Gobernadora González firma ley que exige fianza del 10% para cuestionar proyectos de construcción

La gobernadora Jenniffer González firmó el proyecto PS 310, ahora Ley 82 del 2026, que obliga a cualquier persona, entidad o municipio a depositar una fianza equivalente al 10% del valor total de un proyecto de construcción o permiso antes de presentar una querella legal o administrativa. La ley también le reduce autoridad a los municipios sobre la clasificación de terrenos rústicos especialmente protegidos y faculta a la Junta de Planificación a modificar esa clasificación si el proyecto cumple con alguno de cinco criterios amplios, entre ellos ser declarado "estratégico", "prioritario" o "estructura crítica".

Organizaciones ambientales, comunitarias y expertos en derecho señalan que la fianza del 10% crea una barrera económica que impediría a ciudadanos y comunidades acceder a los tribunales para cuestionar proyectos de desarrollo, mientras que la flexibilización de protecciones sobre suelos rústicos abre esos terrenos a desarrollos mediante categorías legales que critican como discrecionales y ambiguas.

El profesor Pedro Saadé Lloréns, litigante veterano en asuntos ambientales, identificó al menos dos posibles bases de impugnación constitucional: violación al debido proceso de ley por el requisito de la fianza y posible conflicto con la disposición constitucional que protege los recursos naturales de Puerto Rico; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, también se expresó públicamente contra la parte de la ley que afecta la autonomía municipal sobre terrenos protegidos.