Educación

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 27 de julio de 2026 la expansión de la iniciativa 'Quiero Mi Escuela', asignando dos planteles a cada agencia gubernamental; los costos de acondicionamiento para agosto los asumen las propias agencias tras la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) no aprobar los $25 millones solicitados en febrero para el Departamento de Educación.

La negativa de la JSF a desembolsar los $25 millones traslada la carga del acondicionamiento escolar directamente a las agencias, lo que plantea preguntas sobre sostenibilidad presupuestaria y el alcance real del programa a largo plazo.

La iniciativa arrancó asignando una escuela por agencia para preparar los planteles antes del inicio del año escolar en coordinación con el Departamento de Educación y la Autoridad de Edificios Públicos; el gobierno atribuye a ese modelo dos inicios de clases consecutivos con mayor organización.

El saxofonista Miguel Zenón anunció 'Jazz En Las Escuelas', un programa respaldado por la fundación Make Music Happen para enseñar improvisación musical en las Escuelas Libre de Música de Puerto Rico. El programa iniciará en septiembre en la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini.

La improvisación musical, ausente del currículo actual, es componente esencial de géneros puertorriqueños como la bomba, la plena, la música jíbara y la salsa, además de géneros populares globales.

Zenón identificó una laguna en el currículo de las Escuelas Libre de Música y diseñó la iniciativa específicamente para atenderla, con el respaldo institucional de Make Music Happen.

La presidenta de la APPSSRE, Ruth Concepción Rivera, denunció el 24 de julio que el Departamento de Educación mantiene sin pagar servicios del Programa de Remedio Provisional y que entre el 1 y el 10 de agosto la deuda equivaldrá a dos meses de servicios facturados y no cobrados.

Quedan pendientes más de 69,000 servicios de terapias —sin contar terapias compensatorias— y los proveedores advierten que no podrán sostener operaciones, lo que podría dejar a estudiantes sin servicios esenciales justo al inicio del nuevo año escolar.

La APPSSRE ha denunciado durante los pasados meses irregularidades adicionales, incluyendo el incumplimiento de una revisión de tarifas comprometida por el Ejecutivo y disposiciones en el contrato 2026-2027 que restringen el acceso al Programa; el DE no ha respondido formalmente a ninguno de esos señalamientos.

El Recinto Universitario de Mayagüez otorgó por primera vez en su historia —más de 100 años— un grado académico a estudiantes que completaron todo su programa en modalidad virtual. Neishaly Serrano Cortés y Andrew Hermann Holland recibieron la maestría en Ciencias en Economía Agrícola sin pisar el campus de Mayagüez.

El hito inaugura oficialmente la educación graduada a distancia en el RUM y abre una nueva vía de acceso para profesionales y estudiantes que no pueden asistir de forma presencial por razones laborales, geográficas o personales.

La Universidad de Puerto Rico ha operado históricamente bajo un modelo presencial; este programa del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural del Colegio de Ciencias Agrícolas es el primero en ofrecer un grado graduado completamente en línea dentro de la institución.

El Departamento de Educación solicitó al tribunal reducir las multas diarias por incumplimiento con las estipulaciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez de $11,000 a $1,000, argumentando que la agencia cumple con gran parte de los servicios a estudiantes de educación especial. La solicitud llegó en respuesta a un informe de la monitora del caso y una orden del comisionado, quienes concluyeron que el DE aún incumple con múltiples condiciones del pleito y debe pagar más, no menos.

El pleito acumula más de $40 millones en multas diarias pagadas, mientras menos de 6,500 familias que reclamaron daños han recibido ofertas de apenas $5,100 cada una —frente a los $150,000 que solicitaron en 2016— sin que el incumplimiento operacional haya cesado. Además, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón evalúa convertir la Secretaría de Educación Especial en un mero programa, lo que eliminaría los canales formales de querellas para familias y organizaciones.

El pleito Rosa Lydia Vélez lleva más de cuarenta años en los tribunales y establece obligaciones al DE en materia de servicios a estudiantes con impedimentos; el Estado ha pagado multas de forma continuada sin que los incumplimientos se resuelvan según la monitora del caso y el Comité Timón, que fiscaliza el cumplimiento.

La Universidad de Puerto Rico recibió una subvención federal de $9 millones de la National Science Foundation (NSF) para el proyecto RAIS-PR, una iniciativa bajo el programa E-CORE enfocada en inteligencia artificial, sistemas energéticos resilientes y otras áreas STEM. La iniciativa será liderada por el Recinto Universitario de Mayagüez en colaboración con los 11 recintos del sistema y el Sistema Universitario Ana G. Méndez.

Los fondos ampliarán la infraestructura científica de la UPR, conectarán sus recintos con instituciones, gobierno e industria, y crearán oportunidades de investigación y formación para estudiantes y docentes en todo el sistema universitario.

El programa E-CORE de la NSF es una convocatoria altamente competitiva dirigida a fortalecer ecosistemas de investigación científica; la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, destacó que la adjudicación reconoce la capacidad científica de la institución.

El Recinto Universitario de Mayagüez confirió los primeros grados doctorales en Psicología Escolar a Brenda M. Cintrón Rodríguez, Mónica D. Ruiz Ruiz, Xiomara M. Colón Aponte y Krystal A. Montalvo González, convirtiéndose también en la primera cohorte en completar ese grado en todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico.

El programa añade doctoras especializadas en atender necesidades académicas, sociales y emocionales en escuelas públicas y privadas, áreas donde Puerto Rico ha documentado déficit de servicios psicoeducativos, incluyendo para poblaciones con síndrome de Down, estudiantes sordos y jóvenes en riesgo.

El programa doctoral en Psicología Escolar del RUM es relativamente reciente; esta cohorte navegó parte de su formación durante la pandemia y fue pionera sin generaciones previas de graduados como referencia dentro de la institución.

El 15 de julio de 2026, padres, estudiantes y miembros del Movimiento de Acción Comunitaria de La Parguera enviaron una carta firmada por 52 personas al secretario de Educación Eliezer Ramos Parés exigiendo la restitución de la doctora Carla González Cobo, directora de la escuela Alejandro Tapia y Rivera, cuyo contrato no fue renovado y culminó el 30 de junio. La comunidad realizó además una manifestación frente al plantel.

La escuela, enfocada en ciencias marinas bajo metodología Montessori, sirve a 106 familias en Lajas y opera con alianzas de Sea Grant, CARICOOS y la UPR-Mayagüez; la no renovación del contrato de su directora genera incertidumbre también sobre los contratos de los maestros para el año escolar entrante.

La comunidad ya se había organizado en 2021 para impedir el cierre del mismo plantel, entonces conocido como la Escuela sin paredes; ese antecedente alimenta el temor actual de que la salida de la directora sea preludio a otro intento de clausura.

El 16 de julio, durante la ceremonia de graduación del Colegio de Artes y Ciencias del RUM, integrantes de la comunidad universitaria abuchearon al rector interino Miguel Muñoz Muñoz, le dieron la espalda desde la tarima y levantaron pancartas contra la intervención partidista en la UPR; la presidenta Zayira Jordán Conde no estuvo presente.

El rechazo público en un acto de graduación refleja que la tensión institucional en el RUM no se disipó con el fin del año académico, luego de que los estudiantes mantuvieran una huelga indefinida de más de un mes durante el semestre pasado.

El estudiantado del RUM encabezó una huelga contra las gestiones de Jordán Conde que prolongó el año académico; pancartas en la ceremonia aludían a 'Politank' y a la intervención partidista, señales de que el conflicto por el rumbo administrativo de la UPR sigue abierto.

La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) destina $2.3 millones para rehabilitar estacionamientos en escuelas públicas y cuarteles de la Policía en 18 municipios, con asignaciones de entre $115,000 y $130,000 por localidad. El director ejecutivo Félix Laselle Toro indicó que varios municipios ya están concluyendo las obras y que estas deben completarse antes del inicio del ciclo académico en agosto de 2026.

Los trabajos cubren planteles en municipios distribuidos por toda la isla, y los contratistas tienen un plazo de 30 días tras terminar las obras para someter facturas y evidencia fotográfica del antes y después, lo que establece un mecanismo de rendición de cuentas sobre el gasto.

Esta inversión en estacionamientos se suma a los trabajos de mantenimiento general que la AEP lleva a cabo bajo el programa 'Quiero Mi Escuela', con el que la agencia ha intervenido 404 de las 409 escuelas bajo su cargo previo al inicio de clases del 6 de agosto de 2026.

Documentos firmados por la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y entregados al Senado revelan que diez recintos reportan sobrecarga docente calculada a base de 12 créditos por profesor, con el Recinto de Río Piedras registrando 113 plazas vacantes y una sobrecarga de 211.4 créditos.

La escasez de profesores con permanencia limita la capacidad de investigación de la UPR y su acceso a fondos federales, al tiempo que el gobierno central asigna a la institución un 4 % del presupuesto —menos de la mitad del promedio nacional de 8.8 % que los estados destinan a sus sistemas públicos de educación superior.

El congelamiento de plazas docentes comenzó antes de la llegada de la Junta de Supervisión y Administración Financiera y se ha profundizado con el tiempo; la reciente Ley 113 de 2025, que establece admisión automática para el 20 % de los mejores promedios de escuelas públicas, agrava la presión al anticipar un crecimiento en matrícula sin recursos adicionales.

El Movimiento de Acción Comunitaria de La Parguera envió una carta firmada por 52 personas al secretario de Educación Eliezer Ramos Parés exigiendo la restitución de la doctora Carla González Cobo, cuyo contrato como directora de la escuela Alejandro Tapia y Rivera no fue renovado y cesó funciones el 30 de junio de 2026. Padres, estudiantes y egresados también realizaron una manifestación frente al plantel.

La escuela, única secundaria pública montessoriana enfocada en ciencias marinas en La Parguera, representa a 106 familias y cuenta con alianzas con Sea Grant, CARICOOS, Para La Naturaleza y el Recinto de Mayagüez de la UPR; los padres señalan además que los maestros también están sin contratos.

La escuela Alejandro Tapia y Rivera opera bajo el modelo público Montessori con una orientación especializada en ciencias marinas, con respaldo de organizaciones ambientales reconocidas; la comunidad atribuye el éxito académico del plantel al liderato de González Cobo.

El presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia (APPST), Víctor Moreno, reclamó el martes al Departamento de Educación que actualice las tarifas que paga por terapias, vigentes desde 2015, alegando que la estructura actual impide retener terapistas en Puerto Rico.

Un estudio del economista Gustavo Vélez, presentado el 10 de junio al secretario de Educación Eliezer Ramos Parés, concluyó que las tarifas no reflejan la inflación ni los costos actuales de operación, lo que según APPST se traduce directamente en menos terapias disponibles para estudiantes de educación especial.

Los proveedores operan bajo una estructura tarifaria establecida hace más de una década y advierten que la brecha entre lo que reciben y lo que cuesta operar —personal, seguros, energía, transportación y cumplimiento regulatorio— está empujando a los terapistas a emigrar al mercado estadounidense.

Un grupo de 46 estudiantes de escuela superior visitó las instalaciones de RiceTec en Puerto Rico como parte del Agriculture Week Challenge, iniciativa educativa de la Facultad de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) respaldada por la Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (PRABIA).

El programa expuso a los jóvenes a los 13 ofrecimientos académicos de la Facultad de Ciencias Agrícolas del RUM y a oportunidades profesionales en un sector que posiciona a Puerto Rico como parte de la investigación global de semillas.

RiceTec, empresa miembro de PRABIA, opera en Puerto Rico como centro de investigación y desarrollo de semillas de arroz con alcance internacional; PRABIA agrupa a empresas del sector biotecnológico agrícola en la isla.

La Universidad de Puerto Rico celebrará el sábado 18 de julio el UPR Fest 2026, un evento gratuito de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en el Recinto de Río Piedras que reunirá por primera vez la oferta académica, servicios estudiantiles y experiencias universitarias de sus 11 recintos.

El evento, dirigido a estudiantes de escuela superior, universitarios y sus familias, ofrecerá orientación sobre admisiones, ayudas económicas y asistencia para completar el FAFSA en un solo lugar.

La UPR es el principal sistema público de educación superior de Puerto Rico; nunca antes había concentrado la representación de todos sus recintos en una sola actividad de este tipo.

Rocío Zambrana, profesora asociada del Departamento de Filosofía de la UPR en Río Piedras, recibió una beca de la American Council of Learned Societies (ACLS) por su propuesta de investigación 'Metamorfosis del valor', siendo la única puertorriqueña entre los 63 investigadores galardonados en esta ronda, que distribuyó $3.5 millones en total.

La beca, de hasta $60,000, financiará entre seis y doce meses de investigación y redacción a tiempo completo sobre los orígenes ibéricos del capitalismo y su vínculo con la esclavitud, desde el siglo XV hasta el siglo XVII; los seleccionados surgieron de un proceso competitivo entre más de 2,000 solicitantes.

El Programa de Becas ACLS apoya investigadores en humanidades y ciencias sociales mediante un proceso de evaluación por pares en varias etapas; más de la mitad de los becarios de 2026 son investigadores noveles o académicos en funciones docentes intensivas.

El centro Arecibo C3, el Departamento de Educación y la Universidad de Puerto Rico firmaron un acuerdo colaborativo para ampliar el acceso de estudiantes y maestros de escuelas públicas a experiencias educativas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

El acuerdo incluye capacitación docente, actividades prácticas, laboratorios de biología molecular, un makerspace y programas para familias, usando el antiguo Observatorio de Arecibo como eje educativo activo.

Arecibo C3 es un consorcio liderado por el Recinto de Río Piedras de la UPR junto a la Universidad de Maryland, Condado de Baltimore y Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York, respaldado por la Fundación Nacional de Ciencias, con el objetivo de reconvertir el antiguo Observatorio de Arecibo en un centro de educación e investigación al servicio de Puerto Rico.

El Comité Timón de Familiares de Personas con Impedimentos advirtió el 9 de julio que la reorganización administrativa del Departamento de Educación no resuelve los problemas que afectan a los estudiantes del Programa de Educación Especial, entre ellos largas esperas para evaluaciones, escasez de maestros especializados y falta de terapias.

Miles de estudiantes con discapacidad en Puerto Rico dependen del Programa de Educación Especial; el Comité advierte que la nueva estructura podría aumentar la burocracia y agravar retrasos en contrataciones, pagos a proveedores y entrega de equipos asistivos.

El Programa de Educación Especial opera bajo mandatos federales de la Ley IDEA, la Ley 51 de Puerto Rico y la sentencia del caso Rosa Lydia Vélez, marco que la reorganización no modifica pero que, según el Comité, tampoco aprovecha para corregir incumplimientos históricos.

El Departamento de Educación realizará siete talleres regionales para guardias privados contratados por la agencia antes del inicio del año escolar en agosto de 2026, incluyendo por primera vez un componente especializado en Educación Especial con énfasis en el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La iniciativa busca que el personal de seguridad escolar cuente con herramientas de intervención y comunicación adecuadas para responder a situaciones con estudiantes con necesidades especiales; los talleres también cubrirán legislación escolar, manejo de emergencias y prevención de violencia.

El comisionado de Seguridad César González Cordero indicó que la inclusión del componente de autismo surgió de una vista pública encabezada por la representante Tatiana Pérez, cuya recomendación fue incorporada de inmediato al programa de adiestramientos.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 772, convirtiéndolo en la Ley 125-2026, que reorganiza la estructura organizacional, administrativa, académica y tecnológica del Departamento de Educación de Puerto Rico.

La ley crea una línea clara de sucesión administrativa, refuerza la supervisión financiera y mejora la coordinación tecnológica con PRITS; además se enmarca en el plan para lograr la salida del síndico federal que desde 2021 supervisa los procesos y transacciones financieras de la agencia.

En marzo de 2026, la gobernadora y el secretario de Educación Eliezer Ramos Parés anunciaron avances como parte del plan para concluir la supervisión federal; la ausencia de un orden de sucesión claro en la legislación anterior había generado una disputa institucional en 2019 cuando la entonces secretaria Julia Keleher designó un interino al renunciar.

Un grupo de 13 jóvenes de la comunidad de Piñones, en Loíza, presentó en junio de 2026 recomendaciones al gobierno estatal, municipios, escuelas y organizaciones culturales para ampliar el acceso a bibliotecas públicas y libros de interés juvenil, como parte del cierre del club de lectura Personas Lectoras de la organización Tiempo de Contar.

Las recomendaciones, elaboradas por jóvenes de 10 a 15 años, colocan la voz de la niñez loiceña en el centro del debate sobre acceso a la lectura y políticas educativas, en una comunidad históricamente subatendida en recursos culturales.

Tiempo de Contar, organización sin fines de lucro fundada en 2022, desarrolló el club en colaboración con Piñones Aprende y Emprende (PAYE) y Seattle University; el evento de cierre se celebró en EDP University, que desde entonces alberga el nuevo espacio permanente de la organización en Hato Rey.

Representantes claustrales y estudiantiles ante la Junta de Gobierno de la UPR alertaron que la Junta de Supervisión Fiscal aumentó unilateralmente la partida para el Sistema de Retiro de $133 millones a $177 millones en el presupuesto del año fiscal que comenzó el 1 de julio de 2026, reasignando fondos de una partida de gastos operacionales sin especificar su procedencia ni consultar a la comunidad universitaria.

Los $44.5 millones adicionales requeridos por la JSF fueron reprogramados de gastos operacionales no identificados, lo que coloca a la institución en lo que sus representantes claustrales —Rafael Méndez Tejeda y William Muñiz— y el representante estudiantil Benjamín Rivera describen como una posición de vulnerabilidad e incertidumbre que podría comprometer la calidad académica.

El presupuesto consolidado de la UPR para este año fiscal asciende a $1,255 millones según la versión de la JSF, cifra similar a la aprobada por la propia Junta de Gobierno, aunque con una distribución distinta en la partida de pensiones; la disputa refleja la tensión persistente entre la administración universitaria y la JSF sobre quién controla las decisiones de gasto de la institución.

El Departamento de Educación y la organización sin fines de lucro Techno Inventors, Inc. firmaron un acuerdo colaborativo para ofrecer a miles de estudiantes y docentes del sistema público acceso gratuito a currículos en robótica, programación, inteligencia artificial, realidad virtual y diseño de videojuegos bajo el modelo eSTREAM.

El acuerdo amplía el acceso a educación tecnológica en el sistema público sin costo para estudiantes ni docentes, e incluye metodologías adaptadas para estudiantes de educación especial, además de la posibilidad de representar a Puerto Rico en competencias tecnológicas internacionales.

El DE ha impulsado iniciativas de robótica y STEM en años recientes; este acuerdo formaliza una colaboración con un actor privado sin fines de lucro para escalar esos esfuerzos mediante plataformas digitales y currículos especializados.

Un grupo de 13 jóvenes de 10 a 15 años de la comunidad de Piñones, en Loíza, presentó recomendaciones dirigidas a docentes, gobiernos municipal y estatal, librerías y universidades durante el evento de cierre del club de lectura Personas Lectoras, organizado por Tiempo de Contar en colaboración con PAYE y Seattle University. Entre sus peticiones principales destacó la construcción de bibliotecas públicas en cada municipio con libros nuevos y espacios cómodos.

Las recomendaciones reflejan brechas en infraestructura lectora y acceso a libros que los propios jóvenes identificaron en su comunidad, y fueron presentadas ante educadores, organizaciones culturales y representantes universitarios.

La iniciativa surgió cuando Tiempo de Contar —fundada en 2022 por Lusiann Iturbe Ortiz— decidió ceder a los participantes el control de su propia experiencia lectora, permitiéndoles seleccionar libros en librerías puertorriqueñas y dirigir tertulias literarias durante tres semanas en junio de 2026.

El 6 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón recibió a 205 estudiantes de escuela superior seleccionados para el Programa Ejecutivo de Empleo de Verano 2026, quienes trabajarán en agencias del gobierno del 6 al 24 de julio. La secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, María del Pilar Vélez Casanova, orientó a los participantes sobre asignaciones, compensación y horarios.

El programa, que recibió más de 5,000 solicitudes, ofrece a jóvenes de entre 14 y 19 años de escuelas especializadas y vocacionales su primera experiencia en el servicio público en agencias como el Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia y la Vivienda.

El Programa Ejecutivo de Empleo de Verano es una nueva iniciativa creada como expansión del Internado Ejecutivo Luis A. Ferré, dirigida específicamente a estudiantes de escuela superior que aún no han completado sus estudios.

Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) presentó el rediseño de CienciaPR.org, su plataforma bilingüe, en el marco de su vigésimo aniversario, con nuevas categorías de membresías organizacionales y recursos actualizados para su comunidad.

El portal conecta a más de 17,000 científicos, estudiantes, educadores y miembros de la comunidad en Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, y amplía su alcance al incorporar por primera vez membresías para empresas, universidades y organizaciones sin fines de lucro.

CienciaPR.org fue fundada en 2006 y ha operado como la principal red digital de la comunidad científica boricua; la organización también alberga la Colección de Latinas en STEM, con más de 450 perfiles, y sirve ahora como sede digital de ReCiTe PR, la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología inaugurada en junio de 2026.

El representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, anunció una propuesta para incorporar cursos sobre drones al currículo de escuelas públicas de San Juan, e iniciará conversaciones con el secretario de Educación Eliezer Ramos para evaluar su creación.

Los talleres buscan preparar a estudiantes del sistema público en el manejo de tecnología que ya se emplea en arquitectura, ingeniería, agricultura e inspección de infraestructura, siguiendo la tendencia de varios estados que ya cuentan con programas similares.

La iniciativa surge mientras el uso seguro de drones continúa siendo objeto de debate: en una audiencia reciente del Comité de Asuntos Judiciales del Senado federal, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional reportaron más de 34,000 incidentes de drones cerca de aeropuertos en 2023.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó la liberación de $3,643,154 del año fiscal 2023 para extender los programas de internados, asistencia técnica y adiestramiento de la Universidad de Puerto Rico hasta el 30 de junio de 2027.

Los fondos ampliarán las plazas de formación práctica para estudiantes subgraduados y graduados, e incorporarán dos nuevas agencias al programa: la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (10 estudiantes) y la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (40 estudiantes).

Los fondos correspondían al año fiscal 2023 y requerían aprobación de la JSF para ser liberados; la junta condicionó su uso a informes trimestrales de progreso y un informe final con datos de participantes, horas trabajadas y costos.

La rectora de UPR Cayey, Rochellie Martínez Vivas, respondió el 3 de julio de 2026 a las acusaciones del Sindicato de Trabajadores de la UPR, argumentando que los 16 empleados despedidos tenían nombramientos especiales financiados con fondos no recurrentes de la pandemia del COVID-19 cuyos términos vencieron el 30 de junio de 2026. La rectora negó además que la administración haya emitido instrucciones para reducir salarios de empleados del gremio, y sostuvo que el caso judicial citado por el sindicato corresponde a hechos particulares que no guardan relación con los procesos administrativos actuales.

La disputa sobre si los despidos constituyen una expiración legítima de contratos o un desacato a un fallo judicial definirá si el sindicato convoca una huelga al inicio del próximo semestre académico, con potencial impacto directo en las operaciones del recinto y su comunidad estudiantil.

La sentencia del Tribunal de Apelaciones del 8 de mayo de 2026 confirmó un laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje del 27 de enero de 2023, que declaró ilegal el despido de un trabajador con siete años de servicio; la administración de Cayey alega que los contratos ahora vencidos son de naturaleza distinta a ese caso. El sindicato sostiene que los 16 cesanteados acumulan hasta cinco años de servicio y ya habían adquirido estatus permanente.

Una investigación del doctor José Caraballo Cueto, catedrático de la UPRRP, publicada en el Journal of Disability Policy Studies, encontró que la pobreza —no la discapacidad de aprendizaje por sí sola— eleva 2.5 veces la probabilidad de deserción escolar entre estudiantes con discapacidades específicas de aprendizaje, y que el huracán María aumentó en un 85% el riesgo de abandono durante el año académico posterior al desastre.

El estudio confirma que los varones tienen un 18% mayor probabilidad de desertar y que cada año adicional de edad eleva ese riesgo en un 21%, mientras que el 20.4% de la población adulta en Puerto Rico carece de diploma de escuela superior —el doble del promedio estadounidense—, lo que subraya el alcance estructural del problema.

El análisis, basado en más de 2.4 millones de observaciones estudiantiles del sistema de educación pública recopiladas entre 2015 y 2021, halló que más de 33,700 estudiantes abandonaron el sistema en ese período; Caraballo Cueto advierte que las políticas públicas deben atender simultáneamente la desigualdad económica y los apoyos educativos para reducir la deserción.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 2 de julio de 2026 que la Junta de Supervisión y Administración Financiera aprobó una transferencia de $118 millones al Departamento de Educación para saldar deudas acumuladas y obligaciones corrientes del año fiscal 2026 con más de 122 proveedores del Programa de Educación Especial. Los fondos provienen de economías identificadas por la OGP en 73 agencias gubernamentales, sin requerir asignaciones presupuestarias adicionales.

El pago garantiza la continuidad de servicios a miles de estudiantes del Programa de Educación Especial y confirma, según el gobierno, que el presupuesto del año fiscal 2026 se mantuvo balanceado; los proveedores que ofrecen servicios esenciales a esos estudiantes recibirán los pagos pendientes sin que las agencias de origen vean afectadas sus operaciones.

Durante los meses previos surgieron señalamientos de que el presupuesto del año fiscal 2026 no estaba balanceado debido a las obligaciones pendientes del Programa de Educación Especial; la OGP realizó un monitoreo continuo de la ejecución presupuestaria que permitió identificar los $118 millones disponibles en economías y balances de 73 agencias antes de presentar la solicitud de reasignación ante la JSFA.

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) y la organización sin fines de lucro Techno Inventors, Inc. firmaron un acuerdo colaborativo para ofrecer a estudiantes y docentes del sistema público acceso gratuito a programas de robótica, programación, inteligencia artificial, realidad virtual y otras disciplinas STEM. El acuerdo no tendrá costo para el Departamento ni para los participantes.

La alianza amplía el acceso a educación tecnológica en escuelas públicas e incluye a estudiantes de educación especial mediante metodologías adaptadas, además de abrir paso a competencias tecnológicas locales e internacionales.

El DEPR ha impulsado iniciativas STEM en años recientes; este acuerdo incorpora el modelo educativo eSTREAM —que integra ciencia, tecnología, robótica, ingeniería, artes, matemáticas y eSports— como marco curricular para el programa.

Eduardo Nicolau, catedrático del Departamento de Química de la UPR en Río Piedras y director ejecutivo del Centro de Investigación en Ciencias Moleculares, fue seleccionado para el Fulbright Specialist Roster para el período 2026-2029. La distinción lo habilita para colaborar con universidades, centros de investigación y organizaciones en más de 150 países.

La selección amplía la proyección internacional de la UPR en áreas de ciencia de materiales, tecnologías de separación y transferencia de tecnología, y posiciona al recinto como referente en investigación científica a escala global.

El programa Fulbright, establecido en 1946, es uno de los esquemas de intercambio académico más reconocidos del mundo. Nicolau ha desarrollado alianzas previas con la NASA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos desde el MSRC.

La contralora Carmen Vega Fournier emitió el 30 de junio de 2026 una opinión adversa sobre la Administración Central de la UPR tras una auditoría que cubrió del 1 de julio de 2020 al 15 de diciembre de 2025, identificando registros contables tardíos, pagos por anticipado irregulares y desembolsos indebidos. Entre los hallazgos figuran 9 órdenes de compra por $249,577 no reconocidas en cuentas contables y un pago indebido de $16,289 por servicios de mantenimiento nunca prestados.

Las fallas provocaron que se subestimaran cuentas de gastos y se sobrestimara la cuenta de activos prepagados por $243,527, comprometiendo la confiabilidad de la información financiera de una institución que registró ingresos de más de $635 millones entre los años fiscales 2020-2021 y 2023-2024. La Oficina de la Contralora recomendó recobrar los fondos pagados indebidamente y reforzar los controles internos.

La UPR ha enfrentado años de presiones presupuestarias y recortes de personal; la propia administración universitaria atribuyó parte de las deficiencias a la reducción de empleados en las áreas de Finanzas, Compras y Desembolsos. Las opiniones adversas de la Contralora son el dictamen más severo que puede emitir esa oficina fiscalizadora.

El Departamento de Educación, a través de su Oficina de Infraestructura y Recuperación, celebró la colocación de la primera piedra e inició la fase de construcción para reparar y reforzar estructuralmente la Escuela Intermedia Jardines de Ponce, con una inversión de $964,979.66 financiada por el Programa de Asistencia Pública de FEMA. Los trabajos, a cargo de DFM Contractors LLC, tendrán una duración estimada de 242 días.

La obra incluye la reparación estructural de tres edificios académicos, reforzamiento sísmico y mejoras a las cimentaciones, con el fin de que las instalaciones cumplan con los códigos de construcción vigentes y devuelvan un plantel seguro a estudiantes y personal del sur de Puerto Rico.

Los terremotos que sacudieron el sur de Puerto Rico dañaron múltiples planteles escolares; desde entonces, la recuperación de esa infraestructura ha estado sujeta a los procesos escalonados de evaluación ambiental, diseño, permisos y cumplimiento que exigen los fondos federales de FEMA. El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, señaló que existen avances en otros proyectos de reconstrucción en la denominada zona cero del sur.

Una jueza federal bloqueó parte de una norma de la administración Trump que excluía programas de enfermería, terapia física y otros campos de la categoría de 'programas profesionales', lo que los sujetaba a topes de préstamos federales de $100,000 en lugar de $200,000. El Departamento de Educación emitió el lunes 30 de junio de 2026 una norma revisada para cumplir con la orden judicial, vigente a partir del miércoles.

La reclasificación afecta directamente el techo de deuda federal que pueden asumir estudiantes de posgrado en campos de salud: la diferencia entre ser considerado programa 'profesional' o no equivale a hasta $100,000 en capacidad de préstamo. Como efecto paralelo, varios programas de teología fueron reclasificados como 'no profesionales' y quedarán sujetos al tope más bajo.

La norma original forma parte de una reforma de préstamos estudiantiles incluida en la ley contributiva del presidente Donald Trump aprobada el año pasado; el Departamento de Educación, a través del subsecretario Nicholas Kent, indicó que cumplirá la orden judicial pero continuará litigando para restaurar la definición original.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 29 de junio de 2026 que 163 directores escolares recibirán estatus de permanencia, habilitando una plataforma del Departamento de Educación para que se registren oficialmente. La medida se fundamenta en la Ley 86-2025 y la Carta Circular Núm. 012-2025-2026, que fijaron los criterios de cualificación de un universo de más de 329 directores en plazas transitorias.

Los directores beneficiados —algunos de los cuales esperaron hasta ocho años por la permanencia— pasan a tener estabilidad laboral, lo que incide directamente en la continuidad del liderazgo en las escuelas públicas. El gobierno indica que la medida no representa impacto presupuestario al tratarse únicamente de un cambio de estatus.

La Ley 86-2025 creó el marco legal para que el Departamento de Educación, junto a los directores y sus organizaciones, desarrollara los requisitos de permanencia, entre ellos haber ocupado el puesto por mínimo dos años, dirigir una escuela con matrícula activa y contar con evaluaciones satisfactorias sin querellas pendientes.

Entre 2017 y 2025, la Junta de Supervisión Fiscal recortó $421 millones en asignaciones a la Universidad de Puerto Rico, reduciendo su presupuesto del Fondo General casi a la mitad, mientras los costos de matrícula se duplicaron y la población estudiantil disminuyó.

De más de 100 agencias del gobierno, la UPR fue la única que recibió un recorte de alrededor del 50%; los municipios, en segundo lugar, absorbieron $350 millones en recortes durante el mismo período.

La transformación fiscal de la UPR comenzó con la aprobación de Promesa y el establecimiento de la JSF, que desde 2017 ha impulsado recortes presupuestarios y exigido a la institución generar ingresos propios, una meta que la universidad no ha logrado alcanzar.

La contralora Carmen Vega Fournier informó el jueves que refirió a Justicia, Ética Gubernamental y Educación una investigación que identificó $4,926.80 en pagos indebidos a un maestro de la Escuela Superior Manuela Toro Morice, en Caguas, entre abril y junio de 2024. Los pagos —con fondos estatales y federales— se realizaron sin registros físicos de ponche ni justificación válida de asistencia.

El caso expone fallas en los controles internos del Departamento de Educación sobre el sistema de asistencia mecanizada UKG Workforce, y podría derivar en cargos penales tras el referido a Justicia del 13 de abril de 2026.

La investigación surgió de una querella ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora y cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de abril de 2025, según el Informe OC-26-44. La evidencia documental ubicó al maestro en gestiones de salud durante días que fueron justificados con códigos como 'Asunto Oficial' o participación en un torneo de baloncesto.

El Departamento de Educación celebró una orientación en el Coliseo de Manatí para los 118 directores de escuelas bilingües de las siete Oficinas Regionales Educativas, con miras al año escolar 2026–2027. En el evento se presentó la primera Política Pública del Programa de Educación Bilingüe en la historia de la agencia y se anunció la incorporación de personal de apoyo para los modelos de inmersión dual.

La nueva política pública unifica por primera vez los lineamientos del programa, que ya abarca 118 escuelas en todo Puerto Rico, y añade personal de apoyo para reforzar su implementación.

El Programa de Educación Bilingüe forma parte de la plataforma de gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón y opera bajo modelos de inmersión dual que buscan la adquisición progresiva de un segundo idioma.

Tras una reunión de trabajo convocada por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, el Departamento de Educación se comprometió a desembolsar cerca de $13 millones en facturas pendientes a transportistas escolares antes del 30 de junio de 2026.

Los transportistas escolares —que mueven diariamente a estudiantes a través de la isla— llevan tiempo sin recibir pagos por servicios ya prestados; el acuerdo establece una fecha límite inmediata para saldar esa deuda con fondos concretos.

Las demoras en pagos gubernamentales a contratistas del Departamento de Educación han sido una queja recurrente en el sector; los acuerdos fueron ratificados junto al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, con funcionarios de Educación presentes en la reunión.

El 25 de junio de 2026, en el último día de sesión ordinaria, el Senado aprobó los Proyectos del Senado 1027, 1208 y 1248, patrocinados por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, para agilizar revisiones salariales de maestros del sistema público, declarar noviembre como Mes de Concienciación sobre la Sexualización de Menores, y ampliar beneficios a veteranos recipientes de la Orden del Corazón Púrpura.

El PS 1027 establece un plazo máximo de 180 días para completar revisiones salariales docentes y garantiza pago retroactivo automático desde la fecha de elegibilidad, respondiendo a reclamos de miles de maestros que han esperado incrementos por ascensos académicos y años de servicio.

Los maestros del sistema público han enfrentado largas esperas para recibir aumentos contemplados en la Ley de Carrera Magisterial; el proyecto también crea un portal digital para que los educadores puedan dar seguimiento a sus solicitudes ante el Departamento de Educación.

El 24 de junio de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó una enmienda al contrato entre la Universidad de Puerto Rico y MCS Life Insurance Company que extiende la cubierta médica de los empleados universitarios hasta el 30 de junio de 2027. La presidenta de la UPR, doctora Zayira Jordán Conde, anunció la determinación el 25 de junio.

La aprobación garantiza continuidad en los beneficios de salud de los empleados de la UPR durante el año fiscal 2027, dentro de los recursos presupuestarios ya previstos por la institución.

La UPR opera bajo la supervisión fiscal de la JSF, que debe aprobar enmiendas contractuales de la institución; la renovación del contrato con MCS requería certificación presupuestaria antes de que concluyera el año fiscal vigente.

El 25 de junio de 2026, la académica y senadora claustral Margarita Villamil Torres envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón solicitando su intervención para promover el relevo de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, a quien describe como fuente de una crisis de gobernanza institucional.

La petición formaliza ante el Ejecutivo un reclamo que durante los últimos 360 días —según la carta— ha consumido recursos y energía de la comunidad universitaria, y sitúa a la gobernadora en posición de tener que responder públicamente sobre el futuro del liderazgo de la principal institución pública de educación superior del país.

Durante el pasado semestre, varios recintos de la UPR vivieron huelgas y paralizaciones; en múltiples graduaciones, estudiantes abuchearon a Jordán Conde y desplegaron pancartas contra su gestión, lo que llevó a la presidenta a ausentarse de las ceremonias de Cayey, Ponce y Río Piedras.

El 25 de junio de 2026, durante la graduación del Recinto de Río Piedras de la UPR —donde más de 2,400 estudiantes fueron reconocidos— estudiantes corearon consignas contra la presidenta Zayira Jordán Conde y la decana de estudiantes Gloria Díaz Urbina arremetió desde la tarima contra los recortes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La presidenta del Consejo General de Estudiantes, Dyamar Cruz, exigió la restitución de la fórmula presupuestaria del 9.6% para la UPR.

Las asignaciones del gobierno central a la UPR cayeron de $834 millones a $441 millones —una reducción del 47%— entre el año fiscal 2017 y el 2027 bajo supervisión de la JSF, y la institución dejó de recibir aproximadamente $3,115 millones entre los años fiscales 2018 y 2026; la ceremonia reveló que el rechazo a Jordán Conde y a la JSF ya no proviene solo del estudiantado sino también de autoridades universitarias.

Jordán Conde declinó participar en la graduación de Río Piedras por tercera ocasión —también había faltado a las de Cayey y Ponce— luego de haber sido recibida con abucheos en recintos donde sí asistió, en medio de controversias por recortes, despido de rectores y eliminación de programas.

Del 10 al 16 de junio de 2026, cuarenta maestras de escuelas públicas y privadas de 12 municipios completaron el programa 'Lectura en Acción: Instituto de Verano en Lectoescritura', impulsado por Titín Foundation y Lectores para el futuro en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia en San Juan.

El programa responde a cifras del Departamento de Educación que indican que solo el 13% de los estudiantes de primer grado del sistema público alcanza el estándar de fluidez lectora, proporción que sube apenas al 20% en segundo grado.

La iniciativa abordó fundamentos de enseñanza explícita de la lectura —conciencia fonológica, decodificación y fluidez— e incluyó un taller de simulador sobre dislexia para que los docentes experimentaran los retos de estudiantes con diferencias en el aprendizaje.

La gobernadora Jenniffer González anunció que el Departamento de Educación ampliará su programa de inmersión dual español-inglés de 36 a 118 escuelas para el inicio del año escolar de agosto de 2026, un crecimiento de 228% desde el inicio de su cuatrienio.

Las 118 escuelas representarán más del 10% de los cerca de 853 planteles del sistema público; más de 600 maestros, 50 directores y 15 superintendentes ya han participado en adiestramientos para sostener la expansión.

El programa arrancó el cuatrienio con 36 escuelas bajo un modelo que inicia con 80% de instrucción en español y 20% en inglés, avanzando gradualmente hacia una proporción de 50-50; el secretario de Educación Eliezer Ramos Parés indicó que la expansión se apoyó principalmente en certificación de maestros ya activos, no en nuevas contrataciones.

El Senado de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 983, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que crea la 'Ley de Cátedras Dotadas e Incentivos Contributivos' para fomentar donaciones privadas a la Universidad de Puerto Rico mediante deducciones contributivas especiales destinadas a financiar cátedras, plazas o becas docentes. En la misma sesión, el Senado aprobó al menos nueve proyectos y resoluciones adicionales sobre temas de educación, retiro, bienestar animal y violencia doméstica.

La medida abre un nuevo canal de financiamiento privado para la UPR —sistema universitario público que ha enfrentado recortes presupuestarios sostenidos— al ofrecer deducciones contributivas preferenciales a personas naturales y jurídicas que aporten a dotaciones permanentes. El Departamento de Hacienda y la propia UPR quedarán a cargo de la supervisión y rendición de cuentas de los fondos.

La UPR ha dependido históricamente de asignaciones legislativas para su operación, y ha atravesado años de reducciones presupuestarias que afectaron programas académicos y personal. El modelo de cátedras dotadas con incentivos contributivos es común en universidades privadas de los Estados Unidos, pero representa un esquema novedoso para el sistema universitario público puertorriqueño.

El 23 de junio de 2026, la representante Lourdes Ramos exigió la renuncia de Ricardo Dalmau Santana como presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, acusándola de no haber pagado $156.5 millones en aportaciones patronales pendientes al Sistema de Retiro de la institución para el año fiscal en curso.

La deuda patronal de $156.5 millones amenaza la estabilidad de un fideicomiso de retiro que, según Ramos, cuenta con cerca de $2,000 millones en inversiones y debe responder a las obligaciones de los empleados y jubilados universitarios durante las próximas décadas.

En 2016 el Sistema de Retiro de la UPR fue reorganizado bajo la Ley de Fideicomisos de Puerto Rico, dándole personalidad jurídica independiente de la administración universitaria; Ramos también alertó que la Junta de Supervisión Fiscal buscaría convertir el sistema a un modelo tipo 401(k), lo que calificó como contrario a la ley.

El presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, calificó el 23 de junio como "un logro histórico" el anuncio de la gobernadora Jenniffer González de reasignar $90.4 millones del presupuesto vigente para pagar deudas de Carrera Magisterial a 5,850 maestros activos y jubilados. Bonilla Sánchez indicó que la cifra coincide con los estimados propios de la organización, que apuntaban a una deuda de entre $85 y $90 millones.

La deuda cubre aumentos salariales acumulados desde 2010 —con el grueso correspondiente al año fiscal 2014-2015— que docentes ganaron al completar maestrías y doctorados bajo los criterios del programa, pero que nunca recibieron durante los años de crisis fiscal del gobierno.

La Ley de Carrera Magisterial otorga aumentos salariales a maestros que avanzan académicamente, pero el programa estuvo congelado varios años por los problemas fiscales del gobierno y se reactivó el cuatrienio pasado; la AMPR había presionado en foros institucionales y en los tribunales para forzar el pago de los retroactivos acumulados.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz anunció el relanzamiento de las Becas Legislativas "Te Queremos Preparado" y publicó la lista de la Generación de Excelencia 2026, integrada por estudiantes del sistema público que completaron la escuela superior con índice acumulativo de 4.00.

Cada beca otorga $1,000 para sufragar gastos universitarios; los beneficiarios fueron seleccionados por municipio según promedio perfecto y puntuaciones en las Pruebas de Aptitud Académica.

El programa ya existía antes de este relanzamiento y está dirigido exclusivamente a estudiantes del sistema público, con un proceso de selección que considera tanto el índice académico como los resultados del College Board.

El 23 de junio, durante la graduación del Recinto de Bayamón celebrada en el Coliseo Rubén Rodríguez, estudiantes se manifestaron mientras la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, ofrecía su discurso a la clase graduanda, marcando la quinta ceremonia consecutiva en que enfrenta expresiones públicas de rechazo.

Las protestas han acompañado cada aparición pública de Jordán Conde durante la temporada de graduaciones, que aún incluye ceremonias pendientes en Cayey, Ponce, Río Piedras, Utuado y Mayagüez, convirtiendo los actos académicos en escenario continuo de inconformidad estudiantil.

Las manifestaciones comenzaron el 5 de junio en la graduación del Recinto de Ciencias Médicas y se repitieron en Aguadilla, Arecibo, Humacao y ahora Bayamón, en el marco de meses de huelgas y reclamos sobre gobernanza universitaria y decisiones administrativas bajo la actual presidencia.

Siete jóvenes con diversidad funcional se convirtieron en la primera clase graduanda del Área Académica Vocacional y Técnica de los Centros Sor Isolina Ferré, como parte de una ceremonia celebrada en el Teatro Mons. Vicente Murga de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico que reconoció a 132 graduandos en total.

El hito institucional valida un modelo educativo que combina formación académica con desarrollo vocacional para jóvenes con diversidad funcional, con miras a promover su independencia e inserción laboral.

Los Centros Sor Isolina Ferré, fundados en 1969, operan escuelas superiores alternativas en Ponce, Guayama y San Juan y celebraron su decimonovena ceremonia de graduación; el Área Académica Vocacional y Técnica para jóvenes con diversidad funcional representa una expansión reciente de esa oferta educativa.

La Junta de Supervisión Fiscal rechazó por segunda vez el presupuesto propuesto por la Universidad de Puerto Rico al concluir que no cumple con el plan fiscal certificado ni demuestra cómo financiará las obligaciones de su sistema de retiro, señalando un déficit de $44.5 millones. El plazo para someter una versión revisada vence el 24 de junio, días antes del inicio del año fiscal el 1 de julio.

El impasse pone en riesgo el sistema de retiro de los empleados de la UPR y amenaza con trasladar el costo a estudiantes mediante alzas en matrícula, en una institución cuyo presupuesto ha sufrido recortes acumulados que superan los $450 millones desde el inicio de la crisis fiscal.

La Cámara aprobó el 23 de junio un presupuesto consolidado de $560.8 millones para la UPR para el año fiscal 2026-27, pero la JSF mantiene objeciones sobre partidas clave. Sectores del claustro y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios señalan que los recortes sostenidos han dejado a la institución sin recursos suficientes para cumplir su misión.

El lunes 22 de junio de 2026, nueve estudiantes del Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas de la UPR en Río Piedras fueron reconocidos en la ceremonia de distinciones académicas al completar la maestría en Gestión y Administración Cultural.

El programa demuestra que la educación universitaria dentro del sistema penitenciario produce investigación académica aplicada —incluyendo guías jurídicas en lenguaje accesible para mujeres confinadas— con potencial impacto en las condiciones de vida de esa población.

El Programa de Estudios Universitarios para Personas Confinadas de la UPR-RP lleva al menos desde 2014 admitiendo estudiantes privados de libertad; una de las graduandas, Omayra Torres Sánchez, ingresó ese año.

La Universidad Albizu, Recinto de San Juan, inauguró un nuevo Centro de Estudios Graduados y completó la renovación de la Biblioteca Dr. Carlos Albizu Miranda gracias a una subvención de $611,296.84 del programa Título V PPOHA del Departamento de Educación Federal.

La capacidad de visitantes de la biblioteca fue triplicada y se integraron recursos tecnológicos que amplían el acceso académico e investigativo para estudiantes graduados, docentes e investigadores.

El programa Título V PPOHA del Departamento de Educación Federal está diseñado para fortalecer la infraestructura académica de instituciones hispanas de educación superior; la Universidad Albizu lleva 59 años operando y fue reacreditada recientemente por la Middle States Commission on Higher Education por el periodo máximo de ocho años.

Ibrahim Jemuel e Isaac Jemuel Cruz Nieves, gemelos de 19 años del recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana, se graduaron con distinción cum laude tras haber comenzado sus estudios universitarios a los 13 años en enero de 2021.

Su trayectoria ilustra las posibilidades —y los retos logísticos y personales— que enfrentan estudiantes dotados que aceleran su educación formal fuera de los ritmos convencionales del sistema escolar.

Los gemelos ingresaron a la universidad durante la pandemia, lo que según ellos facilitó una transición más discreta; Ibrahim estudió Biotecnología e Isaac cursó Seguridad Cibernética, coordinando horarios al depender del transporte de sus padres durante toda la carrera.

LEAP Social Enterprise confirmó que la LEAP STEAM + Forestry Academy en Trujillo Alto, que tenía aprobación inicial del Departamento de Educación para abrir en agosto de 2026, no abrirá hasta el año escolar 2027-2028 por factores operacionales, incluyendo la falta de una instalación física adecuada. El principal oficial de Administración y Expansión, Juan D. Padilla Robles, anunció que las familias que ya completaron matrícula tendrán espacio reservado para agosto de 2027.

Familias que matricularon a sus hijos para agosto quedan en incertidumbre a semanas del inicio del año escolar, y deben buscar alternativas de último momento; LEAP ofreció prioridad de matrícula en su escuela en Dorado y coordinó con la Oficina Regional Educativa de San Juan para facilitar otras opciones.

La posposición confirma las preocupaciones planteadas por el Junte sobre la falta de fiscalización del DE, que había aprobado la escuela sin verificar que contara con instalaciones adecuadas; la coalición respalda la Resolución de la Cámara 70, que busca una moratoria en la creación y expansión de escuelas chárter.

La administración del Colegio Limari en Carolina confirmó el 17 de junio de 2026 que la institución dejará de operar durante el próximo año escolar, tras cinco décadas de funcionamiento.

El cierre afecta a familias y estudiantes de Carolina y se suma a una cadena de cierres de colegios privados en Puerto Rico anunciados en los últimos meses.

El Colegio Limari fue fundado por Víctor Rivera Morales y Thynia López Morales, cuyo legado institucional incluyó participación de estudiantes en competencias de robótica en Panamá y Tailandia tras ganar torneos nacionales.

El representante del PNP Josean Jiménez radicó el Proyecto de Ley 839 en la Cámara de Representantes para prohibir que instituciones educativas públicas o privadas cobren cuotas, mensualidades o matrículas deportivas como condición para que un estudiante participe en equipos escolares.

De aprobarse, ninguna escuela podría condicionar la participación deportiva al pago ni a la compra de uniformes o equipo; el financiamiento tendría que canalizarse por presupuesto institucional, donativos, auspiciadores o acuerdos voluntarios de los padres.

La exposición de motivos reconoce que actualmente existen programas deportivos escolares que imponen cuotas como condición de participación, lo que según el legislador limita el acceso según la capacidad económica de las familias.

El 19 de junio de 2026, Ibrahim Jemuel Cruz Nieves e Isaac Jemuel Cruz Nieves se graduaron Cum Laude del Recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en Biotecnología y Seguridad Cibernética, respectivamente.

Los gemelos completaron sus bachilleratos tras una trayectoria universitaria que comenzó en enero de 2021, cuando fueron admitidos con apenas 13 años, convirtiéndose en dos de los estudiantes universitarios más jóvenes del país.

Los hermanos ingresaron a la universidad en 2021 luego de completar su preparación académica mediante un programa acelerado de educación en el hogar, lo que generó atención nacional en su momento.

Ibrahim Jemuel Cruz Nieves e Isaac Jemuel Cruz Nieves, quienes ingresaron a la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón, en enero de 2021 con 13 años, se graduaron el 17 de junio de 2026 con la distinción Cum Laude; Ibrahim en Biotecnología e Isaac en Seguridad Cibernética.

Los hermanos completaron una carrera universitaria de bachillerato en aproximadamente cinco años, comenzando a una edad excepcionalmente temprana tras una preparación acelerada de educación en el hogar.

Su admisión en 2021 generó atención nacional al convertirlos en dos de los estudiantes universitarios más jóvenes del país; ambos habían completado su preparación preuniversitaria mediante un programa acelerado de educación en el hogar.

El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció el miércoles 17 de junio el calendario académico 2026-2027, fijando el inicio de clases para el 6 de agosto y el regreso del personal para el 3 de ese mes.

El calendario contempla 186 días lectivos divididos en dos semestres —el primero hasta el 22 de diciembre de 2026 y el segundo hasta el 28 de mayo de 2027— y permite a familias y empleados del sistema público organizar su planificación con anticipación.

Las reuniones de entrega de informes de progreso con padres están programadas para el 23 de octubre, 15 de enero, 19 de marzo y 28 de mayo; las graduaciones podrán comenzar el 24 de mayo, y el calendario incluye simulacros mensuales de tirador activo, terremoto, tsunami e incendios.

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció que el Departamento de Educación asigna cerca de $50 millones anuales a 21 escuelas chárter —con posibles cinco adicionales para el próximo año escolar— y que la Oficina del Inspector General identificó deficiencias significativas en la fiscalización de esas escuelas, incluyendo que el DE no ha radicado los informes anuales requeridos ante el gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

Según cálculos del Junte basados en datos del propio DE, la fórmula de financiamiento por estudiante en escuelas chárter superaría en el triple la asignación de las escuelas públicas —aproximadamente $6,000 frente a $2,000 por estudiante—, mientras la matrícula pública se proyecta en alrededor de 221,000 estudiantes para el próximo año escolar.

Desde 2018, cuando se aprobó la Ley Núm. 85-2018, se han autorizado 21 escuelas chárter en Puerto Rico; organizaciones magisteriales han solicitado reiteradamente una moratoria para evaluar su desempeño, petición que no ha prosperado en la Asamblea Legislativa.

El martes 17 de junio, durante la ceremonia de graduación del Recinto de Humacao de la UPR, varios estudiantes se levantaron y le dieron la espalda a la presidenta Zayira Jordán Conde mientras ofrecía su mensaje, marcando la cuarta graduación consecutiva en que la funcionaria enfrenta protestas similares.

El patrón de rechazo —iniciado en el Recinto de Ciencias Médicas y repetido en Aguadilla, una tercera ceremonia y ahora Humacao— convierte las colaciones de grado en escenarios de tensión institucional antes de las graduaciones más concurridas del sistema: Río Piedras el 25 de junio y el RUM en julio.

Las protestas se producen tras meses de paralizaciones y manifestaciones en varios recintos de la UPR relacionadas con asuntos de gobernanza, preocupaciones presupuestarias y cuestionamientos sobre el rumbo de la institución bajo la presidencia de Jordán Conde.

El equipo UPRM Boat Solar del Recinto Universitario de Mayagüez competirá del 3 al 11 de julio de 2026 en el Monaco Energy Boat Challenge, representando a Puerto Rico en la categoría Energy Class frente a equipos de España, Polonia y Turquía.

Es la primera vez que el RUM participa en esta competencia internacional de ingeniería marítima, lo que coloca a la principal universidad pública del país en un escenario de primer nivel global en tecnología de energía solar.

El equipo tiene historial en el Solar Splash, competencia de botes solares en Estados Unidos donde participaron más de siete veces y ganaron en varias ocasiones; hace dos años decidieron apuntar a la justa internacional, aunque el año pasado no pudieron asistir.

Al 17 de junio de 2026, organizaciones que ofrecen servicios a estudiantes de Educación Especial confirmaron que el Departamento de Educación aún no les había depositado los fondos acordados tras una interrupción de servicios a principios de junio, y que tampoco habían recibido explicación sobre el atraso.

La demora mantiene en incertidumbre la continuidad de servicios educativos y terapéuticos para esta población; cubrir la deuda total con los proveedores requiere aproximadamente $93.4 millones que están bajo consideración de la Junta de Control Fiscal.

Un acuerdo reciente permitió reanudar labores tras la interrupción de principios de junio de 2026; el secretario Eliezer Ramos reconoció la cifra pendiente y señaló que la agencia adelanta trámites administrativos y fiscales para agilizar los desembolsos.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 605, ahora Ley 112-2026, que designa la última semana de febrero de cada año como la "Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico".

La legislación busca fortalecer la educación agrícola y la apreciación pública hacia la agricultura como sector estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la isla.

El proyecto fue de autoría del senador Jeison Rosa Ramos y reconoce la contribución de estudiantes, maestros, ganaderos y agroempresarios al sector agrícola puertorriqueño.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico y otras entidades presentaron una moción como amigos de la corte pidiendo al Tribunal Supremo reconsiderar su decisión del 28 de mayo que avaló una cláusula de no competencia que impide a la sicóloga Arlene J. Maestre Rivera seguir atendiendo a estudiantes de educación especial que trató mientras estaba bajo contrato con MCG Therapy Group LLC. Los comparecientes no cuestionan la doctrina establecida, sino que piden que el caso regrese al Tribunal de Primera Instancia para desarrollar evidencia sobre el impacto en esa población.

La decisión afecta directamente a estudiantes de educación especial que tienen vínculos terapéuticos establecidos con su sicóloga, una población que depende de la continuidad relacional para su tratamiento; los amigos de la corte argumentan que aplicar criterios comerciales ordinarios a servicios terapéuticos con menores requería mayor récord probatorio.

El caso surge de un contrato que The Able Child at Centro Multidisciplinario del Caribe, Inc. cedió a MCG Therapy Group LLC, empresa con la que comparte directores; cuando Maestre Rivera comenzó a atender pacientes por cuenta propia, MCG ejecutó la cláusula de no competencia, y el Supremo fijó nuevos parámetros para contratos cedidos que contienen ese tipo de cláusula.

La clase Eclipse 2026 de la LEAP STEAM + E Academy of San Juan, compuesta por 53 graduandos de duodécimo grado, alcanzó por segundo año consecutivo un 100% de graduación y admisión universitaria en instituciones locales y de Estados Unidos.

El resultado valida la sostenibilidad del modelo de escuelas pública-alianza, del cual el Departamento de Educación opera actualmente 21 planteles; nueve de los graduandos continuarán estudios en Rutgers University mediante el Programa de Becas Alfredo & Gloria Bonilla Santiago.

El modelo LEAP, fundado por la doctora Gloria Bonilla-Santiago a través de LEAP Social Enterprise, opera bajo un esquema de alianza con el DE que combina rigor académico con enfoque STEAM y acompañamiento estudiantil.

El representante Pedro "Pellé" Santiago Guzmán presentó ante la Comisión de Gobierno de la Cámara una propuesta para crear un cuarto sorteo extraordinario de la Lotería Tradicional que generaría entre $12 y $15 millones anuales para otorgar una aportación mensual de $100 al plan médico de cerca de 5,000 maestros retirados. La Junta de Retiro acudió a la vista pública para proponer enmiendas, mientras que el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto expresaron reservas sobre la medida.

Los maestros que se acogieron al retiro en 2013 perdieron su aportación mensual para el plan médico, dejándolos sin cobertura de ese beneficio; la propuesta busca restituir ese apoyo para un grupo de aproximadamente 5,000 personas.

Desde 2013, los maestros que se jubilaron ese año quedaron sin la aportación mensual al plan médico que recibían sus pares; la Cámara lleva tiempo buscando mecanismos para remediar esa situación sin afectar directamente el presupuesto general.

La presidenta de la UPR, Dra. Zayira Jordán Conde, y la presidenta de la University of Louisiana Monroe (ULM), Dra. Carrie L. Castille, firmaron un memorando de entendimiento en la Administración Central de la UPR, con la participación de los rectores de las unidades del sistema universitario. El acuerdo establece un marco para intercambios estudiantiles y docentes, proyectos de investigación conjunta, desarrollo de currículos y búsqueda de financiamiento externo.

El convenio abre vías de movilidad académica para estudiantes e investigadores de ambas instituciones y habilita la gestión conjunta de fondos ante agencias gubernamentales, organizaciones filantrópicas y fundaciones privadas. Ambas universidades también explorarán áreas como el desarrollo de la fuerza laboral y la participación comunitaria.

Las conversaciones entre la UPR y ULM comenzaron en noviembre de 2025, cuando representantes de la universidad de Louisiana visitaron Puerto Rico para identificar áreas de cooperación; entre ellas destacan las ciencias farmacéuticas —ULM alberga el único programa de Farmacia financiado con fondos públicos en Louisiana— y un bachillerato en desarrollo sobre manejo de desastres.

El 13 de junio de 2026, el Comisionado Residente Pablo José Hernández llevó a miembros del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara federal —incluidos Bennie G. Thompson, Nellie Pou y Al Green— a la Escuela Superior Francisco Morales en Naranjito para evaluar el avance de la reconstrucción escolar financiada con fondos federales. La construcción comenzó en abril de 2024 y la apertura no está prevista hasta noviembre de 2026.

La visita expone que, a casi nueve años del huracán María, proyectos de reconstrucción permanente de infraestructura escolar todavía no han concluido; la escuela de Naranjito es uno de varios planteles en ese estado en toda la isla.

La delegación realiza una agenda de trabajo de dos días en Puerto Rico para evaluar la recuperación tras los huracanes María y Fiona y los terremotos de 2019 y 2020, con reuniones que incluyen a FEMA, alcaldes, funcionarios del gobierno de Puerto Rico y representantes del sector energético.

El 11 de junio de 2026, el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció que el Departamento de Educación destina cerca de $50 millones anuales a 21 escuelas chárter existentes, y planea abrir cinco adicionales, mientras un informe de la Oficina del Inspector General halló deficiencias significativas en la fiscalización de estos planteles. La agencia tampoco ha presentado los informes anuales requeridos por ley ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

De aprobarse las cinco escuelas adicionales, el gasto público en escuelas chárter ascendería a unos $60 millones anuales, fondos que la coalición contrasta con los aproximadamente $90 millones que el gobierno estima necesarios para cumplir la carrera magisterial de cerca de 8,000 maestros del sistema público. De los 7,410 estudiantes matriculados en escuelas chárter, 5,810 provienen de escuelas públicas.

Las escuelas chárter en Puerto Rico se autorizaron a partir de la Reforma Educativa impulsada por la exsecretaria Julia Keleher, quien posteriormente se declaró culpable de fraude durante la administración de Ricardo Rosselló. En octubre de 2022, el Departamento de Educación fue ordenado a cancelar un contrato con una escuela chárter tras revelarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversación de fondos.

Siete estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico fueron seleccionados este año para la beca NSF Graduate Research Fellowship Program, parte de un total de 13 becados de todo el sistema UPR.

La NSF GRFP es uno de los reconocimientos más competitivos del país para estudiantes graduados en STEM, y la distinción respalda tanto el potencial investigador de los estudiantes como los programas de mentoría de la Facultad de Ciencias Naturales.

La UPRRP opera bajo la categoría Carnegie R2, que prioriza la investigación, y este resultado refleja un esfuerzo sostenido del recinto por fortalecer la investigación subgraduada en ciencias naturales.

Un grupo de educadores participa del programa 'NIIMBL eXperience @ PRSTRT', un adiestramiento veraniego en métodos de la industria biofarmacéutica diseñado para maestros de ciencias de escuelas públicas.

Se espera que este primer grupo de participantes impacte a más de 1,800 estudiantes, acercando prácticas de laboratorio industriales a salones donde a veces no existe infraestructura científica formal.

Algunos de los maestros participantes trabajan sin laboratorio en sus escuelas, realizando experimentos en pupitres o en el piso, lo que refleja las carencias de infraestructura que persisten en parte del sistema de educación pública.

La Comisión de Gobierno de la Cámara, presidida por el representante Víctor Parés Otero, inició el 11 de junio de 2026 el estudio del Proyecto de la Cámara 1135, que propone crear un cuarto sorteo extraordinario anual de la Lotería Tradicional de Puerto Rico para generar entre $12 y $15 millones destinados a una aportación de $100 al plan médico de unos seis mil maestros jubilados. La Junta de Retiro, representada por su director ejecutivo el Lcdo. Arnaldo Ortiz Miranda, respaldó la intención pero recomendó enmendar la medida para que quede claramente enmarcada bajo la Ley 95 de 1963, no bajo la Ley 3 de 2013.

Cerca de seis mil maestros jubilados perdieron su aportación al plan médico en 2013 y, según el legislador autor de la medida, el representante Pedro 'Pellé' Santiago Guzmán, muchos no tienen recursos para costear servicios médicos; el sorteo propuesto generaría ingresos nuevos sin afectar fondos existentes.

La eliminación del beneficio del plan médico a maestros jubilados ocurrió en 2013, en el contexto de recortes fiscales al gobierno de Puerto Rico; desde entonces, este sector ha quedado fuera de las protecciones que la Ley 3 de 2013 extiende al resto de los retirados del gobierno.

En febrero de 2026, el Departamento de Educación recibió una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las 87 estipulaciones del pleito de clase Rosa Lydia Vélez, una mejora métrica que el Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial cuestiona por no reflejar cambios estructurales reales. El DE paga $11,000 diarios en multas por incumplimiento y compañías privadas contratadas cobran cerca de $2,500 por niño sin supervisión adecuada de la agencia.

Los incumplimientos más graves ocurren en las estipulaciones de servicios directos al estudiante —maestros cualificados, terapias especializadas, programas educativos individualizados— que afectan diariamente a una población vulnerable. Además, centros privados financiados con fondos del DE cierran de forma repentina, dejando a estudiantes en un limbo de servicios.

El caso Rosa Lydia Vélez lleva más de dos décadas bajo jurisdicción del Tribunal, con el comisionado especial el licenciado Carlos Rivera Martínez celebrando vistas mensuales; es la presión judicial continua, según el Comité Timón, lo que ha forzado algún nivel de cumplimiento con leyes que de otro modo se ignorarían. Desde 2016, la Junta de Control Fiscal también incide en el manejo presupuestario de Educación Especial.

El Departamento de Educación reconoció a decenas de estudiantes del sistema público que obtuvieron las puntuaciones más altas en las Pruebas de Admisión Universitaria (College Board), entregándoles un incentivo económico de $1,000 por materia, además de placa y certificado. Catorce estudiantes que también graduaron con promedio de 4.00 recibieron un segundo incentivo de $1,000, para un total de $2,000 cada uno.

El programa premia el desempeño académico con dinero en efectivo a estudiantes de escuelas públicas de siete regiones educativas, desde Arecibo hasta Humacao, reconociendo específicamente excelencia en Matemáticas, Inglés y Español.

El reconocimiento se realizó a través de la Oficina de Promoción a la Excelencia Académica del Departamento de Educación y coincidió con la ceremonia de Excelencia Académica 2026, en la que la agencia reconoció a 1,612 graduandos con promedio perfecto de 4.00.

El 11 de junio de 2026, el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció que el Departamento de Educación asigna cerca de $50 millones anuales a las 21 escuelas chárter actualmente operando, con planes de abrir cinco adicionales que elevarían ese gasto a $60 millones. Un informe de la Oficina del Inspector General concluyó que la agencia tiene deficiencias significativas en la fiscalización de estos planteles y no ha rendido los informes anuales requeridos por ley ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

De los 7,410 estudiantes matriculados en escuelas chárter, 5,810 provienen del sistema público, lo que la coalición señala como evidencia de un desplazamiento que contribuye al cierre de planteles públicos. Al mismo tiempo, el gobierno ha indicado que se necesitarían alrededor de $90 millones para cumplir con la carrera magisterial de cerca de 8,000 maestros y maestras que aún no han recibido ese ajuste salarial.

Las escuelas chárter en Puerto Rico surgen de la Reforma Educativa impulsada por la exsecretaria Julia Keleher, quien posteriormente se declaró culpable de fraude cometido durante la administración de Ricardo Rosselló. Desde 2018 se han autorizado 21 escuelas bajo la Ley Núm. 85-2018, y en octubre de 2022 el Departamento de Educación fue ordenado a cancelar un contrato luego de revelarse que un incorporador había sido convicto por malversación de fondos.

Siete estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP) fueron seleccionados para la beca graduada del National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program (NSF GRFP), parte de un total de 13 becados del sistema UPR en 2026.

El NSF GRFP es uno de los reconocimientos más competitivos a nivel nacional para estudios graduados en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas; la distinción valida los programas de investigación subgraduada de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPRRP en la categoría Carnegie R2.

Los estudiantes seleccionados participaron en programas de entrenamiento científico financiados por agencias federales —entre ellos IDGene, NeuroID y ACS— adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales de la UPRRP.

En febrero de 2026, el Departamento de Educación obtuvo una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las 87 estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, reflejo de una mejora en métricas del Tribunal. El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió, no obstante, que los avances se concentran en requisitos de divulgación y no en servicios directos al estudiante.

El DE paga $11,000 diarios en multas por incumplir con el caso y continúa sin sancionar a funcionarios que obstruyen servicios, mientras compañías privadas que cobran cerca de $2,500 por niño cierran súbitamente y dejan a estudiantes sin atención. Las deficiencias afectan servicios especializados —terapia equina, acuática, procesamiento auditivo— que impactan directamente la comprensión lectora y el desarrollo de los estudiantes.

El pleito de clase Rosa Lydia Vélez lleva más de dos décadas bajo jurisdicción del Tribunal federal; el comisionado especial Carlos Rivera Martínez celebra vistas mensuales y la monitora Pilar Beléndez Soltero publica informes anuales. Desde 2016, la Junta de Control Fiscal ha condicionado el manejo presupuestario de Educación, y el paso por la gestión de la secretaria Julia Kelleher —quien fue arrestada— llevó a la designación de un Síndico federal.

El Departamento de Educación reconoció a decenas de estudiantes del sistema público que obtuvieron las puntuaciones más altas en las Pruebas de Admisión Universitaria (College Board), entregándoles $1,000 por materia, además de placa y certificado. Catorce estudiantes que también figuraron en la ceremonia de Excelencia Académica 2026 —donde se reconoció a 1,612 graduandos con promedio de 4.00— recibieron un total de $2,000 en incentivos.

El programa de incentivos económicos vincula el desempeño académico en pruebas estandarizadas con reconocimiento monetario directo a estudiantes de escuelas públicas de al menos siete regiones educativas del país.

Los reconocimientos son administrados por la Oficina de Promoción a la Excelencia Académica del Departamento de Educación; el secretario Eliezer Ramos Parés y la gobernadora Jenniffer González Colón participaron en la actividad, enmarcándola dentro de las prioridades de la administración en educación pública.

El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció el 11 de junio de 2026 que el Departamento de Educación desvía fondos públicos a corporaciones privadas mediante contratos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, mientras un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) documentó deficiencias significativas en la fiscalización de las 21 escuelas chárter autorizadas desde 2018. La OIG también determinó que la agencia no ha sometido los informes anuales requeridos por ley ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, ni ha evidenciado el informe del año fiscal 2025-2026.

El Departamento de Educación asigna cerca de $50 millones anuales a escuelas chárter, cifra que subiría a aproximadamente $60 millones si se aprueban las cinco escuelas adicionales proyectadas; la falta de fiscalización documentada por la OIG deja sin rendición de cuentas el uso de esos fondos públicos.

La Ley Núm. 85-2018 estableció el marco legal para las escuelas chárter en Puerto Rico y exige informes anuales al Gobernador y la Asamblea Legislativa; la organización ÚNETE señala que en los pasados años se han reportado más de tres escándalos relacionados con este modelo en la isla.

Siete estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, recibieron la beca graduada del National Science Foundation Graduate Research Fellowship Program (NSF GRFP), uno de los reconocimientos más competitivos del país para estudios graduados en STEM. En total, 13 estudiantes del sistema UPR fueron seleccionados en 2026.

El NSF GRFP es un aval federal de excelencia investigadora que abre puertas a programas doctorales y carreras científicas de alto nivel; que siete de los 13 becados del sistema UPR provengan de un solo recinto señala la concentración de capacidad investigativa en Río Piedras.

Los estudiantes seleccionados habían participado en programas de investigación subgraduada financiados por agencias federales —entre ellos IDGene, NeuroID y ACS— adscritos a la Facultad de Ciencias Naturales, lo que sugiere una trayectoria de formación estructurada que precede al reconocimiento.

El profesor Luis 'Papo' Pizarro Maldonado, del Departamento de Psicomotricidad Humana de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, describió cómo funciona la educación física adaptada: un servicio que modifica actividades físicas —como voleibol sentado, baloncesto en silla de ruedas y fútbol con balón sonoro— para incluir a niños y jóvenes con necesidades especiales.

Este enfoque busca integrar a estudiantes con diversidad funcional a la corriente educativa regular mediante planes de intervención individualizados, independientemente del diagnóstico del menor.

La UPR Bayamón ofrece el Bachillerato en Educación Física Adaptada y Regular para formar maestros especializados en esta área; Pizarro acumula 25 años como profesor y más de 30 trabajando con menores con diversidad funcional.

En febrero de 2026, el Departamento de Educación recibió una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las 87 estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, lo que representa una mejora según las métricas del Tribunal. El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió, sin embargo, que los avances reflejan áreas de fácil cumplimiento —como campañas de divulgación— mientras persisten fallos en servicios directos al estudiante.

El DE acumula multas de $11,000 diarios por incumplimiento con el caso, y compañías privadas contratadas bajo el régimen de remedio provisional cobran cerca de $2,500 por niño sin supervisión adecuada de la agencia, con al menos tres de esas empresas notificando ya el cese de servicios. Los incumplimientos en maestros cualificados y terapias especializadas afectan directamente la comprensión lectora, escritura y desarrollo diario de los estudiantes.

El pleito de clase Rosa Lydia Vélez lleva más de dos décadas bajo jurisdicción del Tribunal federal, con el licenciado Carlos Rivera Martínez como comisionado especial y vistas mensuales de seguimiento. La jueza Eileen Navas Auger ha ordenado sanciones contra funcionarios que obstaculizan la prestación de servicios, órdenes que el DE tampoco cumple consistentemente.

La Junta de Control Fiscal (JCF) certificó su propia versión revisada del plan fiscal de la UPR luego de que el plan presentado por la institución el 27 de mayo no cumpliera con la Ley PROMESA, e incluyó en las enmiendas la exigencia de aumentos escalonados en la matrícula, nuevas tarifas y una reforma al sistema de retiro. La JCF advierte que el déficit operacional de la UPR podría alcanzar los $420 millones en el próximo año fiscal y que se requiere una reducción del 2% en desembolsos operacionales para generar ahorros anuales de $150 millones.

Las medidas exigidas por la JCF afectarían directamente el costo de estudiar en la principal universidad pública del país y las pensiones de sus trabajadores, en un momento en que la presidenta Zayira Jordán Conde negocia además una asignación adicional de aproximadamente $118 millones para atender aumentos salariales de empleados no docentes.

La disputa entre la administración universitaria y la JCF sobre el plan fiscal se enmarca en la autoridad que PROMESA otorga al ente federal sobre las finanzas de la UPR; la demanda de revisión salarial para empleados no docentes lleva más de una década sin resolverse.

El FIRST Global Challenge Team Puerto Rico 2026, integrado por cinco estudiantes de escuelas en Las Piedras, San Juan y Bayamón, representará a la isla en la competencia internacional de robótica que se celebrará del 7 al 10 de octubre de 2026 en Incheon, Corea del Sur, junto a delegaciones de más de 190 países.

Cada país envía un solo equipo nacional, lo que convierte esta participación en una de las principales experiencias internacionales disponibles para jóvenes puertorriqueños en ciencia e ingeniería; la delegación busca recaudar $50,000 para cubrir todos los gastos del viaje y la competencia.

Será la séptima participación de Puerto Rico en el FIRST Global Challenge; en 2022 el equipo obtuvo medalla de bronce en Ginebra y en 2024 terminó en sexto lugar en la final celebrada en Grecia entre 191 países. El equipo es administrado por Eureka Enrichment Services, organización sin fines de lucro que dice impactar a más de 9,000 estudiantes al año mediante programas de robótica.

Resultados de tres años de pruebas de mecánica de lectura del Departamento de Educación (2022–2024) muestran que la mejoría en las destrezas lectoras de estudiantes de primero a tercer grado en las escuelas públicas ha sido mínima, con la subprueba de fluidez prácticamente invariable entre 2023 y 2024. En 2024, solo el 14% de los estudiantes de primer grado alcanzó el estándar de lectura del DE.

El dominio de la lectura al completar el tercer grado está asociado al éxito académico futuro, ya que desde cuarto grado los contenidos se vuelven más técnicos y complejos; el 78% del estudiantado de nivel primario y secundario en Puerto Rico asiste a escuelas públicas, según la Encuesta de la Comunidad del Censo.

El DE conoce el rezago lector desde al menos 2018, cuando un estudio del Instituto de Estadísticas y la Fundación Flamboyán lo documentó; la pandemia agravó el problema al restringir la enseñanza a pantallas. Un estudio de académicos de Stanford, Harvard y Dartmouth identificó una 'recesión del aprendizaje' en el sistema público de Estados Unidos desde al menos 2013, con el rendimiento en lectura continuando su caída incluso en 2024.

Tres años de resultados de las pruebas de mecánica de lectura del Departamento de Educación (2022–2024) revelan una mejoría casi nula en las destrezas de lectura de estudiantes de primero a tercer grado en escuelas públicas de Puerto Rico. En 2024, solo el 13% de los estudiantes de primer grado alcanzó el estándar de fluidez lectora establecido por el DE, una caída frente al 14% del año anterior.

El 78% de los estudiantes de nivel primario y secundario en Puerto Rico asiste a escuelas públicas, y el dominio lector al terminar tercer grado es considerado por especialistas un indicador clave del éxito académico futuro. La Asociación de Maestros de Puerto Rico califica el rezago lector como "una emergencia educativa y de país".

El DE identificó el problema del rezago en la lectura desde al menos 2018, según un estudio del Instituto de Estadísticas y la Fundación Flamboyán, y el rezago se agravó con la pandemia cuando la enseñanza migró a pantallas. Un estudio académico reciente de las universidades de Stanford, Harvard y Dartmouth señala que en Estados Unidos el rendimiento en lectura continuó disminuyendo hasta 2024, a diferencia de matemáticas, que se recuperó más rápido.

Del 16 al 18 de junio, la Fundación SM y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico celebrarán la decimocuarta edición del Curso de Promotores de Lectura, un evento virtual y gratuito con especialistas de Puerto Rico, España, Argentina y Brasil. La iniciativa está dirigida a maestros, bibliotecarios, estudiantes universitarios y familias interesadas en fomentar hábitos lectores en niños y jóvenes.

El curso ofrece nueve horas de capacitación sin costo y otorga certificación de desarrollo profesional del Instituto de Educación Continua de la PUCPR, lo que representa un recurso concreto para educadores y mediadores culturales en la isla.

Esta es la decimocuarta edición del programa, lo que indica que la alianza entre Fundación SM y la PUCPR lleva varios años trabajando la promoción lectora en Puerto Rico y la región hispanohablante.

El Departamento de Educación anunció que podría inaugurar hasta cinco nuevas escuelas chárter para el próximo año escolar, lo que elevaría el total de planteles públicos operados por entidades sin fines de lucro o municipios a 26, según el director de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, Félix A. Pérez Rivera.

Los cinco nuevos planteles tendrían capacidad para atender hasta 1,800 estudiantes adicionales, pendiente de recibir la autorización final cada uno.

Puerto Rico opera actualmente escuelas chárter bajo el modelo de Escuelas Públicas Alianza, gestionadas por organizaciones sin fines de lucro o municipios dentro del sistema público; la expansión continuaría una tendencia de crecimiento de ese modelo en la isla.

La Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) celebró una feria de salud y servicios en el Complejo Deportivo AVOLI de Toa Baja, donde entregó bultos escolares equipados a estudiantes con necesidades particulares identificados por sus escuelas, como parte de un recorrido de impacto escolar en Puerto Rico.

La iniciativa canaliza ayuda directamente a estudiantes en situación de necesidad antes del inicio del año académico, asegurando que cuenten con los útiles escolares esenciales para su desarrollo educativo.

ODSEC, la agencia encargada del desarrollo socioeconómico y comunitario, encabezó el evento bajo la dirección ejecutiva de la Dra. Keren L. Riquelme Cabrera; el modelo de focalización —en que las propias escuelas identifican a los beneficiarios— busca que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.

El FIRST Global Challenge Team Puerto Rico 2026, integrado por cinco estudiantes de escuelas en Las Piedras, San Juan y Bayamón, representará a la isla en la competencia internacional de robótica que se celebrará del 7 al 10 de octubre de 2026 en Incheon, Corea del Sur. El equipo deberá diseñar, construir y programar robots enfocados en prevención y manejo de incendios forestales, compitiendo junto a delegaciones de más de 190 países y territorios.

Puerto Rico envía un solo equipo nacional, por lo que la delegación concentra la representación científica y tecnológica juvenil de la isla ante más de 190 países. Para participar, la delegación busca recaudar $50,000 en auspicios.

Esta será la séptima participación de Puerto Rico en el FIRST Global Challenge; en ediciones anteriores, la delegación obtuvo medalla de bronce en Ginebra en 2022 y alcanzó el sexto lugar en la final celebrada en Grecia en 2024. El equipo es administrado por Eureka Enrichment Services, organización sin fines de lucro que dice impactar a más de 9,000 estudiantes al año mediante programas de robótica.

Del 16 al 18 de junio de 2026, la Fundación SM y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico celebrarán la decimocuarta edición del Curso de Promotores de Lectura, una iniciativa virtual y gratuita con especialistas de Puerto Rico, España, Argentina y Brasil. El evento está dirigido a maestros, bibliotecarios, estudiantes universitarios y familias interesadas en fomentar hábitos lectores entre niños y jóvenes.

El curso ofrece nueve horas de capacitación certificada por el Instituto de Educación Continua de la PUCPR a costo cero para participantes de múltiples países, ampliando el alcance de la formación en mediación lectora. El programa incluye sesiones en español y portugués, subtítulos en distintos idiomas e intérpretes de lenguaje de señas.

Esta es la decimocuarta edición del curso, lo que indica que la alianza entre la Fundación SM y la PUCPR lleva más de una década desarrollando este tipo de formación en la región.

El 28 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo resolvió por votación de 5-4 que los profesionales de la salud sujetos a cláusulas de no competencia no pueden seguir atendiendo a sus pacientes de educación especial si terminan su relación con la empresa proveedora, al considerar que el estudiante pertenece a la empresa y no al profesional.

La decisión otorga a las compañías proveedoras de servicios de educación especial control sobre quién atiende a estos estudiantes, y sus implicaciones podrían extenderse a otros contratos públicos donde disposiciones similares son estándar.

El caso surgió entre partes privadas sin participación del Departamento de Educación; la mayoría del Supremo lo resolvió como una controversia de derecho contractual sobre cláusulas de no competencia en contratos cedidos de una empresa a otra, mientras cuatro jueces disidentes se enfocaron en el impacto sobre la población de educación especial.

Tras anunciar el cierre de sus operaciones después de 67 años, Antilles Military Academy informó acuerdos con la American Military Academy y el Colegio Adianez para recibir a sus estudiantes con las mismas tarifas vigentes; la Bonneville School en Cupey también ofreció descuentos en matrícula y mensualidad durante el primer año de transición.

Los acuerdos buscan evitar una carga económica adicional a las familias afectadas por el cierre, que el presidente de la institución, Pedro Negrón, atribuyó a la reducción poblacional, la caída proyectada de matrícula y el aumento sostenido en costos operacionales.

El cierre de Antilles Military Academy se suma a una serie de cierres de colegios privados en la zona metropolitana en años recientes, entre ellos el Colegio Espíritu Santo en Hato Rey, el Colegio La Merced, Carvin School en Carolina y la Academia Nuestra Señora de la Providencia en Cupey. Además, COR3 solicitó información a la institución sobre el destino de $5.6 millones en fondos federales asignados para su reconstrucción.

El 27 de mayo de 2026, el Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez firmó dos acuerdos con la rectoría interina que garantizan la reapertura de portones, la continuidad académica y la no represalia contra participantes de la huelga, poniendo fin al paro que comenzó a mediados de abril. La Colectiva Estudiantil del RUM rechazó los acuerdos dos días después, argumentando que se negociaron a puerta cerrada y sin respaldo del estudiantado.

El desacuerdo entre el CGE y la Colectiva Estudiantil revela una división interna en el movimiento que podría limitar la capacidad del estudiantado para presionar por sus reclamos ante la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y la Junta de Gobierno, a quienes la asamblea de abril les retiró la confianza.

La huelga en el RUM surgió de reclamos estudiantiles contra la administración de la UPR; a principios de mayo, el rector interino Miguel Muñoz Muñoz radicó un emplazamiento judicial contra el Movimiento Estudiantil para forzar la apertura de los portones, acción que los propios acuerdos ahora reconocen como contraria al diálogo interno.

El 27 de mayo de 2026, el Consejo General de Estudiantes (CGE) y la rectoría interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) firmaron dos acuerdos sobre acceso al recinto y continuidad académica, poniendo fin a la huelga que estaba en vigor desde mediados de abril. El rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz, y los representantes estudiantiles William Santiago Ramírez y Alberto Maldonado Rodríguez suscribieron los documentos.

Los acuerdos garantizan que no habrá represalias contra estudiantes que participaron en manifestaciones pacíficas, y establecen canales permanentes de comunicación para resolver conflictos internamente; sin embargo, la Colectiva Estudiantil —organizadora material de la huelga— rechazó los pactos por haber sido negociados a puerta cerrada y sin consultar al estudiantado.

La huelga en el RUM se originó en reclamos de la comunidad universitaria contra la administración institucional, y escaló en mayo cuando el rector interino radicó un emplazamiento judicial contra el Movimiento Estudiantil para forzar la apertura de los portones; la asamblea estudiantil de abril ya había retirado la confianza a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y a la Junta de Gobierno.

Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), realizado por investigadores de las universidades de Stanford, Pensilvania, Michigan y Duke, analizó más de 43,000 escuelas de nivel intermedio y superior en Estados Unidos y encontró que las políticas de prohibición de celulares no produjeron mejoras inmediatas significativas en desempeño académico, asistencia ni atención en clases. La investigación sí documentó una reducción del 80 % en el uso de dispositivos, pero también un aumento inicial en incidentes disciplinarios y un deterioro temporal en el bienestar estudiantil.

Los hallazgos cuestionan la eficacia a corto plazo de una política que varios estados y sistemas escolares han adoptado o estudian adoptar; los beneficios académicos y de bienestar tomaron hasta tres años en materializarse, según el estudio. Un segundo estudio del NBER enfocado en Florida —el primer estado en implementar la medida— registró un aumento del 12 % en tasas de suspensión tras su entrada en vigor, aunque mostró mejoras de asistencia y puntuaciones en el segundo año.

El debate sobre el uso de celulares en escuelas ha ganado fuerza en años recientes en Estados Unidos y Puerto Rico, donde legisladores han discutido restricciones similares. Florida introdujo la política antes que otros estados, y su experiencia ha servido de referencia para investigaciones posteriores, incluyendo la de David Figlio y Umut Özek, publicada en 2025.

El Departamento de Educación (DEPR), a través de su Oficina del Comisionado de Seguridad, reunió a coordinadores de manejo de emergencias de todas las regiones educativas para actualizar planes operacionales y reforzar mecanismos de comunicación en preparación para la temporada de huracanes 2026. Como parte del ejercicio, se identificaron cerca de 300 escuelas que podrían activarse como refugios ante emergencias.

La coordinación interagencial —que incluyó al secretario de Educación Eliezer Ramos Parés en una sesión liderada por la gobernadora Jenniffer González Colón junto a jefes de agencias— busca que el sistema escolar pueda responder de forma rápida y coordinada ante huracanes, tormentas o movimientos telúricos que afecten a las comunidades escolares.

Las escuelas públicas han funcionado históricamente como refugios durante emergencias en Puerto Rico, un rol que cobró particular relevancia tras eventos atmosféricos y sísmicos previos que pusieron a prueba la capacidad de respuesta del sistema educativo y evidenciaron brechas en coordinación interagencial.

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y la organización CienciaPR anunciaron el 3 de junio de 2026 el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR), una plataforma colaborativa que agrupa instituciones como el EcoExploratorio, Casa Pueblo, el C3Tec y el Parque de las Ciencias, entre otras.

ReCiTe PR busca ampliar el acceso equitativo a experiencias de aprendizaje STEM para personas de todas las edades, fortalecer alianzas entre instituciones y potenciar el turismo científico y cultural en Puerto Rico.

La iniciativa fue cofundada junto a Para la Naturaleza, el Museo de Historia Natural de Puerto Rico, el Museo de Zoología y el Herbario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Arecibo C3 y los laboratorios del Fideicomiso; la directora ejecutiva de CienciaPR, Greetchen Díaz, y la principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, Lucy Crespo, subrayaron el rol de estos centros como motores de desarrollo económico basado en conocimiento.

El 27 de mayo de 2026, el Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez y la rectoría interina firmaron dos acuerdos sobre reapertura de portones y continuidad académica, poniendo fin a la huelga que estaba en efecto desde mediados de abril. La Colectiva Estudiantil del RUM rechazó los acuerdos el 29 de mayo, denunciando que se negociaron a puerta cerrada y sin el respaldo del estudiantado.

Los acuerdos incluyen garantías contra represalias a estudiantes que participaron en manifestaciones, pero la Colectiva —cuerpo organizador de la huelga— los califica de vacíos y señala que ignoran los reclamos de la comunidad universitaria sobre la presidenta Zayira Jordán Conde y la Junta de Gobierno de la UPR. La división entre el CGE y la Colectiva deja sin resolver las tensiones de fondo en el recinto.

La huelga en el RUM surgió a mediados de abril de 2026 y derivó en que el rector interino Miguel Muñoz Muñoz radicara un emplazamiento judicial contra el Movimiento Estudiantil a principios de mayo para que abrieran los portones. En la asamblea de abril, el estudiantado le había retirado la confianza tanto a la presidenta de la UPR como a la Junta de Gobierno.

Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER), conducido por investigadores de las universidades de Stanford, Pensilvania, Michigan y Duke, analizó más de 43,000 escuelas de nivel intermedio y superior en Estados Unidos y concluyó que las prohibiciones de celulares no tuvieron impacto inmediato significativo en desempeño académico, asistencia ni atención en clases. La investigación sí documentó una reducción del 80 % en el uso del dispositivo, aunque acompañada de un aumento inicial en incidentes disciplinarios y un deterioro temporal en el bienestar estudiantil.

Los hallazgos cuestionan la efectividad a corto plazo de una política que varios estados y países —incluido Puerto Rico— han debatido o adoptado como solución rápida a problemas de atención y rendimiento escolar. Un segundo estudio del NBER enfocado en Florida sí encontró mejoras en asistencia y puntuaciones en pruebas al cabo del segundo año, lo que sugiere que los beneficios, si se dan, tardan años en materializarse.

Florida fue el primer estado en adoptar la restricción de celulares en escuelas, y su experiencia fue estudiada por separado por David Figlio y Umut Özek en una investigación publicada en 2025 con una muestra de más de 130,000 estudiantes. El debate sobre celulares en escuelas ha ganado fuerza en años recientes en múltiples jurisdicciones, impulsado por preocupaciones sobre salud mental adolescente y distracción en el salón.

Un equipo de profesoras del Recinto de Río Piedras de la UPR recibió esta semana una subvención de $1,797,810 de la Mellon Foundation para establecer el Centro de Humanidades Digitales (DH Hub), el primero de su tipo en el Caribe hispano. El proyecto comienza en junio de 2026 y se extenderá por tres años.

El centro ofrecerá formación tecnológica y académica a la comunidad universitaria, además de estipendios anuales a organizaciones comunitarias en Puerto Rico para que desarrollen y gestionen sus propios archivos históricos y culturales en plataformas digitales.

Esta es la tercera subvención que la Mellon Foundation otorga al equipo UPR Caribe Digital; las dos anteriores financiaron ciclos de capacitación y el diseño del centro, y resultaron en 15 organizaciones comunitarias que completaron proyectos de archivo digital durante 2022–2025.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés y la secretaria de Estado Rosachely Rivera celebraron el 3 de junio de 2026 la ceremonia de Excelencia Académica 2026, donde se distinguió a 1,612 estudiantes del sistema público que completaron la escuela superior con promedio de 4.00. Cada estudiante recibió un incentivo económico de $1,000, mientras que 14 con las puntuaciones más altas en el College Board recibieron $2,000 en total.

El reconocimiento alcanza a estudiantes de matrícula regular, del Programa de Educación para Adultos y del Programa CASA, lo que refleja logros académicos en distintos segmentos del sistema público. El desembolso total en incentivos supera $1.6 millones distribuidos entre los graduandos.

La ceremonia de Excelencia Académica es un evento recurrente del Departamento de Educación para incentivar el alto rendimiento en las escuelas públicas. La Región Educativa de Mayagüez encabezó el conteo de estudiantes reconocidos, y la Escuela Manuel Méndez Liciaga, de San Sebastián, fue la institución con más estudiantes distinguidos en toda la isla.

El Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y CienciaPR anunciaron el 3 de junio de 2026 el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR), una plataforma colaborativa que agrupa instituciones como el EcoExploratorio, C3Tec, Casa Pueblo de Adjuntas y el Museo de Historia Natural, entre otras.

ReCiTe PR busca ampliar el acceso equitativo a experiencias educativas en STEM para personas de todas las edades, fortalecer capacidades entre sus miembros e impulsar el turismo científico y cultural en la isla.

Las organizaciones cofundadoras incluyen a Para la Naturaleza, el Parque de las Ciencias by Toro Verde, el Museo de Zoología y el Herbario de la UPR en Río Piedras y Arecibo C3, entre otras; tanto Greetchen Díaz de CienciaPR como Lucy Crespo del Fideicomiso destacaron que los museos y centros de ciencia son motores de desarrollo económico basado en conocimiento.

El 27 de mayo de 2026, el Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y la rectoría interina firmaron dos acuerdos sobre reapertura de portones y continuidad académica, poniendo fin a la huelga vigente desde mediados de abril. La Colectiva Estudiantil del RUM rechazó los acuerdos dos días después, calificándolos de negociaciones a puerta cerrada sin respaldo del estudiantado.

Los acuerdos no mencionan el voto de huelga del estudiantado ni los reclamos fiscales e institucionales que la motivaron, lo que la Colectiva señala como un silenciamiento de la comunidad universitaria. La tensión entre el CGE y el movimiento huelgario revela una división interna sobre quién tiene legitimidad para negociar con una administración a la que sectores estudiantiles describen como impuesta.

La huelga en el RUM comenzó a mediados de abril de 2026; el rector interino, el Dr. Miguel Muñoz Muñoz, radicó a principios de mayo un emplazamiento judicial contra el Movimiento Estudiantil para que abrieran los portones. En asamblea de abril, el estudiantado le retiró la confianza a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y a la Junta de Gobierno.

Un equipo de profesoras del Recinto de Río Piedras de la UPR recibió una subvención de $1,797,810 de la Mellon Foundation para establecer el Centro de Humanidades Digitales (DH Hub), el primero de su tipo en el Caribe hispano. El proyecto, que arranca en junio de 2026 y se extenderá por tres años, apoyará proyectos digitales en las disciplinas humanísticas y colaborará con organizaciones comunitarias en la creación de archivos históricos y culturales.

El financiamiento externo permitirá que organizaciones comunitarias en Puerto Rico desarrollen y gestionen su propio acervo histórico y cultural en plataformas digitales, con mentoría especializada y un estipendio anual. El centro seleccionará cuatro proyectos anuales para una residencia de un año académico en humanidades digitales.

Esta es la tercera subvención que la Mellon Foundation otorga al equipo UPR Caribe Digital; las dos anteriores financiaron ciclos de capacitación —mediante los cuales 15 organizaciones completaron proyectos digitales entre 2022 y 2025— y el diseño estructural del centro. Las doctoras Nadjah Ríos Villarini, Ramaris Albert Trinidad, Cláudia de Souza y Mirerza González Vélez lideran la iniciativa desde las facultades de Estudios Generales, Comunicación e Información y Humanidades.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés y la secretaria de Estado Rosachely Rivera celebraron el 3 de junio de 2026 la ceremonia de Excelencia Académica, en la que el Departamento de Educación reconoció a 1,612 estudiantes del sistema público que completaron la escuela superior con promedio de 4.00. Cada estudiante recibió un incentivo de $1,000, y 14 con las puntuaciones más altas en el College Board recibieron $2,000 en total.

El evento distribuye más de $1.6 millones en incentivos económicos directos a estudiantes del sistema público e incluye a participantes de programas para adultos y del programa CASA, ampliando el reconocimiento más allá de la matrícula regular.

La ceremonia de Excelencia Académica es un evento anual del Departamento de Educación para distinguir el alto rendimiento en las escuelas públicas; la Región Educativa de Mayagüez encabezó el conteo de estudiantes reconocidos, y la Escuela Manuel Méndez Liciaga de San Sebastián fue la institución con más estudiantes distinguidos.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Educación federal reorientó la aplicación de las leyes de derechos civiles para considerar discriminatorios los programas de equidad racial —antes protegidos— en las escuelas públicas. Distritos escolares han perdido subvenciones federales y enfrentan investigaciones por iniciativas que durante décadas habían resistido el escrutinio legal.

El cambio afecta programas en todo el país diseñados para atender desigualdades históricas en educación, incluyendo iniciativas para contratar maestros de color y formar trabajadores de salud mental escolar; varios distritos ya perdieron financiación federal por menciones a diversidad en sus procesos de contratación.

Durante generaciones, el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia federales utilizaron las leyes de derechos civiles para desmantelar la segregación escolar y promover la igualdad de oportunidades para estudiantes negros y de otras minorías; la administración Trump enmarca esos mismos esfuerzos como "DEI ilegales" discriminatorios contra estudiantes blancos.

La empresa Carmela Foods otorgó 31 becas estudiantiles por un total de $29,000 a alumnos de las escuelas superiores Florencia García y Ramón Power y Giralt en Las Piedras, con fondos recaudados durante la primera edición del evento 5K Carmela, celebrado en octubre de 2025.

La iniciativa canaliza fondos de responsabilidad social corporativa directamente a estudiantes de escuelas públicas de un municipio del interior de la Isla, creando un modelo replicable: ya se anunció una segunda edición del 5K para el 18 de octubre de 2026.

El evento 5K Carmela fue creado específicamente para apoyar a estudiantes destacados de Las Piedras; esta primera edición marcó el inicio de lo que la empresa proyecta como una iniciativa anual de recaudación comunitaria.

El 2 de junio de 2026, la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de Mayagüez aprobó de forma unánime, con más de 200 profesores presentes, una resolución retirando la confianza a la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y al rector interino del recinto, Miguel Muñoz Muñoz, y exigiendo la renuncia inmediata de ambos.

La resolución refleja que durante las seis semanas previas, 11 de los 15 departamentos del Colegio de Artes y Ciencias —más dos del Colegio de Ingeniería— ya habían aprobado mociones de repudio, evidenciando un rechazo amplio dentro del cuerpo docente al manejo institucional de la crisis.

El conflicto se originó en un paro estudiantil declarado en abril de 2026 en el RUM; la facultad describió las directrices emitidas por Muñoz Muñoz para completar el semestre como 'confusas, contradictorias, erradas e improvisadas'.

La empresa Carmela Foods otorgó 31 becas estudiantiles valoradas en $29 mil a alumnos de las escuelas superiores Florencia García y Ramón Power y Giralt, en Las Piedras. Los fondos se recaudaron durante el 5K Carmela celebrado en octubre de 2025.

Las becas representan apoyo económico directo a estudiantes destacados de un municipio fuera del área metropolitana, donde las oportunidades de financiamiento privado para educación suelen ser más limitadas.

El 5K Carmela fue creado como iniciativa comunitaria para vincular el deporte con la responsabilidad social corporativa; esta es su primera edición en producir desembolsos de becas. La empresa anunció una segunda edición para el 18 de octubre de 2026.

El Programa Mellon Mays Undergraduate Fellowship seleccionó en 2026 a cuatro estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR —Christian A. Colón Maldonado, Cielo N. Ríos Camacho, Diego J. Gómez Hernández y Sara V. González Bonilla— como parte de su cohorte anual, en disciplinas de Antropología, Geografía, Estudios Hispánicos e Historia.

Cada becado recibirá estipendios de $2,000 por semestre y $4,500 por verano durante dos años, más $800 anuales para desarrollo académico, con el fin de abrir caminos hacia estudios doctorales en humanidades y ciencias sociales.

Establecida en 1988, la Beca Mellon Mays cuenta con 47 programas afiliados y ha formado a más de 1,000 doctores; la UPR Río Piedras es una de las instituciones miembros que nomina candidatos anualmente, con el respaldo de una subvención de la Fundación Andrew W. Mellon.

El columnista Héctor Navedo publicó un artículo de opinión el 1 de junio de 2026 argumentando que las calificaciones escolares han perdido su significado cuando no reflejan evidencia suficiente de dominio académico.

El planteamiento apunta a una desconexión entre las notas que reciben los estudiantes y su preparación real para el mundo laboral y académico, lo que afecta la utilidad del sistema de evaluación escolar.

La discusión sobre la inflación de calificaciones y la validez de las notas escolares no es nueva; educadores y sistemas educativos han debatido por años cómo asegurar que las evaluaciones comuniquen con precisión el nivel de dominio del estudiante.

Al menos cuatro escuelas privadas que atienden exclusivamente estudiantes de Educación Especial interrumpieron servicios el lunes 1 de junio de 2026 y confirmaron que reanudarían el martes tras llegar a acuerdos preliminares con el Departamento de Educación, luego de una manifestación frente a la sede de la Junta de Supervisión Fiscal en Hato Rey. La secretaria asociada de Educación Especial, Alayra Figueroa, confirmó que los desembolsos están en proceso, aunque no precisó una fecha exacta.

La Academia CEIP, en Caguas, estimó que el DE le adeuda aproximadamente $1 millón por servicios brindados desde enero de 2026, y otros proveedores denuncian deudas que en algunos casos se extienden a años anteriores; los pagos prometidos no cubren la deuda completa, lo que deja sin resolver la situación financiera de fondo para estas instituciones que atienden a niños con necesidades especiales.

Desde hace dos semanas, escuelas que operan bajo el modelo de 'compra de servicios' venían denunciando públicamente las deudas millonarias del DE; al menos seis instituciones habían anunciado la interrupción de servicios a partir del 1 de junio. El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés había atribuido la situación a un 'desfase presupuestario' y aguardaba aprobación de fondos por parte de la JCF, que ya había aprobado más de $37 millones en reasignaciones al tiempo que advertía sobre la dependencia del DE en fondos temporeros para cubrir obligaciones recurrentes.

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, declaró el 30 de mayo de 2026 que está preparada para posibles manifestaciones estudiantiles durante las ceremonias de graduación que comienzan la semana siguiente, y afirmó que nunca contempló renunciar a pesar de los reclamos en su contra durante el semestre.

Las declaraciones llegan tras un semestre marcado por paros estudiantiles, la destitución de cinco rectores y actos de rechazo público contra Jordán, incluyendo abucheos durante las Justas de la LAI; las graduaciones serán el próximo escenario donde esas tensiones podrían manifestarse.

La UPR completó el semestre académico en medio de protestas en varios recintos generadas por la destitución de cinco rectores, lo que convirtió la presidencia de Jordán en blanco de reclamos de renuncia de parte de estudiantes y sectores universitarios.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, confirmó que la partida de $118 millones solicitada para implantar el Plan de Clasificación y Retribución de empleados no docentes no fue incluida en la propuesta presupuestaria de la gobernadora Jenniffer González Colón, y anunció que continuará negociando con OGP, la Legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal antes del 30 de junio de 2026, fecha límite para la aprobación del presupuesto. Jordán Conde indicó además que espera que la asignación base de la UPR aumente de los $500 millones garantizados por ley a unos $560 millones para el próximo año fiscal.

Sin los $118 millones adicionales, la UPR no podría implantar el plan salarial diseñado para hacer competitivos los sueldos de empleados no docentes, algunos de cuyos puestos —con requisitos de bachillerato y maestría— oscilan entre $1,475 y $2,400 mensuales. La exclusión del fondo del presupuesto ejecutivo traslada la batalla al terreno legislativo y fiscal en las próximas semanas.

La UPR opera bajo la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta por PROMESA y ha sometido sucesivas versiones de su plan fiscal al organismo; Jordán Conde ha reiterado que la institución se opone a aumentar la matrícula o modificar el sistema de retiro como mecanismos de ajuste, y advirtió que la Junta podría certificar su propio presupuesto si no acoge los planteamientos universitarios.

Kathiana Maldonado, estudiante del programa 'Ciegos, Sordos y Sordos Ciegos' del Departamento de Educación, fue aceptada en la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico a pesar de su condición de ciega legal. Durante su graduación de cuarto año en la Escuela José Vizcarrondo de Utuado, recibió la felicitación de la arquitecta Astrid Díaz, a quien considera mentora.

El caso evidencia que estudiantes con discapacidades visuales severas pueden acceder a programas universitarios de diseño, campo donde la accesibilidad para personas con impedimentos visuales es históricamente limitada.

El vínculo entre Maldonado y Díaz se inició hace un año en la actividad 'Un café con mi influencer', donde la joven expresó su deseo de convertirse en arquitecta; desde entonces Díaz la ha acompañado como figura de apoyo profesional.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, confirmó el 28 de mayo de 2026 que la institución sometió dentro del plazo —que venció el 27 de mayo— su respuesta oficial a la JSF sobre el proceso de revisión del Plan Fiscal Revisado 2021, en el marco de la certificación presupuestaria del Año Fiscal 2027. La UPR sostuvo que el documento es un mecanismo transitorio, que no contempla aumentos en matrícula ni en cuotas estudiantiles, y que no busca imponer medidas permanentes sobre estudiantes, jubilados o la estructura académica.

La respuesta de la UPR agudiza la tensión con la JSF en un momento en que la Junta de Retiro UPR ha alertado sobre una deuda patronal acumulada de $146.8 millones que amenaza la solvencia del plan de pensiones, mientras la institución defiende los $500 millones contemplados bajo la Ley 53-2021 como esenciales para su estabilidad operacional e insiste en que la sostenibilidad fiscal debe lograrse mediante eficiencias operacionales y captación de fondos externos, no a costa de estudiantes o jubilados.

La disputa involucra múltiples frentes: la JSF había señalado que la revisión propuesta asume ingresos federales superiores al comportamiento histórico y no refleja las realidades operacionales actuales; el movimiento estudiantil defiende la estabilidad del financiamiento; y la Junta de Retiro UPR ha sometido comunicaciones formales desde diciembre de 2025 sin obtener respuesta sobre las aportaciones patronales al Fideicomiso de Retiro.

El 28 de mayo de 2026, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó, con 11 votos a favor y uno en contra, la designación del doctor Ferdinand Álvarez Rivera como rector en propiedad del recinto de Utuado, cargo que había ocupado de manera interina desde el 15 de septiembre de 2025.

El nombramiento cierra un período de inestabilidad que se extendió por varios meses en Utuado, recinto que desde julio de 2025 careció de un rector en propiedad y atravesó el rechazo de al menos dos rectores interinos designados por la presidencia de la UPR.

La inestabilidad comenzó cuando la presidenta Zayira Jordán Conde destituyó al entonces rector Luis Tapia Maldonado en julio de 2025 —el primero en ser removido por ella— y se extendió en medio de manifestaciones y paros estudiantiles en varios recintos; el 30 de abril de 2026, la Junta también confirmó los rectores en propiedad de Arecibo, Cayey y Humacao.

El 27 de mayo de 2026, la Administración del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) y el Consejo General de Estudiantes (CGE) alcanzaron acuerdos para concluir las manifestaciones estudiantiles y garantizar el libre acceso a las instalaciones universitarias.

El acuerdo restablece la continuidad académica y administrativa en el RUM, y formaliza mecanismos de diálogo e mediación para atender asuntos institucionales en el futuro.

El rector interino del RUM, el doctor Miguel A. Muñoz Muñoz, encabezó los acuerdos, que incluyen el reconocimiento al derecho de libre expresión y manifestación pacífica, así como el compromiso con la convivencia universitaria.

Puerto Rico fue seleccionado por segundo año consecutivo como una de cinco jurisdicciones de Estados Unidos para ofrecer el programa NIIMBL eXperience, coordinado por el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR). Del 31 de mayo al 6 de junio de 2026 participarán 15 estudiantes universitarios, y del 10 al 13 de junio se celebrará por primera vez la edición para 18 educadores STEM de escuelas públicas y privadas.

El programa expone directamente a estudiantes y maestros a la industria biofarmacéutica, uno de los sectores de mayor peso económico en la isla, y llega a maestros de las siete regiones educativas con herramientas de aula que pueden multiplicar el alcance a cientos de estudiantes adicionales.

El FCTIPR coordina esta iniciativa en colaboración con NIIMBL, respaldado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el National Institute of Standards and Technology; la convocatoria de 2026 recibió 293 solicitudes a nivel nacional, con Puerto Rico aportando 104, la mayor participación de cualquier localidad.

El 27 de mayo de 2026, la administración del Recinto Universitario de Mayagüez y el Consejo General de Estudiantes alcanzaron acuerdos para concluir las manifestaciones estudiantiles y garantizar el libre acceso al campus, luego de semanas de bloqueos de portones, órdenes judiciales y reclamos de renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde. Ambas partes se comprometieron además a impulsar mecanismos institucionales de diálogo para prevenir futuros conflictos.

El acuerdo pone fin a semanas de interrupción académica en uno de los recintos universitarios públicos más grandes del país, donde estudiantes bloquearon los ocho portones del campus pese a un interdicto judicial que ordenaba su reapertura. El conflicto expuso tensiones entre el ejercicio del derecho a la protesta y las obligaciones de continuidad académica establecidas por los tribunales.

El 5 de mayo un tribunal determinó que el derecho a la protesta no puede usarse para impedir el acceso al campus; el 13 de mayo comenzó un retorno gradual a labores presenciales, pero el 18 de mayo los portones amanecieron cerrados de nuevo pese a la orden judicial, lo que llevó al rector interino Miguel Muñoz Muñoz a denunciar públicamente el incumplimiento. Los estudiantes habían declarado a Muñoz Muñoz persona «no grata» y mantenían como exigencia central la renuncia de la presidenta Jordán Conde.

El 27 de mayo de 2026, la Asociación de Maestros de Puerto Rico reconoció al profesor Edgardo Alvarado Grau, de la Escuela Manuel González Pató en Ponce, con el Premio Celestina Cordero Molina por su proyecto Organización Futuros Historiadores Deportivos, seleccionado entre 46 propuestas de docentes de toda la isla en la primera edición del galardón.

El proyecto, activo desde 2015, ha alcanzado a más de 500 estudiantes del sistema público e impulsó la aprobación de tres leyes relacionadas con la historia deportiva puertorriqueña, demostrando incidencia legislativa directa desde el salón de clases.

El Premio Celestina Cordero Molina es un reconocimiento de nueva creación de la AMPR que busca visibilizar proyectos educativos innovadores con resultados medibles en escuelas públicas; esta edición convocó propuestas de 32 municipios escolares, incluyendo escuelas urbanas y rurales.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) otorgó el Premio Celestina Cordero Molina al profesor Edgardo Alvarado Grau, de la Escuela Manuel González Pató en Ponce, por el proyecto Organización Futuros Historiadores Deportivos, seleccionado entre 46 propuestas de docentes de toda la isla en la primera edición del reconocimiento.

El proyecto, activo desde 2015, utiliza la historia deportiva de Puerto Rico para desarrollar destrezas de investigación, lectura, redacción, análisis crítico y participación cívica en estudiantes del sistema público.

El Premio Celestina Cordero Molina fue creado por la AMPR para visibilizar proyectos educativos innovadores con resultados medibles en el sistema público; esta fue su primera edición. Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR, destacó que el galardón busca reconocer a maestros que generan soluciones concretas en las escuelas.

El Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec) anunció la continuidad de su Programa de Lectoescritura aplicado a las disciplinas STEM, que a partir de agosto atenderá a estudiantes de primero y segundo grado en cuatro escuelas públicas de la región de Caguas, con capacidad para hasta 140 estudiantes de entre 6 y 8 años.

El programa responde a que cerca del 53% de los estudiantes de la región de Caguas mostró deficiencias en español durante el pasado año académico, y a estimados que ubican en unas 200 mil las personas en Puerto Rico con dificultades para leer y escribir.

C3Tec opera como centro de ciencia y tecnología en Puerto Rico; este programa integra lectura, arte, ciencia y tecnología como herramienta de desarrollo cognitivo y emocional en edades tempranas, y la presente edición representa una continuación de un esfuerzo anterior.

La Universidad de Puerto Rico reconoció la comunicación de la Junta de Supervisión Fiscal como parte del proceso técnico de revisión de su Plan Fiscal Revisado para la certificación presupuestaria del año fiscal 2027. La presidenta Zayira Jordán Conde reiteró que la institución colaborará con el proceso, pero no avalará medidas que trasladen cargas adicionales a estudiantes ni afecten la estabilidad económica de los jubilados universitarios.

La postura pública de Jordán Conde define los límites que la UPR establecerá en sus negociaciones con la JSF; sin certificación del plan fiscal, la institución no puede avanzar en su presupuesto para el año fiscal 2027, con implicaciones directas para operaciones, nómina y servicios estudiantiles.

La JSF había señalado que el plan fiscal de la UPR proyecta balances aparentes sin cumplir los requisitos de PROMESA, y documentó inestabilidad administrativa con tres presidentes en menos de dos años y cinco directores de la Oficina de Desarrollo, Innovación y Transformación en aproximadamente 16 meses.

El columnista Manuel Morales argumenta que la desvalorización del título universitario en Puerto Rico está ligada a una economía con crecimiento anémico, alta dependencia de transferencias federales y una base productiva concentrada en servicios de bajo valor añadido.

Si los sectores dominantes de la economía no exigen educación universitaria ni ofrecen salarios que justifiquen su costo, la caída en matrícula deja de ser un problema educativo aislado y se convierte en síntoma de un modelo económico que no genera movilidad social.

Puerto Rico ha registrado una tendencia sostenida de reducción en matrícula universitaria en años recientes, en paralelo a décadas de terciarización económica hacia actividades de menor productividad.

El columnista Rogelio Lugo Camacho publicó un artículo de opinión en El Nuevo Día trazando paralelos entre la poeta chilena Gabriela Mistral y el doctor César Rey-Hernández, quien se desempeñó como secretario de Educación de Puerto Rico entre 2001 y 2004. La pieza menciona que en agosto de 2004 el Gobierno de Chile otorgó a Rey-Hernández, junto a otros ministros de Educación de Hispanoamérica, la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral.

El texto es insuficiente para establecer un impacto material o cívico concreto más allá de la reflexión ensayística sobre figuras educativas.

La Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral es un reconocimiento chileno otorgado a personas que han destacado en el ámbito educativo y cultural en el mundo hispanohablante.

La Alianza de Autismo de Puerto Rico advirtió que la Ley 163 de 2024, que ordena a las agencias gubernamentales ajustar sus reglamentos en 90 días, lleva casi dos años sin cumplirse a cabalidad, y que el millón de dólares asignado a SER de Puerto Rico es insuficiente ante la demanda creciente de servicios.

La prevalencia del autismo en la isla aumentó un 181% en los últimos cuatro años, pasando de 1 de cada 38 niños de 8 años a 1 de cada 21 niños de 4 años, y solo el 77% de los educadores requeridos ha completado el adiestramiento en autismo en las más de 800 escuelas del sistema público.

La Ley 163 de 2024 estableció política pública sobre diversidad funcional y fijó un plazo de 90 días para que las agencias adaptaran sus reglamentos; la Alianza de Autismo de Puerto Rico denuncia que, a casi dos años de su aprobación, ese proceso sigue incompleto.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunció la aprobación de más de $941,500 en fondos federales de FEMA para el Departamento de Educación, destinados a reparar y reemplazar infraestructura, equipos y materiales dañados por el huracán Fiona.

Los fondos permitirán atender daños en áreas interiores y exteriores de escuelas públicas, fortaleciendo su capacidad de servir a estudiantes y comunidades en toda la isla.

La asignación es parte de un desembolso mayor de $175 millones que FEMA aprobó para múltiples jurisdicciones de Estados Unidos a través de sus programas de Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos tras desastres.

Sofía V. Meléndez Santiago, estudiante de Psicología del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fue seleccionada para recibir la Beca Truman, programa federal que otorga hasta $30,000 para estudios graduados a estudiantes comprometidos con el servicio público.

La beca, considerada uno de los programas más competitivos de Estados Unidos, abre a Meléndez Santiago acceso a fondos para posgrado, internados y redes en el ámbito gubernamental y organizaciones sin fines de lucro.

La Fundación Harry S. Truman administra el programa con criterios de excelencia académica, liderazgo y servicio comunitario; Meléndez Santiago trabaja actualmente como asistente de investigación en un proyecto sobre mujeres pioneras de la psicología en Puerto Rico durante el siglo 20.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera, confirmó el 21 de mayo de 2026 que el gobierno espera la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal para una reprogramación presupuestaria de cerca de $100 millones destinada a saldar deudas del Departamento de Educación con academias privadas de educación especial. La solicitud fue presentada desde finales de marzo y Rivera anticipó que el aval podría llegar en los próximos días.

Las academias privadas que proveen servicios de educación especial llevan meses sin recibir pagos del Departamento de Educación, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios para estudiantes con necesidades especiales. El monto adeudado ronda los $100 millones dentro de un presupuesto departamental de aproximadamente $5 mil millones.

La Junta de Supervisión Fiscal mantiene control sobre reprogramaciones presupuestarias del gobierno de Puerto Rico, lo que obliga a las agencias a obtener su aval antes de redirigir fondos. Rivera también adelantó que el presupuesto proyectado para el año fiscal 2027 incluirá $20 millones adicionales para el programa de educación especial y remedio provisional.

Sofía V. Meléndez Santiago, estudiante de Psicología en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, fue seleccionada como Truman Scholar 2026 por la Fundación Harry S. Truman, que le otorga $30,000 para estudios graduados.

La Beca Truman es uno de los programas de becas más competitivos de Estados Unidos; además del apoyo económico, brinda acceso a internados, desarrollo profesional y experiencias en el ámbito gubernamental y organizaciones sin fines de lucro.

La Fundación Harry S. Truman selecciona anualmente a estudiantes universitarios con trayectorias de liderazgo y servicio comunitario; Meléndez Santiago combina investigación académica con trabajo comunitario activo, incluyendo su participación como voluntaria de la Cruz Roja Americana desde 2017 y su rol en la Asociación de Acción Social desde la Psicología.

El director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, confirmó el 21 de mayo de 2026 que la agencia tiene pendiente ante la Junta de Supervisión Fiscal una solicitud de reprogramación de aproximadamente $115 millones del presupuesto del Departamento de Educación para saldar pagos adeudados a proveedores de educación especial, y anunció que quiere supervisar personalmente el desembolso. La solicitud de reprogramación fue presentada hace tres o cuatro meses y aún aguarda aprobación de la JSF.

Al menos cinco instituciones que atienden exclusivamente a estudiantes de educación especial advierten que podrían interrumpir servicios académicos y terapias en cuestión de días, con deudas que en algunos casos se extienden a años anteriores y suman millones de dólares. El programa de educación especial del DE cuenta con un presupuesto de $606 millones dentro de un total consolidado de cerca de $5,000 millones.

La directora de la Academia CEIP en Caguas, Michelle Navedo, relató que el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, ha estado disponible pero les ha notificado que no hay fondos asignados para los servicios; cuatro de las instituciones amenazaron previamente con cesar servicios a partir del 1 de junio de 2026.

El Departamento de Educación (DEPR) anunció, durante la Semana de la Educación, la otorgación de 15 becas de $3,500 cada una —para un total de $52,500— a estudiantes del sistema público seleccionados para el programa internacional de bellas artes 'Artistas Viajeros de Educación', enfocado en teatro, actuación, canto, baile y artes escénicas.

Las becas representan una inversión de $52,500 en estudiantes del sistema público, brindándoles acceso a formación artística internacional y desarrollo en liderazgo y disciplina que de otro modo estaría fuera de su alcance.

El programa opera bajo el Programa de Bellas Artes adscrito a la Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos del DEPR, y se enmarca en los esfuerzos de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón por ampliar oportunidades en artes, deportes y tecnología para la juventud de las escuelas públicas; el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, destacó la importancia de apoyar el talento de los estudiantes del sistema público.

Libraries Without Borders US, junto a la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas y el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico, lanzaron el primer Directorio Nacional de Bibliotecas, una plataforma accesible en bibliotecaspr.info que centraliza información sobre ubicación, horarios, servicios y programas de bibliotecas en todo el archipiélago.

La plataforma ofrece acceso libre y actualizado a la red de bibliotecas del país, con planes de incorporar perfiles con imágenes y recorridos virtuales, lo que puede reducir barreras de acceso a recursos educativos y comunitarios en toda la isla.

Puerto Rico no contaba con un repositorio centralizado y digital de su red de bibliotecas; la iniciativa surge de una alianza entre organizaciones del sector bibliotecario local e internacional, y se enmarca en esfuerzos más amplios de Libraries Without Borders US en la isla, incluyendo proyectos de preservación cultural como '¡Loíza Vive!'.

El Departamento de Educación (DEPR) anunció, durante la Semana de la Educación, la otorgación de 15 becas de $3,500 cada una —para un total de $52,500— a estudiantes del sistema público seleccionados para el programa internacional de artes escénicas 'Artistas Viajeros de Educación'.

La inversión de $52,500 en fondos públicos financia la participación de jóvenes en una experiencia internacional de teatro, baile, canto y actuación, ampliando el acceso a formación artística fuera de la isla para estudiantes del sistema público.

El programa está adscrito al Programa de Bellas Artes de la Subsecretaría para Asuntos Académicos y Programáticos del DEPR; el secretario Eliezer Ramos Parés lo enmarca en una política de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón de expandir oportunidades en artes, deportes y tecnología para estudiantes públicos.

En una vista pública sobre medidas para enmendar escalas salariales de maestros, el Departamento de Educación y la Oficina de Gerencia y Presupuesto se culparon mutuamente por la persistencia de una deuda de $90,424,729 con 5,850 educadores bajo la Ley de Carrera Magisterial. El representante del DE, el licenciado Félix Pérez Rivera, sostuvo que la partida fue solicitada en el presupuesto en años anteriores, mientras que la asesora legal de OGP, Carmen Guillén González, confirmó haber recibido un planteamiento formal por los $90.4 millones adeudados.

Los 5,850 educadores afectados siguen sin recibir los pagos a los que tienen derecho por rangos, ascensos y nuevos grados académicos completados bajo la Ley de Carrera Magisterial, y el intercambio de culpas entre agencias deja sin fecha de resolución una deuda que supera los $90 millones.

El DE ha alegado que cumplió con pagos y ajustes salariales hasta la aprobación de la Ley 66-2014, que declaró un estado de emergencia fiscal y congeló la plataforma del programa; desde entonces, la deuda acumulada ha crecido hasta alcanzar los $90.4 millones.

El presupuesto federal propuesto para el año fiscal 2026-27 incluye trasladar programas para estudiantes con discapacidades del Departamento de Educación federal al Departamento del Trabajo o al de Salud, como parte del desmantelamiento de esa agencia bajo la secretaria Linda McMahon.

El secretario de Educación de Puerto Rico, Eliezer Ramos Parés, dijo estar vigilante ante la medida, aunque no anticipa que afecte los servicios especializados en la isla; sin embargo, cualquier reorganización federal podría alterar el flujo de fondos hacia estudiantes con necesidades especiales.

La administración federal ha impulsado el desmantelamiento del Departamento de Educación bajo McMahon, aunque Ramos Parés señaló que múltiples propuestas previas de reforma no han superado el proceso legislativo del Congreso federal.

El 19 de mayo de 2026, la Asociación de Maestros de Puerto Rico compareció ante la Comisión cameral de Educación para defender los Proyectos de la Cámara 616 y 619, que proponen escalas salariales basadas en preparación académica y años de servicio para docentes del sistema público.

Las medidas buscan sustituir el modelo de Carrera Magisterial, señalado por la AMPR como fuente de atrasos, procesos burocráticos e incumplimientos en pagos; la evaluación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa sobre su impacto fiscal permite, según el presidente de la AMPR Víctor Bonilla Sánchez, continuar la discusión con datos y planificación.

La AMPR impulsó ambas medidas, presentadas con el aval del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez; Bonilla Sánchez calificó la situación salarial del magisterio como una deuda acumulada durante años de espera por un sistema que reconozca preparación, experiencia y compromiso.

Libraries Without Borders US, la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas y el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico lanzaron el Directorio Nacional de Bibliotecas, una plataforma digital accesible en bibliotecaspr.info que centraliza información sobre ubicación, horarios, servicios y programas comunitarios de las bibliotecas del archipiélago.

La herramienta ofrece acceso libre y actualizado a la red de bibliotecas de la isla, y próximamente incorporará recorridos virtuales, lo que puede reducir barreras de acceso a recursos educativos para comunidades en toda Puerto Rico.

Hasta este lanzamiento, Puerto Rico no contaba con un directorio unificado y de acceso público que visibilizara la totalidad de su red de bibliotecas; la iniciativa surge de una alianza entre organizaciones del sector bibliotecario local e internacional.

El rector interino del Recinto Universitario de Mayagüez, Miguel Muñoz, canceló el acceso del Consejo General de Estudiantes a la plataforma virtual Town Hall de Microsoft Teams horas antes de un pleno programado. El vicepresidente del Consejo, William Santiago Muñoz, denunció la acción como un sabotaje a la autonomía estudiantil reconocida en el reglamento universitario.

La decisión escala la tensión en el RUM en un momento en que otros recintos de la UPR retoman operaciones normales, y estudiantes han respondido cerrando portones y ofreciendo repasos fuera de las instalaciones como forma de protesta.

Las protestas estudiantiles en el RUM forman parte de un movimiento más amplio en la Universidad de Puerto Rico; el Consejo argumenta que el artículo 3.7 del reglamento general de estudiantes reconoce explícitamente la autonomía de los consejos para manejar sus asuntos internos.

El 19 de mayo de 2026, brigadas de estudiantes y empleados comenzaron a limpiar los predios del Recinto de Río Piedras de la UPR para retomar operaciones, un día después de que el estudiantado ratificara los acuerdos con la Rectoría que pusieron fin a la huelga iniciada el 27 de abril. La presidenta del CGE, Dyamar Cruz, indicó que los portones se abrían gradualmente y que las operaciones ordinarias y los exámenes finales retomarían en la tarde del mismo martes.

La rectora interina Mayra Charriez Cordero extendió el período de exámenes finales hasta el 2 de junio para evitar perjuicios a estudiantes y profesores, mientras que la graduación permanece pautada para el 25 de junio; la reapertura confirma que el conflicto en Río Piedras se resolvió por vía de negociación directa, sin recursos judiciales ni confrontación.

La huelga de tres semanas en Río Piedras, precedida por varios paros, exigía la renuncia de la presidenta universitaria Zayira Jordán Conde y más recursos económicos para el sistema universitario; el acuerdo fue negociado entre el CGE y la Rectoría del recinto, en contraste con la situación en el Recinto Universitario de Mayagüez, donde el bloqueo de portones persiste pese a una orden judicial.

El Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico en Humacao celebró una Jornada Académica en la que estudiantes subgraduados presentaron investigaciones aplicadas sobre personas sin hogar, seguridad alimentaria, recuperación de adicciones y servicios a personas con discapacidad en municipios como Caguas, Humacao y Naguabo.

Los estudios producen datos concretos que pueden informar decisiones en organizaciones comunitarias, agencias gubernamentales y municipios, conectando directamente la academia con necesidades sociales documentadas en el país.

Los proyectos abarcaron metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas, e incluyeron un análisis de egresados del propio departamento entre 2019 y 2024, según se indicó durante la jornada.

El equipo Colegio Racing Engineering del Recinto Universitario de Mayagüez presentó el CC-EV0, apodado 'Como Coco', el primer vehículo eléctrico diseñado y construido en la historia del grupo, con miras a competir en el Formula SAE Electric Vehicle 2026 en el Michigan International Speedway del 16 al 20 de junio de 2026.

El desarrollo del CC-EV0 exigió diseñar e integrar múltiples sistemas desde cero —incluyendo tren motriz eléctrico, aerodinámica y sistemas electrónicos— y reunió a estudiantes de distintas disciplinas en una experiencia formativa de alto impacto frente a un estándar de competencia internacional.

El Colegio Racing Engineering ha participado históricamente en competencias Formula SAE con vehículos de combustión interna; el CC-EV0 marca la primera transición del equipo a tecnología eléctrica, según destacó el doctor José E. Lugo, catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica del RUM y mentor del proyecto.

La Universidad del Sagrado Corazón fue incluida en la lista Top Colleges for Innovation 2026 de Insight Into Academia, publicación estadounidense especializada en educación superior, siendo la única institución de Puerto Rico y el Caribe reconocida este año.

El reconocimiento distingue a universidades que integran innovación en áreas académicas, desarrollo profesional y vinculación comunitaria, posicionando a Sagrado frente a instituciones de todo Estados Unidos.

Insight Into Academia evalúa universidades que incorporan modelos educativos no convencionales; en el caso de Sagrado, el reconocimiento se basó en su enfoque que combina formación académica con liderazgo, emprendimiento social y competencias tecnológicas, además de ser la única institución en Puerto Rico con la Clasificación Electiva Carnegie de Compromiso Comunitario.

Este sábado, decenas de exalumnos de varias clases graduadas de la UPR en Río Piedras se manifestaron en los portones del recinto para apoyar a los estudiantes en huelga indefinida, que lleva paralizado el campus desde el 27 de abril de 2026.

La concentración refleja que los reclamos de mayor presupuesto, autonomía en la gobernanza y la salida de la presidenta Zayira Jordán Conde trascienden generaciones; una asamblea estudiantil el lunes podría levantar la huelga si se ratifican los acuerdos alcanzados con la rectoría.

El paro comenzó el 21 de abril de 2026 y escaló a huelga indefinida el 27 de abril; la convocatoria de exalumnos fue organizada por Teresa Nazario Delgado, egresada de 1969, quien señaló que los reclamos estudiantiles sobre gobernanza y recursos no son nuevos.

La congresista Nydia Velázquez y varios legisladores demócratas enviaron una carta a la Junta de Control Fiscal esta semana exigiendo que rechace cualquier plan fiscal que continúe las medidas de austeridad sobre la Universidad de Puerto Rico. En la misiva reclamaron mayor inversión pública, protección al sistema de pensiones y límites a los aumentos en la matrícula.

La JCF tiene autoridad para aprobar o rechazar el plan fiscal de la UPR, por lo que la presión legislativa desde Washington busca influir directamente en el futuro presupuestario de la principal universidad pública del país, afectando al estudiantado, la investigación académica y los servicios comunitarios en distintas regiones de Puerto Rico.

Según los congresistas, la UPR ha enfrentado durante más de una década una crisis fiscal agravada por medidas de austeridad que han limitado su desarrollo y la accesibilidad de los estudiantes, en el marco de la supervisión fiscal impuesta por la Ley PROMESA.

Representantes del Movimiento Estudiantil de la UPR en Río Piedras firmaron el jueves preacuerdos con la rectora interina Mayra Charriez Cordero tras cuatro rondas de negociación; los acuerdos incluyen garantías contra represalias y apoyo al Proyecto de la Cámara 1201, y serán sometidos a ratificación en una asamblea estudiantil programada para el lunes 18 de mayo a las 10:00 a.m. en el Complejo Deportivo del campus. De ratificarse, se levantaría la huelga indefinida que comenzó el 27 de abril.

El recinto lleva 21 días paralizado y la asamblea requiere un quórum de 1,080 estudiantes —el 10% de la matrícula— para poder votar; si se alcanza ese umbral y se ratifican los acuerdos, el campus reanudaría operaciones tras la huelga más prolongada reciente en la UPR-Río Piedras. El Proyecto de la Cámara 1201, que busca restablecer la fórmula presupuestaria del 9.6% establecida en la Ley 2 de 1966, quedaría con el respaldo formal de la administración del recinto.

La huelga comenzó el 27 de abril con demandas que incluían la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y un aumento escalonado al presupuesto universitario; la UPR ha enfrentado recortes presupuestarios sostenidos durante los últimos años que redujeron significativamente la asignación histórica del 9.6% contemplada en la Ley Universitaria.

La Oficina del Inspector General publicó el 14 de mayo de 2026 un informe que documenta deficiencias en los controles internos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza (OEPA), adscrita al Departamento de Educación, sobre más de $80.6 millones asignados a 13 Escuelas Públicas Alianza entre el 1 de julio de 2022 y el 13 de noviembre de 2025. Entre los hallazgos: aproximadamente $35.7 millones permanecían sin desembolsar, cerca de $44.9 millones presentaban costos pendientes de validación documental, y diez de once escuelas evaluadas no presentaron estados financieros auditados dentro del plazo reglamentario de 90 días tras finalizado el año escolar.

El 44 por ciento de los fondos evaluados permaneció sin desembolsar al cierre del periodo, y casi la totalidad de los desembolsos efectuados carece de respaldo documental completo, lo que expone esos recursos a cuestionamientos por parte del inspector general federal del Departamento de Educación.

Las Escuelas Públicas Alianza operan bajo entidades privadas certificadas con fondos públicos del Departamento de Educación; la OEPA es la unidad responsable de supervisar su cumplimiento financiero y programático. El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés dirigió la agencia durante parte del periodo examinado —hasta el 30 de junio de 2023 y desde el 1 de enero de 2025 hasta el presente— y fue sustituido entre esas fechas por Yanira Raíces.

El exgobernador Alejandro García Padilla afirmó, en entrevista con el podcast de Joshua Castro publicada el 14 de mayo de 2026, que durante sus cuatro años en La Fortaleza no enfrentó huelgas en la UPR porque respetó la autonomía universitaria y no intervino en el nombramiento de su presidencia.

Sus expresiones contrastan directamente con la situación actual, en la que estudiantes de varios recintos exigen la renuncia de la presidenta Zayira Jordán Conde y mayor protección presupuestaria, señalando que su nombramiento provino de La Fortaleza.

García Padilla indicó que el presidente de la UPR durante su mandato, Uroyoán Walker, fue escogido por la comunidad universitaria y que él no lo conocía antes de su nombramiento, a diferencia del proceso que describe para el nombramiento actual de Jordán Conde.

A un mes de iniciada la huelga indefinida en el Recinto Universitario de Mayagüez y paralizaciones en otros recintos, representaciones docentes, no docentes y estudiantiles de la UPR reiteraron su rechazo a la presidenta Zayira Jordán Conde y exigieron restablecer la fórmula presupuestaria del 9.6 % del fondo del Estado. El Senado Académico de Río Piedras advirtió además que el proyecto cameral 1256 centralizaría la gobernanza universitaria en la Junta de Gobierno y pondría en riesgo las 258 acreditaciones vigentes del sistema, la acreditación ante la MSCHE y la elegibilidad para fondos federales del Título IV que afectan a más de 42,000 estudiantes.

El proyecto 1256 —que el movimiento estudiantil, la APPU y el Senado Académico rechazan— concentraría decisiones administrativas en cuerpos designados por la gobernadora, debilitando la autonomía universitaria y exponiendo al sistema a la pérdida de acreditación y financiamiento federal. En el RUM, la administración del rector Miguel Muñoz emplazó judicialmente a líderes estudiantiles y a la directiva del Consejo General de Estudiantes, dándoles diez días para desalojar espacios y comparecer ante la corte.

Los proyectos camerales 1201 y 880 —que proponen, respectivamente, restablecer la fórmula presupuestaria histórica de la UPR y reformar su autonomía institucional— cuentan ya con el respaldo como coautores de las delegaciones del PPD y del PIP en la Cámara. La huelga en el RUM y las movilizaciones en Río Piedras se enmarcan en un ciclo de conflictos recurrentes sobre el financiamiento y la gobernanza de la UPR que se ha agudizado bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal.

El fundador y expresidente del partido Proyecto Dignidad, César Vázquez, publicó una columna de opinión el 14 de mayo de 2026 en la que condena la huelga que paraliza el sistema de la Universidad de Puerto Rico, argumenta que los estudiantes no tienen derecho constitucional a cerrar portones e interfierir con los estudios de otros, y cuestiona la inacción del rector del Colegio de Mayagüez ante un interdicto judicial ya concedido.

La huelga ha detenido clases, investigaciones y operaciones en varios recintos de la UPR mientras el Estado sigue sufragando becas, salarios docentes y nómina no docente, con impacto directo sobre estudiantes próximos a graduarse y programas de intercambio.

La protesta surge en rechazo a decisiones de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, avaladas por la Junta Universitaria; grupos estudiantiles exigen su renuncia alegando irregularidades en su nombramiento, incluyendo presiones político-partidistas.

Al 12 de mayo de 2026, la Universidad de Puerto Rico (UPR) reporta 8,879 estudiantes de escuela superior confirmados para el próximo año académico, una reducción de 470 alumnos —un 5%— respecto a 2025. El vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, Jonathan Muñoz Barreto, informó la situación durante una reunión de la Junta Universitaria.

La meta de matrícula es 8,000 estudiantes —cifra igual a la de los dos años anteriores—, pero la cantidad de confirmados ya está por debajo del modelo proyectado de 9,500, y la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, reportó a finales de abril que 1,147 admitidos habían cancelado su intención de matricularse.

Funcionarios de la UPR atribuyen parte de la desaceleración en solicitudes a reportes de prensa, publicados en febrero, sobre las condiciones de infraestructura del recinto de Río Piedras; las manifestaciones estudiantiles también se mencionaron como posible factor, aunque sin descartarse ni confirmarse por falta de análisis.

La presidenta de la UPR, la doctora Zayira Jordán Conde, y el director ejecutivo del CICiM, el doctor Eduardo L. Nicolau López, firmaron un Memorando de Entendimiento que viabiliza una transferencia de $1 millón para el año fiscal 2026, con la posibilidad de $1 millón adicional sujeto a aprobación de la Junta de Gobierno para el año fiscal 2027.

El acuerdo formaliza el desembolso de fondos institucionales al CICiM —plataforma de investigación en biotecnología, salud y materiales— bajo controles de cumplimiento que incluyen informes financieros anuales y un plan de negocios a cinco años con entrega no más tarde del 31 de diciembre de 2026.

El CICiM opera como centro de investigación vinculado a la UPR en áreas de ciencias moleculares, materiales y biotecnología; el MOU surge como instrumento para formalizar el flujo de fondos institucionales y trazar una ruta de sostenibilidad a largo plazo para el Centro.

El 9 de mayo de 2026, L'Oréal Caribe y Ciencia Puerto Rico celebraron la cuarta graduación del programa For Girls in Science en el Colegio Universitario de San Juan, donde 24 estudiantes de escuela superior completaron un ciclo de formación en STEM con apoyo de 13 mentoras.

El programa atiende la subrepresentación femenina en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante mentoría, talleres y exposición profesional dirigidos a jóvenes entre noveno y undécimo grado en Puerto Rico.

For Girls in Science es una iniciativa de la Fundación L'Oréal con presencia global; en Puerto Rico se implementa en alianza con CienciaPR y lleva cuatro ediciones graduando estudiantes de escuela superior con trayectorias que han incluido participación en el National STEM Festival en Washington, D.C. y el Foro Juvenil de la ONU en Nueva York.

El 15 de mayo de 2026, la Universidad de Puerto Rico en Cayey celebrará el decimotercer 'Encuentro Estudiantil de Investigación, Creación y Servicio Comunitario', con 90 proyectos subgraduados en áreas que van desde ciencias naturales hasta humanidades. Participarán 150 estudiantes y 34 mentores en una jornada de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Nuevo Edificio de Ciencias.

El evento visibiliza la investigación subgraduada en temas de impacto directo para Puerto Rico, incluyendo resistencia antimicrobiana, contaminación ambiental, salud mental y biodiversidad local.

El encuentro lleva trece ediciones consecutivas y es coordinado por el Decanato de Asuntos Académicos y el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la UPR Cayey; la actividad es abierta al público general.

A un mes de iniciada la huelga indefinida en el Recinto Universitario de Mayagüez y otras paralizaciones, representaciones docentes, no docentes y estudiantiles de la UPR reiteraron su rechazo a la presidenta Zayira Jordán Conde y exigieron restablecer la fórmula presupuestaria histórica del 9.6 % del fondo del Estado. El Senado Académico de Río Piedras advirtió además que el proyecto cameral 1256 pondría en riesgo las 258 acreditaciones vigentes del sistema y la elegibilidad de más de 42,000 estudiantes para fondos federales del Título IV.

Si el proyecto 1256 prospera, centralizaría poderes administrativos en la Junta de Gobierno —cuyos miembros designa la gobernadora— y comprometería la acreditación institucional ante la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE), con consecuencias directas para decenas de miles de estudiantes y para el financiamiento federal de la institución.

El movimiento estudiantil busca el endoso de los proyectos camerales 1201 y 880, que ampliarían los recursos y la autonomía de la UPR; la delegación del PPD y la del PIP ya se sumaron como coautores de ambas piezas en la Cámara. En Mayagüez, el rector Miguel Muñoz emplazó judicialmente a líderes estudiantiles, mientras que en Río Piedras el movimiento denuncia una estrategia de desgaste mediante reuniones inconclusas que buscarían extender el diálogo más allá del fin del semestre.

La presidenta de la Universidad de Puerto Rico, Zayira Jordán Conde, sometió el 13 de mayo de 2026 a la Junta de Supervisión Fiscal una revisión del Plan Fiscal Enmendado que extiende las proyecciones hasta el año fiscal 2027 sin aumentos en matrícula, cuotas estudiantiles ni modificaciones al sistema de retiro.

El plan proyecta $258 millones en propuestas de investigación y reconoce una asignación legislativa anual de $500 millones dispuesta por la Ley 53 de 2021, apostando por diversificación de ingresos en lugar de cargas adicionales a estudiantes o empleados.

La UPR ha operado bajo planes fiscales supervisados por la Junta de Supervisión Fiscal desde la aprobación de PROMESA, y ha enfrentado presiones recurrentes para reducir gastos mediante alzas en matrícula y reformas al retiro.

El fundador y expresidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, publicó una columna de opinión el 14 de mayo de 2026 criticando la huelga que paraliza el sistema de la UPR, argumentando que los estudiantes no tienen derecho constitucional a cerrar portones ni a interrumpir el trabajo ajeno.

Vázquez señala que la huelga afecta a estudiantes próximos a graduarse, investigaciones en curso y becarios que reciben fondos sin estudiar, mientras el pueblo de Puerto Rico asume el costo; también advierte que la UPR enfrenta problemas presupuestarios y una matrícula en descenso que podrían requerir cerrar recintos.

La huelga responde a decisiones de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, avaladas por la Junta Universitaria; el rector del Colegio de Mayagüez obtuvo un interdicto judicial para abrir los portones pero no lo implementó, situación que Vázquez califica de inacción que alimenta la impunidad.

El Departamento de Educación (DEPR), a través de la Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara sus estrategias de prevención y respuesta ante emergencias en las 856 escuelas públicas, incluyendo el lanzamiento de un nuevo sistema tecnológico de alertas en tiempo real. La agencia indicó que, mediante fondos federales ESSER II, capacitó a más de 22 mil empleados en manejo de emergencias.

El nuevo Sistema de Alertas de Emergencia del DEPR permitirá notificar en tiempo real a personal escolar, padres y agencias de primera respuesta ante cualquier incidente, ampliando la capacidad de reacción en planteles que atienden a la totalidad del estudiantado público de la isla. La presentación se enmarca en la discusión del Proyecto de la Cámara 1214, que propone uniformar los códigos de emergencia en las escuelas.

El Proyecto de la Cámara 1214 busca establecer un Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las escuelas públicas; el DEPR sostuvo ante la Comisión de Educación que gran parte de sus disposiciones ya están implementadas o en proceso mediante protocolos vigentes de la agencia.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés anunció el programa Verano Educativo 2026, que se llevará a cabo del 8 de junio al 6 de julio en 225 escuelas públicas de nivel primario y secundario. La matrícula abre del 3 al 5 de junio.

El programa ofrece cursos remediales a estudiantes de secundaria con calificaciones de D y F, además de refuerzo académico en Español, Inglés y Matemáticas para el nivel elemental, con comidas incluidas durante el receso escolar.

La iniciativa se suma a otros esfuerzos del Departamento de Educación para atender rezagos académicos, entre ellos el servicio de horario extendido NEExt y estrategias de recuperación académica implementadas durante el año escolar regular.

Este miércoles 13 de mayo de 2026, la presidenta de la UPR Zayira Jordán Conde firmó un nuevo memorando de entendimiento de un año con el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares que viabiliza una transferencia inmediata de $1 millón, con $1 millón adicional sujeto a aprobación de la Junta de Gobierno para el año fiscal 2027. La firma llegó una semana después de que el Centro de Periodismo Investigativo revelara que un tranque entre ambas partes había dejado al Centro sin acceso a fondos recurrentes por más de diez meses.

Sin el acuerdo, el director del Centro Molecular Eduardo Nicolau había advertido que, de no recibir al menos $1 millón antes del 15 de mayo, la institución tendría que limitar compras, posponer mantenimiento e interrumpir proyectos de infraestructura que sostienen investigaciones sobre Alzheimer, Parkinson, cáncer, purificación de agua y baterías de litio, además de afectar a unos 42 investigadores y 225 estudiantes. El funcionamiento anual del Centro requiere cerca de $2 millones, frente a ingresos propios de apenas $700,000 en el año en curso.

El convenio anterior, que garantizó $8.5 millones durante seis años, venció el 30 de junio de 2025, un día antes de que Jordán Conde asumiera la presidencia de la UPR; desde entonces el Centro operó en déficit. El tranque respondía a diferencias sobre términos fiscales, cláusulas de gobernanza y, según Nicolau, un lenguaje de "lealtad" a la administración universitaria que, a su juicio, ponía en riesgo el estatus de corporación sin fines de lucro del Centro. La presión de 29 científicos en carta del 1 de mayo y de estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas el 11 de mayo antecedió la firma.

El 9 de mayo de 2026, L'Oréal Caribe y Ciencia Puerto Rico celebraron la cuarta graduación del programa For Girls in Science en el Colegio Universitario de San Juan, donde 24 estudiantes de escuela superior completaron un ciclo de formación en STEM con apoyo de 13 mentoras.

El programa apunta directamente a la subrepresentación femenina en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y ha producido participantes reconocidas en foros internacionales como el Foro Juvenil 2026 del Consejo Económico y Social de la ONU y el National STEM Festival en Washington, D.C.

For Girls in Science es una iniciativa global de la Fundación L'Oréal que en Puerto Rico opera en alianza con CienciaPR; esta fue su cuarta edición en la isla, dirigida a estudiantes de noveno a undécimo grado.

El martes 13 de mayo de 2026, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria rechazó el Proyecto de la Cámara 1256, radicado el 5 de mayo por el representante Jorge 'Georgie' Navarro, que propone centralizar la administración de la UPR y reducir la participación de organismos internos. Catedráticos, estudiantes y exprofesores se congregaron en el edificio anexo de la Cámara de Representantes exigiendo que se dé prioridad en cambio al PC880, radicado en septiembre de 2025, que busca que los propios universitarios puedan reformar la institución.

El PC1256 respondería a la salida de cinco de los once rectores del sistema declarando un 'riesgo institucional', pero sus opositores advierten que agravaría la crisis de gobernanza al concentrar el control en lugar de distribuirlo; el temor inmediato de la cocoordinadora de la CMRU, Lida Orta Anés, es que el proyecto de Navarro sea evaluado y aprobado antes que el PC880.

La disputa legislativa se da en medio de una huelga indefinida en el Recinto de Mayagüez y paralizaciones en otros recintos, con reclamos sobre la fórmula presupuestaria del 9.6% del fondo estatal y advertencias sobre riesgo a las acreditaciones del sistema; la delegación camaral del PPD y la del PIP figuran como coautores del PC880.

El 15 de mayo de 2026, la Universidad de Puerto Rico en Cayey celebrará su decimotercer 'Encuentro Estudiantil de Investigación, Creación y Servicio Comunitario', donde 150 estudiantes y 34 mentores presentarán 90 proyectos en áreas que van desde resistencia antimicrobiana hasta desinformación digital. El evento, coordinado por el Decanato de Asuntos Académicos y el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, se realizará de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el Nuevo Edificio de Ciencias del recinto.

El encuentro visibiliza la capacidad investigativa subgraduada de la UPR Cayey en temas de impacto directo para Puerto Rico, incluyendo contaminación ambiental, salud mental y biodiversidad local. La participación de 90 proyectos en una sola jornada refleja la escala del esfuerzo académico sostenido por el recinto.

El encuentro llega a su decimotercer edición, lo que indica una tradición consolidada de exposición pública de la investigación estudiantil en la UPR Cayey. La rectora Dra. Rochellie Martínez Vivas y la presidenta de la UPR, Dra. Zayira Jordán Conde, encuadran el evento dentro de una agenda institucional más amplia de transformación académica.

El Departamento de Educación (DEPR), a través de su Oficina del Comisionado de Seguridad Escolar, presentó ante la Comisión de Educación de la Cámara avances en estrategias de prevención y respuesta ante emergencias, incluyendo un nuevo Sistema de Alertas de Emergencia y adiestramientos a más de 22 mil empleados financiados con fondos federales ESSER II. La agencia compareció en el contexto del Proyecto de la Cámara 1214, que propone establecer un Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las escuelas públicas.

Las iniciativas cubren las 856 escuelas públicas de la isla e incluyen protocolos para escenarios de tirador activo, terremotos e incendios; el nuevo sistema de alertas permite notificaciones en tiempo real a padres, personal y agencias de primera respuesta.

El DEPR indicó que gran parte de las disposiciones del Proyecto de la Cámara 1214 ya han sido implementadas o están en proceso mediante protocolos vigentes, señalando que los esfuerzos actuales se alinean con estándares del Sistema de Comando de Incidentes (ICS) utilizado por agencias de manejo de emergencias.

El 13 de mayo de 2026, el RUM reinició labores presenciales de forma gradual —con decanos, directores de departamento y personal de Edificios y Terrenos, Salud y Seguridad, y Tránsito y Vigilancia— luego de que el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenara el lunes la apertura de los ocho portones bloqueados por manifestantes. El rector interino Miguel Muñoz Muñoz no precisó si las clases presenciales se reanudarían durante este semestre.

El retorno parcial al campus representa el primer paso concreto hacia la normalización operacional del RUM tras cerca de un mes de paralización, aunque el rector interino no descartó que las clases continúen a distancia por el resto del semestre y los reclamos estudiantiles de fondo permanecen sin resolver.

Los estudiantes del RUM decretaron una manifestación indefinida desde el 13 de abril de 2026 exigiendo, entre otras cosas, la renuncia del rector interino Muñoz Muñoz y de la presidenta universitaria Zayira Jordán Conde, así como la asignación de más recursos económicos al sistema universitario.

El Consejo Acreditador en Educación en Periodismo y Comunicación Masiva (ACEJMC) ratificó en Washington, D.C., la reacreditación de la Facultad de Comunicación e Información de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, por un periodo de cinco años.

La acreditación del principal organismo evaluador de programas de periodismo y comunicación en Estados Unidos valida la calidad académica de los programas subgraduados y graduados que ofrece la facultad, con impacto directo en la formación de comunicadores en Puerto Rico.

El proceso incluyó visitas institucionales, revisión de documentos académicos y análisis de cumplimiento en distintas áreas; durante ese periodo, la facultad fortaleció su infraestructura y consolidó operaciones en la Torre Norte de Plaza Universitaria mientras avanza el desarrollo de su futura sede en el cuadrángulo histórico del recinto.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés anunció que 225 escuelas públicas participarán en el Verano Educativo 2026, del 8 de junio al 6 de julio, con matrícula regular del 3 al 5 de junio y matrícula tardía el 9 de junio. El programa incluirá 140 escuelas de nivel primario y 85 de nivel secundario.

Los estudiantes de secundaria que obtuvieron calificaciones de D y F durante el año escolar regular tendrán acceso a cursos remediales; los de primaria recibirán refuerzo en Español, Inglés y Matemáticas, además de desayuno y almuerzo durante el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Verano Educativo se enmarca en una estrategia más amplia del Departamento de Educación para atender rezagos académicos identificados al cierre del año escolar regular, que incluye también iniciativas como el programa de horario extendido NEExt.

Las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Ada Álvarez Conde presentaron dos medidas legislativas para facilitar la expansión de centros de cuido en Puerto Rico: una ampliaría los requisitos para trabajar como educuidador reconociendo preparación técnica y experiencia laboral, y la otra exigiría al Departamento de la Familia y ACUDEN armonizar sus reglamentos con la ley vigente.

La escasez de espacios de cuido infantil en la isla limita la participación laboral de familias puertorriqueñas; reducir trabas burocráticas y ampliar el personal cualificado podría aumentar la oferta de estos servicios esenciales.

El acceso al cuido infantil en Puerto Rico ha estado limitado por reglamentos que las propias legisladoras describen como contradictorios y desalineados con la ley, lo que ha frenado la apertura y operación de nuevos centros.

El 12 de mayo, estudiantes de tercer grado de la Escuela José González Ruiz de Aguada comparecieron ante la Comisión de Educación de la Cámara en apoyo al Proyecto de la Cámara 1214, que busca establecer un sistema uniforme de códigos de emergencia por colores en todas las escuelas, tomando como referencia la Ley 170-2011 que ya rige instalaciones de salud. La medida fue radicada por los representantes Odalys González y Emilio Carlo a petición de los estudiantes y su maestra, la doctora Diane Negrón.

Un sistema uniforme de alertas por color —azul para emergencias médicas, rojo para incendios, rosa para secuestro de menores, entre otros— reduciría la confusión que genera la falta de protocolos estandarizados entre estudiantes, personal y visitantes ante situaciones críticas en las escuelas públicas.

El PC 1214 surgió de un proyecto educativo sobre seguridad escolar desarrollado en la Escuela José González Ruiz, convirtiendo a los propios estudiantes en autores y defensores de la iniciativa; el sistema propuesto replica el modelo de códigos de color que la Ley 170-2011 ya aplica en instalaciones de salud públicas y privadas.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, declaró el 12 de mayo de 2026 que la agencia ha logrado avances para mejorar cómo se distribuye y se divulga su presupuesto, tanto interna como externamente.

El Departamento de Educación opera el sistema público educativo de Puerto Rico y administra uno de los presupuestos más grandes del gobierno, por lo que la transparencia en su manejo afecta directamente a estudiantes, maestros y contribuyentes.

La agencia ha enfrentado señalamientos históricos de falta de divulgación de información y procesos excesivamente centralizados que dificultan la rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos.

Docentes y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) convocaron una manifestación pacífica frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey para el martes 12 de mayo a las 9:30 de la mañana, en repudio a los recortes presupuestarios a la UPR y al alza en costos de matrícula. En paralelo, los estudiantes del RUM enfrentaron esa tarde una vista judicial en Mayagüez sobre el interdicto que ordena cesar el bloqueo de accesos al campus.

Profesores del RUM señalan que durante la pasada década la asignación presupuestaria a la UPR ha sido menos de la mitad del 9.6% del Fondo General que exige la Ley 2 de 1966, y que los costos de matrícula se han triplicado desde 2016 —en un país donde más del 50% de los menores de 18 años vive bajo el nivel de pobreza.

La protesta se suma a semanas de paralizaciones estudiantiles en los once recintos de la UPR; la administración central, representada por la presidenta Zayira Jordán Conde y el rector del RUM Miguel Muñoz Muñoz, presentó una demanda que derivó en una orden de entredicho provisional, mientras colectivos de otros recintos —incluido el Recinto de Ciencias Médicas— expresaron solidaridad con los estudiantes de Mayagüez.

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo instaló la nueva directiva del Capítulo Estudiantil del Colegio de Ingenieros y Agrimensores (CECIA-UPRA), una organización recién creada para estudiantes del Programa de Traslado Articulado de Ingeniería del recinto.

El capítulo ofrece a los estudiantes de ingeniería y agrimensura un espacio de desarrollo académico y práctico durante los aproximadamente dos años que cursan en Arecibo antes de completar sus estudios en el Recinto Universitario de Mayagüez.

La iniciativa surgió de la doctora Maiella Ramos Fontán, exdirectora del Departamento de Física Química de UPRA; la profesora de química Mónica Medina asumió como consejera del capítulo, que se suma a las asociaciones estudiantiles ya existentes en el recinto.

El comunicador Silverio Pérez publicó una columna de opinión en la que conecta el aumento de la violencia en Puerto Rico —incluyendo asesinatos y feminicidios— con décadas de un sistema educativo que priorizó el conocimiento académico sobre el manejo de las emociones.

La columna articula una hipótesis sobre las raíces culturales y educativas de la crisis de violencia en la isla, en un momento en que los feminicidios y los homicidios siguen siendo tema de debate público y legislativo.

Hace aproximadamente 20 años, Pérez publicó el libro 'Domesticando tu dinosaurio', centrado en los impulsos y contradicciones humanas; la columna retoma esa metáfora para diagnosticar el presente.

La organización Sembrando Sentido publicó un informe que documenta, tras cuatro años de análisis, que la distribución del presupuesto del Departamento de Educación es compleja y dificulta determinar cómo se usa el dinero para atender la misión educativa.

El Departamento de Educación es históricamente una de las agencias que más fondos públicos recibe en Puerto Rico, por lo que la opacidad en su uso afecta directamente la rendición de cuentas ante el público.

Por décadas se ha reconocido al Departamento de Educación como receptor de una porción significativa del presupuesto gubernamental, aunque la fiscalización de esos fondos ha sido un reto persistente para organizaciones civiles y legisladores.

La Junta de Supervisión Fiscal validó dos hitos estratégicos de la Universidad de Puerto Rico —cierres trimestrales de módulos financieros y un chatbot de admisiones— que encaminan la liberación de $5.2 millones en fondos condicionados por desempeño.

Los $5.2 millones forman parte de un fondo total de $150 millones atados al cumplimiento de metas de transformación institucional; cada hito validado acerca a la UPR al acceso progresivo a esos recursos para modernizar sus operaciones.

Bajo la presidencia de la doctora Zayira Jordán Conde, la UPR ha estado ejecutando un plan de transformación con hitos específicos exigidos por la JSF como condición para liberar fondos destinados a estabilidad financiera, tecnología y sostenibilidad institucional.

El 12 de mayo de 2026, estudiantes, profesores e integrantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) realizarán una manifestación pacífica frente al edificio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en Hato Rey para exigir que se cumpla la ley que obliga al gobierno a destinar el 9.6% del Fondo General a la UPR. El profesor Marcel Castro Sitiriche denunció que durante la última década la asignación ha sido menos de la mitad de lo estipulado por ley.

El incumplimiento sistemático de la ley de financiamiento universitario ha reducido los recursos del sistema UPR a menos de la mitad del nivel requerido legalmente, mientras que el alza en matrícula acumulada durante los últimos 10 años contradice la misión de acceso para sectores de escasos recursos.

La ley que garantiza a la UPR el 9.6% del Fondo General existe desde hace décadas, pero los presupuestos aprobados bajo el proceso de austeridad fiscal no han honrado ese mandato de manera consistente. Las alzas en matrícula han sido un punto de conflicto recurrente entre la comunidad universitaria y las autoridades fiscales.

Los recintos de Río Piedras y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico mantienen una huelga indefinida, mientras otros recintos han decretado paros con fecha límite, dejando los once campus virtualmente paralizados a días del fin de semestre. La presidenta Zayira Jordán Conde convocó a estudiantes al diálogo, se reunió con la gobernadora Jenniffer González y solicitó audiencia a la Junta de Supervisión Fiscal en busca de más fondos.

El conflicto amenaza la conclusión del semestre académico en la institución educativa de la que, según el editorial, depende el desarrollo social y económico del país; las autoridades universitarias han abierto la posibilidad de extender el semestre si la huelga no cesa en los próximos días.

La designación de Jordán Conde en junio de 2025 se hizo contra la opinión de todos los organismos universitarios, que desde entonces han exigido su dimisión o destitución; en marzo de 2026, la presidenta destituyó a cinco de los once rectores en pleno semestre, acción descrita como sin precedentes, lo que intensificó el conflicto. La Junta de Supervisión Fiscal ha reducido el presupuesto de la UPR aproximadamente a la mitad durante la última década.

Brenda Mariel Cintrón Rodríguez aprobó la primera defensa de tesis doctoral del Programa Doctoral en Psicología Escolar del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), convirtiéndose en la primera egresada doctoral de ese programa. Su trayectoria de 11 años incluyó la pandemia, huelgas, paros y la pérdida de su hijo, además de una readmisión condicionada al recinto en 2015 tras haber estudiado allí originalmente entre 1993 y 1995.

El logro marca un hito institucional para la UPR: por primera vez el sistema público universitario produce un doctorado en Psicología Escolar, una especialidad orientada a atender necesidades de salud mental en la niñez y adolescencia en Puerto Rico.

El programa doctoral arrancó en el RUM con ocho estudiantes; en 2024 se otorgaron los primeros grados de maestría en Ciencias en Psicología Escolar a ocho estudiantes, paso previo al doctorado en sus áreas de especialización: Psicología Clínica y Neuropsicología.

El equipo Sea to Energy, integrado por estudiantes graduados y subgraduados de química de la Facultad de Ciencias Naturales de la UPR Río Piedras, ganó el Jury Choice Award for Promising Scientific Impact en el Stanford Global Sustainability Challenge y quedó en sexto lugar entre aproximadamente 80 equipos internacionales.

El reconocimiento posiciona a la UPR en un foro científico global con participación de decenas de universidades internacionales, destacando investigación en transformación de biomasa de algas en soluciones energéticas sostenibles.

Los integrantes del equipo cuentan con becas de NASA Space Grant, NASA PR CREWmq y el SaBRe Project/Schmid Foundation, lo que refleja el apoyo federal y privado a la investigación científica en Puerto Rico; la rectora interina doctora Mayra Charriez Cordero destacó el logro como evidencia del compromiso institucional con soluciones a retos ambientales globales.

Un grupo de estudiantes de la Escuela José González Ruiz fue juramentado como Estudiantes Legisladores tras completar el programa educativo de la Oficina de Servicios Legislativos (OSL), y la próxima semana presentarán en la Cámara de Representantes una propuesta vinculada al Proyecto de la Cámara 1214, que busca establecer un Sistema Uniforme de Códigos de Emergencia en las escuelas públicas.

La medida, radicada por la representante Odalys González González a petición de la maestra Dra. Diane Negrón Flores y sus estudiantes, atendería la ausencia de un protocolo uniforme de emergencias en las escuelas públicas de Puerto Rico.

El programa de Estudiantes Legisladores de la OSL utiliza talleres virtuales, recorridos educativos e investigación para acercar a menores al proceso legislativo; en este caso, los estudiantes tomaron la iniciativa de proponer legislación concreta sobre seguridad escolar.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés envió una carta al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, rechazando señalamientos públicos de incumplimiento en la entrega de documentos y adjuntó un anejo con tablas que detallan cientos de peticiones atendidas en áreas como matrícula, nómina, infraestructura y educación especial.

El intercambio público entre ambas entidades expone tensiones sobre el flujo de información en el sistema educativo; parte de la documentación disputada ha sido utilizada en mesas de trabajo conjuntas para confeccionar el presupuesto basado en estudiante, lo que incide directamente en la planificación fiscal de la agencia con mayor nómina del gobierno.

La JSF supervisa las agencias del gobierno de Puerto Rico bajo la ley PROMESA; el Departamento de Educación ha sido objeto de escrutinio fiscal continuo por parte del ente federal, y las mesas de trabajo sobre el presupuesto basado en estudiante se desarrollan desde inicios de 2025.

El Departamento de Educación advirtió que un recorte de $540 millones a su presupuesto consolidado —de $5,205 millones a $4,665 millones— le dejará sin fondos suficientes para transportación, educación especial, mantenimiento y gastos de funcionamiento. La reducción proviene principalmente de la caída en fondos federales, de $2,150 millones a $1,074 millones, al agotarse asignaciones pandémicas no recurrentes.

La agencia atiende 872 escuelas y 220,967 estudiantes matriculados al 11 de marzo de 2026, y proyecta una matrícula por debajo de 200,000 para el año escolar 2029–2030; los recortes llegan justo cuando la red escolar ya opera con menos recursos por estudiante que años anteriores.

La matrícula del Departamento de Educación ha caído de 276,413 estudiantes en el año escolar 2020–2021 a poco más de 220,000 en la actualidad, presionando a la agencia a consolidar planteles mientras sus costos fijos —transporte, educación especial, mantenimiento— no disminuyen al mismo ritmo.

El Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras y los representantes estudiantiles de la Junta Universitaria rechazaron el Proyecto de la Cámara 1256, que alteraría la composición y facultades de la Junta de Gobierno de la UPR por cinco años, y cuestionaron por qué los ahorros que la Administración González Colón reclama en el presupuesto no se asignan a la universidad. Al 8 de mayo de 2026, la huelga indefinida se mantenía activa en los recintos de Mayagüez, Carolina, Bayamón y Ciencias Médicas.

El PC 1256 quitaría las facultades decisionales a Senados Académicos y Juntas Administrativas durante cinco años, lo que los estudiantes advierten convertiría a la UPR en un instrumento partidista y pondría en riesgo sus acreditaciones institucionales.

El Recinto de Río Piedras llevaba diez días en huelga indefinida al momento de la publicación; el PC 1256 también integraría a la presidenta y rectores del sistema como miembros de la Junta de Gobierno durante ese período. La fuente suma a NotiCel la cobertura previa de Metro PR sobre el rechazo estudiantil a la propuesta del representante Jorge Navarro Suárez.

El columnista Rafael Méndez Tejeda publicó una columna de opinión advirtiendo que un legislador no identificado promueve un proyecto bajo el nombre de 'ley de emergencia universitaria' que, a su juicio, contribuiría al desmantelamiento de la universidad pública.

El texto plantea que legislación con ese enfoque podría subordinar la autonomía universitaria a intereses partidistas, afectando la independencia de la educación superior pública en Puerto Rico.

La columna no identifica al legislador ni al proyecto específico por número o cámara de origen, por lo que los detalles del proyecto no pueden verificarse con la información disponible en la fuente.

El 7 de mayo, la rectora del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, Myrna L. Quiñones Feliciano, confirmó que la extensión del paro estudiantil por 48 horas —hasta la medianoche del 9 de mayo— interrumpió servicios en la Clínica de Salud Dental, la Clínica de Psiquiatría y el Programa PIES, afectando a más de 350 pacientes citados.

Los servicios suspendidos atienden a pacientes de la comunidad que dependen de estas clínicas universitarias para acceder a cuidado dental, de salud mental y otros servicios; la interrupción fue contraria a lo que los propios estudiantes habían prometido respetar.

El Consejo General de Estudiantes del RCM-UPR aprobó el miércoles 6 de mayo extender el paro estudiantil —en reclamo de la renuncia de Zayira Jordán Conde a la presidencia de la UPR— por 48 horas adicionales; los estudiantes habían indicado que no afectarían las clínicas del Plan de Práctica Médica Intramural (PPMI) en Reparto Metropolitano, pero las clínicas en el edificio Dr. Guillermo Arbona y en la Escuela de Profesiones de la Salud sí resultaron impactadas.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés respondió mediante carta al director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert Mujica, rechazando los señalamientos públicos sobre un supuesto incumplimiento en la entrega de documentación y reafirmando que el Departamento ha mantenido comunicación constante y transparente con la JSF. Como respaldo, el Departamento incluyó tablas y documentos detallando cientos de peticiones atendidas desde enero de 2025 en áreas que van desde matrícula y nómina hasta educación especial e infraestructura.

El enfrentamiento ocurre en medio de negociaciones presupuestarias críticas: el DE solicita $4.6 billones para el año fiscal 2026-2027 —un aumento de $542 millones en fondos estatales— y mantiene una petición para liberar una reserva de $69 millones, mientras atiende a 231,010 estudiantes y emplea a 47,878 personas. Ramos Parés advirtió que las comunicaciones públicas de la Junta pueden generar confusión y debilitar la confianza pública.

La disputa se enmarca en el proceso de elaboración del llamado 'presupuesto basado en estudiante', que ambas entidades han trabajado en mesas técnicas desde inicios de 2025, y llega mientras la matrícula en escuelas públicas acumula décadas de contracción —incluyendo una baja de aproximadamente 4,809 estudiantes adicionales en el año escolar 2025-2026— sin que las obligaciones de nómina y servicios especiales disminuyan al mismo ritmo. El Programa de Educación Especial, que atiende a cerca de 86,949 estudiantes, había dependido por varios años de fondos de emergencia que ya concluyeron, agudizando la presión sobre el presupuesto estatal regular.

Libraries Without Borders US, en colaboración con la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, COBIMET y CENCOR, lanzó en mayo de 2026 el primer Directorio Nacional de Bibliotecas de Puerto Rico, una plataforma digital que centraliza información sobre ubicación, horarios, servicios y programas comunitarios de bibliotecas públicas, comunitarias, escolares y universitarias en toda la isla.

El directorio atiende desigualdades persistentes en el acceso a recursos educativos y tecnológicos en distintas comunidades, y visibiliza un ecosistema bibliotecario fragmentado que muchos residentes desconocían.

El proyecto fue desarrollado en colaboración entre organizaciones internacionales y locales ante la ausencia histórica de una red integrada de información bibliotecaria en Puerto Rico.

En la noche del miércoles, estudiantes del RUM denunciaron que un grupo de guardias de la institución cruzó la línea de piquete y abrió el portón 108, aprovechando una reunión estudiantil, pese a que el recinto permanece bajo manifestación indefinida desde el 13 de abril. La acción ocurre un día después de que el juez Tomás Báez Collado ordenara restablecer el acceso al recinto y citara a las partes a una vista para el 11 de mayo.

El incidente escala las tensiones en el RUM al añadir una confrontación directa entre guardias universitarios y estudiantes manifestantes, quienes describieron la entrada como un intento de intimidación, con la vista judicial pendiente el 11 de mayo.

El Consejo General de Estudiantes del RUM activó la manifestación indefinida el 13 de abril exigiendo la renuncia de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, y del rector interino Miguel Muñoz, así como la restauración de la fórmula presupuestaria que asignaba a la UPR el 9.6% de los ingresos del Fondo General.

Desde el 30 de junio de 2025, el Centro de Investigación en Ciencias Moleculares de la UPR opera sin acuerdo renovado con la presidenta Zayira Jordán Conde, bloqueando la transferencia de al menos $2 millones en fondos ya certificados para el año fiscal en curso. El director Eduardo Nicolau advirtió que sin recibir $1 millón antes del 15 de mayo de 2026, el centro deberá frenar mejoras de infraestructura y posponer compras esenciales como nitrógeno e hielo seco.

El impasse pone en riesgo investigaciones sobre Alzheimer, Parkinson, cáncer y nuevos materiales que sostienen el trabajo de 42 científicos y 225 estudiantes; el centro opera en déficit desde que venció el acuerdo que durante seis años garantizó $8.5 millones en fondos recurrentes, y sus ingresos propios este año alcanzaron apenas $700,000 frente a un costo operacional de cerca de $2 millones anuales.

El Centro Molecular se constituyó como corporación sin fines de lucro adscrita a la UPR en 2010 precisamente para insular su operación de la inestabilidad de gobernanza del sistema universitario. El desacuerdo gira en torno a una cláusula de lealtad en el memorando de entendimiento que la presidencia envió en febrero de 2026 —siete meses después del vencimiento del acuerdo— que el director sostiene podría comprometer la exención contributiva 501(c)(3) del centro ante el IRS.

La presidenta de la UPR, Dra. Zayira Jordán Conde, difundió un mensaje en video dirigido a la comunidad universitaria en el que reiteró su llamado al diálogo, defendió la continuidad académica y fue categórica al señalar que no favorece aumentar la matrícula ni congelar pensiones, mientras su equipo trabaja en alternativas al plan fiscal vigente desde 2021.

El mensaje refuerza la postura pública de Jordán Conde ante los paros que paralizan los recintos del sistema universitario público, en un momento en que estudiantes exigen su renuncia y la restitución de una fórmula de financiamiento equivalente al 9.6% de los ingresos previos del Fondo General.

El paro abarca todos los recintos del sistema, con Mayagüez en manifestación indefinida desde el 13 de abril y Río Piedras desde el 27 de abril; el plan fiscal vigente desde 2021 contempla medidas como aumentos en matrícula y cambios al sistema de retiro que la propia presidenta ha descrito como contrarias a su posición.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, notificó el 27 de abril al secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, que el Departamento de Educación ha aprobado e implementado políticas internas con impacto fiscal sin la aprobación previa de la JSF. La agencia tiene hasta el 18 de mayo para entregar todos los documentos relacionados.

Las políticas cuestionadas —que incluyen razones maestro-estudiante, tamaño de clases, dotación de personal y servicios de Educación Especial— inciden directamente en el presupuesto del departamento más grande del gobierno de Puerto Rico.

La JSF tiene autoridad sobre las finanzas del gobierno de Puerto Rico bajo PROMESA y exige que toda política con impacto fiscal sea revisada antes de su implementación; Educación emite anualmente cartas circulares que rigen la organización escolar sin que haya evidencia de que ese proceso haya pasado por la Junta.

La Junta del ACEND aprobó el 20 de abril de 2026 la acreditación completa —válida hasta el 30 de junio de 2033— para el Programa Graduado de Maestría en Ciencias en Nutrición y Dietética con Experiencia de Aprendizaje Supervisado del Recinto de Río Piedras de la UPR, según anunció la rectora interina doctora Mayra Chárriez Cordero.

El programa es el único de maestría en esta disciplina ofrecido en modalidad en línea dentro del sistema UPR, lo que amplía el acceso a formación en ciencias de la salud para estudiantes graduados en Puerto Rico.

La acreditación del ACEND es el estándar nacional que habilita a egresados de programas de nutrición y dietética a optar por la certificación profesional como dietistas registrados; la decisión siguió una evaluación de autoestudio y una visita de evaluación externa.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, se reunió el 4 de mayo de 2026 con la gobernadora Jenniffer González Colón para presentar la petición presupuestaria del sistema universitario para el año fiscal 2026-2027, que asciende a $762,185,000 e incluye $118 millones adicionales para el Plan de Clasificación y Retribución del personal. Jordán Conde indicó también que solicitará una reunión con la JSF para discutir esa inversión y no descarta incluir representación estudiantil en ese diálogo.

La reunión con la gobernadora convierte la petición presupuestaria en una gestión política formal en medio del paro activo en los 11 recintos: la administración universitaria enmarca los $118 millones como respuesta a una demanda salarial que llevaba años en evaluación, aunque cualquier asignación adicional requeriría el aval de la JSF.

El sistema UPR enfrenta desde el 27 de abril un paro escalonado que culminó con la unificación de los 11 recintos en manifestaciones que exigen la renuncia de Jordán Conde y un aumento presupuestario. El Departamento de Educación federal solicitó el 2 de mayo información sobre las interrupciones académicas y advirtió sobre posibles consecuencias para la elegibilidad al Título IV.

El representante Jorge Navarro Suárez radicó el 5 de mayo de 2026 un proyecto de ley de emergencia que suspendería por cinco años las facultades de los Senados Académicos, Juntas Administrativas, Junta Universitaria y Claustros de la UPR, transfiriendo todo poder decisional, ejecutivo y presupuestario a la Junta de Gobierno. La medida también ampliaría esa Junta de 13 a 25 miembros, añadiendo al presidente de la universidad y a los once rectores de recintos.

La propuesta concentraría el control de la primera institución universitaria pública del país en un solo cuerpo durante cinco años, eliminando temporalmente los mecanismos de participación compartida de facultad, estudiantes y administración. Esto ocurre en el contexto de una disputa con la Junta de Supervisión Fiscal, que condicionó $40 millones a la consolidación de recintos y proyecta recortes acumulados de hasta $512 millones para la UPR.

La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2026 y ha presionado hacia la consolidación de los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado, agudizando una crisis fiscal que el proyecto describe como estructural, recurrente y multifactorial.

El Departamento de Educación, bajo el secretario Eliezer Ramos Parés, anunció la creación de paneles consultivos regionales con el objetivo de descentralizar la toma de decisiones y atender situaciones más cerca de las escuelas.

La medida busca reducir la confusión persistente sobre el manejo del presupuesto escolar, un problema que madres, maestras y directoras han señalado de forma recurrente en las regiones educativas.

La centralización del Departamento de Educación ha sido una crítica histórica en Puerto Rico; escuelas y directores escolares han tenido poca injerencia en decisiones presupuestarias y administrativas que los afectan directamente.

El columnista José Molinelli publicó un artículo de opinión en El Nuevo Día argumentando que reducir la educación universitaria a un instrumento del mercado laboral amenaza la formación cívica y la autonomía intelectual de la ciudadanía.

El texto plantea que priorizar la producción de trabajadores sobre la formación de ciudadanos erosiona los fundamentos de la democracia, aunque el artículo no ofrece cifras ni políticas concretas para sustentar el argumento.

El debate sobre el rol de la universidad pública entre formación humanista y preparación técnica para el mercado laboral tiene décadas de historia en el mundo académico occidental; Molinelli ancla su argumento en pensadores como John Locke y Miguel de Unamuno.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de Senado 146, ahora Ley 74-2026, que enmienda la Ley de Reforma Educativa (Ley 85-2018) para incorporar al Programa de Salud Escolar módulos, proyectos y actividades que orienten a estudiantes sobre enfermedades crónicas y trastornos del desarrollo que puedan afectar su aprendizaje. La medida es de autoría de la senadora Wanda Soto Tolentino y cuenta con siete coautores del Senado.

La ley exige que el currículo escolar aborde condiciones de salud crónicas de forma estructurada, con énfasis en prevención e inclusión de estudiantes que las padecen, integrando así educación en salud directamente en el sistema educativo público.

La Ley 85-2018, conocida como Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico, es el marco normativo del sistema de educación pública; esta enmienda añade un componente de salud preventiva al Programa de Salud Escolar ya existente bajo dicha ley.

Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico abuchearon a la presidenta Zayira Jordán Conde durante un evento de porrismo de la institución, coreando "¡Y Fuera!" al percatarse de su presencia. El incidente ocurre en medio de una huelga indefinida en el Recinto de Río Piedras y paros en múltiples recintos del sistema universitario.

El rechazo público a Jordán Conde refleja la intensidad del conflicto estudiantil, que incluye exigencias de su renuncia y el rechazo al Plan Fiscal enmendado, la congelación del presupuesto y aumentos en matrícula en el sistema de 11 recintos de la UPR.

El Movimiento Estudiantil ha exigido, además de la renuncia de la presidenta, garantías de que no se afectarán programas académicos ni se eliminarán exenciones; previamente, el Recinto de Ciencias Médicas canceló citas en sus clínicas de salud ante un paro de 48 horas decretado por el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras.

La rectora interina del Recinto de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero, designó a la profesora Érika Fontánez Torres como decana interina de la Escuela de Derecho de la UPR, a partir del viernes 1 de mayo de 2026, en reemplazo de Vivian Neptune Rivera, quien se retiró tras 15 años en el cargo.

La transición deja sin liderazgo permanente a una de las escuelas de derecho públicas más importantes del Caribe hispanoparlante, en un momento en que la facultad ya inició a finales de marzo la búsqueda formal de un decano en propiedad.

Vivian Neptune Rivera anunció en febrero su retiro tras 20 años como profesora y 15 como decana; la resolución de la facultad para encontrar su reemplazo estipula que el nuevo decano deberá contar con respaldo amplio de la comunidad académica.

Sectores universitarios de la Universidad de Puerto Rico —profesores, estudiantes y empleados no docentes— han rechazado la presidencia de Zayira Jordán Conde en asambleas, señalando que la Junta de Gobierno la nombró por criterio político partidista y no por méritos académicos. Jordán Conde además destituyó a cinco rectores que, según ella, no estaban alineados con sus políticas.

La remoción de cinco rectores ha generado inestabilidad en los recintos de la principal universidad pública de Puerto Rico, afectando la comunicación entre sectores universitarios y motivando protestas estudiantiles desde los portones.

La Junta de Gobierno de la UPR nombró a Jordán Conde por un solo voto de diferencia, pasando por encima de dos candidatos avalados mayoritariamente por la comunidad universitaria: la entonces rectora de Río Piedras, Angélica Varela, y el entonces rector del Recinto Universitario de Mayagüez, Agustín Rullán. La UPR ya acusaba el impacto de recortes presupuestarios impuestos por la Junta de Control Fiscal, que según la fuente han representado la pérdida de cientos de millones de dólares.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés rechazó las denuncias del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT-SEIU) sobre falta de limpieza en escuelas públicas, afirmando que los planteles operan con normalidad y que solo se han reportado tres ausencias en el personal de mantenimiento.

El conflicto entre el Departamento de Educación y el sindicato pone en disputa las condiciones sanitarias en las que estudian y trabajan miles de personas en el sistema escolar público.

El SPT-SEIU había denunciado una escasez de conserjes en planteles de la isla y advertido que la situación afectaba a estudiantes y personal escolar, lo que motivó la respuesta oficial del departamento.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés presentó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara una solicitud de presupuesto de $4,665 millones para el año fiscal 2026-2027, la primera estructurada según las necesidades de cada estudiante en lugar del modelo tradicional centrado en nómina y operación.

El nuevo enfoque, propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal, asignaría más fondos a escuelas con mayores índices de pobreza, educación especial y ubicación rural; sin embargo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto recomendó un recorte de $308.5 millones en la partida de nómina solicitada.

El Departamento de Educación históricamente ha distribuido recursos priorizando gastos de nómina y operación; el giro hacia un presupuesto por alumno representa un cambio estructural impulsado por la JSF como condición de supervisión fiscal.

Como parte de una alianza educativa sostenida entre el Negociado de la Policía de Puerto Rico y SER de Puerto Rico, 128 cadetes de la clase 236A participaron de una jornada de capacitación sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la Academia de la Policía en Gurabo. La formación, impartida por el Dr. Francisco González, psicólogo especialista en TEA y director del Departamento de Ciencias de la Conducta de SER, se centró en la identificación de características del espectro y en el manejo adecuado de intervenciones.

La capacitación busca garantizar que los futuros oficiales cuenten con herramientas basadas en evidencia científica para intervenir de forma segura, informada y respetuosa con personas dentro del espectro del autismo, reduciendo riesgos tanto para la ciudadanía como para los agentes.

El superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, describió la colaboración con la Fundación SER de Puerto Rico como un paso significativo hacia intervenciones más humanas y efectivas, lo que sugiere que esta alianza educativa lleva más de una jornada de trabajo conjunto entre ambas instituciones.

El 30 de abril, durante la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno de la UPR, la presidenta universitaria Zayira Jordán Conde descartó represalias contra estudiantes que participen en manifestaciones, pero se negó a cerrar la puerta a posibles procesos judiciales contra quienes paralicen labores en los recintos.

La declaración deja abierta la posibilidad de litigio contra estudiantes en un momento en que varios recintos reportan paros activos; la ambigüedad puede tener efecto disuasivo sobre la participación estudiantil.

Las manifestaciones exigen más recursos económicos para la UPR y rechazan la gestión de Jordán Conde, quien a finales de marzo forzó la salida de cinco rectores de la institución.

El secretario de Educación Eliezer Ramos Parés presentó el 30 de abril ante la Comisión de Hacienda de la Cámara proyecciones que sitúan la matrícula pública en 197,548 alumnos para el año escolar 2029-2030, frente a los 231,010 actuales. Al defender el presupuesto de $4,665 millones para el año fiscal 2026-2027 —$540 millones menos que el vigente—, Ramos Parés también admitió que la agencia carece de partidas específicas para adquisición y actualización de tecnología.

Una matrícula de 197,548 estudiantes representaría el nivel más bajo registrado en el sistema público, y contrasta con los 346,096 alumnos que la agencia atendía en el año escolar 2017-2018, una caída de casi 150,000 estudiantes en poco más de una década.

El Departamento de Educación opera actualmente 872 escuelas y atribuye el descenso principalmente a la reducción en la tasa de natalidad y a los movimientos migratorios; la agencia ha enfrentado rondas sucesivas de cierres de planteles en años recientes ante la misma tendencia demográfica.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó este jueves las designaciones en propiedad de Lisette Marrero Valladares (Arecibo), Rochelli Martínez Vivas (Cayey) y Edwin Mojica Rodríguez (Humacao), quienes habían ocupado esos cargos de forma interina desde principios del año académico.

Los tres recintos contarán con liderato permanente en un momento de tensión institucional, con manifestaciones, paros y al menos una huelga activa en varios recintos del sistema.

La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, recomendó mantener en propiedad a los mismos funcionarios interinos; el representante claustral William Muñiz votó en contra y calificó el proceso de "atropellado" dado el clima de conflicto en el sistema universitario.

La Junta de Gobierno de la UPR nombró a Zayira Jordán Conde como presidenta de la institución por un voto de diferencia, pese a que asambleas de profesores, estudiantes y empleados no docentes avalaron mayoritariamente a la exrectora de Río Piedras, Dra. Angélica Varela, y al exrector del RUM, Dr. Agustín Rullán. Jordán Conde posteriormente destituyó a cinco rectores que, según ella, no estaban alineados con sus políticas.

La remoción de cinco rectores ha generado inestabilidad en los recintos universitarios y protestas estudiantiles; la UPR ya arrastraba recortes de cientos de millones de dólares en su presupuesto impuestos por la Junta de Control Fiscal, congelación de plazas y alzas en matrícula.

La UPR lleva años bajo presión fiscal de la Junta de Control Fiscal y sucesivas administraciones; el nombramiento de Jordán Conde se produjo tras la renuncia del entonces presidente Dr. Luis A. Ferrao, y su trayectoria política incluye haber sido candidata del Movimiento Victoria Ciudadana en 2020 antes de integrarse al PNP.

El colectivo Docentes Solidarixs con el Movimiento Estudiantil rechazó el 30 de abril de 2026 la lectura de la presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, quien atribuyó a las protestas estudiantiles un aumento de unas 300 cancelaciones de admisión respecto al año anterior, para un total de 1,147. Los docentes argumentaron que la fecha límite de cancelación original —el 13 de marzo de 2026— precedió a la ola de paros, y señalaron la política pública de la gobernadora Jenniffer González como factor determinante.

De 9,975 estudiantes admitidos en los 11 recintos de la UPR, solo 8,789 confirmaron matrícula, lo que representa una señal de presión sobre la base estudiantil de la principal institución pública de educación superior de Puerto Rico.

La UPR atraviesa una crisis de gobernanza desde el nombramiento de Jordán Conde como presidenta, nombramiento que sectores estudiantiles y docentes han impugnado y que ha desencadenado paros y manifestaciones en varios recintos.

El jueves 30 de abril, los senadores claustrales de la Universidad de Puerto Rico presentaron un documento ante la Junta de Gobierno durante su reunión ordinaria exigiendo la destitución inmediata de la presidenta Zayira Jordán Conde, a quien responsabilizan de la crisis institucional por sus 'acciones desacertadas' en los últimos diez meses. El reclamo se suma a peticiones previas del estudiantado y los trabajadores no docentes.

El profesorado alega que la designación de Jordán Conde fue contraria a las recomendaciones de los comités de consulta en prácticamente todos los recintos, y que sus decisiones —incluyendo pedir la renuncia de cinco rectores en medio de un semestre— han agudizado la crisis fiscal y operacional de la institución.

Jordán Conde declaró el miércoles anterior que no renunciaría a menos que la Junta de Gobierno le retirara la confianza; los rectores advirtieron entonces que los paros estudiantiles podrían afectar el calendario académico y la elegibilidad institucional para la Beca Pell. Estudiantes han mantenido manifestaciones exigiendo su salida, citando problemas de infraestructura, presupuesto y oferta académica.

El Departamento de Educación celebró en Manatí el Certamen Nacional de Trova como parte de la Fiesta de la Lengua, en el que 33 estudiantes de escuelas públicas de toda la isla cantaron décimas en honor a la escritora Ana Lydia Vega, homenajeada en esta cuadragésima edición del evento.

La actividad reúne cada año a estudiantes desde kínder hasta duodécimo grado en torno a la tradición oral y literaria puertorriqueña, y los textos de Vega forman parte del currículo oficial del sistema público desde noveno hasta duodécimo grado.

La Fiesta de la Lengua es un evento anual del Programa de Español del Departamento de Educación que se dedica a un escritor puertorriqueño distinto cada año; esta edición fue la cuadragésima en celebrarse.

El 29 de abril de 2026, la Universidad de Puerto Rico lanzó UPR Virtual, un portal que consolida en un solo lugar los 28 programas académicos en línea del sistema, incluyendo 21 conducentes a grado y siete certificaciones profesionales.

La plataforma proyecta un aumento de 15% en matrícula y más de $345,000 en ingresos anuales por concepto de matrícula; también abre la UPR a estudiantes en Estados Unidos y el extranjero que no pueden asistir presencialmente.

La UPR enfrenta retos institucionales de estabilidad financiera y demográfica; la presidenta Zayira Jordán Conde presentó el portal como una respuesta de transformación ante esa coyuntura, no como una medida aislada.

Más de 1,000 estudiantes admitidos han cancelado su intención de matricularse en la Universidad de Puerto Rico mientras la presidenta Zayira Jordán Conde reiteró este 29 de abril que no renunciará al cargo, afirmando que solo lo abandonaría si la Junta de Gobierno le retira la confianza.

Las cancelaciones amenazan la matrícula de la institución pública de educación superior más grande del país, y los rectores advirtieron sobre posibles consecuencias que incluyen la extensión del calendario académico, cancelación de cursos de verano y hasta la pérdida de elegibilidad para la Beca Pell federal.

Las protestas estudiantiles van más allá del reclamo de renuncia de Jordán Conde e incluyen denuncias sobre problemas de infraestructura, falta de presupuesto y deficiencias en la oferta académica; los rectores de los recintos, excepto el del Recinto de Ciencias Médicas, respaldaron a la presidenta en conferencia de prensa.

El 29 de abril de 2026, la Universidad de Puerto Rico presentó UPR Virtual, una plataforma digital que agrupa los programas académicos a distancia de sus 11 recintos y permite completar todo el proceso de admisión y estudio sin visitar un plantel.

La UPR proyecta un aumento de matrícula a distancia de 15% —unas 105 personas adicionales sobre las 700 actuales— lo que representaría $345,000 más en ingresos anuales para la institución.

La UPR lleva unos 20 años ofreciendo cursos a distancia, pero de forma dispersa entre sus recintos; la presidenta Zayira Jordán Conde encuadró la centralización como una respuesta al modelo universitario del siglo XXI y evadió confirmar si la expansión virtual podría derivar en cierres de recintos.

El 25 de abril, miles de estudiantes, docentes y empleados no docentes de la UPR marcharon desde la Plaza Colón hasta la calle Fortaleza para exigir la renuncia o destitución de la presidenta Zayira Jordán Conde, la restitución del presupuesto institucional y el fin de la intromisión político-partidista; la gobernadora Jenniffer González no los recibió. Dos días después, el director del Departamento de Ciencia de Cómputos del recinto de Río Piedras, el Dr. José Ortiz Ubarri, respaldó por escrito los reclamos y catalogó la reciente remoción de cinco rectores como "inoportuna".

La marcha multisectorial —que reunió a organizaciones laborales como FLEURUM, HEEND y APPU junto a representación estudiantil— amplía la base de oposición a la presidenta más allá del estudiantado y eleva los reclamos directamente al nivel ejecutivo; la negativa de la gobernadora a reunirse con los manifestantes deja sin cauce institucional las demandas de cumplir la fórmula del 9.6% del Fondo General y de frenar lo que los organizadores describen como políticas contrarias a la autonomía universitaria.

Las organizaciones denuncian la falta de aumentos salariales desde 2014, el incumplimiento de procesos de negociación colectiva y decisiones administrativas que, según el Dr. Ortiz Ubarri, priorizan cursos vocacionales sobre la investigación y ponen en riesgo la clasificación del recinto de Río Piedras como centro de investigación de alta calidad; los manifestantes también exigieron la salida de Ricardo Dalmau como presidente de la Junta de Gobierno y la defensa de la institución ante la Junta de Control Fiscal.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el 28 de abril de 2026 el Proyecto de la Cámara 653, ahora Ley 68-2026, que establece el 6 de febrero como el Día de la Mujer en la Historia Deportiva Puertorriqueña; la medida fue impulsada por estudiantes de séptimo grado de la Escuela Manuel González Pató en Ponce.

La ley reconoce y visibiliza las aportaciones de mujeres en el deporte puertorriqueño, y su proceso de creación expone a estudiantes de escuela intermedia al funcionamiento real del sistema legislativo.

El proyecto fue radicado por el representante Ángel Fourquet Cordero a petición de la Organización de Futuros Historiados Deportiva de la escuela, y se firmó junto al Proyecto 485, otra medida enfocada en reconocer ejecutorias de niñas y mujeres en STEM y el deporte.

En su segundo día de huelga indefinida, el movimiento estudiantil del Recinto de Río Piedras de la UPR instaló una mesa frente a los portones del recinto el 28 de abril de 2026 y fijó el 30 de abril como fecha límite para que la presidenta Zayira Jordán Conde convoque un proceso de negociación formal.

La huelga paraliza actividades académicas en el principal recinto universitario del país; los estudiantes dirigieron reclamos no solo a la administración universitaria sino también a la gobernadora Jenniffer González Colón, la Junta de Supervisión Fiscal y la Asamblea Legislativa, lo que amplía el alcance político del conflicto.

El movimiento estudiantil exige la salida de Jordán Conde y garantías sobre la estabilidad fiscal de la UPR; los estudiantes alegan que mesas de diálogo previas no han producido resultados concretos, lo que motivó la declaración de huelga indefinida.

Durante el Mes de la Educación Temprana en abril de 2026, la Escuela Montessori San Cristóbal, en Caguas, llevó a cabo una campaña de orientación dirigida a familias, educadores y la comunidad sobre los derechos de los niños y la responsabilidad colectiva de protegerlos.

La iniciativa busca que adultos —padres, educadores y líderes comunitarios— conozcan y defiendan activamente los derechos de la niñez, en particular la de niños sobrevivientes de maltrato que residen en hogares de acogida como Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar Niñito Jesús.

La Escuela Montessori San Cristóbal es una organización sin fines de lucro que provee educación a niños sobrevivientes de maltrato; su directora ejecutiva, Ruth Melián, ancla la campaña en la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por la ONU en 1959.

La Escuela Elvira Colón Negrón de Santa Isabel ganó el primer lugar de la competencia Laboratorio STEM Toyota, celebrada en Distrito T-Mobile en San Juan, donde 14 escuelas públicas vocacionales y especializadas diseñaron y construyeron vehículos a escala con materiales sustentables. Los planteles de Bayamón y Ponce obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Las tres escuelas ganadoras recibirán premios en metálico —$5,000, $3,000 y $1,000— destinados a comprar materiales y equipos para sus aulas, beneficiando directamente los recursos disponibles en sus salones.

La iniciativa fue organizada por Ciencia Puerto Rico, entidad sin fines de lucro, en alianza con Toyota; los equipos contaron con tres meses de trabajo, un fondo semilla y mentores expertos en ingeniería o robótica para completar el proyecto.

Padres de la Escuela San José en Lares se organizaron para impedir el cierre del plantel católico, proponiendo un arrendamiento y la creación de una nueva academia, con el respaldo de la administración municipal y comerciantes del pueblo.

El cierre afectaría directamente a las familias que dependen de esa escuela como opción educativa en Lares, un municipio con recursos limitados y pocas alternativas privadas.

Las escuelas católicas en Puerto Rico han enfrentado cierres progresivos en años recientes debido a la contracción demográfica y presiones financieras que afectan a la Diócesis y a las comunidades que las sostienen.

El 20 de abril, más de diez organizaciones universitarias, estudiantiles y laborales convocaron una marcha hacia la Fortaleza para el 25 de abril, desde la Plaza Colón del Viejo San Juan, para denunciar la crisis presupuestaria y de gobernanza de la Universidad de Puerto Rico bajo la presidencia de la doctora Zayira Jordán Conde. Entre los reclamos figuran la restitución del 9.6 % del presupuesto estatal, justicia salarial —sin aumento desde 2014— y la renuncia o destitución de Jordán Conde.

La crisis afecta la continuidad académica, las condiciones laborales y el acceso a la educación en el sistema universitario público más grande de Puerto Rico; la destitución de cinco de once rectores en marzo agudizó las tensiones internas y amplió la base del movimiento de protesta a múltiples recintos.

La UPR ha acumulado recortes presupuestarios significativos en la última década, y tensiones similares derivaron en huelgas estudiantiles en 2010 y 2017; la designación de Jordán Conde generó cuestionamientos desde su inicio, y la posterior designación del doctor Miguel Muñoz Muñoz —destituido como rector del RUM— como jefe interino del recinto intensificó el rechazo de la comunidad universitaria.