Estatus y diáspora

El 21 de agosto de 2026, el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) ratificó de manera unánime una resolución para intensificar los esfuerzos por la admisión de Puerto Rico como estado, a pesar de la oposición pública del presidente Donald Trump. La gobernadora Jenniffer González Colón afirmó que confía en persuadir a Trump y que el partido no dependerá de posiciones externas para continuar la lucha por la estadidad.

La resolución del directorio del PNP suma presión interna del partido gobernante a las resoluciones conjuntas aprobadas ese mismo día por la Cámara y el Senado de Puerto Rico, ampliando el frente desde el que se impulsa la estadidad ante un Congreso controlado por republicanos y un presidente que se ha manifestado en contra.

En abril de 2026, Trump publicó en redes sociales que admitir a Puerto Rico y Washington DC como estados permitiría a los demócratas dominar la política nacional; también mencionó en múltiples discursos a Groenlandia, Venezuela y Cuba como potenciales candidatos a integrarse a Estados Unidos, no a Puerto Rico.

El 15 de agosto de 2026, el pleno del Comité Nacional Demócrata (DNC) ratificó en su Reunión de Verano en Austin, Texas, una resolución que rechaza el proyecto H.R. 9724 —el cual eliminaría la ciudadanía automática a hijos de no ciudadanos nacidos en territorios como Puerto Rico— y reconoce la estadidad como la alternativa principal de estatus para la isla. La medida, presentada por el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, Luis D. Dávila Pernas, contó con 62 coauspiciadores demócratas.

La resolución compromete formalmente al Partido Demócrata a legislar una oferta vinculante de estadidad cuando recupere mayorías en la Cámara federal, el Senado federal y la Casa Blanca, convirtiendo el estatus de Puerto Rico en prioridad programática explícita del partido.

El DNC reafirma su respaldo al Puerto Rico Status Act y cita cuatro plebiscitos consecutivos —2012, 2017, 2020 y 2024— en los que los electores rechazaron la continuación del estatus territorial; en el más reciente, la estadidad obtuvo el 58.61 % de los votos. El H.R. 9724, impulsado por el congresista republicano Morgan Griffith, es el detonante directo de la resolución.

En 1902, bajo el gobierno del gobernador William Hunt, se impuso por ley un nuevo escudo para Puerto Rico diseñado por la Joyería Tiffany de Nueva York, en el marco de una campaña de americanización que buscaba sustituir símbolos patrios e imponer el inglés en las escuelas. El escudo, apodado "el escudo intruso" por la población, fue rechazado con tal fuerza que en 1905 el Proyecto 121, impulsado por José de Diego, restableció el escudo original otorgado por los Reyes Católicos en 1511.

El episodio ilustra cómo la resistencia cultural organizada —incluida la poesía de crítica política— logró revertir una política colonial de asimilación impuesta por decreto, preservando el escudo que Puerto Rico mantiene hasta hoy como el más antiguo del hemisferio americano.

Tras el cambio de soberanía luego de la Guerra Hispanoamericana de 1898, las autoridades estadounidenses impulsaron una política de "educar para americanizar" que incluyó intentos de cambiar hasta el nombre de la isla a "Porto Rico". José de Diego, poeta, abogado y líder político, encabezó la oposición pública y legislativa a esas medidas.

El presidente Donald Trump firmó el 7 de agosto de 2026 una orden ejecutiva que busca restringir la ciudadanía por nacimiento, esta vez enfocada en hijos de turistas de maternidad, personal diplomático, personas catalogadas como terroristas extranjeros y quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico. La medida llega después de que el Tribunal Supremo anuló el 29 de junio una orden anterior bajo el argumento de que los hijos nacidos en EE. UU. de padres en situación irregular o temporal son ciudadanos.

La Casa Blanca argumenta que el fallo del Supremo deja espacio para esta nueva restricción, pero la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía por nacimiento; la orden anterior habría afectado a unos 255,000 niños al año. Puerto Rico aparece nombrado explícitamente en la nueva justificación legal como territorio no incorporado, lo que plantea interrogantes directas sobre el estatus ciudadano de quienes nacen en la isla.

Trump firmó su primera orden ejecutiva sobre ciudadanía por nacimiento el 20 de enero de 2025, el mismo día de su segunda investidura, como parte de una agenda migratoria más restrictiva; el Supremo la invalidó meses después.

El congresista republicano Morgan Griffith presentó el proyecto "End Birthright Citizenship for Territories Act", que eliminaría la ciudadanía estatutaria para personas nacidas en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte a partir del 1 de enero de 2027, si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes documentados de Estados Unidos.

El proyecto no afectaría a quienes ya tienen la ciudadanía ni a hijos de ciudadanos o residentes documentados, pero el profesor Carlos Ramos González advierte que la medida reafirma que la ciudadanía de los puertorriqueños es estatutaria —otorgada por ley del Congreso— y no constitucional, lo que la deja sujeta a cambios legislativos futuros.

Desde 1917, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por ley del Congreso, no por la Decimocuarta Enmienda, que protege a quienes nacen dentro de los estados. Este verano de 2026, el Tribunal Supremo federal reafirmó que dicha enmienda garantiza la ciudadanía por suelo a quienes nacen en los estados, pero esa protección no se extiende a los territorios.

El congresista republicano por Virginia Morgan Griffith presentó el proyecto 'End Birthright Citizenship for Territories Act', que a partir del 1 de enero de 2027 eliminaría la ciudadanía automática por nacimiento en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte para hijos de padres que no sean ciudadanos o residentes permanentes de EE UU. El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana Carlos Ramos González aclaró que el proyecto no afectaría la ciudadanía de quienes ya la tienen.

Para Puerto Rico, el proyecto subraya que la ciudadanía de los puertorriqueños es estatutaria —otorgada por ley del Congreso, no por la Decimocuarta Enmienda— y por tanto puede ser modificada o restringida legislativamente de manera prospectiva, lo que tiene implicaciones directas sobre cualquier debate de estatus político futuro.

Desde 1917, los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por mandato legislativo, no por la Decimocuarta Enmienda, que aplica a quienes nacen en los estados. El Tribunal Supremo de EE UU reafirmó este verano de 2026 que la ciudadanía por suelo aplica a los nacidos en los estados, dejando intacta la distinción que afecta a los territorios.

El congresista republicano Morgan Griffith presentó el proyecto 'End Birthright Citizenship for Territories Act', que eliminaría la ciudadanía estatutaria para personas nacidas en Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y las Islas Marianas del Norte a partir del 1 de enero de 2027, si sus padres no son ciudadanos o residentes permanentes documentados de Estados Unidos.

La medida no afectaría a quienes ya tienen ciudadanía, pero reafirma que la ciudadanía de los puertorriqueños es estatutaria —otorgada por ley del Congreso— y no constitucional, lo que la hace revocable legislativamente y tiene implicaciones directas para todos los escenarios de estatus político de la isla.

Desde 1917 los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses por disposición de ley, no por la Decimocuarta Enmienda, que protege solo a quienes nacen en los estados; este verano de 2026 el Tribunal Supremo federal reafirmó esa enmienda para nacimientos en suelo estatal, pero no extendió esa protección a los territorios.

La congresista Nydia Velázquez advirtió este jueves que el proyecto de ley H.R. 9724, presentado por el representante republicano Morgan Griffith, busca limitar la ciudadanía por nacimiento en los territorios no incorporados de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y que ello expone la fragilidad de ese derecho al derivarse de una ley del Congreso y no de la Constitución.

A diferencia de los ciudadanos nacidos en los cincuenta estados, la ciudadanía de los puertorriqueños por nacimiento no está protegida constitucionalmente, lo que significa que el Congreso podría revocarla o restringirla mediante legislación ordinaria.

El proyecto surge tras el fallo del Tribunal Supremo federal que declaró inconstitucional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas indocumentadas o en estatus temporal en Estados Unidos y sus territorios; Griffith, con un solo coauspiciador, intenta aplicar esa restricción vía legislación dirigida específicamente a los territorios no incorporados.

Cuatro organizaciones independentistas —Plan B Independencia, Coalición por la Descolonización y Soberanía de Puerto Rico, Puertorriqueños Unidos en Acción y Friends of Puerto Rico Impact— enviaron una carta al congresista Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales, para solicitar una reunión y presentarle una propuesta de legislación que establezca una transición ordenada hacia la independencia de Puerto Rico.

El esfuerzo busca persuadir a legisladores republicanos de que aprobar la estadidad representa un riesgo electoral para su partido, mientras que facilitar la soberanía puertorriqueña les conviene mientras controlan ambas cámaras del Congreso.

Las organizaciones habían presentado anteriormente un proyecto de ley proindependencia al congresista Tom McClintock, y han estado distribuyendo materiales de análisis político en el Congreso; el estatus de Puerto Rico lleva décadas sin resolución legislativa definitiva en Washington.

Una coalición de cuatro organizaciones independentistas —Plan B Independencia, Coalición por la Descolonización y Soberanía de Puerto Rico, Puertorriqueños Unidos en Acción y Friends of Puerto Rico Impact— envió una carta al congresista Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales, solicitando una reunión para presentarle una propuesta de vía legislativa hacia la independencia y soberanía de Puerto Rico. Junto con la misiva entregaron copia de un proyecto de ley proindependencia previamente presentado al congresista Tom McClintock.

La gestión busca persuadir a la mayoría republicana en el Congreso de que la estadidad representa un riesgo político para su partido, argumentando que Puerto Rico votó en un 73.34 % por Kamala Harris en noviembre de 2024 y que la admisión como estado generaría representación congresional presumiblemente demócrata.

La coalición ha estado distribuyendo un boletín analítico en el Congreso y previamente realizó gestiones ante el congresista McClintock; el esfuerzo se enmarca en la discusión inconclusa del estatus político de Puerto Rico, cuya condición territorial el grupo califica de incompatible tanto con los intereses de la isla como con los de Estados Unidos ante organismos internacionales como la ONU.

Líderes del PPD vinculados al Partido Demócrata criticaron el martes 28 de julio el respaldo de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA) a la independencia de Puerto Rico, y exigieron que cualquier plebiscito federal incluya todas las opciones de estatus, incluyendo el ELA territorial.

La disputa refleja tensiones dentro de la izquierda demócrata sobre qué opciones deben incluirse en un eventual proceso de autodeterminación vinculante para Puerto Rico, en un momento en que legislación del comisionado residente Pablo José Hernández propone precisamente ese tipo de plebiscito.

La DSA emitió su declaración de respaldo a la independencia con motivo del 128 aniversario de la invasión estadounidense de Puerto Rico; la candidata demócrata al Congreso por Nueva York Darializa Ávila Chevalier, miembro de la DSA, se expresó en el mismo sentido ese fin de semana.

El 27 de julio de 2026, el Partido Republicano de Puerto Rico celebró el 169 natalicio del Dr. José Celso Barbosa con una ceremonia en el Cementerio Santa María Magdalena de Pazzis y un simposio en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C., titulado 'The Enduring Legacy of Dr. José Celso Barbosa in American Democracy'. La delegación, encabezada por el presidente estatal Ángel Cintrón y la National Committeewoman Zoraida Fonalledas, también sostuvo reuniones con congresistas y senadores federales.

La actividad vinculó la conmemoración anual en Puerto Rico con una agenda legislativa y académica en el Capitolio federal, posicionando el legado estadista de Barbosa ante legisladores estadounidenses en un momento de debate sobre el estatus de la isla.

El Partido Republicano de Puerto Rico mantiene la tradición de honrar a Barbosa —fundador del movimiento estadista— cada 27 de julio ante su tumba en el Viejo San Juan; este año amplió la agenda con presencia formal en Washington, D.C.

El 25 de julio de 2026, Darializa Ávila Chevalier, candidata demócrata a la Cámara federal por el distrito 13 de Nueva York, publicó un video declarando su apoyo a la independencia de Puerto Rico y a un proceso inclusivo de libre determinación.

Ávila Chevalier, quien derrotó en primarias al congresista Adriano Espaillat, es favorita para ganar el escaño, lo que haría de ella una voz en el Congreso federal explícitamente a favor de la descolonización de Puerto Rico.

Su declaración llega en momentos en que el comisionado residente Pablo José Hernández impulsa una consulta de estatus que incluye al Estado Libre Asociado; el distrito 13 de Nueva York comprende el histórico barrio boricua de Harlem y tiene larga tradición de representación latina.

El 25 de julio de 2026, el Partido Popular Democrático celebró en el Teatro Municipal de Cayey el 74 aniversario de la firma de la Constitución del Estado Libre Asociado, con el comisionado residente y presidente del PPD, Pablo José Hernández Rivera, como orador principal y el alcalde Rolando Ortiz Velázquez como anfitrión.

El acto representa la postura oficial del PPD de reivindicar el ELA como fórmula de estatus vigente, en un momento en que Hernández Rivera reconoció que el respeto al pacto político de 1952 se ha debilitado con el tiempo.

La Constitución del ELA fue firmada el 25 de julio de 1952, estableciendo el gobierno propio de Puerto Rico bajo su relación política con Estados Unidos; el PPD ha celebrado históricamente esa fecha como hito fundacional de su proyecto político.

El 18 de julio de 2026, una veintena de organizaciones comunitarias, estudiantiles, ambientales y políticas marcharon desde la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir la independencia de Puerto Rico y oponerse a la Junta de Control Fiscal (JCF), la falta de autonomía y otras expresiones del colonialismo. La marcha concluyó frente al Tribunal Federal, con intervenciones de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) María de Lourdes Santiago Negrón y de líderes jóvenes de varias colectividades.

La actividad reunió a grupos de distintas generaciones y sectores —desde veteranos de la Revolución de Jayuya hasta colectivas estudiantiles— en torno a demandas que incluyen el fin de la JCF, el financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el rechazo a las políticas federales de la administración Trump. La marcha se enmarcó en el aniversario 250 de la independencia de Estados Unidos, fecha que los organizadores usaron para contrapuntear el reclamo de soberanía puertorriqueña.

La marcha coincidió con el natalicio de Rafael Cancel Miranda, uno de los cuatro independentistas que asaltaron el Congreso estadounidense en 1954, y se realizó a diez años de la aprobación de la Ley PROMESA y la imposición de la JCF. Santiago Negrón, quien obtuvo la mayor cantidad de votos entre los candidatos al Senado en las elecciones de 2024, señaló que el mito de alcanzar desarrollo bajo el modelo colonial ha perdido credibilidad entre la ciudadanía.

El 18 de julio de 2026, miles de personas marcharon desde la Plaza Colón hasta el Tribunal Federal en el Viejo San Juan para exigir la independencia de Puerto Rico, convocadas por más de 20 organizaciones. Al final del recorrido se leyó una declaración conjunta a cargo de representantes del Movimiento Nacional Hostosiano, la Colectiva Estudiantil Combativa y el Partido Independentista Puertorriqueño.

La movilización reunió a sectores estudiantiles, políticos y comunitarios bajo una plataforma común que vincula el estatus colonial con problemas concretos como el servicio eléctrico, el acceso a la salud, el desplazamiento poblacional y las políticas de austeridad. Manifestaciones paralelas se celebraron simultáneamente en varias ciudades de Estados Unidos, incluyendo Nueva York, Nueva Jersey y Washington D.C.

La marcha se realizó a diez años de la aprobación de PROMESA y la imposición de la Junta de Control Fiscal, hitos que los convocantes citan como agravantes de la crisis colonial. El independentismo puertorriqueño ha protagonizado movilizaciones periódicas en fechas como el 8 de marzo y el 1 de mayo, pero esta convocatoria reunió a un número inusual de organizaciones bajo una sola declaración.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) respondió el 21 de julio de 2026 a un informe de 100 páginas del Departamento de Estado que alega vínculos entre sectores independentistas de Puerto Rico y el gobierno cubano, incluyendo que Cuba entrenó al cofundador de los Macheteros, Filiberto Ojeda Ríos. El MINH calificó el documento como "un nuevo intento de deslegitimar las luchas de los pueblos por su autodeterminación".

El informe surge mientras la administración del presidente Donald Trump presiona por un cambio de gobierno en Cuba y ha amenazado con intervención militar, lo que enmarca el documento dentro de una estrategia política más amplia con implicaciones directas para el movimiento independentista puertorriqueño.

El FBI había señalado anteriormente vínculos entre Filiberto Ojeda Ríos y Cuba; el informe también menciona a la exfuncionaria del Pentágono Ana Belén Montes, quien espió en favor de Cuba. El documento fue divulgado en medio de décadas de embargo económico estadounidense contra Cuba y un bloqueo reciente al acceso de petróleo que ha profundizado la crisis en la isla.

La delegada demócrata Stacey Plaskett calificó el lunes el proyecto 9724 del congresista republicano Morgan Griffith como "divisivo, racista en su esencia" y lo vinculó a un patrón de medidas que, según ella, menosprecian a personas negras y de color; el proyecto excluiría de la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas nacidas en territorios que no sean ciudadanos ni residentes permanentes de EE.UU. Plaskett señaló que la medida no tiene copatrocinadores, pero advirtió que el vicepresidente JD Vance ha dicho que la administración la está "analizando".

La reacción de Plaskett suma una voz territorial prominente a la oposición contra el proyecto de Griffith, que afectaría a Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes, las Marianas del Norte y Samoa Americana; la delegada, quien además es precandidata a gobernadora de las Islas Vírgenes, advirtió que, pese a la falta de apoyo legislativo visible, la administración Trump no ha descartado la idea.

El proyecto de Griffith surgió tras el fallo del Tribunal Supremo de EE.UU. en Trump versus Barbara, en el que el Tribunal distinguió entre las protecciones de la Decimocuarta Enmienda en los estados y las que aplican en los territorios no incorporados; el comisionado residente Pablo José Hernández también ha descartado la propuesta como inviable, aunque reconoció su existencia.

El 18 de julio de 2026, miles de personas recorrieron el Viejo San Juan en la marcha anual por la independencia de Puerto Rico, partiendo de la Plaza Colón hacia el antiguo Tribunal Federal al son de temas de Bad Bunny y Residente, en observación del natalicio de Rafael Cancel Miranda.

La movilización —que reunió a un frente amplio de organizaciones y ciudadanos— rechazó el 'doble coloniaje' de Estados Unidos, el gasto de $1 millón del gobierno puertorriqueño para celebrar en la isla los 250 años de la independencia estadounidense, y la Junta de Supervisión Fiscal, a 128 años de la invasión.

El secretario general del PIP, Juan Dalmau Ramírez, y la senadora del PIP María de Lourdes Santiago Negrón encabezaron el acto político-cultural; Santiago Negrón señaló que en las elecciones más recientes la opción de independencia obtuvo más votos que en cualquier consulta de estatus anterior.

El 16 de julio de 2026, el académico David Rezvani de Dartmouth College argumentó ante un conversatorio en el Congreso de Estados Unidos que Puerto Rico posee una "independencia parcial" y que sus facultades autonómicas están constitucionalmente afianzadas, rechazando la caracterización de la Isla como colonia.

La postura, expuesta en el marco del 74.º aniversario del Estado Libre Asociado y con la presencia del comisionado residente Pablo José Hernández, introduce un argumento académico externo en el debate de estatus en un momento de atención congresional al tema.

Rezvani es autor de Surpassing the Sovereign State, obra que analiza decenas de modelos de autonomía en el mundo; el comisionado Hernández señaló que hay cerca de 70 territorios con relaciones autonómicas similares a la de Puerto Rico con potencias mayores.

El senador federal Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur, falleció tras una enfermedad breve y repentina luego de que un equipo de emergencia acudiera a su residencia en Washington D.C. la noche del sábado tras reportar dolores en el pecho.

Graham ocupó el Senado federal desde enero de 2003 y fue una figura activa en asuntos que afectaron a Puerto Rico, incluyendo su oposición explícita a la estadidad y su rol en cuestionar la validez constitucional del plebiscito de 2017.

En abril de 2017, Graham fue uno de ocho senadores republicanos que pidieron al entonces secretario de Justicia Jeff Sessions que determinara que el plebiscito programado por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares violaba la Constitución por excluir el Estado Libre Asociado territorial como alternativa.

El 10 de julio, la exvicepresidenta Kamala Harris publicó un artículo en Substack en el que instó a los demócratas a considerar, entre otras medidas a largo plazo, otorgar la estadidad a Washington D.C. y Puerto Rico para contrarrestar amenazas al derecho al voto.

El llamado reaviva el debate sobre el estatus de Puerto Rico en el contexto federal justo cuando Harris evalúa un posible segundo intento por la presidencia, lo que podría convertir la estadidad en tema de campaña demócrata.

Como candidata presidencial, Harris respaldó el programa demócrata que incluía legislación vinculante para ofrecerle a Puerto Rico la estadidad, la independencia o la libre asociación, aunque en su agenda específica para la isla solo hizo una mención ligera al principio de libre determinación.

Cerca de veinte organizaciones independentistas anunciaron en conferencia de prensa la Marcha por la Independencia 2026, convocada para el 18 de julio a las 2:00 p.m., desde la Plaza Colón en el Viejo San Juan hasta el edificio de la Corte Federal. Manifestaciones paralelas se celebrarán en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Cleveland.

La marcha apunta directamente a los diez años de la Junta de Control Fiscal, a la que los convocantes atribuyen más de $2 mil millones gastados en consultores, asesores y abogados, además de privatizaciones, cierre de escuelas y encarecimiento del costo de vida.

Entre los portavoces figuran la senadora del PIP María de Lourdes Santiago Negrón, representantes de la Colectiva Estudiantil Combativa y del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano. La fecha del 18 de julio fue escogida por coincidir con el natalicio del nacionalista Rafael Cancel Miranda.

Cerca de una veintena de organizaciones independentistas anunciaron la Marcha por la Independencia 2026 para el 18 de julio, concentrándose en la Plaza Colón del Viejo San Juan y marchando hacia el edificio de la Corte Federal; manifestaciones simultáneas se realizarán en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Cleveland.

La convocatoria articula demandas sobre el costo de vida, la vivienda asequible, la emigración y los 10 años de la Junta de Control Fiscal, a la que los portavoces atribuyen haber gastado más de $2 mil millones en consultores, asesores y abogados.

Entre los portavoces figuran la senadora del PIP María de Lourdes Santiago Negrón, representantes de la Colectiva Estudiantil Combativa y del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano; la fecha del 18 de julio coincide con el natalicio del nacionalista Rafael Cancel Miranda.

La gobernadora Jenniffer González celebró el Día de la Independencia de Estados Unidos en la Plaza de los Alcaldes de San Lorenzo, donde reiteró su compromiso con la estadidad mientras reconoció que Puerto Rico "sigue siendo una colonia" sujeta a la cláusula territorial de la Constitución estadounidense.

El acto ocurre en medio de fisuras dentro del Partido Nuevo Progresista (PNP) y del rechazo público del presidente Donald Trump a la estadidad para Puerto Rico, quien tan reciente como en mayo calificó de "desastroso" que la isla pudiera ser admitida como estado.

Trump ha expresado su oposición a la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. mientras muestra interés en incorporar territorios como Groenlandia; la gobernadora no anunció ninguna propuesta legislativa concreta para avanzar un plebiscito de estatus ante el Congreso.

Una coalición de más de 20 organizaciones independentistas convocó al pueblo de Puerto Rico a unirse a la Marcha por la Independencia 2026, programada para el sábado 18 de julio en el Viejo San Juan, con concentración en la Plaza Colón a las 2:00 p.m. y acto final frente al Tribunal Federal.

La actividad coincide con la celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y busca visibilizar el reclamo soberanista tanto en la isla como en comunidades puertorriqueñas en Nueva York, Nueva Jersey, Orlando y Cleveland.

Los organizadores enmarcan la marcha como repudio a lo que describen como 128 años de colonialismo y a la Junta de Control Fiscal, a la que califican de gobierno paralelo que opera por encima de los poderes electos desde hace 10 años.

El 29 de junio, durante una sesión especial conmemorativa convocada por la Cámara de Representantes, la gobernadora Jenniffer González afirmó que la 'promesa americana' permanece inconclusa para los 3.2 millones de ciudadanos que residen en Puerto Rico, equiparando igualdad de derechos con estadidad.

El evento marcó la posición oficial del ejecutivo ante el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos; la ausencia del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue notoria al dejarse vacía la silla que ocupa en ocasiones similares.

El reclamo de paridad federal —incluyendo fondos en igualdad de condiciones— ha sido eje del discurso estadista puertorriqueño; el presidente de la Cámara, Carlos 'Johnny' Méndez, se sumó al planteamiento de González durante la misma sesión.

Al cumplirse diez años de la ley PROMESA, el exfuncionario del Tesoro Antonio Weiss y el excongresista republicano Rob Bishop confirmaron que una junta de supervisión fiscal fue requisito irrenunciable del Congreso para aprobar cualquier mecanismo de reestructuración de deuda para Puerto Rico.

Los testimonios dejan en evidencia que la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal —el ente que controla las finanzas del gobierno electo puertorriqueño— no fue producto de negociación sino de una condición política impuesta desde Washington; la ley ha permitido reducir a cerca de la mitad la deuda del gobierno y sus principales corporaciones públicas.

PROMESA fue aprobada en 2016 bajo la administración del presidente Barack Obama, cuyo Departamento del Tesoro tomó como referencia los procesos de rescate fiscal de ciudades como Washington D.C. y Nueva York; el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, fue el legislador encargado de impulsar la legislación por instrucción del presidente cameral Paul Ryan.

La congresista demócrata Analilia Mejía (Nueva Jersey) retiró su coauspicio del proyecto de plebiscito del comisionado residente Pablo José Hernández el 24 de junio de 2026, nueve días después de haberlo suscrito el 15 de junio. La legislación (HR 9246) propone un plebiscito vinculante entre estadidad, independencia, libre asociación y el ELA, y cuenta ahora con ocho coauspiciadores demócratas.

La salida de Mejía reduce el respaldo legislativo a la medida y refleja tensiones dentro del ala liberal del Partido Demócrata respecto al proceso de estatus de Puerto Rico.

El proyecto de Hernández, presidente del PPD, se basa en gran medida en el HR 8393 aprobado por el pleno de la Cámara federal en 2022, al que añadió el ELA como opción y la posibilidad de una comisión bilateral para evaluar mejorarlo —fórmula que los gobiernos de Estados Unidos han descartado desde mediados de la década de 1990. Mejía ganó su escaño en una elección especial en abril de 2026.

El Comité de Descolonización de las Naciones Unidas aprobó el 22 de junio de 2026, por consenso y por 44ta ocasión, la resolución que reconoce el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia. Cuba presentó la resolución y Venezuela se añadió como país coauspiciador justo antes de la votación.

La resolución exhorta a la Asamblea General de la ONU a retomar el caso político puertorriqueño, excluido de la lista de territorios sin gobierno propio desde 1953, y denuncia la imposición de la ley PROMESA sobre la isla.

El Comité de Descolonización lleva décadas aprobando versiones de esta resolución sin que la Asamblea General la haya adoptado; Estados Unidos históricamente no ha cooperado con el comité en el caso de Puerto Rico.

Dos portavoces de organizaciones independentistas que cabildean en Washington —Carlos Rivera Lugo de Plan B Independencia y Manuel Rivera de Puertorriqueños Unidos en Acción— describieron como jurídicamente débil y políticamente fútil el proyecto de estatus radicado por el comisionado residente Pablo José Hernández, que incluye el Estado Libre Asociado como opción en una consulta.

Según los cabilderos, incluir el ELA en la papeleta no descoloniza a Puerto Rico porque mantiene la condición territorial bajo los poderes plenarios del Congreso, y ambos contrastaron la medida con el proyecto que promueven ante el congresista Tom McClintock, enfocado exclusivamente en la independencia.

El proyecto de Hernández, coauspiciado por congresistas demócratas, fue descrito como réplica del proyecto 8393 presentado durante la administración de Joe Biden, con la diferencia de que ahora incluye al ELA; entretanto, grupos de la diáspora han cabildado ante figuras republicanas como el portavoz del Senado John Thune y el propio McClintock a favor de una transición hacia la independencia.

Dos cabilderos independentistas consultados por CLARIDAD calificaron de débil y fútil el proyecto radicado la semana anterior al 17 de junio de 2026 por el comisionado residente Pablo José Hernández, que propone una consulta de estatus que incluye el Estado Libre Asociado como opción.

Los portavoces de Plan B Independencia y Puertorriqueños Unidos en Acción argumentan que incluir el ELA en la papeleta perpetúa la condición colonial de Puerto Rico y contradice jurisprudencia federal como United States v. Vaello-Madero, que reafirma el poder plenario del Congreso sobre la isla.

El proyecto de Hernández fue coauspiciado por cuatro congresistas demócratas y se describe como réplica del proyecto 8393 presentado durante la administración Biden, del cual la diferencia principal es la inclusión del ELA; en paralelo, el congresista republicano Tom McClintock ha explorado radicar legislación enfocada en la independencia tras reuniones con organizaciones de la diáspora.

El periódico Claridad publicó un análisis en el que describe la situación actual de Puerto Rico como insostenible y amenazante para la viabilidad del país puertorriqueño, a 533 años de la conquista española y 128 años del inicio de la ocupación estadounidense.

El texto plantea que las condiciones actuales comprometen la existencia misma del proyecto de país al que, según la publicación, aspira la mayoría del pueblo puertorriqueño.

Claridad es un periódico vinculado al movimiento independentista puertorriqueño que históricamente ha enmarcado los problemas del país dentro del debate sobre el estatus político y la soberanía.

El viernes 12 de junio, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera respondió a las críticas de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez recordándoles que ambas apoyaron en 2024 a la candidata de la Alianza de País, Ana Irma Rivera Lassén, quien obtuvo 9% de los votos, mientras él ganó con 45%.

El intercambio convierte una disputa legislativa sobre qué opciones de estatus son válidas en una confrontación de legitimidad electoral, con Hernández Rivera invocando su mandato popular frente a congresistas que respaldaron a su rival.

Velázquez y Ocasio-Cortez criticaron el jueves el proyecto de Hernández Rivera por incluir el ELA territorial, argumentando que borra el carácter colonial del estatus actual e ignora decisiones de la Corte Suprema como Estados Unidos contra Vaello Madero; la medida añade el ELA a las alternativas del proyecto 8393 que la Cámara federal aprobó en diciembre de 2022 con respaldo unánime del caucus demócrata.

El abogado puertorriqueño Manuel Rivera se reunió el martes con el congresista republicano John McGuire (Virginia) para presentarle su borrador de legislación que propone otorgar la independencia a Puerto Rico en un proceso de transición de 30 a 60 días.

La propuesta incluye reconocimiento de doble ciudadanía y que la relación futura entre Puerto Rico y Estados Unidos sea regida exclusivamente por tratados y derecho internacional, lo que representaría un cambio radical en el estatus de la isla.

Rivera, candidato republicano a fiscal general de Washington D.C., presentó originalmente este mismo borrador al también republicano Tom McClintock (California); la iniciativa surge en un momento en que el liderato republicano del Congreso y el presidente Donald Trump se oponen a la estadidad para Puerto Rico.

Las congresistas Nydia Margarita Velázquez Serrano y Alexandria Ocasio-Cortez rechazaron el jueves el Puerto Rico Democratic Self-Determination Act, radicado por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, argumentando que la medida incluye el Estado Libre Asociado como opción y mantiene una condición colonial para Puerto Rico.

El proyecto —radicado junto a los congresistas Wesley Bell, Derek Tran y Val Hoyle— propone un plebiscito vinculante con cuatro opciones: estadidad, independencia, libre asociación y el ELA; la oposición de dos congresistas demócratas de alto perfil complica su avance en el Congreso.

Velázquez Serrano y Ocasio-Cortez han liderado durante los últimos tres Congresos esfuerzos legislativos que solo contemplan opciones no territoriales y no coloniales; Hernández Rivera indicó que su medida responde al anuncio de la gobernadora Jenniffer González de viajar a Washington a promover la estadidad.

El semanario Claridad publicó un análisis que enmarca el momento actual de Puerto Rico como un presente de insostenibilidad que, según el texto, amenaza la viabilidad del proyecto de país al que aspira la mayoría del pueblo puertorriqueño.

El encuadre vincula la situación contemporánea con 533 años de historia colonial, sugiriendo que los desafíos actuales no son coyunturales sino estructurales.

Claridad es el periódico histórico del movimiento independentista puertorriqueño; sus análisis editoriales suelen reflejar una lectura anticolonial de los problemas económicos, demográficos y políticos de la isla.

Las congresistas Nydia Margarita Velázquez Serrano y Alexandria Ocasio-Cortez rechazaron el jueves el Puerto Rico Democratic Self-Determination Act radicado por el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera, argumentando que la medida incluye mantener el ELA actual —lo que califican de opción colonial— entre las alternativas del plebiscito vinculante propuesto. En declaración conjunta, acusaron a Hernández Rivera de apropiarse de parte de su legislación y de negar el carácter colonial del ELA, borrar realidades históricas y subvertir el consenso demócrata.

El rechazo de Velázquez Serrano y Ocasio-Cortez fractura el frente progresista en el Congreso en torno a la medida, al tiempo que el proyecto también enfrenta la postura contraria de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien viajará a Washington a impulsar únicamente la estadidad; la propuesta de Hernández Rivera queda así disputada desde múltiples flancos antes de avanzar en el proceso legislativo federal.

El Puerto Rico Democratic Self-Determination Act plantea un plebiscito vinculante con cuatro opciones —estadidad, independencia, soberanía en libre asociación y un ELA reformado— y fue radicado junto a los congresistas Wesley Bell, Derek Tran y Val Hoyle; Velázquez Serrano y Ocasio-Cortez señalan que durante los últimos tres Congresos han liderado esfuerzos legislativos orientados exclusivamente a opciones no territoriales y no coloniales, esfuerzos de los que acusan a Hernández Rivera de haberse apropiado parcialmente.

El Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal convocó para el miércoles 11 de junio de 2026 su audiencia bienal sobre los territorios estadounidenses, en la que declararía la gobernadora Jenniffer González junto a los gobernadores de los otros cuatro territorios.

La sesión estará presidida por el senador republicano Mike Lee (Utah), opositor firme a la estadidad para Puerto Rico, lo que plantea un escenario adverso para avances en el debate de estatus ante el foro legislativo federal.

El próximo 1 de agosto se cumplirán 14 años desde la última audiencia en el Senado federal centrada específicamente en el debate sobre el futuro político de Puerto Rico; el comité bienal sobre territorios es distinto a esa audiencia de estatus.

El periódico Claridad publicó un análisis editorial en el que caracteriza el momento actual de Puerto Rico como un 'presente insostenible' que amenaza la viabilidad del país puertorriqueño, enmarcándolo a 533 años de la conquista española y 128 años del inicio de la ocupación de Estados Unidos.

El texto sugiere que las condiciones actuales —no detalladas en el fragmento disponible— comprometen la continuidad del proyecto nacional puertorriqueño que, según la publicación, respalda la inmensa mayoría del pueblo.

Claridad es el órgano periodístico histórico del independentismo puertorriqueño y publica regularmente análisis de coyuntura desde esa perspectiva política; la pieza aparece en el contexto del debate permanente sobre el estatus y los desafíos demográficos, económicos y de gobernanza que enfrenta la isla.

El 10 de junio de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández presentó en el Congreso el 'Puerto Rico Democratic Self-Determination Act', un proyecto que permitiría a los puertorriqueños votar en un plebiscito vinculante entre estadidad, independencia, soberanía en libre asociación y mantener o mejorar el ELA; la medida fue radicada junto a los congresistas Wesley Bell, Derek Tran y Val Hoyle. La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, encabezada por su presidente y alcalde de Jayuya Jorge 'Georgie' González Otero, expresó ese mismo día su respaldo formal a la iniciativa.

A diferencia de legislación previa sobre estatus, este proyecto incluye el ELA como opción válida —lo que generó de inmediato rechazo del PIP, que lo calificó de 'colonia dura y pura', y endoso de la Asociación de Alcaldes— profundizando la fractura dentro del campo no estadista sobre qué constituye un proceso de descolonización legítimo.

Hernández señaló que radicó la medida en respuesta al anuncio de la gobernadora Jenniffer González de viajar a Washington para impulsar legislación a favor de la estadidad. Proyectos anteriores presentados ante el Congreso no incluían el ELA como opción, posición compartida por la mayoría de los partidos —a excepción del PPD— que consideran ese estatus colonial.

El periódico Claridad publicó el 4 de junio de 2026 un artículo de opinión que llama a la solidaridad con Cuba frente al bloqueo de petróleo impuesto por el gobierno de Donald Trump, y denuncia que se permita usar suelo puertorriqueño para ejercicios militares estadounidenses que pudieran desembocar en una intervención militar en la isla.

El texto señala que el bloqueo vigente amenaza la salud y la vida de millones de cubanos, y convoca a personas en Puerto Rico, América Latina y el Caribe a pronunciarse públicamente contra las sanciones y las amenazas del gobierno federal.

El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba data de 1961, y fue endurecido por las leyes Torricelli de 1992 y Helms-Burton de 1996; los vínculos históricos entre los movimientos independentistas puertorriqueño y cubano se remontan al Partido Revolucionario Cubano fundado en 1892.

El académico Jaime Lluch publicó un artículo de opinión en El Nuevo Día en el que plantea si el federalismo —definido como autogobierno más gobierno compartido— puede preservar espacios de democracia liberal ante el avance del iliberalismo en gobiernos centrales como el de Estados Unidos.

Lluch advierte que más de una tercera parte de la población mundial vive en sociedades en deterioro democrático, y señala que la respuesta de los estados centrales ante la resistencia subestatal ha sido mayor agresividad e iliberalismo.

El debate sobre federalismo y democracia ha cobrado relevancia entre comparativistas ante la tendencia de varios gobiernos nacionales hacia modelos de democracia iliberal, un fenómeno documentado en distintas regiones del mundo.

El periódico Claridad publicó el 4 de junio de 2026 una columna de opinión que defiende la trayectoria solidaria de la Cuba revolucionaria, denuncia el bloqueo económico estadounidense —incluyendo restricciones de petróleo bajo el gobierno de Donald Trump— y llama a personas en Puerto Rico, América Latina y el Caribe a pronunciarse contra dicho bloqueo.

La columna refleja la postura de sectores independentistas puertorriqueños que históricamente han vinculado la causa de la independencia de Puerto Rico con la soberanía cubana, y critica explícitamente el posible uso de suelo puertorriqueño —en Ceiba, Salinas u otros municipios— para ejercicios militares que pudieran derivar en intervención en Cuba.

El bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba lleva más de seis décadas y ha sido reforzado por legislación como la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996; Claridad ha sido históricamente el medio de comunicación del Partido Independentista Puertorriqueño y una plataforma consistente de solidaridad con la revolución cubana.

Claire Valdez, representante estatal en Nueva York, busca el escaño congresional que ocupa Nydia Velázquez y ha declarado que, de ganar, promovería legislación para que Puerto Rico convoque su propia Convención de Status antes de celebrar un plebiscito federal entre alternativas no territoriales ni coloniales.

El escaño de Velázquez ha sido históricamente una de las voces más influyentes en el Congreso en asuntos de Puerto Rico; el planteamiento de Valdez introduciría un mecanismo distinto al plebiscito tradicional para atender el estatus de la isla.

Valdez enfrenta primarias contra otros tres aspirantes, siendo su principal contendiente Antonio Reynoso; la propuesta de una Convención de Status como paso previo a un plebiscito federal retoma un modelo que ha circulado en debates sobre la descolonización de Puerto Rico.

La Legislatura aprobó una resolución que autoriza la venta de una tablilla especial alusiva al 250 aniversario de Estados Unidos, cuyos fondos se destinarán al financiamiento de los actos oficiales del 4 de julio.

La medida ha generado reacciones en diversos sectores no por la celebración en sí, sino porque vincula ingresos de una placa gubernamental al financiamiento directo de eventos del Día de la Independencia estadounidense.

Puerto Rico tiene antecedentes de tablillas conmemorativas que despiertan debate: en 2002 se emitió una placa para el 50 aniversario del Estado Libre Asociado que también generó diversidad de opiniones.

El 31 de mayo de 2026, los restos de Ismael Guadalupe Ortiz serán devueltos a Vieques, días después de su fallecimiento. Guadalupe fue uno de los principales líderes de la lucha que logró sacar a la Marina de Guerra de Estados Unidos de la isla a lo largo de seis décadas de resistencia.

Su muerte marca el cierre de una generación de activistas que enfrentaron persecución, arrestos y amenazas físicas para poner fin a décadas de bombardeos, contaminación y desplazamiento que afectaron la salud y el bienestar de la población viequense.

La Marina de Guerra de Estados Unidos ocupó Vieques desde los años cuarenta del siglo veinte, sometiendo a sus residentes a ejercicios bélicos, confiscación de tierras y altos índices de cáncer y enfermedades respiratorias atribuidas a la contaminación. En 1979, Guadalupe fue arrestado y enjuiciado por interrumpir ejercicios militares de la Marina, y su declaración ante el tribunal quedó registrada como documento histórico de la resistencia viequense.

En 1979, Ismael Guadalupe, presidente de la Cruzada Pro Rescate de Vieques, fue sentenciado a seis meses de cárcel y $500 de multa en el Tribunal Federal de Estados Unidos en Puerto Rico. Antes de recibir su sentencia, Guadalupe pronunció un alegato en el que acusó a la Marina de Guerra de Estados Unidos y al tribunal de confabularse contra el pueblo viequense.

El discurso documenta décadas de desplazamientos forzados, muertes atribuidas a la Marina y la pérdida de aproximadamente 26,000 de las 33,000 cuerdas disponibles para el desarrollo económico de Vieques, dejando a sus cerca de 8,000 residentes con acceso limitado a tierra, pesca y libre tránsito.

Desde los años cuarenta, la Marina de Guerra de Estados Unidos expropió tierras en Vieques para operaciones militares y prácticas de bombardeo; la Cruzada Pro Rescate de Vieques se organizó a partir de 1978 para unir a residentes de distintas ideologías en resistencia a esa presencia militar.

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró en una entrevista con Molusco TV que Estados Unidos tendría una guerra con Cuba "en las próximas semanas", argumentando que eso subraya la importancia estratégica militar, tecnológica y farmacéutica de Puerto Rico para Washington.

Las expresiones elevan la retórica sobre el rol geopolítico de Puerto Rico en un momento en que el presidente Donald Trump declaró que la estadidad para la Isla "sería un desastre", tensando aún más la relación entre la gobernadora y la Casa Blanca.

González Colón ha argumentado reiteradamente que Puerto Rico es un activo estratégico para Estados Unidos en defensa, manufactura farmacéutica y tecnología; sus declaraciones llegan en medio de un debate público sobre el estatus político de la Isla.

Ismael Guadalupe Ortiz, maestro y activista viequense que encabezó décadas de resistencia contra los bombardeos de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques y cofundó el Comité Pro Rescate de Vieques, falleció recientemente. Su velatorio está programado para el 31 de mayo de 2026 en la Funeraria Esquilín en Vieques.

Guadalupe fue figura central en la campaña que culminó con la salida de la Marina de Vieques, lograda tras un referéndum en que la población votó abrumadoramente a favor del cese de las operaciones militares; en sus últimos años continuó exigiendo la limpieza de los terrenos militares y mejores condiciones de vida para los viequenses.

Desde 1898, las islas de Vieques y Culebra fueron utilizadas como zonas de ejercicios bélicos por la Marina estadounidense, con poblaciones desplazadas y bombardeos que generaron décadas de reclamos de salud y ambientales; Guadalupe militó en el Partido Socialista Puertorriqueño y fue encarcelado en varias ocasiones por su activismo.

En 1979, Ismael Guadalupe, presidente de la Cruzada Pro Rescate de Vieques, fue condenado a seis meses de cárcel y una multa de 500 dólares por el Tribunal Federal en Puerto Rico. Antes de ser sentenciado, Guadalupe pronunció un discurso en el que acusó a la Marina de Guerra de Estados Unidos y al tribunal federal de confabularse para cometer atropellos contra los viequenses, citando desplazamientos forzados, muertes impunes y la ocupación de 26,000 de las 33,000 cuerdas de tierra disponibles en la isla.

El testimonio documenta un registro oral de daños concretos —expropiaciones de tierras en los años cuarenta, muertes atribuidas a bombas y a marinos, y la restricción del espacio económico y de tránsito de una población de alrededor de 8,000 personas— que Guadalupe presentó como evidencia de un crimen colectivo sin enjuiciamiento.

La Cruzada Pro Rescate de Vieques se organizó para oponerse a las operaciones militares de la Marina de Guerra de Estados Unidos en Vieques, isla que desde los años cuarenta vio a miles de residentes desplazados de sus tierras para dar paso a instalaciones y zonas de práctica de tiro. El discurso fue publicado posteriormente como anuncio pagado por el Partido Socialista Puertorriqueño en el diario El Mundo el 14 de octubre de 1979.

Un columnista de El Nuevo Día publicó el 26 de mayo de 2026 un artículo de opinión argumentando que el derecho de Puerto Rico a la estadidad no debe supeditarse a la voluntad del presidente Donald Trump.

El texto plantea la necesidad de un discurso propio y coherente sobre la igualdad política de Puerto Rico, independiente de las posiciones o gestos del ejecutivo federal.

Trump ha hecho declaraciones públicas sobre la posible incorporación de otros territorios —como Canadá, Groenlandia y Venezuela— al ámbito de influencia o membresía de Estados Unidos, lo que el columnista usa como telón de fondo para cuestionar la dependencia del movimiento estadista en la figura presidencial.

La organización Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) exhortó a apoyar a la excongresista demócrata Cori Bush, quien busca recuperar su escaño en el distrito 1 de Misuri en las primarias del 4 de agosto de 2026 frente al actual congresista Wesley Bell. Bush anunció su respaldo a la independencia de Puerto Rico y a un proceso de descolonización.

Bush retaría a Bell en un distrito abrumadoramente demócrata donde, en las primarias de 2024, perdió por apenas 4.5 puntos porcentuales (46.6% frente al 51.1% de Bell); su regreso al Congreso podría sumar una voz legislativa federal a favor del estatus de independencia para Puerto Rico.

Bush ya había respaldado en 2021 el proyecto de ley 2070 de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, que proponía una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales para Puerto Rico.

El Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH) afirmó este viernes que el comisionado residente Pablo José Hernández, al apoyar la intervención de Estados Unidos para extraer a Raúl Castro, se alinea con las violaciones al derecho internacional de la administración Trump. La declaración responde a expresiones de Hernández el jueves en las que dijo que sería 'un símbolo de justicia poética' que Castro muriera encarcelado en Estados Unidos.

El intercambio expone tensiones entre sectores del independentismo y la dirigencia del Partido Popular Democrático (PPD) sobre cómo Puerto Rico —como territorio— debe posicionarse ante la política exterior estadounidense y sus implicaciones para el derecho internacional.

Un Gran Jurado federal en Miami acusó al expresidente cubano Raúl Castro de asesinato y conspiración por el derribo de dos aviones del grupo Hermanos al Rescate en febrero de 1996, en medio de presiones de Trump sobre Cuba que han incluido amenazas de intervención militar.

El 22 de mayo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón respondió públicamente a Donald Trump, quien había calificado de 'un desastre' la estadidad para Puerto Rico, afirmando que el presidente 'se equivoca' y citando al expresidente Reagan como defensor de esa causa.

La respuesta de González Colón marca una fractura pública entre la primera ejecutiva de Puerto Rico y el presidente de su propio partido sobre la cuestión del estatus, precisamente un día después de su Mensaje de Situación de Estado; la gobernadora sostuvo además que Estados Unidos necesita a la isla para sostener su economía.

Las declaraciones de Trump sobre la estadidad coincidieron con el Mensaje de Situación de Estado que González Colón ofreció desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes; la gobernadora expresó su respuesta en entrevista con Noticentro (WAPA TV).

Un año después de presentar el llamado Plan B Independencia, sus autores publicaron en Claridad una propuesta ampliada para un Puerto Rico independiente que integra economía mixta, soberanía energética, educación descolonizada, cooperativismo y alineación con el Sur Global.

La propuesta articula un programa de gobierno alternativo al statu colonial que incluye posiciones concretas sobre deuda pública —que califica de ilegítima y atribuye a la Junta de Control Fiscal—, un banco nacional de desarrollo, reforma contributiva progresiva y soberanía alimentaria.

El debate sobre el estatus de Puerto Rico se ha concentrado históricamente en las opciones de estadidad y libre asociación; los sectores independentistas han publicado documentos programáticos con menor frecuencia, y este texto se enmarca en un esfuerzo por detallar la viabilidad económica y social de la independencia.

El 20 de mayo de 2026, el portavoz del Plan B Independencia Edwin Hernández Feijoó publicó un balance de los primeros catorce meses de la propuesta descolonizadora, que fue divulgada internacionalmente el 7 de marzo de 2025 cuando el Daily Mail reportó que un borrador de orden ejecutiva para otorgar la independencia a Puerto Rico circulaba en círculos de poder en Washington.

El texto repasa reuniones sostenidas con representantes de las oficinas de los senadores John Thune y Mike Lee —líderes republicanos clave en asuntos insulares— y señala que en ambos casos fue la primera vez que se les planteó la independencia como alternativa a la estadidad; además, vincula ese impulso al 31 por ciento obtenido por el candidato independentista Juan Dalmau en las elecciones generales de noviembre de 2024 y al 30 por ciento que alcanzó la independencia en la consulta plebiscitaria celebrada simultáneamente.

El Plan B Independencia surgió como propuesta de un grupo inicial de doce juristas, economistas y profesores, y se presentó como una ruptura con el marco acostumbrado del debate de estatus; el artículo traza un paralelo con la Comisión Puertorriqueña que Eugenio María de Hostos llevó ante el presidente William McKinley en 1899 para reclamar soberanía tras la guerra hispano-cubana-estadounidense.

El senador republicano Dave McCormick (Pensilvania) declaró ante activistas pro estadidad que la situación de Puerto Rico no debe resolverse con base en beneficios políticos partidistas, aunque reconoció no haber tomado una posición formal sobre el tema.

Sus palabras contradicen la postura del presidente Donald Trump y de líderes republicanos del Congreso, quienes han vinculado la estadidad a cálculos electorales, y añaden una voz dentro del GOP que exige tratar el asunto como un derecho de representación para ciudadanos estadounidenses.

Hace dos años, durante su campaña al Senado junto al exgobernador Luis Fortuño, McCormick ya había señalado que la estadidad no era una prioridad para él; el encuentro se dio en el marco de las reuniones de la 'delegación extendida', organización fundada por el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

El periodista Steve Howell publicó Cold War Puerto Rico: Anti-Communism in Washington's Caribbean Colony, libro que reconstruye la vida de su padre Brandon Howell en Puerto Rico entre 1941 y 1948 y examina la aplicación de la Ley Smith y las audiencias del Comité de Actividades Antiamericanas (HUAC) en la Isla.

Howell sostiene que los procesamientos bajo la Ley Smith en Puerto Rico ocurrieron a una escala comparable a la de California y Nueva York, un capítulo que describe como prácticamente desconocido en la historiografía del periodo.

Brandon Howell llegó a Puerto Rico durante el gobierno de Rexford G. Tugwell como parte del Nuevo Trato, se vinculó a César Andreu Iglesias —cofundador de este semanario— y fue posteriormente vigilado por el FBI, la inteligencia británica y el MI5 tras autoexiliarse a Gran Bretaña en 1949.

El 7 de marzo de 2025, el grupo Plan B Independencia —formado inicialmente por doce juristas, economistas y profesores— dio a conocer desde Londres un borrador de Orden Ejecutiva dirigido al presidente Donald Trump para iniciar un proceso de transición hacia la soberanía e independencia de Puerto Rico. Un año después, uno de sus portavoces, Edwin Hernández Feijoó, hace balance de la iniciativa y su impacto en el debate de estatus.

Representantes del grupo se reunieron con oficinas de los senadores republicanos John Thune y Mike Lee, quienes reconocieron que era la primera vez que se les presentaba la independencia como alternativa a la estadidad; el artículo también cita que en las elecciones de noviembre de 2024 el candidato independentista a la gobernación Juan Dalmau obtuvo un 31 por ciento del voto y las opciones por la soberanía —sumadas a votos en blanco— alcanzaron un 43 por ciento.

Plan B Independencia irrumpió en el debate público mientras el Partido Nuevo Progresista celebraba una Cumbre por la Estadidad en Washington DC, desplazando momentáneamente esa agenda mediática; el grupo traza paralelos con la Comisión Puertorriqueña que Eugenio María de Hostos presentó ante el presidente William McKinley en 1899.

Decenas de estadistas de la 'delegación extendida' creada por el exgobernador Ricardo Rosselló sostuvieron reuniones esta semana en oficinas del Senado y la Cámara baja federal para promover la estadidad de Puerto Rico, sin contar con un proyecto de ley activo en esta sesión del Congreso.

El esfuerzo de cabildeo llega sin el respaldo legislativo concreto que históricamente le ha dado tracción al movimiento estadista en Washington, lo que limita su capacidad de convertir las reuniones en acción legislativa.

La delegación fue formada por Rosselló durante su etapa como cabildero proestadidad bajo el gobierno del exgobernador Pedro Pierluisi; ahora opera de forma independiente, apoyándose en declaraciones recientes de la exvicepresidenta Kamala Harris a favor de que los demócratas aborden la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C.

El columnista Orlando Parga publicó una pieza de opinión en la que señala que en la consulta de estatus incluida en las elecciones de 2024, el voto a favor de la estadidad alcanzó el 58.61%, casi duplicando el respaldo a la libre asociación con soberanía (29.57%) y superando ampliamente a la independencia (11.82%).

Los datos citados sugieren que la preferencia por la estadidad obtuvo una mayoría amplia en la consulta más reciente, lo que el autor usa como base para argumentar sobre el estado del movimiento estadista.

Puerto Rico ha celebrado múltiples plebiscitos de estatus a lo largo de las décadas sin que ninguno haya resultado en acción vinculante por parte del Congreso federal; el de 2024 fue el más reciente ejercicio consultivo sobre el tema.

El Nuevo Día publicó una columna de opinión que examina la contradicción de estadistas puertorriqueños que apoyan a Donald Trump, quien —según el texto— desprecia la estadidad cuando tiene oportunidad.

El debate refleja una tensión política activa entre la base estadista de Puerto Rico y las posturas del Partido Republicano federal frente al estatus de la isla.

Desde que Trump anunció su primera candidatura presidencial el 16 de junio de 2015, su relación con Puerto Rico y con la estadidad ha sido objeto de escrutinio entre los defensores del movimiento estadista en la isla.

La exvicepresidenta y candidata presidencial Kamala Harris declaró recientemente que los demócratas 'tienen que hablar de la estadidad para Puerto Rico y (Washington) D.C.', en el contexto de estrategias electorales para contrarrestar maniobras legislativas y redistritación impulsadas por los republicanos.

La declaración proviene de la principal candidata presidencial demócrata y reafirma una postura que Harris ha sostenido públicamente desde al menos 2019, lo que la coloca como voz de peso en el debate sobre el estatus político de la isla.

En febrero de 2019, Harris coauspició, siendo senadora, un proyecto de ley para admitir a Puerto Rico como estado; al año siguiente reafirmó esa postura en redes sociales.

La revista En Rojo publicó el 13 de mayo de 2026 un ensayo analítico sobre Pedro Albizu Campos que examina cómo su catolicismo ortodoxo funcionó como estrategia anticolonial y cómo el Estado respondió con vigilancia sistemática y represión.

El texto articula por qué Albizu Campos no ha encajado en ninguna tradición interpretativa —liberal, marxista ni posmodernista— y argumenta que esa dificultad revela límites en la historiografía puertorriqueña, no en el personaje.

El ensayo dialoga con investigadores como Mario Cancel Sepúlveda, Juan Manuel Carrión, César J. Ayala e Ivonne Acosta, quienes han documentado la criminalización del independentismo y la coordinación entre el gobierno local y agencias federales desde la invasión de 1898 hasta los eventos de Jayuya y Utuado en 1950.

El representante Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño, publicó una columna de opinión el 14 de mayo de 2026 argumentando que el conflicto bélico en Irán —y el cierre del Estrecho de Ormuz desde el 2 de marzo de 2026— ha afectado cadenas de suministro y precios en Puerto Rico, y que la condición colonial impide a la isla tomar decisiones económicas propias ante esa crisis.

El cierre del Estrecho de Ormuz desde principios de marzo de 2026 ha encarecido la gasolina y presionado cadenas de suministro de alimentos, materias primas y bienes manufacturados que abastecen a empresas y consumidores en Puerto Rico.

Puerto Rico carece de representación con voto en el Congreso federal y no puede negociar tratados comerciales de manera autónoma; el autor señala además que la transición hacia energía renovable en la isla está estancada, lo que agrava la dependencia en combustibles fósiles cuyo precio sube por el conflicto.

La exvicepresidenta Kamala Harris declaró, en un conversatorio con la organización Win With Black Women el miércoles en la noche, que el Partido Demócrata debe promover la discusión sobre la estadidad para Puerto Rico y Washington D.C. como parte de una estrategia más amplia para contrarrestar la manipulación de distritos electorales que ha favorecido a los republicanos en este año de elecciones legislativas.

Harris —quien no ha descartado presentarse a las primarias presidenciales demócratas de 2028— vincula la admisión de Puerto Rico y D.C. como estados con el potencial de aumentar las delegaciones demócratas en el Congreso, enmarcando el estatus de la isla como una pieza en el balance de poder legislativo federal.

El planteamiento de Harris surgió al día siguiente de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Luisiana versus Callais, que dificulta demostrar discriminación racial en redistribuciones de distritos electorales estatales. Como candidata presidencial, Harris se había limitado a respaldar en términos generales la libre determinación de Puerto Rico.

El representante penepé Ángel Morey radicó el Proyecto de la Cámara 1265, que impondría sanciones a entidades que reciben fondos públicos y alteren los himnos nacionales oficiales en sus eventos. La medida surge a casi dos meses de la controversia generada cuando la cantante RaiNao interpretó la versión revolucionaria de 'La Borinqueña' —letra de Lola Rodríguez de Tió— durante un partido del Baloncesto Superior Nacional.

De aprobarse, cualquier organización que reciba contratos, donativos o subvenciones del gobierno quedaría expuesta a penalidades si modifica la letra o interpretación oficial de los himnos en sus actividades, lo que afectaría tanto a entidades deportivas como culturales que dependen de fondos públicos.

La 'Ley del Himno del Estado Libre Asociado' (Ley 2 de 1952) ya establece que los himnos de Puerto Rico y Estados Unidos deben ejecutarse con su música original en actos públicos y ceremonias oficiales, pero el proyecto busca extender consecuencias formales a entidades financiadas con fondos del erario.

La revista En Rojo publicó el 13 de mayo de 2026 un ensayo que analiza el pensamiento político y religioso de Pedro Albizu Campos, su uso del catolicismo ortodoxo como estrategia anticolonial y la represión sistemática que ejerció el Estado colonial y federal contra el movimiento nacionalista.

El texto articula cómo la vigilancia estatal, la criminalización del independentismo y la coordinación entre el gobierno local y agencias federales configuraron un patrón de represión política que dejó marca duradera en la historia puertorriqueña.

Investigadores como César J. Ayala, Ivonne Acosta y Mario Cancel Sepúlveda han documentado ese patrón represivo; el ensayo sitúa a Albizu en el cruce entre el catolicismo irlandés anticolonial que conoció en Massachusetts, la Masacre de Río Piedras de 1935 y la represión que se intensificó en 1950 en Jayuya, Utuado y otros municipios.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño Denis Márquez publicó una columna argumentando que el conflicto en Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz desde el 2 de marzo de 2026 han afectado las cadenas de suministro de alimentos, materias primas y bienes manufacturados en Puerto Rico.

Según la columna, las disrupciones en las cadenas de suministro globales se sienten en empresas y consumidores puertorriqueños, agravadas por el estancamiento de la política de energía renovable en la isla.

El Estrecho de Ormuz es paso obligado para una porción significativa del comercio global de petróleo y gas natural; su cierre desde el 2 de marzo de 2026 ha generado inestabilidad en mercados de combustible y suministros a nivel mundial.

Un análisis publicado en Claridad aplica los marcos teóricos de la economista puertorriqueña Maribel Aponte —el nuevo regionalismo estratégico y las cadenas globales de valor— para examinar cómo el conflicto armado de 2026 entre Estados Unidos, Irán e Israel en torno al Estrecho de Ormuz y el Bab el-Mandeb afecta rutas energéticas globales. El texto argumenta que Puerto Rico, por su posición geográfica entre América del Norte, América del Sur y Europa, desaprovecha esa ventaja estratégica debido a su condición colonial y a las restricciones de las leyes de cabotaje.

Las leyes de cabotaje, al imponer condiciones regulatorias federales sobre el transporte marítimo desde y hacia Puerto Rico, impiden que la isla participe soberanamente en actividades de intermediación logística —almacenamiento, refinación, redistribución y servicios portuarios— que generan valor y empleo en economías con posición geográfica comparable.

El debate sobre el impacto económico de las leyes de cabotaje en Puerto Rico —particularmente la Ley Jones— ha sido recurrente en discusiones sobre el costo de vida y el desarrollo económico de la isla; este análisis lo enmarca desde la geopolítica energética y la teoría de cadenas globales de valor desarrollada por Aponte.

La revista En Rojo publicó el 13 de mayo de 2026 un ensayo que examina cómo Pedro Albizu Campos utilizó el catolicismo ortodoxo como arquitectura moral y estrategia anticolonial, y cómo el Estado respondió con vigilancia sistemática, criminalización y represión.

El texto articula un debate historiográfico sobre por qué Albizu no ha encajado en las tradiciones interpretativas dominantes —liberal, marxista ni posmodernista— lo que afecta cómo Puerto Rico comprende y narra su propio movimiento independentista.

Investigadores como Mario Cancel Sepúlveda, César J. Ayala e Ivonne Acosta han documentado la coordinación entre el gobierno local y agencias federales para desarticular el independentismo; el ensayo sitúa esa represión dentro de un patrón que se agudizó desde la masacre de Río Piedras en 1935 hasta los eventos de Jayuya y Utuado en 1950.

La revista En Rojo publicó un ensayo analítico sobre Pedro Albizu Campos que traza la intersección entre su catolicismo ortodoxo, su proyecto nacionalista y la represión sistemática del Estado colonial, apoyándose en investigadores como Mario Cancel Sepúlveda, Miguel Ángel Rubero Reyes y César J. Ayala.

El texto articula cómo la vigilancia federal y la criminalización del independentismo —coordinadas entre el gobierno local y agencias federales— establecieron un patrón represivo que marcó décadas de vida política puertorriqueña.

Desde la invasión de 1898, la religión y el nacionalismo han funcionado como terrenos en disputa en Puerto Rico; historiadores como Nélida Agosto Cintrón y Gordon K. Lewis han documentado cómo tanto la Iglesia como el Estado colonial usaron esas tensiones para sus propios fines, contexto en el que se inscribe la trayectoria de Albizu.

El congresista republicano Tom McClintock, de California, considera impulsar un estudio que defina cómo funcionaría un Puerto Rico independiente, mientras mantiene bajo análisis presentar un proyecto de ley sobre el estatus político del archipiélago.

La iniciativa podría abrir un nuevo frente legislativo federal en el debate sobre el estatus, añadiendo la independencia como opción concreta en discusiones del Congreso.

El Congreso federal ha considerado en años recientes distintos proyectos sobre el estatus de Puerto Rico, sin que ninguno haya avanzado hasta convertirse en ley.

El sociólogo Emilio Pantojas publicó un análisis en la revista del Instituto de Pequeños Estados y Territorios de la Universidad de Malta en el que concluye que la 'cuestión del status' de Puerto Rico está en un 'punto muerto' y que los siete plebiscitos celebrados hasta la fecha no han producido un mandato claro a favor de la estadidad.

La ausencia de un mandato reconocido debilita los argumentos ante el Congreso federal a favor de resolver el estatus de la isla, dejando el asunto en un impasse político sin salida legislativa evidente.

Puerto Rico ha celebrado múltiples consultas de estatus a lo largo de las décadas, ninguna de las cuales ha sido vinculante ni reconocida formalmente por el Congreso, que retiene la autoridad constitucional sobre el territorio.

El 30 de abril, el presidente Donald Trump declaró ante periodistas en la Casa Blanca que convertir a Puerto Rico y Washington D.C. en estados forma parte de 'las cosas nefastas' que harían los demócratas si eliminan la regla del filibusterismo en el Senado federal.

Con sus declaraciones, Trump refuerza su postura de oposición a la estadidad para Puerto Rico, argumentando que sumaría cuatro senadores demócratas y desequilibraría el poder político del partido republicano a largo plazo.

Trump ha vinculado en ocasiones previas la estadidad puertorriqueña a ventajas electorales demócratas; sus comentarios ocurrieron al margen de la firma de una orden ejecutiva sobre cuentas de ahorro para retiro, no en un foro dedicado al estatus de Puerto Rico.

El grupo Juventud Unida por la Independencia (JUPI), fundado en 2024, ha ganado visibilidad al conectar la lucha por la soberanía de Puerto Rico con el desplazamiento que enfrentan comunidades puertorriqueñas en el exterior, incluyendo una manifestación el 21 de abril de 2025 en Manhattan contra el proyecto hotelero Esencia en Cabo Rojo. El movimiento ha cobrado fuerza entre jóvenes de la diáspora que señalan la respuesta federal al huracán María en 2017, la gentrificación y el deterioro de la red eléctrica como detonantes.

Una encuesta de El Nuevo Día en 2024 mostró por primera vez que el apoyo al estatus de soberanía empató con el de estadidad en un 44% cada uno; además, en las elecciones gubernamentales de 2024 el partido independentista obtuvo el 30.7% de los votos, más del doble que en 2020 cuando recibió el 13.5%. Según la Administración de Información de Energía de EE. UU., entre 2021 y 2024 los residentes de Puerto Rico perdieron electricidad un promedio de 27 horas al año bajo LUMA.

Puerto Rico pasó a control estadounidense en 1898 y adquirió estatus de Estado Libre Asociado en 1952; sus residentes tienen ciudadanía estadounidense pero no pueden votar en elecciones presidenciales ni tienen representación en el Senado federal. El movimiento independentista tiene raíces en el Grito de Lares de 1868, pero investigadores atribuyen al fracaso en la respuesta federal tras el huracán María —que dejó 2,975 muertes según el conteo oficial y hasta 255,000 residentes que migraron al continente en los dos años siguientes— el resurgimiento reciente del interés en la soberanía.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico anunció la semana anterior al 29 de abril de 2026 que los ejercicios bélicos del Ejército de Estados Unidos en los aeropuertos de Ponce y Aguadilla serán concentrados en la antigua base naval de Roosevelt Roads en Ceiba. La medida se produce en medio de un aumento de presencia militar en la isla desde mediados de 2025.

La consolidación de operaciones en Roosevelt Roads —cerrada oficialmente en 2004— señala una reactivación de facto de instalaciones que el gobierno federal se reservó el derecho de reutilizar bajo un Memorándum de Entendimiento con el Gobierno de Puerto Rico. Organizaciones como Madres Contra la Guerra advierten sobre contaminación documentada dentro de la base, incluyendo vertederos, zonas de combustibles y residuos peligrosos cuya limpieza ha sido lenta.

Desde la base Roosevelt Roads se coordinó en enero de 2026 la operación vinculada al traslado forzoso del presidente venezolano Nicolás Maduro, y en agosto de 2023 se entrenó allí a pilotos ucranianos. El presidente Trump ha propuesto aumentar el presupuesto del Departamento de Guerra de $964 mil millones a $1.5 billones, un incremento de casi 50 %, lo que analistas como el doctor Carlos Severino Valdés vinculan a una espiral armamentista de alcance global.

El 18 de abril de 2026, durante el 51 Festival de Claridad, el Comité Ejecutivo del periódico Claridad reconoció el sexagésimo aniversario de la Misión de Puerto Rico en Cuba, fundada el 8 de marzo de 1966 por Juan Mari Brás y el gobierno cubano. El reconocimiento fue dirigido al delegado Edwin González, quien lleva más de treinta años al frente de la Misión, y al Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), organización responsable de su operación.

La Misión funciona como el único canal de representación no deportiva de Puerto Rico ante otro gobierno, sosteniendo vínculos diplomáticos informales, intercambios culturales y gestiones internacionales que el estatus colonial impide por vías oficiales.

La Misión fue establecida siete años después del triunfo de la Revolución Cubana, con el acuerdo entre Juan Mari Brás —entonces dirigente del Movimiento Pro Independencia (MPI)— y Fidel Castro; su sede ha sido facilitada por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) desde su fundación.