuerzos de reforestación y conservación en el humedal, que alberga especies en peligro de extinción como la cobana negra y la chiriría antillana.

La EPA asignó $555,000 en fondos federales a Puerto Rico —$276,000 del año fiscal 2025 y $279,000 del 2026— mediante el programa Sewer Overflow and Stormwater Reuse Municipal Grant para modernizar sistemas de manejo de aguas pluviales y prevenir desbordamientos de aguas residuales.

Los fondos priorizan comunidades pequeñas y con limitaciones económicas a lo largo de la isla, donde la infraestructura hídrica envejecida representa un riesgo directo para la salud pública y los cuerpos de agua.

La asignación forma parte de una inversión nacional de $80 millones que la EPA distribuye entre estados y territorios para atender retos de infraestructura hídrica insuficiente; la gobernadora Jenniffer González Colón agradeció públicamente al administrador Lee Zeldin y al presidente Donald Trump por la colaboración.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, anunció que Puerto Rico acogerá la 51ª reunión del US Coral Reef Task Force entre el 28 de abril y el 5 de mayo de 2026 en San Juan, con la sesión principal en el Hilton Garden Inn.

Los arrecifes de coral generan aproximadamente $1.8 mil millones anuales y sostienen cerca de 30,000 empleos en la Isla, además de proveer protección costera a miles de residentes.

El US Coral Reef Task Force es el principal mecanismo de coordinación entre agencias federales, estados y territorios para la protección y restauración de arrecifes; Puerto Rico participa como territorio con ecosistemas coralinos de escala regional en el Caribe.

Un estudio publicado en la revista ACS Environmental Science & Technology determinó que las esponjas de melamina liberan millones de fibras microscópicas a lo largo de su vida útil, las cuales se mezclan con el agua durante el lavado y se dispersan como microplásticos en el ambiente.

Los microplásticos se acumulan en la cadena alimentaria y representan una de las principales preocupaciones actuales en materia de contaminación ambiental; el efecto colectivo de millones de hogares usando estos productos amplifica el problema a escala global.

Las esponjas de melamina se consolidaron como un utensilio doméstico de uso cotidiano por su capacidad para desprender suciedad incrustada, pero investigaciones recientes han comenzado a documentar el costo ambiental de esa misma propiedad abrasiva.

El miércoles 29 de abril, el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre aguaceros, tronadas aisladas y riesgo de inundaciones —limitado a elevado según la zona— para Puerto Rico, con mayor concentración en municipios del oeste, noroeste y sectores montañosos.

El riesgo elevado de inundaciones en zonas montañosas y del oeste puede afectar comunidades vulnerables a deslizamientos y crecidas de ríos; las condiciones inestables se extenderían al menos hasta el jueves 30 de abril.

La meteoróloga María Novoa, del SNM, indicó que la mañana transcurriría relativamente tranquila, pero la actividad de lluvia aumentaría a partir de media mañana o mediodía; el área metropolitana mantiene un riesgo limitado, aunque no descartado.

En un artículo de opinión publicado el 29 de abril de 2026 con motivo de la Semana del Planeta Tierra, el periodista Luis Joel Méndez González del Centro de Periodismo Investigativo documenta cómo comunidades en Puerto Rico han asumido un rol activo en luchas ambientales, desde la salida de la Marina de Guerra de Vieques a principios de los 2000 hasta la resistencia actual contra el proyecto Esencia en Cabo Rojo. El texto señala que las comunidades hoy combinan presencia en redes sociales, recopilación de documentos y alianzas con periodistas y creadores de contenido para contrarrestar los recursos de relaciones públicas del Gobierno y desarrolladores privados.

El patrón descrito muestra que las comunidades, frecuentemente en situación de pobreza o desigualdad, han encontrado en la información pública y las redes sociales una vía para equilibrar disputas con actores de mayor poder económico y político. Casos como la comunidad Islote en Arecibo, El Maní en Mayagüez y el proyecto Esencia en Cabo Rojo ilustran cómo esa dinámica incide directamente en investigaciones periodísticas y en decisiones sobre permisos y desarrollo.

La lucha contra la Marina de Guerra en Vieques, que culminó con la salida del Ejército de Estados Unidos de los terrenos de la isla, es señalada como el antecedente histórico de mayor alcance; le siguieron protestas contra la carbonera de AES en Guayama, la canalización del Río Piedras y construcciones ilegales como la piscina del condominio Sol y Playa en Rincón. El proyecto Esencia en Cabo Rojo se encuentra actualmente en proceso de obtención de permisos.

El columnista Xavier Ortiz recoge lecciones surgidas en un foro convocado por CienciaPR en el que líderes de comunidades diversas de Puerto Rico compartieron cómo experimentan y responden a los efectos del cambio climático.

Las perspectivas comunitarias aportan enfoques multidisciplinarios a la respuesta del país ante el cambio climático, un debate con implicaciones directas para la planificación y la resiliencia local.

CienciaPR es una organización sin fines de lucro dedicada a conectar ciencia y sociedad en Puerto Rico; el foro se celebró en el contexto del Mes del Planeta Tierra, en abril de 2026.

Un estudio publicado en Environmental Health Perspectives estima que el 25% del bloqueador solar aplicado se desprende durante actividades acuáticas, liberando unas 5,000 toneladas anuales de químicos en zonas de arrecifes de coral — muchos de ellos tóxicos para los corales.

Los arrecifes de coral albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas a pesar de cubrir solo el 0.1% de los océanos; los químicos del bloqueador pueden dañar larvas de coral, provocar blanqueamiento y afectar su crecimiento.

Los arrecifes ya enfrentan presión acumulada por el calentamiento del agua, la contaminación, la sobrepesca y el desarrollo costero; los científicos señalan que los químicos del bloqueador representan un factor de estrés menor que el cambio climático, pero uno que los consumidores pueden atender directamente.

En abril de 2026, el periodista entrevistó a Luis Pons Irizarry, exobrero y cofundador de la Unión Independiente de la Industria Petroquímica de Puerto Rico, y a la escritora María de los Milagros Pérez Toro, quienes documentaron los daños ambientales, laborales y comunitarios causados por las petroquímicas en Guayanilla y Peñuelas. El testimonio incluye contaminación marina, enfermedades, condiciones laborales desiguales y la resistencia sindical organizada desde los años setenta.

El relato conecta décadas de daño ambiental irreversible en comunidades del sur con el debate actual sobre quién asume la carga energética en Puerto Rico, en un momento en que LUMA y Genera operan la red eléctrica y circulan propuestas de reactivar la industria petroquímica. Los afectados exigen justicia y reparaciones, no la repetición del modelo que, según documentan, sacrificó la salud y el entorno de esas comunidades a beneficio de corporaciones extranjeras.

La industria petroquímica se instaló en el sur de Puerto Rico desde finales de la década de 1950 bajo el modelo de industrialización por invitación, y se desmanteló progresivamente tras la crisis energética global de los años setenta. Luis Pons Irizarry participó como cofundador y vicepresidente de la UIIP de PR y lideró además luchas ambientales comunitarias, entre ellas una exitosa contra la empresa PPG en Guayanilla.

El municipio de Salinas instaló una escultura de manatí en el área de Ventana al Mar, creada por el artista Julián J. Ortiz Font con piezas de desechos de barcos como parte del Programa de Desechos Marinos de la NOAA.

La obra refuerza la campaña municipal de protección del manatí, especie en peligro de extinción que habita las costas del municipio, y promueve el reciclaje de materiales marinos entre residentes y visitantes.

La alcaldesa Karilyn Bonilla Colón lleva años impulsando la campaña 'Navega con precaución, protejamos al manatí'; la iniciativa se enmarca en el programa federal establecido por el Congreso en 2006 mediante la Ley de Desechos Marinos.

El sargazo ha comenzado a llegar a costas de Puerto Rico —incluyendo la playa de Yabucoa— marcando el inicio de una temporada que expertos pronostican como intensa y potencialmente récord para el verano de 2026. Desde febrero y marzo de 2026, una gran masa de algas avanza desde el Atlántico Occidental hacia las Antillas.

Las grandes acumulaciones de sargazo afectan directamente el turismo y la pesca recreativa en áreas costeras, haciendo prácticamente imposible disfrutar del mar; el pronóstico de CARICOOS para los próximos siete días señala concentraciones altas y medianas en costas de Lajas, Cabo Rojo, Ponce y otros municipios.

El sargazo es una macroalga flotante cuyo comportamiento se monitorea mediante imágenes satelitales; CARICOOS —entidad científica que vigila las aguas costeras y oceánicas del Caribe— lleva seguimiento de estas masas, que en temporadas previas ya han impactado playas de Puerto Rico y el resto del Caribe.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió el 27 de abril advertencias de inundaciones urbanas y de riachuelos para Dorado, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón y Naranjito, con vigencias escalonadas entre las 3:30 y las 5:00 p.m., sumándose a las ya activas para Camuy, Hatillo, Lares y Utuado. Las autoridades alertaron sobre inundaciones urbanas y en pequeños riachuelos causadas por lluvias excesivas, y exhortaron a los conductores a extremar precauciones.

Las advertencias abarcaron simultáneamente municipios del norte, el interior y la zona metropolitana, exponiendo a una franja densamente poblada —que incluye a Bayamón— a riesgos de inundaciones repentinas durante horas de tránsito activo.

Las primeras advertencias del día cubrieron municipios del norte y el interior ante acumulaciones de dos a cuatro pulgadas de lluvia; la incorporación posterior de Bayamón y Naranjito reflejó la expansión del sistema de humedad hacia el área metropolitana, zona con historial de inundaciones urbanas por infraestructura de drenaje insuficiente.

La Coalición Defiende a Cabo Rojo solicitó el 17 de abril una reunión urgente con la gobernadora Jenniffer González para exigir el veto del PC 310, medida aprobada en el Senado el 13 de abril sin vista pública y remitida de inmediato para su firma. La coalición, respaldada por 350 personas y 56 organizaciones, denuncia que el proyecto requiere una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa, y elimina la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos.

De convertirse en ley, el PC 310 haría prácticamente inaccesible la impugnación ciudadana de grandes proyectos: en el caso del megaproyecto Esencia —valorado en $2,000 millones— un pescador o residente tendría que desembolsar $200 millones solo para presentar un caso. La medida también permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'.

El PC 310 se desprende de un propuesto nuevo Código de Planificación y Permisos que también extrae del PC 25 la definición de la zona marítimo terrestre. El proyecto llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza, y semanas después de que decenas de miles de personas marcharan el 28 de marzo contra el proyecto Esencia en Cabo Rojo.