Gobierno exige $5,000 de fianza a El Puente PR en caso del PMARCC

El gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón argumentó ante el Tribunal de Primera Instancia que El Puente Puerto Rico debe pagar una fianza de $5,000 —por tener base fuera de Puerto Rico— en el marco de la demanda de mandamus que la organización radicó en marzo de 2026 por la inacción ante el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC). El Puente señala que esta exigencia, combinada con el Proyecto de la Cámara 310 —aprobado en el Senado el 13 de abril de 2026 sin vista pública y pendiente de firma gubernamental—, forma parte de un patrón deliberado para obstaculizar el acceso a la justicia ambiental.

El PC 310 requeriría una fianza equivalente al 10% del costo de cualquier proyecto de construcción para radicar querellas legales o administrativas, eliminaría la facultad judicial de exonerar a comunidades de escasos recursos, y permitiría construcción en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'; la Coalición Defiende a Cabo Rojo —respaldada por más de 350 personas y 56 organizaciones— lleva cuatro semanas esperando respuesta de la gobernadora ante su solicitud de veto.

El PMARCC fue elaborado bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025, y surge del mandato de la Ley 33-2019; esta es la tercera vez que El Puente Puerto Rico acude a los tribunales para exigir su aprobación, y en todas las instancias anteriores los tribunales han fallado a su favor.