El Puente denuncia fianza impuesta y PC 310 como estrategia para frenar justicia climática

La organización El Puente Puerto Rico denunció el 12 de mayo de 2026 que el Gobierno de Puerto Rico utiliza obstáculos procesales —entre ellos una fianza de $5,000 impuesta por el tribunal y el Proyecto de la Cámara 310— para dificultar el acceso a la justicia de comunidades y organizaciones ambientales. El contexto inmediato es la demanda de mandamus que El Puente radicó en marzo de 2026 contra la gobernadora Jenniffer González Colón y la Cámara de Representantes por no firmar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático (PMARCC).

El PC 310, pendiente de firma de la gobernadora, exigiría una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para radicar una querella; en el caso del megaproyecto Esencia, valorado en $2,000 millones, eso representaría $200 millones solo para presentar un caso. Además, la medida eliminaría la facultad judicial de exonerar a comunidades de escasos recursos y permitiría construir en suelos clasificados como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'.

El PMARCC fue elaborado bajo la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, aprobado por el Senado el 18 de noviembre de 2025 y exigido por la Ley de Cambio Climático (Ley 33-2019), pero la Cámara y la gobernadora lo mantienen sin acción a casi siete años de aprobada esa ley. El PC 310 fue aprobado en el Senado el 13 de abril de 2026 sin vista pública, en medio de una oleada de desarrollos de lujo en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza.