Organizaciones ambientales y expertos legales rechazan Ley 82-2026 por inconstitucional

Organizaciones ambientales, comunitarias y sectores profesionales rechazaron la Ley 82-2026, firmada por la gobernadora Jenniffer González, que impone una fianza del 10% del valor de cualquier proyecto de construcción como requisito para presentar querellas legales o administrativas y le resta autoridad a los municipios sobre la clasificación de terrenos rústicos especialmente protegidos. El profesor de Derecho Ambiental Pedro Saadé Lloréns identificó al menos dos bases posibles para impugnar la ley: la violación al debido proceso por restringir el acceso a los tribunales y la posible contradicción con la protección constitucional de los recursos naturales.

La fianza del 10% aplicaría a cualquier persona, entidad o municipio que intente impugnar un permiso de construcción, lo que expertos describen como una barrera económica que podría disuadir la fiscalización ciudadana y municipal; además, la ley amplía la discreción de la Junta de Planificación para reclasificar suelos protegidos bajo criterios ambiguos como proyectos "estratégicos" o "prioritarios", sin definición objetiva en el texto.

La Ley 82-2026 se suma a un patrón señalado por el Sierra Club de Puerto Rico de debilitamiento progresivo de protecciones ambientales en el archipiélago; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, ya había expresado oposición pública a la disposición que afecta la autonomía municipal sobre suelos rústicos, y el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, respaldó recientemente la visión de reducir la cantidad de suelos protegidos en Puerto Rico.