La Coalición Defiende a Cabo Rojo solicitó el 17 de abril una reunión urgente con la gobernadora Jenniffer González para exigir el veto del PC 310, medida aprobada en el Senado el 13 de abril sin vista pública y remitida de inmediato para su firma. La coalición, respaldada por 350 personas y 56 organizaciones, denuncia que el proyecto requiere una fianza equivalente al 10 % del costo de cualquier proyecto de construcción para poder radicar una querella legal o administrativa, y elimina la facultad judicial de exonerar de ese pago a comunidades de escasos recursos.

De convertirse en ley, el PC 310 haría prácticamente inaccesible la impugnación ciudadana de grandes proyectos: en el caso del megaproyecto Esencia —valorado en $2,000 millones— un pescador o residente tendría que desembolsar $200 millones solo para presentar un caso. La medida también permitiría construir en suelo clasificado como Rústico Especialmente Protegido si el gobierno designa la obra como 'proyecto estratégico'.

El PC 310 se desprende de un propuesto nuevo Código de Planificación y Permisos que también extrae del PC 25 la definición de la zona marítimo terrestre. El proyecto llega en medio de una oleada de desarrollos de lujo a gran escala en Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande, Vieques, Dorado, Naguabo y Loíza, y semanas después de que decenas de miles de personas marcharan el 28 de marzo contra el proyecto Esencia en Cabo Rojo.