Expedientes
Activos
Privatización de la red eléctrica
La privatización de la red eléctrica de Puerto Rico atraviesa una fase de tensión regulatoria y política. LUMA Energy, encargada de la transmisión y distribución, y Genera PR, operadora de las plantas de generación heredadas de la AEE, evalúan impugnar la revisión tarifaria aprobada por el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que recalibra la tarifa base que pagan los abonados. El conflicto llega mientras el sistema acumula más de 200,000 prosumidores conectados al programa de medición neta —un crecimiento explosivo de la generación distribuida que cambia la economía de las contratistas privadas y presiona el modelo financiero original de los contratos. En paralelo, la Cámara aprobó el proyecto 1004 que prohíbe a LUMA cerrar querellas sin notificar al abonado, evidenciando frustración legislativa con el servicio y los procesos de reclamación. Más allá del eje LUMA-Genera-NEPR, el debate se ensancha con voces que recuerdan el legado tóxico de la era petroquímica en el sur (Guayanilla, Peñuelas) como advertencia sobre quién paga los costos ambientales y sociales de la infraestructura energética. La pregunta de fondo —si el modelo de operadores privados con contratos a largo plazo bajo supervisión del NEPR puede entregar tarifas razonables, servicio confiable y transición renovable— sigue sin respuesta clara, mientras los abonados absorben las alzas.
Crisis en la UPR y presidencia de Jordán Conde
La Universidad de Puerto Rico atraviesa su crisis institucional más visible en años, articulada en torno a la figura de la presidenta Zayira Jordán Conde y a un reclamo más amplio sobre el financiamiento universitario. Una marcha multisectorial llegó hasta la Fortaleza para defender la UPR; miles exigieron la renuncia de Jordán Conde y la gobernadora Jenniffer González se negó a recibirlos. Estudiantes en huelga en el recinto de Río Piedras, encabezados por la representante estudiantil Mariana Rodríguez Seguí, fijaron como ultimátum una mesa de negociación antes del 30 de abril. Jordán Conde se ha negado públicamente a renunciar pese a la presión, mientras la Junta de Gobierno guarda silencio sobre su futuro. El daño institucional ya es medible: más de 1,000 estudiantes cancelaron su admisión a la UPR en medio del conflicto, una cifra que combina el efecto de la crisis de liderato con la incertidumbre sobre la Beca Pell y los recortes presupuestarios bajo la Junta de Supervisión Fiscal. El expediente abarca tres planos entrelazados: gobernanza (legitimidad de la presidencia y de la Junta de Gobierno), financiamiento (presupuesto, Pell, austeridad PROMESA) y el conflicto activo entre el cuerpo estudiantil y la administración. Lo que está en juego es la viabilidad del primer centro docente del país.
Caso Suzanne Roig y contrato de Familia
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, está en el centro de una pugna interpoderes y partidista por un contrato de $60,000 mensuales otorgado a One Source Investigations en relación al Hogar Hacienda Don Luis, además de cuestionamientos sobre los pagos del PAN a personas fallecidas por $150.6 millones. Telemundo Rayos X y reportajes posteriores detonaron el escándalo; el Partido Popular Democrático en el Senado, por boca de Luis Javier Hernández, exige reapertura de la investigación e incluso un referido a la Oficina de Ética Gubernamental por presunto perjurio. El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz —en confrontación abierta con la gobernadora Jenniffer González dentro del propio PNP— advirtió que Roig 'tendrá un problema' si no explica el contrato y no descarta referidos formales, mientras el Senado requiere información a varias agencias. La gobernadora González cerró la pesquisa interna y respaldó a la secretaria; Roig dice estar lista si la convocan a Comisión Total. El secretario saliente Carlos Mellado compareció ante Justicia menos de 15 minutos sin declarar. El expediente cruza tres ejes: la gestión de fondos públicos en Familia, el pulso PNP-PNP entre Fortaleza y Rivera Schatz, y los límites de la fiscalización legislativa sobre el Ejecutivo.
Reforma de permisos y uso de terrenos
La administración de Jenniffer González Colón impulsa una reforma profunda al sistema de permisos y uso de terrenos en Puerto Rico mediante los proyectos PC 1213 (Cámara) y PS 1183 (Senado), que buscan agilizar la evaluación de proyectos de construcción y desarrollo, incorporar inteligencia artificial al proceso, y consolidar funciones que hoy reparten la Junta de Planificación, OGPe, DDEC y DRNA. La iniciativa enfrenta un rechazo amplio y transversal: la comunidad de planificadores —liderada por figuras como Pedro Cardona Roig y David Carrasquillo Medrano y la organización Planifiquemos— ha calificado los proyectos de 'disparate' por debilitar el Plan de Uso de Terrenos y los planes de ordenamiento municipal. Tanto la Asociación de Alcaldes (PPD) como la Federación de Alcaldes (PNP) se oponen al considerar que la reforma erosiona la autonomía municipal. Coaliciones ambientales como Coalición Defiende a Cabo Rojo y Esencia, junto al PC 25 y al controvertido PC 310 —que exigiría una fianza millonaria para impugnar proyectos en zona marítimo terrestre—, denuncian que el paquete legislativo busca silenciar la oposición ciudadana a desarrollos costeros. La Cámara, bajo el presidente Carlos 'Johnny' Méndez, evalúa una versión que regionalizaría permisos sin afectar autonomía municipal, en un intento por destrabar la negociación con los alcaldes. La discusión define quién decide el futuro físico de la isla: el Ejecutivo central, los municipios o la ciudadanía organizada, en un contexto de presión por desarrollo turístico, vivienda y centros logísticos como el de Amazon en Dorado.
Festival de Claridad y banderas censuradas
La edición 51 del Festival de Claridad, celebrada en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, se convirtió en un campo de batalla simbólico cuando el Municipio de San Juan, bajo el alcalde Miguel Romero (PNP), ordenó retirar las banderas de Palestina y del Grito de Lares del recinto, alegando que no podían ondear junto a la bandera oficial de Puerto Rico. La decisión, ejecutada por la Policía de Puerto Rico, generó una controversia inmediata sobre libertad de expresión, censura cultural y la criminalización de símbolos del independentismo y de la solidaridad con Gaza. El festival, organizado por el semanario Claridad y vinculado históricamente al Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), al Partido Socialista Puertorriqueño y al MPI, dedicó esta edición a múltiples homenajes: los 60 años de la Misión de Puerto Rico en Cuba —fundada por Juan Mari Brás—, la activista América Sorrentini, el cineasta Jacobo Morales y siete músicos de la Orquesta Sinfónica. Ensayistas como Christian Vélez han trazado paralelos entre el episodio del Bithorn y silencios históricos sobre Palestina, recordando precedentes de censura de la bandera de Lares en publicaciones como El Imparcial y Unión Obrera. El conflicto trasciende lo cultural: pone en tensión el rol de los municipios como reguladores del espacio público, los límites de la libertad de expresión bajo la administración de González Colón, y la conexión entre las luchas anticoloniales puertorriqueña y palestina en un momento de creciente solidaridad internacional con Gaza.
Archivados
El éxodo: censo, diáspora y demografía
Puerto Rico ha perdido cerca de 500,000 residentes en la última década. Las cifras del censo, los datos del Departamento del Trabajo, y los reportes del Centro for Puerto Rican Studies en Hunter ofrecen lecturas distintas sobre quiénes se van, hacia dónde, y por qué. Sentiende sigue las publicaciones que aportan datos nuevos.