Economía y trabajo

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que FEMA obligó $81,903,943.10 para 59 proyectos de recuperación y reconstrucción durante la semana del 24 al 31 de agosto de 2026. Las asignaciones más grandes corresponden a $20.5 millones para el Edificio Prudencio Rivera Martínez, sede del Departamento del Trabajo, y $10.6 millones para la reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas.

Los fondos impactan infraestructura esencial en múltiples municipios, incluyendo carreteras, puentes, la red eléctrica, instalaciones deportivas y edificios universitarios.

Puerto Rico continúa en proceso de recuperación posdesastre, con fondos federales que se aprueban por etapas para atender daños a infraestructura pública en municipios y agencias del gobierno.

El 31 de agosto de 2026, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, afirmó que no renunciará al cargo tras la reunión semanal del Comité de Sequía en La Fortaleza, y rechazó que la corporación haya incumplido los acuerdos judiciales vigentes con el Municipio de San Juan. La semana anterior, el Municipio regresó al Tribunal de Primera Instancia luego de que la AAA no entregara información sobre la operación del servicio de agua en la capital, según lo exigía el acuerdo supervisado por el juez Anthony Cuevas.

El conflicto judicial entre la AAA y el Municipio de San Juan escala en medio de una crisis de sequía activa, con el embalse de Carraízo bajo racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto de 2026 y La Plata en ajustes operacionales, lo que somete a presión simultánea a cientos de miles de abonados en la zona este y metro.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha denunciado públicamente la gestión de la alta gerencia de la AAA y el juez Anthony Cuevas advirtió el 28 de agosto que no toleraría nuevos incumplimientos al acuerdo judicial; González Delgado señaló que actúa bajo instrucciones específicas de la gobernadora Jenniffer González para manejar la emergencia.

Pentaq Manufacturing Corp. anunció la expansión de sus operaciones en Sábana Grande tras obtener un contrato federal de más de $41 millones —con vigencia de cinco años— para producir piezas de uniformes de combate para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Como parte de la expansión, Pridco le concedió una instalación industrial de 5,785 pies cuadrados en el barrio Rayo Guaras, lo que generará unos 50 empleos nuevos en el municipio.

El contrato federal posiciona a Pentaq como suplidor activo de defensa desde Puerto Rico por los próximos cinco años, con un valor que supera los $41 millones; los 50 empleos proyectados representan un aumento directo en la base laboral de Sábana Grande.

Pentaq es inquilino de Pridco desde abril de 2004 y ya operaba varias propiedades industriales en Sábana Grande; la nueva instalación, que estuvo vacante aproximadamente tres meses antes de este acuerdo, se suma a esa red. Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de Pridco, destacó que la empresa lleva más de 20 años apostando al municipio y al mercado de manufactura especializada.

El secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, defendió el domingo 30 de agosto de 2026 la presentación de Puerto Rico ante inversionistas en Nueva York, encabezada por la gobernadora Jenniffer González Colón, asegurando que los empresarios contactados no expresaron preocupaciones sobre las controversias con LUMA Energy ni con Power Expectations. Como parte de los anuncios vinculados a la gira, Abbott ampliará su planta en Arecibo con una inversión de aproximadamente $3.2 millones para manufacturar dispositivos médicos cardiovasculares y crear más de 60 empleos.

La expansión de Abbott incluye incentivos del DDEC por más de $1 millón y se enmarca en el argumento oficial de que la manufactura representa entre el 44% y el 46% del PIB de Puerto Rico, sector que el gobierno usa como ancla para atraer inversión extranjera.

La gira de inversión coincide con un momento de incertidumbre energética en la isla: hay una posible anulación de la extensión del contrato de LUMA Energy y la cancelación del contrato de energía temporera con Power Expectations, factores que la prensa señaló como posibles disuasivos para inversionistas.

El 30 de agosto de 2026, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reinauguró el parque Dr. José Narciso Gándara Cartagena en Hato Rey tras una rehabilitación de $8,095,782.27 que incluyó canchas de pickleball, gimnasio al aire libre, 51 postes de iluminación, cinco torres de emergencia con cámaras y mejoras de drenaje pluvial.

El proyecto devuelve a las comunidades del área un espacio público de 1.8 hectáreas con mayor seguridad, accesibilidad y capacidad ambiental; se proyecta una mejoría de 150% en la absorción de bióxido de carbono a mediano y largo plazo.

Desarrollado en la década de 1950 como parte de la Urbanización Huyke, el parque acumuló deterioro en caminos, drenaje y accesibilidad; en 2022 fue seleccionado para revitalización mediante un proceso participativo entre el Municipio de San Juan, CODEFIN y el grupo comunitario Amigos del Parque Gándara.

El Índice de Actividad Económica (IAE) de Puerto Rico registró en julio de 2026 una caída interanual de 0.3%, situándose en 127.7, el sexto descenso consecutivo, completando así tres trimestres seguidos a la baja que abarcan el último trimestre de 2025 y los primeros dos de 2026.

El IAE es el indicador más oportuno del desempeño económico de la isla, dado que Puerto Rico no publica lecturas trimestrales del PIB; seis meses de caídas sostenidas señalan una pérdida de impulso que podría acercarse a una contracción técnica.

El año fiscal 2026 cerró con una caída anual del IAE de 0.4%, la segunda consecutiva, después de cuatro años al alza; previamente, el único retroceso comparable en un lustro había ocurrido en 2020 con una baja de 2.6% atribuida a la pandemia.

En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor en Puerto Rico registró 143.805, un alza de 0.1% frente a junio de 2026 y de 4% respecto a julio de 2025, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El costo de la transportación privada bajó 0.9% de mes a mes, impulsado por una reducción de 5% en el precio del combustible.

Aunque el alivio en gasolina ofrece un respiro puntual a los consumidores, la transportación acumula un aumento de 10.1% en términos interanuales, y los alimentos subieron 2.4% en el mismo período, presionando el presupuesto de los hogares.

El IPC de Puerto Rico lo publica periódicamente el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como indicador oficial del costo de vida en la isla; las categorías de alimentos y transportación pesan de manera desproporcionada en las familias de ingresos bajos y medios.

Un estudio independiente de Blue Morpho Firm titulado 'Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico', presentado en la Asamblea Anual de Socios de Circuito Cooperativo, encontró que el 74% de los participantes mantiene sus servicios financieros en bancos comerciales, mientras que solo el 21% los tiene en cooperativas de ahorro y crédito. La investigación incluyó 253 entrevistas en siete regiones y representación de 55 municipios.

El estudio identifica una brecha de penetración que el sector cooperativo busca cerrar desarrollando productos y estrategias alineados con las necesidades reales del consumidor; los resultados muestran además que las cooperativas superan a los bancos comerciales en algunos mercados del sur, oeste y la montaña, lo que sugiere que el mercado financiero puertorriqueño no puede tratarse como un universo homogéneo.

El estudio fue concebido para convertir el conocimiento directo del consumidor en inteligencia accionable para el sector cooperativo, y fue presentado ante presidentes de cooperativas y líderes cooperativistas en la Asamblea Anual de Socios de Circuito Cooperativo. La investigación abarcó el 71% de los 78 municipios de Puerto Rico y tiene un nivel de confianza del 95% con un margen de error de más o menos 6.2%.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, envió una carta el jueves 28 de agosto al congresista republicano por Arizona Paul Gosar pidiéndole reconsiderar su solicitud a la Junta de Control Fiscal para impugnar la Ley 215 de 2024, que regula los arbitrios municipales de construcción. Gosar había escrito el 18 de agosto al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, argumentando que la ley aumenta el costo de las obras y desvía dinero destinado a la reconstrucción.

Eliminar los arbitrios reduciría ingresos que los municipios usan para carreteras, emergencias, manejo de desperdicios, inspecciones y seguridad. Hernández Rodríguez argumentó que cualquier exención contributiva para proyectos con fondos federales debe aprobarse mediante legislación del Congreso, no por vía de PROMESA ni de la Junta.

La Junta de Control Fiscal tiene autoridad bajo PROMESA para impugnar leyes fiscales de Puerto Rico que estime incompatibles con el plan fiscal; Gosar citó una comunicación de la propia Junta de diciembre de 2025 como respaldo para su solicitud, y sostuvo que la legislación pone en riesgo cerca de 4,000 millones de dólares en fondos federales. La Junta tiene plazo hasta el 15 de septiembre para responder cuatro preguntas planteadas por el congresista.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico aprobó unánimemente el 20 de agosto de 2026 una resolución que rechaza el proyecto Esencia en Cabo Rojo, concluyendo que sus beneficios públicos no compensan "los costos y riesgos" al erario y las comunidades del municipio. La organización señaló que los empleos que generaría —en hotelería, limpieza y servicios de alimentos— suelen pagar cerca del salario mínimo y carecen de garantías de beneficios marginales.

La Asociación advierte que Esencia —que ofrecería residencias de lujo entre $2 millones y $20 millones— agravaría el desplazamiento de comunidades en Cabo Rojo y fomentaría una economía de enclave con vínculos limitados con la actividad productiva local, sumándose al escrutinio sobre un proyecto al que Turismo ya autorizó más de $497 millones en créditos contributivos y que carece de infraestructura pública de agua suficiente según la AAA y la AEE.

El proyecto, propuesto por Three Rules Capital y Reuben Brothers, acumula cuestionamientos desde varios frentes: el senador del PIP Adrián González Costa impugnó la concesión de créditos contributivos, y el 27 de agosto de 2026 la AAA y la AEE reconocieron ante el Senado que no tienen capacidad para suplir la demanda de agua del desarrollo.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunció su respaldo a la Immersive Technology for the American Workforce Act (H.R. 6968) durante GAMERGYPR 2026, convención celebrada el 29 de agosto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan. La legislación federal asignaría $50 millones anuales para desarrollo laboral en gaming y tecnologías inmersivas.

El proyecto conecta fondos federales de adiestramiento laboral con una industria que, según la Entertainment Software Association, genera más de 250,000 empleos y aporta más de $65,000 millones a la economía estadounidense; Puerto Rico buscaría capitalizarse en ese mercado para retener jóvenes y estimular desarrollo económico.

H.R. 6968 es impulsada en el Congreso por los representantes John Mannion de Nueva York y Gabe Evans de Colorado, con apoyo de organizaciones como Jobs for the Future, la National Association of Workforce Boards y la XR Association; GAMERGYPR 2026 congregó entre 5,000 y 7,000 asistentes.

Tres corporaciones y dos individuos que eran acreedores del Banco de Desarrollo Económico (BDE) demandaron al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, sus miembros, su consejero legal y al bufete Proskauer Rose LLC, alegando que la venta de su cartera de préstamos a una entidad privada constituyó un acuerdo ilegal. La demanda, sometida en el Tribunal de Primera Instancia, pide que los integrantes de la JCF respondan personalmente por daños, sin protección de inmunidad.

Sería la primera reclamación contra la JCF por daños con pretensión de responsabilidad personal contra sus miembros, lo que podría sentar un precedente sobre los límites de la inmunidad del ente fiscal. El contrato cuestionado ascendió a $384 millones y fue firmado en septiembre de 2018.

La venta de la cartera de préstamos del BDE a PR Recovery and Development JV, LLC y PR Recovery and Development REO, LLC ya había generado litigios previos, incluyendo señalamientos de conflicto de interés contra el bufete O'Neill & Borges ante la jueza federal Laura Taylor Swain, y un pleito local en el que el propio BDE alega que el contrato fue nulo.

El secretario de Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, declaró el 28 de agosto desde Ponce que la crisis de agua potable no ha causado retrasos en los proyectos de reconstrucción, y destacó 268 obras municipales activas bajo el programa City-Rev con $1,298 millones en fondos federales CDBG-DR. A la convención celebrada para atender esas obras asistieron solo 34 de los 78 alcaldes del país.

Los $1,298 millones en fondos federales están destinados a revitalizar comunidades afectadas por los huracanes Irma y María, y la baja asistencia de alcaldes —incluyendo los de pueblos afectados por la sequía— plantea interrogantes sobre la coordinación entre el gobierno central y los municipios.

El programa City-Rev canaliza fondos CDBG-DR del gobierno federal para rehabilitar los 78 municipios tras los huracanes de 2017; los ayuntamientos reportan dudas frecuentes sobre trámites ambientales, subastas y cumplimiento financiero que pueden ralentizar los desembolsos.

El 28 de agosto de 2026, la comisionada de Instituciones Financieras Mónica Rodríguez Villa alertó sobre nuevos esquemas de fraude dirigidos a personas que ya habían sido víctimas de inversiones cibernéticas falsas, entre ellos la Fundación Amira, suplantadores de FINRA vinculados al esquema EarnStock, y una persona que se hace pasar por agente del FBI.

Los fraudes apuntan a un grupo especialmente vulnerable —quienes ya perdieron dinero— prometiéndoles recuperación de fondos a cambio de pagos mediante tarjetas prepagadas o entrega de documentos personales, lo que puede resultar en pérdidas adicionales y robo de identidad.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha documentado previamente esquemas de inversiones cibernéticas como EarnStock e Investio; estos nuevos fraudes explotan esa base de víctimas ya identificadas, suplantando a la propia OCIF, a FINRA y al FBI para dar apariencia de legitimidad.

Durante la semana del 25 de agosto de 2026, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó visitas de fiscalización a supermercados, hospederías y establecimientos comerciales, y el miércoles 26 de agosto inspeccionó cinco comercios y verificó trece balanzas en el Mercado Familiar del Coliseo Antonio R. Barceló en Toa Baja.

La mayoría de los comercios mostró cumplimiento con las normas de rotulación y precios; las básculas rechazadas estaban descalibradas en contra del comerciante, por lo que no representaron perjuicio económico para los consumidores.

El DACO realiza rondas periódicas de fiscalización en comercios para garantizar que los consumidores reciban información clara sobre precios y métodos de pago conforme a las disposiciones de protección al consumidor.

La Oficina de la Contralora publicó una auditoría que identificó pagos en exceso de $355,873 a un suplidor del Colegio Universitario de San Juan por compras de computadoras y equipos tecnológicos, sin que se formalizaran las enmiendas contractuales requeridas antes del vencimiento de los contratos. El período auditado abarcó del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2025.

Los dos contratos originales totalizaban apenas $200, lo que significa que los desembolsos superaron por más de mil veces las cuantías autorizadas; la contralora Carmen Vega Fournier confirmó que las transacciones se realizaron sin los controles contractuales obligatorios.

El Colegio Universitario de San Juan es una institución de educación superior adscrita al Municipio de San Juan, que cambió de nombre en 2026; las auditorías de la Contralora son el principal mecanismo de fiscalización de fondos públicos municipales en Puerto Rico.

El Gobierno de Puerto Rico transfirió $1,796,648.19 en fondos estatales al Municipio de Santa Isabel para rehabilitar 2.4 kilómetros de la carretera PR-161, vía que no se repavimentaba desde 1996. Los trabajos, parte de una asignación de $94 millones, cubren desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 2.4.

La PR-161 es utilizada por aproximadamente 8,700 vehículos diariamente, incluyendo transporte agrícola, y conecta barrios clave del municipio; el deterioro acumulado durante tres décadas representaba un riesgo de seguridad vial para residentes y agricultores.

Los fondos provienen de una asignación de $94 millones gestionada por el gobierno central para la repavimentación de carreteras estatales mediante transferencias a municipios; la PR-161 atraviesa el centro de Santa Isabel conectando el barrio Velázquez, barrio La Playa, el casco urbano, la barriada Felicia, barrio Paso Seco y barrio Jauca.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. inició el proceso de reglamentación para exigir licencias a toda plataforma que emita, venda o facilite pagos con stablecoins, según lo requiere la sección 3 de la Ley Genius, aprobada el 18 de julio de 2025. Los atrasos en el proceso regulatorio hacen posible que la fecha de activación de la ley, fijada para enero de 2027, tenga que ser pospuesta.

Las nuevas reglas impondrían multas de hasta $1 millón o cárcel de hasta cinco años a quienes emitan stablecoins sin licencia, y prohibirían a las plataformas certificadas ofrecer stablecoins emitidas en el extranjero. La banca tradicional, a través del Instituto de Política Bancaria, apoyó la propuesta; el sector DeFi aún tiene interrogantes.

La Ley Genius fue la primera legislación de la administración del presidente Donald Trump dirigida a regular criptomonedas, con foco en crear un marco para pagos con stablecoins. Las agencias federales tenían un año desde su aprobación para implementar la regulación necesaria, plazo que ya venció sin que el proceso haya concluido.

La Asociación de Navieros de Puerto Rico expresó su agradecimiento a la gobernadora Jenniffer González y al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, por la derogación definitiva del Reglamento Núm. 8837, que establecía el Scanning Fee sobre el movimiento de contenedores de carga en los puertos de la isla.

El sector naviero sostiene que la eliminación del cargo representa un alivio para toda la cadena de distribución al remover un costo adicional que, a juicio de la industria, no produjo los resultados esperados, y que su derogación fortalece la competitividad comercial de Puerto Rico.

La derogación del reglamento se da en conjunto con la Ley 126-2026 firmada en julio de 2026, medidas que eliminan el respaldo legal del contrato con S2 Services Puerto Rico —empresa que, según la Oficina del Contralor, cobraba por el 100% de los furgones independientemente de si eran inspeccionados— y cuyo contrato la Autoridad de los Puertos canceló en agosto de 2025.

CSL Plasma Puerto Rico inauguró centros de recolección de plasma en El Cantón Mall en Bayamón y en Plaza Centro Mall en Caguas, elevando a seis su total de instalaciones en la isla tras una inversión de $30 millones.

La expansión suma entre 48 y 54 camas por centro para donaciones y forma parte de un crecimiento que ha generado 200 empleos en la isla desde la apertura del primer centro en Ponce en diciembre de 2023.

CSL Plasma inició operaciones en Puerto Rico con un centro en Ponce, seguido de instalaciones en Loíza, Toa Baja y San Juan; la empresa, subsidiaria de CSL Behring y filial de CSL Limited con sede en Australia, opera más de 330 centros en Estados Unidos y Europa.

El 27 de agosto de 2026, Abbott Laboratories anunció una inversión de $3.2 millones en su planta de Arecibo para incorporar la manufactura de una nueva generación de marcapasos inalámbricos y crear 60 empleos. El DDEC otorgó $1.0 millón en incentivos para maquinaria, equipo y creación de empleo.

La expansión añade capacidad productiva en un sector de alta especialización y genera empleos directos en Arecibo; los dispositivos manufacturados —marcapasos que eliminan la necesidad de cables— se distribuyen a mercados globales.

Abbott opera en Puerto Rico hace más de 80 años, con instalaciones en San Juan, Arecibo, Barceloneta y Caguas, y emplea actualmente a 1,400 personas en la isla.

La gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, anunciaron la disponibilidad de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) de la SBA para pequeños negocios, cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura y organizaciones sin fines de lucro en los 26 municipios incluidos en la declaración federal de sequía. Los fondos pueden usarse como capital de trabajo para cubrir gastos operacionales que no hayan podido atenderse a causa del desastre.

La asistencia amplía el alcance de la respuesta federal más allá del sector agrícola hacia el tejido comercial y sin fines de lucro de comunidades como Ponce, Coamo, Salinas y otros 23 municipios, ofreciendo una vía de liquidez a negocios cuyas operaciones han sido afectadas económicamente por la sequía.

La declaración de desastre por sequía del USDA —que cubre 26 de los 78 municipios de la isla, donde el 62% del territorio sufre sequía severa y el 33% alcanza nivel extremo— fue emitida a petición de la gobernadora González Colón y ya había abierto acceso a programas de la Farm Service Agency para agricultores; el anuncio de hoy extiende esa cobertura mediante el programa EIDL de la SBA.

El 27 de agosto de 2026, el Departamento de Hacienda informó ante el Tribunal de Primera Instancia que iniciará un nuevo proceso competitivo para seleccionar su agencia de publicidad, solicitando la desestimación por academicidad de la demanda de Digimedia; la jueza Katarina Stipec Rubio apercibió al abogado de Hacienda, Carlos Sagardía Abreu, por haber hecho 'representaciones incorrectas' sobre el expediente judicial en tres ocasiones. Se acordó además que el secretario Ángel Pantoja Rodríguez será deponido, aunque su abogado anticipó que limitará el alcance de las preguntas invocando 'privilegios' sobre asuntos deliberativos.

El contrato cuestionado fue adjudicado a Veintinueve de Febrero —agencia que llevó la campaña de la gobernadora Jenniffer González— pese a que Digimedia obtuvo la puntuación más alta del comité evaluador; los contratos de Digimedia con Hacienda superaron los $47 millones entre 2019 y 2025. La Junta de Control Fiscal condicionó la renovación a 90 días —hasta el 30 de septiembre— y advirtió que la elección de Veintinueve de Febrero 'plantea serias preocupaciones de transparencia', señalando además que el manual de adjudicación fue modificado sustancialmente el mismo día en que se emitió la solicitud de propuestas.

Digimedia demandó a Hacienda tras perder un contrato que sostuvo por varios años; en enero el TPI rechazó una primera moción de desestimación al determinar que Hacienda debió notificarle formalmente la adjudicación, controversia que está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones. El CPI reveló el año pasado que Hacienda le encargaba a Digimedia coordinación de eventos y compra de materiales promocionales con un sobrecargo de 15% en comisiones, gestiones que Hacienda podía hacer directamente.

El expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal David Skeel calificó de "insinuaciones dudosas" un artículo de opinión del exgobernador Luis Fortuño, quien respaldó la decisión del presidente Donald Trump de destituir a tres de los cuatro miembros actuales del ente y cuestionó la capacidad de la jefatura de la JSF para manejar la reestructuración de la deuda de la AEE.

La controversia sobre las destituciones sigue pendiente en el Tribunal Federal de San Juan y ocurre en medio de presiones de bonistas y activistas conservadores sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, con implicaciones directas para las finanzas de Puerto Rico.

Fortuño, socio y cabildero de la firma Reed Smith, criticó en particular al presidente del ente fiscal Arthur González —uno de los miembros que Trump busca destituir— y al propio Skeel, argumentando que carecen de experiencia práctica en empresas de servicios públicos; también pidió a funcionarios de Puerto Rico que insten a Trump a llenar las tres vacantes existentes en la JSF con nombramientos republicanos.

Boston Scientific Corporation reportó ante la SEC que el martes identificó un incidente de ciberseguridad que afectó sistemas críticos de tecnología de información, limitando su capacidad para procesar y enviar pedidos de clientes a nivel global.

La compañía, que lleva 35 años operando en Dorado y emplea a más de 500 personas en Puerto Rico, aún no puede precisar cuándo se normalizarán sus operaciones ni si el impacto financiero será materialmente significativo.

Boston Scientific es uno de los principales fabricantes de dispositivos médicos en Estados Unidos; su planta en Dorado forma parte del sector de manufactura médica que es pilar central de la economía de Puerto Rico.

Un total de 254 personas y empresas han solicitado el Incentivo Mano Amiga, programa creado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico para apoyar a negocios turísticos afectados por la sequía y las interrupciones programadas del servicio de agua.

El programa ofrece hasta $10,000 por solicitud, lo que representa un alivio económico directo para cientos de negocios del sector turístico golpeados por la falta de agua.

Puerto Rico ha enfrentado una sequía que ha obligado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a implementar interrupciones programadas del servicio, afectando tanto a residentes como a empresas del sector turístico.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó una auditoría a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico —que cubre del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025— con tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales sobre contratación, propiedad pública y gobernanza. Entre las irregularidades figuran pagos indebidos de $8,049 a un contratista cuyos fondos estaban agotados, un contrato de $348,333 más enmienda de $140,000 otorgado a una corporación foránea no registrada en el Registro Único de Proveedores, y discrepancias de inventario que suman millones de dólares.

Las fallas afectan a la entidad que administra las pensiones de empleados del gobierno; las discrepancias de inventario involucran 1,199 unidades por $2.6 millones sin registrar en Hacienda y 894 unidades por $4.1 millones eliminadas internamente que permanecen sin actualizar en el sistema oficial.

La Junta de Retiro del Gobierno maneja los fondos de retiro de miles de empleados públicos en un contexto donde el sistema de pensiones de Puerto Rico acumula décadas de tensiones fiscales y reformas inconclusas.

Walmart Puerto Rico anunció una nueva edición de su programa Open Call PR, que conecta empresarios locales con compradores de la cadena para colocar productos manufacturados, elaborados, distribuidos o cosechados en la Isla. Las solicitudes se reciben entre el 24 de agosto y el 2 de octubre de 2026, con un evento presencial pautado para el 14 y 15 de octubre en Canóvanas.

El programa busca sustituir productos importados con alternativas locales, lo que puede representar contratos directos con una de las cadenas de distribución más grandes de Puerto Rico para productores y manufactureros de la Isla.

Open Call PR es una iniciativa recurrente de Walmart Puerto Rico orientada a integrar suplidores locales a su cadena de abasto, enmarcada en el discurso más amplio de sustitución de importaciones y desarrollo de la industria local.

El Departamento de Salud autorizó el 14 de agosto de 2026 la importación temporal de agua embotellada y hielo por 60 días mediante la Orden Administrativa Núm. OE-2026-64, firmada por el secretario Víctor Ramos Otero; sin embargo, supermercados y productores locales han logrado suplir la demanda sin recurrir a dicha exención.

Que la industria local absorba el aumento en la demanda durante la sequía sin depender de importaciones sugiere una mayor resiliencia en la cadena de abasto de alimentos del país.

La exención fue una respuesta a la sequía que afecta a Puerto Rico, y permite durante 60 días facilitar la distribución de productos esenciales para el consumo humano que normalmente estarían sujetos a restricciones de importación.

La gobernadora Jenniffer González Colón aprovechó la ceremonia de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el martes 26 de agosto para promover a Puerto Rico como destino de inversión, destacando la extensión hasta 2055 de los beneficios de la Ley 60 y una tasa máxima de 4% sobre ciertos intereses, dividendos y ganancias de capital. La actividad no implicó una oferta pública inicial ni emisión de deuda, sino una presentación ante el circuito financiero de Wall Street.

La aparición en el NYSE forma parte de una gira económica más amplia que incluyó presentaciones ante inversionistas privados en Hampton, Nueva York, donde el Gobierno presentó una cartera de 29 proyectos cifrada en $2,618 millones en inversión comprometida y 5,069 nuevos empleos durante los primeros 20 meses de la administración.

La estrategia de González Colón en Nueva York también incluyó el Family Office and Private Wealth Legacy Summit, donde participó el empresario John Paulson, y presentaciones centradas en la capacidad manufacturera de la isla —que representa aproximadamente 44% del PIB— y oportunidades de reshoring como argumentos centrales de atracción de capital.

El alcalde de Añasco, Kabir B. Solares García, informó que el municipio ha invertido más de $25 millones en proyectos de asfalto y carreteras mediante fondos federales, estatales y municipales, incluyendo $4.4 millones asignados recientemente por la gobernadora.

Los proyectos abarcan carreteras municipales y estatales, caminos y barrios completos; Solares García proyecta que los fondos de FEMA designados para Añasco —aún pendientes de desembolso— podrían superar los $50 millones al finalizar el cuatrienio.

Al asumir el cargo, Solares García describió el estado de las carreteras de Añasco como una crisis de infraestructura vial prácticamente en abandono total.

El DTOP y la ACT rechazaron este miércoles, en vista pública de la Comisión de Transportación de la Cámara, la propuesta legislativa de reducir las multas de AutoExpreso de $15 a $5, argumentando que la medida es incompatible con el Plan Fiscal de la ACT, que proyecta $29.6 millones en ingresos por estas infracciones para este año fiscal.

El 38% de las cerca de un millón de transacciones diarias en plazas de peaje corresponden a conductores sin balance suficiente, lo que convierte esas multas en una fuente de ingreso crítica para las operaciones de la ACT y sus compromisos con la Federal Highway Administration.

La ACT anunció a finales de julio que reactivará las multas a partir de octubre de 2026, luego de haberlas suspendido en 2022 tras un ciberataque al operador del sistema; el representante José "Cheíto" Hernández es el autor del proyecto que busca reducirlas.

El representante Jorge "Georgie" Navarro reveló el 26 de agosto de 2026 que solo cuatro de las siete bombas de la represa La Plata son funcionales: una lleva 15 años inoperante, y la tercera y quinta aguardan piezas que aún no han llegado a Puerto Rico. La AAA proyecta instalar una bomba nueva en septiembre de 2026 y otra en febrero de 2027, mientras evalúa reemplazar las siete a un costo estimado de $700,000 cada una, con fondos ya asignados.

La falla de una sola bomba —provocada por una fluctuación de voltaje el jueves anterior— fue suficiente para dejar a ciudadanos sin servicio de agua potable, evidencia de que el sistema carece de redundancia real. Además de las bombas, se ejecuta una obra de $30 millones para instalar generadores eléctricos que garanticen la continuidad del bombeo.

La avería ocurrió cuando el motor de una bomba sufrió desperfectos mecánicos asociados a una fluctuación de voltaje; el componente eléctrico necesario no estaba disponible en Puerto Rico y debió gestionarse con suplidores en Estados Unidos. Tanto Navarro como el representante Víctor Parés Otero coincidieron en que la AAA no ha realizado inversiones significativas en infraestructura durante años.

En julio de 2026, la inflación en Puerto Rico se situó en 4.0%, una moderación respecto al 4.6% registrado en mayo, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el índice mensual subió apenas 0.1% frente a junio.

El combustible sigue siendo el principal motor del alza —la gasolina costaba 26.9% más que en julio de 2025—, aunque lejos del pico de 44% alcanzado en mayo; los alimentos también presionan, con vegetales frescos 18% más caros que hace un año.

La inflación subió con fuerza en mayo por el encarecimiento del petróleo vinculado al cierre del estrecho de Ormuz; en contraste, 2025 cerró con una inflación promedio de 1.5%, la más baja desde 2020.

La Liga de Ciudades de Puerto Rico respondió al Índice de Salud Fiscal Municipal de ABRE Puerto Rico —que clasificó a 22 municipios con desempeño deficiente y a diez como insostenibles en el año fiscal 2024— argumentando que los resultados reflejan la eliminación del Fondo de Equiparación y la centralización de recursos por el Gobierno Central, no una mala administración aislada.

La postura de la Liga desplaza el debate desde la gestión individual de cada alcalde hacia decisiones de política fiscal del Gobierno Central, lo que tiene implicaciones directas para cualquier reforma al sistema de financiamiento municipal.

La directora ejecutiva Cristina Miranda Palacios señaló la contradicción de exigirles más servicios a los municipios mientras se reducen sus recursos; el índice de ABRE Puerto Rico, en su duodécima edición, evaluó 74 ayuntamientos usando 13 indicadores financieros.

El senador demócrata Dick Durbin y el republicano Bill Cassidy presentaron una propuesta bipartidista para garantizar la solvencia del Seguro Social antes de un recorte proyectado del 22% en beneficios, previsto para el año 2032. La medida no impondría soluciones específicas, sino que crearía un proceso formal a través de la Junta Asesora de la Seguridad Social para que el Congreso actúe.

Decenas de millones de beneficiarios del Seguro Social enfrentan una reducción automática de prestaciones si el fondo fiduciario de jubilación no se refuerza antes de 2032; la propuesta busca obligar al Congreso a votar una solución que garantice la solvencia del programa por al menos 50 años.

La solvencia del Seguro Social lleva años siendo identificada como una crisis pendiente en Washington, pero ninguna propuesta formal presentada en esta legislatura ha avanzado significativamente; Durbin y Cassidy, ambos en la recta final de sus carreras en el Senado, la impulsan precisamente por tener poco que perder políticamente.

El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, denunció el 26 de agosto de 2026 que el Departamento de Agricultura adeuda más de $3.2 millones a productores de leche por el subsidio salarial agrícola del año fiscal 2025-2026, y emplazó a la gobernadora Jenniffer González y a las agencias involucradas a agilizar los desembolsos.

Los ganaderos han tenido que costear de su propio bolsillo las nóminas de sus empleados mientras esperan el reembolso, lo que agrava su situación financiera en un momento en que la industria lechera enfrenta altos costos de insumos, sequía y calor extremo.

El subsidio salarial agrícola es un mecanismo del gobierno para apoyar la nómina de las vaquerías; Ferrer Santiago también llamó a ADEA, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda a establecer un mecanismo inmediato para completar los pagos.

El exgobernador Luis Fortuño publicó un artículo de opinión en The Hill respaldando los esfuerzos del presidente Donald Trump para destituir a los tres miembros restantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que impugnaron la autoridad presidencial, y exhortó a los funcionarios electos de Puerto Rico a apoyar que la administración Trump llene las tres vacantes actuales del ente.

La JSF controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, y su composición incide directamente en la resolución de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda ronda los $8,500 millones y cuyas negociaciones con bonistas permanecen estancadas.

En junio de 2026, la JSF elevó su oferta de pago de la deuda de la AEE de $2,600 millones a $3,000 millones, pero un grupo de bonistas liderado por Golden Tree Asset Management la rechazó por exigir el cobro total con intereses, lo que equivaldría a $12,000 millones.

Banco Popular, FirstBank y Oriental registraron ganancias combinadas de $375.4 millones en el segundo trimestre de 2026, un alza de 23.2% frente al mismo periodo de 2025, según datos del FDIC. Es el nivel de ganancias más alto desde 2022.

El crecimiento supera el 20.0% registrado en el primer trimestre de 2026 y refleja una expansión sostenida de la rentabilidad bancaria en la isla; la tasa de morosidad también bajó a 1.85%, señal de menor riesgo crediticio en la cartera.

Banco Popular lideró con $224.0 millones (alza de 25.8%), seguido de FirstBank con $95.3 millones (19.1%) y Oriental con $56.4 millones (14.5%); a nivel nacional, los 4,238 bancos asegurados por el FDIC reportaron ingresos netos de $90,100 millones en el mismo trimestre.

El secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, anunció el 25 de agosto de 2026 la designación de Edmeé Zeidan Cuebas como nueva secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), cargo que estuvo vacante por tres meses.

Zeidan Cuebas asume el liderato de la agencia que regula el sistema de permisos de construcción e inversión en Puerto Rico, un proceso crítico para el desarrollo económico de la isla.

Su predecesor, Norberto Almodóvar Vélez, fue destituido por el exsecretario Sebastián Negrón Reichard luego de que una auditoría interna revelara presuntas presiones indebidas y represalias en un proceso competitivo financiado con fondos federales; el caso está bajo investigación del Panel sobre Fiscal Especial Independiente.

La gerente general de San Juan Cruise Port, Clarivette Díaz, informó que la crisis de agua potable en la zona metropolitana no ha generado ninguna cancelación de visitas de cruceros al puerto de San Juan, y que la reducción de llegadas responde al ciclo normal de temporada baja —de mayo a septiembre.

La temporada alta de cruceros arranca en octubre y se proyecta la llegada de 1,290,000 pasajeros, lo que representa un renglón significativo para la economía turística de la isla en un momento en que la sequía presiona los servicios básicos.

La AAA aplica ajustes operacionales por sequía que han afectado el suministro de agua en la zona metropolitana; pese a ello, esta semana el crucero MSC World America —uno de los más grandes del mundo— se encontraba atracado en la Bahía de San Juan, y la semana pasada cuatro cruceros llegaron en un mismo día.

La administradora de la CFSE, Enid Ortiz Rodríguez, emitió un comunicado el 25 de agosto de 2026 negando que cuente con información que valide la ratificación del voto de huelga, señalando que solo 178 de los 1,219 empleados unionados participaron en la asamblea extraordinaria y que varios empleados le notificaron directamente que no había quórum suficiente. La Corporación reiteró que opera con normalidad y mantiene abiertos los canales de diálogo con la Unión.

La posición oficial de la CFSE pone en entredicho la legitimidad del proceso sindical y prolonga la incertidumbre sobre una posible huelga en la corporación que atiende a trabajadores lesionados en toda la isla; las negociaciones colectivas llevan en curso desde el 11 de febrero de 2026.

La Unión de Empleados de la CFSE había anunciado la ratificación del voto de huelga ante reclamos acumulados —entre ellos el Plan de Clasificación y Retribución, más de 2,400 querellas sin resolver y plazas vacantes— que atribuía a tácticas dilatorias de la administración.

El sistema cibernético del Seguro por Desempleo de Puerto Rico lleva fuera de servicio desde el 17 de agosto mientras se migran los datos hacia una nueva plataforma llamada Desempleo Digital, que entrará en funciones el 1 de septiembre de 2026. La secretaria del Departamento del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, informó en conferencia de prensa en La Fortaleza que durante ese período no hay radicaciones, pagos ni certificaciones disponibles.

Los beneficiarios del Seguro por Desempleo llevan cerca de una semana sin poder reclamar sus pagos, y los patronos también se ven afectados, aunque tienen plazo hasta octubre para entregar su información.

La nueva plataforma Desempleo Digital introduce el pago por depósito directo como método de cobro y requerirá que cada reclamante se registre con correo electrónico y cuenta bancaria; la información del sistema anterior se migrará automáticamente.

Según un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IIPR), el superávit comercial de la isla creció 55.61% en el año fiscal 2026 respecto al año fiscal 2025, al pasar de $4,354 millones a $6,775 millones; el alza se debió principalmente a una caída de 6.03% en las importaciones, no a un aumento en las exportaciones, que en realidad bajaron 1.61%.

El crecimiento del superávit refleja una contracción en la demanda de bienes importados —por valor de $3,396 millones menos— más que una expansión productiva, lo que matiza la lectura positiva del indicador.

El comercio exterior de Puerto Rico sigue concentrado en pocos mercados: Estados Unidos absorbe el 80% del valor exportado ($47,785 millones), seguido a distancia por Bélgica, España, Países Bajos y Brasil, según el IIPR.

El secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres afirmó que Puerto Rico podría recoger unos 100,000 quintales de café por temporada, pero el promedio anual es de 34,000 porque el resto se pierde en el campo por falta de mano de obra. Sobre el impacto de la sequía actual, indicó que el efecto principal se verá en el peso del grano —no en la cantidad— y que expertos proyectan una reducción de hasta un 50%, cifra que se confirmará en noviembre y diciembre.

El dato reencuadra la crisis cafetalera: la pérdida estructural por escasez de jornaleros supera a la causada por fenómenos climáticos, aunque el caficultor José Luis Roig Franceschini advirtió que la sequía podría reducir la cosecha de los 60,000 quintales proyectados para este año a apenas 15,000.

La declaración del secretario se produce mientras está activa la ventana de solicitud de asistencia federal abierta por el Departamento de Agricultura el 23 de agosto de 2026, que orienta a agricultores de 43 municipios hacia programas del USDA, incluyendo préstamos de emergencia activados por los datos del U.S. Drought Monitor.

El 25 de agosto de 2026, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, presentó datos actualizados al 21 de agosto que muestran que ÍntegraPR ha procesado más de $1,300 millones en desembolsos, emitido 6,028 pagos, recibido 10,355 facturas y mantiene 24,955 órdenes de compra activas valoradas en aproximadamente $1,089.7 millones desde el lanzamiento del sistema el 8 de julio de 2026. Burgos Andújar acompañó la presentación con el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero; el director de la OGP, Orlando C. Rivera Berríos; y la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Los datos del Gobierno ofrecen la contrarréplica oficial a las denuncias del PPD sobre fallas operacionales: 5,791 suplidores han recibido al menos un pago mediante la plataforma, aunque la administración reconoce que aún atiende obligaciones pendientes de años anteriores paralelo a los pagos corrientes. Burgos Andújar también señaló que ÍntegraPR coloca a Puerto Rico en mayor cumplimiento con PROMESA al facilitar informes financieros y visibilidad del gasto gubernamental.

Un día antes, el PPD presentó una carta de Deloitte que documentaba que solo el 5.1% de los empleados públicos había sido capacitado al 10 de agosto y que la plataforma acumulaba aproximadamente 2,920 incidencias abiertas en 53 agencias; el Gobierno reconoció que la implementación requiere ajustes y capacitación continua. ÍntegraPR fue diseñada para centralizar las finanzas de más de 60 agencias y sustituir sistemas que operaban de forma separada desde finales de los años noventa.

El 24 de agosto de 2026, la Cámara de Representantes aprobó unánimemente el Proyecto de la Cámara 429, presentado por la representante Lourdes Ramos, que obligaría a promotores y expendedoras de boletos a reembolsar dentro de 15 días la totalidad del precio pagado —incluyendo cargos por servicio e IVU— cuando un espectáculo sea cancelado o suspendido. En la misma sesión también aprobó el Proyecto de la Cámara 1031, que prohibiría el cobro separado de cargos como el 'promoter fee' y el 'venue fee'.

La medida atacaría la práctica de retener el IVU cobrado al consumidor cuando un evento no se realiza, dinero que los promotores pueden recuperar mediante planilla enmendada ante Hacienda pero que actualmente no están obligados a devolver; la legislación permite retener hasta un 3% del valor de la transacción para cubrir cargos financieros irreversibles de tarjetas de crédito, siempre que hayan sido desglosados desde el inicio.

El proyecto surgió a raíz de un caso puntual en que un consumidor perdió $52 en cargos tras la cancelación de un concierto de música urbana; el DACO ya había emitido determinaciones administrativas señalando irregularidades en cómo se imponen cargos adicionales a los consumidores más allá de lo pactado con los artistas.

La gobernadora Jenniffer González Colón participará en eventos en Nueva York para promover a Puerto Rico como destino de inversión ante empresarios e inversionistas del mercado estadounidense.

La administración reporta que en año y medio se alcanzó una tasa de participación laboral de 44.6% —la más alta en 16 años— y se firmaron 29 acuerdos con 27 compañías que generaron 5,069 empleos e inversión privada de $2.6 billones.

La gira se enmarca en la Orden Ejecutiva OE-2025-012, que busca incentivar el regreso de manufactura a la isla (reshoring), y en esfuerzos paralelos de la administración por reducir un atraso de más de 14,000 casos de incentivos acumulados entre 2019 y 2024 y eliminar 107 regulaciones bajo el DDEC.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 24 de agosto de 2026 que FEMA obligó $82,030,179.96 para nueve proyectos de recuperación, incluyendo más de $75.8 millones para infraestructura escolar del Departamento de Educación, entre ellos $53.7 millones para reconstruir desde cero la Escuela República de Costa Rica en Caguas.

La inyección cubre reconstrucción y modernización de escuelas, mejoras a sistemas de acueductos y alcantarillados, obras de drenaje, carreteras e instalaciones recreativas en distintos municipios, representando un avance concreto en la recuperación de infraestructura pública.

Los fondos se canalizan a través del programa FAASt, establecido durante el primer término del presidente Donald Trump, y son administrados localmente por COR3 y PRFAA, entidades creadas para gestionar la recuperación federal tras los desastres que afectaron a Puerto Rico.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, advirtió el lunes que una huelga de la Unión Independiente Auténtica (UIA) tendría consecuencias sobre las operaciones diarias de la corporación durante la emergencia por sequía. González Delgado sostuvo además que el plan de clasificación y retribución en disputa —aprobado por la Junta de Control Fiscal en diciembre de 2025— no constituye una negociación colectiva.

La advertencia llega mientras el sistema enfrenta interrupciones programadas en sectores abastecidos por Carraízo y una sequía en expansión; el Comité de Sequía reconoce que podrían extenderse los periodos sin servicio o aplicarse reducciones de presión si el panorama continúa deteriorándose.

La UIA y la administración de la AAA se encuentran en disputa por el plan de clasificación y retribución de empleados; la corporación sostiene que el plan ya comenzó a implantarse para personal gerencial y otros empleados, y que corresponde también a los trabajadores representados por la unión.

La Asociación de Productores y Profesionales del Entretenimiento de Puerto Rico (APPEP) exigió el 24 de agosto de 2026 que las autoridades apliquen el BOTS Act federal contra quienes usaron sistemas automatizados para acaparar boletos de los conciertos de cierre de gira de Bad Bunny, luego de que PRTicket confirmara que identificó y canceló órdenes vinculadas con bots.

APPEP señala que los consumidores no recuperan el tiempo perdido compitiendo en filas contra bots, y que si las órdenes pudieron rastrearse y cancelarse días después, deben crearse mecanismos para detectarlas en tiempo real.

PRTicket, incapaz de detener la compra automatizada durante la venta original, optó por cancelar las órdenes identificadas como fraudulentas y enviar códigos exclusivos a compradores legítimos que no habían podido adquirir entradas; APPEP lleva meses presentando señalamientos sobre estas vulnerabilidades ante autoridades locales y federales.

La gobernadora Jenniffer González presentó legislación para declarar el Superacueducto —en operación desde hace casi tres décadas— como un "activo crítico estatal", reconociendo una "dependencia estratégica" en la red de 46 millas y años de rezago en su mantenimiento.

La medida colocaría en manos de la AFI —y no de la AAA— un programa de modernización y rehabilitación del sistema, siguiendo la recomendación del asesor de la gobernadora para asuntos del agua, el ingeniero Carlos Pesquera.

El 19 de agosto de 2026, el representante Víctor Parés Méndez ya había presentado el Proyecto de la Cámara 1372 con el mismo enfoque; el presidente de la AAA, Luis González Delgado, había objetado públicamente el traslado de la gestión a AFI, argumentando que el sistema requiere conocimiento especializado en producción, tratamiento y distribución de agua.

La Encuesta de Grupo Trabajador del DTRH correspondiente a julio de 2026 registró un aumento de 12,000 personas en el grupo trabajador y 7,000 personas empleadas, mientras la tasa de desempleo ajustada estacionalmente subió a 6.0%, un alza de 0.2 puntos porcentuales respecto a junio de 2026.

Aunque más personas participan en el mercado laboral, el número de desempleados llegó a 75,000, un incremento de 5,000 personas frente a julio de 2025, lo que indica que la fuerza laboral crece más rápido que la absorción de empleo.

En julio de 2025, la tasa de desempleo se situaba en 5.6% con 70,000 personas desempleadas; el alza acumulada en un año refleja una tendencia de crecimiento en la participación laboral que no ha sido completamente acompañada por la creación de empleos.

El Índice de Fragilidad Financiera del Consumidor (ETI-FFI) cerró el segundo trimestre de 2026 en 42.2 puntos, un alza de 8.5 puntos frente a los 33.7 del trimestre anterior, según Estudios Técnicos, Inc. El índice se mantiene dentro de la banda de fragilidad moderada.

Los seis componentes del índice se deterioraron simultáneamente: la tasa de desempleo subió a 5.80%, la delincuencia en préstamos de consumo alcanzó 3.07%, el ingreso real cayó a $24,516 y la tasa promedio de interés en tarjetas de crédito permanece en 20.94%, señales de una creciente estrechez en la capacidad de pago de los hogares.

El primer trimestre de 2026 había registrado la lectura de menor fragilidad en más de un año con 33.7 puntos; el índice más alto registrado fue de 64.7 puntos durante el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia.

Este viernes, la gobernadora Jenniffer González Colón habló ante empresas exportadoras en la convención de ExpoComPR Foundation y aseguró que Puerto Rico vive "el momento de mayor actividad económica en la década", citando 1.2 millones de personas en la fuerza laboral y la creación de 27,439 corporaciones en un año, un 16.9% más que el año anterior.

El mensaje de optimismo económico contrasta con dos crisis simultáneas: siete municipios del área metropolitana llevan 14 días bajo racionamiento de agua por sequía extrema, y la AAE canceló esta semana un contrato multimillonario que garantizaría 400 megavatios de energía temporera para emergencias.

La gobernadora no concedió preguntas a la prensa tras su intervención en la convención, lo que limita la posibilidad de contrastar los indicadores económicos que citó con las condiciones que enfrentan residentes y empresas en medio de las dos emergencias activas.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó un informe de auditoría sobre la AAFAF en el que determinó que varios refinanciamientos de deuda pública —lejos de generar ahorros— produjeron $123.2 millones en pérdidas y $3,360 millones en aumentos al costo del servicio de la deuda. Entre los casos más graves figura la emisión de Obligaciones Generales de 2014 por $3,500 millones, cuyo impacto real en el servicio de la deuda llegó a $478 millones anuales, frente a los $280 millones proyectados.

Las pérdidas se concentran en la Autoridad de Carreteras y Transportación, con $118.7 millones, y en la Corporación para el Financiamiento Público, con $4.5 millones; además, el endeudamiento del Banco Gubernamental de Fomento se disparó de $4,204 millones a $7,087 millones en apenas dos años y su índice de endeudamiento pasó de 86% a 430% entre los años fiscales 2011–2012 y 2019–2020.

La Contraloría vinculó los hallazgos con años de déficits presupuestarios cubiertos con préstamos, incluidos unos $1,964 millones que el BGF prestó al ELA entre los años fiscales 2002–2003 y 2007–2008. La auditoría cubrió formalmente el período entre julio de 2020 y junio de 2024, pero examinó emisiones realizadas desde 1973.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 21 de agosto de 2026 la reapertura de los cuatro carriles de la carretera PR-5 en el kilómetro 24.1 de Naranjito, vía que había operado con tránsito limitado durante tres años debido a un socavón y daños en los sistemas de drenaje.

Por esa vía transitan más de 50,000 vehículos diariamente y su restauración beneficia a residentes de Naranjito, Barranquitas, Corozal, Orocovis, Comerío, Bayamón y otros municipios del área central; el proyecto representó una inversión de $24.6 millones en fondos estatales y federales.

El DTOP, bajo la dirección del secretario Edwin González Montalvo, completó la etapa necesaria para restablecer el flujo vehicular; los trabajos restantes se enfocarán en los sistemas de drenaje sin afectar el tránsito, con conclusión total programada para el 31 de diciembre de 2026.

La Fortaleza presentó el Proyecto de la Cámara 1399, que establecería una pensión mínima de $1,000 mensuales para empleados públicos retirados bajo la Ley 447-1951 y maestros jubilados bajo la Ley 160-2013. La medida requeriría además el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para entrar en vigor.

El proyecto beneficiaría a 58,000 pensionados que actualmente reciben menos de $1,000 mensuales, aunque no identifica la fuente de financiamiento ni incluye un estudio de impacto fiscal.

Organizaciones de pensionados y sindicatos llevan años reclamando un aumento, señalando que muchos jubilados acumulan más de 18 años sin un aumento significativo mientras el costo de vida ha subido considerablemente.

El alcalde Miguel A. Romero Lugo anunció el cierre de una emisión de $122 millones en bonos de obligación general del Municipio de San Juan, con un costo total de financiamiento de aproximadamente 4.99%, tras recibir muestras de interés de cerca de $2,200 millones —casi 18 veces la cantidad ofrecida.

La transacción marca el primer acceso directo de un municipio puertorriqueño al mercado de bonos municipales de Estados Unidos en poco más de una década, y la primera vez desde la promulgación de PROMESA que un emisor de la isla accede a los mercados de capital con clasificación de grado de inversión.

RBC Capital Markets tuvo a su cargo la venta de la emisión; el municipio lleva meses preparando la transacción como parte de su estrategia de financiamiento directo en los mercados de capital estadounidenses.

La Oficina del Contralor publicó el 20 de agosto de 2026 la auditoría OC-27-24, que encontró que la AAA otorgó dos contratos por más de $9.6 millones sin realizar los análisis requeridos para determinar si las funciones cubiertas correspondían a puestos regulares o podían ser ejecutadas por empleados de la corporación. El periodo auditado abarcó del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024.

El informe concluye que la AAA generó costos adicionales innecesarios y aumentó su dependencia de contratistas externos —algunos con presencia continua de entre cuatro y 16 años— al no capacitar a su propio personal ni justificar económicamente la externalización de tareas recurrentes.

La Contraloría determinó que parte del personal contratado realizaba funciones incluidas en el Plan de Clasificación y Retribución de la AAA y cumplía jornadas equivalentes a las de empleados regulares, características que el informe identifica como propias de puestos permanentes, no de contratos de servicios profesionales.

La comisionada de Instituciones Financieras Mónica Rodríguez Villa advirtió el 20 de agosto de 2026 sobre esquemas que se dirigen a víctimas previas de fraudes de inversión cibernética, prometiéndoles recuperar su dinero. Entre los métodos identificados figuran un grupo que opera como 'Fundación Amira', personas que suplantan a agentes del FBI o de FINRA, y correos fraudulentos dirigidos a víctimas de EarnStock que solicitan documentos personales.

Las víctimas, ya afectadas por fraudes como EarnStock/Investio, enfrentan una segunda estafa que usa certificados falsificados de la OCIF, correos que imitan a reguladores federales y pagos mediante tarjetas prepagadas, lo que puede profundizar las pérdidas económicas de ciudadanos vulnerables.

Los esquemas aprovechan la existencia previa de fraudes de inversiones cibernéticas como EarnStock/Investio, cuyas víctimas ya habían denunciado pérdidas ante la OCIF y son ahora el blanco preferido de estos nuevos operadores.

Los dueños del edificio donde opera el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) negocian con la agencia una compensación por los 34 días —entre el 30 de junio y el 4 de agosto de 2026— en que no se pagó alquiler tras vencer un contrato provisional. El nuevo contrato, por un máximo de $21,864,125.82 en cinco años, fue firmado el 4 de agosto tras ser avalado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

El impasse dejó al gobierno ocupando un inmueble privado sin contrato vigente durante más de un mes, lo que derivó en una demanda de desahucio contra el DCR. La resolución del monto pendiente determinará el costo final de esa brecha para el erario.

La controversia salió a la luz a mediados de julio cuando el matrimonio de Luis Rivera Siaca y Enery Pilar Ortiz Jiménez presentó una demanda de desahucio contra el DCR por falta de pago; el 7 de julio, el entonces secretario Francisco Rivera Quiñones remitió el nuevo acuerdo a la JSF para evaluación. El proceso de licitación, que inició el 6 de abril, tuvo al arrendador actual como único proponente.

El 20 de agosto de 2026, la Unión Independiente Auténtica (UIA) contradijo la versión pública de la AAA sobre la reunión de negociación del Plan de Clasificación y Retribución (PCR), alegando que la administración omitió que el sindicato presentó ese miércoles una nueva propuesta tras trabajar en ella desde el fin de semana.

El choque de versiones entre la AAA y la UIA revela un deterioro en la confianza del proceso negociador, lo que complica el avance del PCR y mantiene en suspenso las condiciones salariales de los trabajadores de la agencia que provee agua potable y alcantarillado a toda la isla.

Las negociaciones arrancaron al menos desde el viernes 14 de agosto, cuando la UIA rechazó una contrapropuesta de la AAA por entender que no respondía a las necesidades de sus trabajadores ni incorporaba el análisis sindical sobre escalas salariales; ambas partes tienen programada una reunión adicional en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

La Asociación de Comercio al Detal de Puerto Rico (ACDET) celebrará el 26 de agosto de 2026 su cumbre anual "Retail Out of the Box" en el Centro de Convenciones de San Juan, con enfoque en liderazgo, talento y experiencia del cliente. El sector registra una reducción de 2.2 % en ventas en lo que va de 2026, aunque categorías como calzado (+9.7 %), ropa (+9.1 %) y cosméticos (+8.7 %) muestran crecimiento, y las ventas anuales del sector se estiman en $43,272 millones.

El comercio al detal es el principal generador de empleos del sector privado en Puerto Rico, con más de 130,000 puestos, y sus operadores advierten que la crisis de servicios esenciales —electricidad y agua— presiona los costos: el acarreo de agua puede costar entre $13,000 y $14,000 semanales para un restaurante pequeño y hasta $1 millón para una gran industria.

El DDEC actualizó recientemente su metodología para medir las ventas del comercio al detal, corrigiendo una muestra que llevaba años desactualizada; bajo los nuevos parámetros, el sector registró un aumento de 1 % en el año fiscal 2026. ACDET impulsa además medidas de política pública como la eliminación del impuesto al inventario y la reducción de costos energéticos.

Un estudio del economista José Caraballo Cueto, de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, publicado en la revista Agriculture & Food Security, encontró que los agricultores puertorriqueños ofrecen precios más bajos que las importaciones en 30 de 74 productos agrícolas analizados. La investigación estima que sustituir importaciones en solo cinco cultivos podría generar más de $118 millones anuales en actividad económica.

Puerto Rico importa más del 75% de sus alimentos y la agricultura representa apenas el 0.6% del PIB, pero el estudio identifica una ventaja competitiva concreta y desaprovechada: los precios de los agricultores locales son, en promedio, 32.9% más bajos que los de los supermercados y 51.8% más bajos que los de venta directa al consumidor.

El sector agrícola puertorriqueño ha experimentado un deterioro sostenido: en 1950 el ingreso neto agrícola representaba el 26% del ingreso neto total de la economía, cifra que cayó a 1% para 2016. El estudio señala que barreras como la Ley Jones de 1920, los aranceles y la ausencia de un sistema oficial de precios agrícolas semanales han limitado la competitividad del sector.

El 2026 SME Digital Trends Study, conducido por Estudios Técnicos, Inc., reveló que los consumidores en Puerto Rico gastaron un estimado de $964,881,600 en compras en línea durante 2025, de los cuales $233,893,595 correspondieron al segmento de 55 años o más.

El grupo de 55 a 64 años registró una mediana de gasto anual de $800, por encima de los $750 de la población general, lo que posiciona a los consumidores mayores como un segmento digital con poder adquisitivo superior al promedio.

El 38% de la población puertorriqueña tiene 55 años o más, y un millón de ese grupo son usuarios de medios digitales; el estudio fue elaborado por Anitza M. Cox, directora de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos, Inc.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció la expansión de operaciones de Chemical Solutions, LLC, empresa puertorriqueña fundada en 2011 dedicada a la manufactura de lubricantes, en Yabucoa, con una inversión de aproximadamente $6.5 millones que creará 90 empleos. El DDEC aportó $2.69 millones en incentivos para modernizar infraestructura, adquirir maquinaria y apoyar la creación de empleos.

La expansión suma 90 empleos directos en Yabucoa, municipio del sureste de Puerto Rico, y fortalece la capacidad exportadora de la empresa hacia Estados Unidos, el Caribe, México, Centroamérica y Sudamérica.

Chemical Solutions opera en una facilidad de PRIDCO de 22,355 pies cuadrados en Yabucoa; en 2021 ya había invertido $1.1 millones para añadir una línea de producción de ácido hipocloroso, convirtiéndose en una de las pocas plantas en el mundo con esa tecnología.

Un estudio de Mastercard titulado 'Estado de la digitalización y la inclusión financiera', con datos obtenidos en abril de 2026, reveló que apenas el 15% de los microcomercios en Puerto Rico cuenta con una estación de pago digital, aunque el 88% de los consumidores encuestados desearía que más comercios aceptaran estos métodos.

Alrededor del 90% de los comercios en la isla cae bajo la categoría de micro, pequeña o mediana empresa, lo que significa que la brecha de adopción afecta a la gran mayoría del tejido comercial puertorriqueño y limita las opciones de pago de los consumidores.

El estudio se produce en un contexto de descenso en el uso de efectivo; actualmente el método de pago más utilizado es la tarjeta de débito (63%), mientras que billeteras digitales, servicios de pago diferido y criptomonedas mantienen menor familiaridad entre los encuestados.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, anunció este martes que los clientes afectados por el racionamiento de agua recibirán créditos en sus facturas calculados por zona y por días sin servicio, y que los cortes de cuenta han sido paralizados en las áreas bajo emergencia.

Los ajustes, que podrían aparecer desde finales de agosto o principios de septiembre de 2026, ofrecen alivio económico a los abonados que han cargado con la doble penalidad de no tener agua y seguir recibiendo facturas completas; la paralización de cortes protege además a clientes en mora que residen en las zonas afectadas.

El racionamiento en curso está vinculado, al menos en parte, al embalse Carraízo, y la AAA se encuentra en situación de emergencia al momento de la declaración; la corporación indicó que su área operacional certifica directamente cuáles zonas carecieron de servicio para validar los créditos.

La revista TIME y la plataforma Statista ubicaron a Parallel18, adscrita al Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, en el puesto 21 de 80 en su lista America's Best Incubators and Accelerators 2026, siendo la única organización puertorriqueña incluida.

El reconocimiento posiciona a Puerto Rico dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación de Estados Unidos; el programa acumula más de 650 compañías graduadas y más de $13.3 millones en capital semilla distribuido.

Parallel18 fue creada bajo el Fideicomiso para Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico como vehículo para atraer y desarrollar startups; la lista de TIME y Statista evalúa resultados medibles de fundadores, recomendaciones de pares y antecedentes históricos entre más de 200 solicitantes.

Fitch Ratings elevó el 24 de junio de 2026 la calificación de emisor a largo plazo de Popular, Inc. a 'BBB' con perspectiva estable, y Moody's subió el 10 de agosto de 2026 su deuda senior no garantizada a Baa3, ambas citando la fortaleza del conglomerado y la recuperación económica de Puerto Rico.

Las mejoras llevan a Popular al grado de inversión en ambas agencias y reflejan indicadores positivos para la economía de la isla, incluyendo menor desempleo, mayor participación laboral y normalización fiscal tras la reestructuración de la deuda pública.

Moody's adjudicó la mejora parcialmente a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, proceso que redefinió las finanzas del gobierno insular en años recientes; ambas agencias reconocen a Popular como el banco dominante en el mercado local, aunque advierten que persisten riesgos estructurales como la exposición a desastres naturales y la dependencia de fondos federales.

Los propietarios del Marriott Isla Verde anunciaron una inversión de aproximadamente $38 millones para transformar la propiedad en el Marriott Isla Verde Beach Resort, un resort de servicio completo. La renovación incluyó habitaciones, lobby, restaurante Meso, sistemas de climatización y nuevas áreas de servicio, con arquitectos, contratistas y artistas puertorriqueños.

La inversión amplía la capacidad del hotel para atraer turistas de ocio, negocios, convenciones y eventos sociales, fortaleciendo la oferta turística de Isla Verde y Puerto Rico en el mercado caribeño.

La propiedad lleva 23 años operando en Isla Verde y ha ido ampliando sus servicios durante ese período; esta transformación representa su reconversión formal a resort de servicio completo bajo la marca Marriott, respaldada por International Hospitality Development (IHD).

Génesis Security comenzó el 18 de agosto a enviar cartas individuales a oficiales de seguridad afectados por una reducción de servicios en el Departamento de Educación para el año escolar 2026-2027, con citas programadas a partir del 24 de agosto para gestionar su posible reubicación dentro de la empresa.

El proceso impactaría a cerca de 600 empleados, y la empresa advirtió que quienes no comparezcan a su cita podrían ser considerados como no interesados en continuar como empleados, lo que podría derivar en terminaciones de empleo.

La situación se da meses después de que Génesis Security ejecutara otro proceso de reducción de personal vinculado a contratos con el Departamento de Salud, cuya cancelación de servicios entró en vigor el 30 de junio de 2026.

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) analiza una petición de Procafé para revisar el precio mínimo garantizado a los productores de café en Puerto Rico. El Comité del Café aún no ha completado el informe con sus hallazgos y recomendaciones, según informó el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo.

El precio mínimo garantizado incide directamente en los ingresos de los productores cafetaleros y en el costo del café para los consumidores; la última revisión se realizó en 2023 y la anterior en 2015, lo que el propio secretario describió como una frecuencia insuficiente.

Históricamente, el precio mínimo del café en Puerto Rico se ha revisado con poca regularidad —la revisión de 2023 llegó ocho años después de la anterior en 2015— pese a que Torres Montalvo señaló que lo ideal sería hacerlo al menos una vez al año. La coordinación con el Departamento de Agricultura también forma parte del proceso.

La Oficina del Inspector General publicó el 18 de agosto de 2026 el informe OIG-E-27-001, que identificó 21 hallazgos en las áreas financiera, administrativa y tecnológica de la Corporación de Seguros Agrícolas durante el periodo del 1 de julio de 2022 al 1 de mayo de 2026. Los hallazgos incluyen expedientes incompletos, contratos sin cláusulas requeridas, facturas no localizadas, documentos con hongo en archivos físicos y sistemas informáticos sin soporte técnico activo.

La corporación administra seguros que protegen las inversiones de miles de agricultores ante huracanes, sequías e incendios, y su presupuesto —nutrido exclusivamente de primas, sin fondos del Fondo General— depende de controles internos sólidos; las fallas halladas abarcan desde 135 contratos por más de 3.6 millones de dólares hasta sistemas tecnológicos sin planes de recuperación ante desastres.

La Corporación de Seguros Agrícolas, adscrita al Departamento de Agricultura, tenía su registro interno de contratos desactualizado desde el año fiscal 2020 y su Junta de Directores no se había reunido desde el 23 de octubre de 2024, incumpliendo su reglamento; el director ejecutivo no ofreció respuesta sobre el mérito de los hallazgos antes del cierre del informe.

El martes 18 de agosto, el Frente en Defensa de las Pensiones exigió a la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara que rinda un informe favorable sobre el Proyecto de la Cámara 45, el cual contempla un ajuste inicial de entre 7 y 10 por ciento en las pensiones para más de 160,000 jubilados.

El proyecto busca compensar cerca de dos décadas sin aumentos vinculados al costo de vida para más de 160,000 jubilados; a partir del segundo año, los ajustes se atarían al porcentaje anual del Seguro Social, y se financiarían con remanentes del IVU.

El PC 45 ya fue objeto de vistas públicas con participación de organizaciones de jubilados y agencias fiscales como la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por lo que el Frente sostiene que la comisión tiene información suficiente para actuar.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 976, ahora Ley 186-2026, que crea un marco regulatorio uniforme para los seguros de mascotas en Puerto Rico, incluyendo divulgaciones mínimas al consumidor, requisitos para pólizas y normas de mercadeo.

Aproximadamente el 48 % de los hogares en Puerto Rico —cerca de 643,000— tenía mascotas para 2023, y la nueva ley les ofrece por primera vez protecciones claras al contratar seguros veterinarios; la Oficina del Comisionado de Seguros quedará a cargo de fiscalizar su cumplimiento.

La medida, de autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, incorpora el Pet Insurance Model Act de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), modelo que al momento del análisis legislativo ya habían adoptado 16 jurisdicciones en Estados Unidos.

El martes 18 de agosto de 2026, industriales locales de hielo solicitaron al Departamento de Salud que deje sin efecto la Orden Administrativa 2026-646, que concedió una exención temporera para importar hielo durante la emergencia por sequía. La industria argumenta que las plantas locales cuentan con capacidad productiva y pozos individuales para abastecer la demanda sin recurrir a suplidores extranjeros.

La entrada de importadores extranjeros, según los industriales, causaría daño a los productores locales en un momento de contracción económica; Ángel David Vázquez, propietario de El Angel Ice Plant y expresidente de la Asociación de Industriales de Hielo, calificó la apertura del mercado de 'funesta' dado el contexto económico.

El Departamento de Salud emitió la Orden Administrativa 2026-646 ante los niveles críticos de los embalses y la escasez de lluvia, como parte de una exención de 60 días para facilitar la importación de hielo y agua embotellada. Los industriales cuestionaron que no se les consultó antes de emitir la medida y señalaron que la industria mantuvo el suministro durante emergencias previas, incluyendo el huracán María.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, anunció este martes que los clientes afectados por el racionamiento de agua recibirán créditos en sus facturas calculados por zona y por la cantidad de días sin servicio, con ajustes esperados a finales de agosto o principios de septiembre de 2026. González confirmó además que la AAA paralizó los cortes de servicio en todas las zonas actualmente bajo racionamiento, incluyendo las afectadas por el embalse Carraízo.

La medida protege a decenas de miles de abonados que enfrentan interrupciones de agua potable de recibir cobros completos por un servicio que no recibieron, y elimina el riesgo de que les corten el servicio mientras dure la emergencia.

Puerto Rico atraviesa una situación de emergencia hídrica ligada al nivel del embalse Carraízo, uno de los principales embalses que abastece el área metropolitana, lo que ha obligado a la AAA a imponer racionamientos en múltiples zonas de la isla.

El 17 de agosto de 2026, decenas de comerciantes del casco urbano de Gurabo se manifestaron en la Plaza de los Próceres para denunciar que las obras de remodelación de la plaza y reparación de aceras han reducido estacionamientos, alterado el tránsito y eliminado zonas de carga y descarga, afectando el acceso a sus negocios. La alcaldesa Vimari Peña Dávila confirmó una reunión con los comerciantes para el 18 de agosto en el Museo del Deporte.

Algunos dueños de negocios reportan caídas en ventas de entre 25% y 30%, y advierten que una prolongación de la situación podría forzar despidos y cierres; en la zona operan farmacias y laboratorios que dependen tanto del flujo de clientes como del acceso para mercancía.

Los comerciantes afirman apoyar la rehabilitación del casco urbano, pero reclaman que los cambios se ejecutaron sin coordinar con los establecimientos afectados; una calle denunciada pasaría de alrededor de 15 espacios de estacionamiento a solo tres más uno para personas con impedimentos.

El Índice de Fragilidad Financiera del Consumidor, elaborado por Estudios Técnicos, Inc., subió de 33.7 puntos en el primer trimestre de 2026 a 42.2 en el segundo trimestre, impulsado principalmente por un aumento en la tasa de delincuencia de préstamos de consumo, que pasó de 2.62% a 3.07%. Los seis componentes del índice —incluyendo desempleo, delincuencia hipotecaria, quiebras personales e ingreso real— se movieron en la misma dirección de deterioro.

Aunque el índice se mantiene dentro de la banda de fragilidad moderada (25–50), la amplitud del deterioro —con todos los componentes empeorando simultáneamente— señala una estrechez creciente en la capacidad de pago de los hogares puertorriqueños, en un entorno donde la tasa promedio de tarjetas de crédito se mantiene en 20.94% y la inflación interanual llegó a 4.21% en junio de 2026.

El índice alcanzó su punto más crítico durante la pandemia, con 64.7 puntos en el segundo trimestre de 2020; la lectura del primer trimestre de 2026 había sido la más baja en más de un año antes de este repunte. Leslie Adames, Director de Análisis y Política Económica de Estudios Técnicos, calificó el alza como "señal de alerta temprana" y señaló que datos del FDIC también muestran aumento en atrasos de préstamos de automóviles.

El 17 de agosto, las terminales C y D del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín quedaron sin aire acondicionado tras fluctuaciones de voltaje en el sistema eléctrico, confirmó Aerostar Airports Holding, operador privado de la instalación. La empresa activó recursos para reparar las unidades de enfriamiento afectadas y gestiona medidas alternas para controlar las temperaturas, sin precisar un plazo de reparación ni detallar esas medidas.

La avería ocurre mientras el Servicio Nacional de Meteorología mantiene una Advertencia de Calor para gran parte de Puerto Rico, con sensación térmica que podría alcanzar los 102 °F, exponiendo a pasajeros a condiciones de riesgo para la salud. Aerostar no reportó impacto en las operaciones de vuelos.

La advertencia de calor cubre decenas de municipios, incluyendo San Juan y Carolina donde se ubica el aeropuerto; la agencia federal también señala riesgo elevado de incendios por vientos del este y baja humedad.

La Junta de Supervisión Fiscal reiteró, por al menos la tercera ocasión en dos años, que el impuesto al combustible conocido como la crudita no puede eliminarse sin identificar medidas que sustituyan hasta $345 millones anuales en recaudos. La posición quedó plasmada en una carta al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en respuesta a una misiva que él envió el 28 de abril.

La crudita genera hasta $345 millones al año, y cualquier eliminación sin sustituto fiscal comprometería el plan fiscal que la JSF supervisa; el gobierno tendría que hallar esos fondos dentro de una reforma contributiva más amplia.

La JSF ha mantenido esta posición de forma consistente durante al menos los últimos dos años, rechazando propuestas de congelar o eliminar el impuesto sin una fuente de repago identificada.

Banesco USA reportó un ingreso neto de $24 millones durante el segundo trimestre de 2026, un alza de 59% frente al mismo período del año anterior, impulsado por la expansión de préstamos para pequeñas empresas y el lanzamiento de BanescoSelect en Puerto Rico. Sus activos totales alcanzaron los $6,000 millones, con crecimiento interanual de 15%.

Las operaciones del banco en Puerto Rico registraron más de $825 millones en préstamos y más de $1,000 millones en depósitos al cierre del segundo trimestre, lo que refleja una presencia financiera creciente en la isla. El lanzamiento de BanescoSelect amplía la oferta de banca premium para profesionales, empresarios y familias puertorriqueñas.

Banesco USA, integrante de Banesco International y Abanca, recibió fondos del Programa de Inversión de Capital de Emergencia (ECIP) del Departamento del Tesoro federal en junio de 2022; desde entonces ha desembolsado $3,000 millones en préstamos elegibles bajo ese programa.

El 13 de agosto de 2026, una de las nuevas embarcaciones que opera la ruta marítima entre Ceiba y Vieques sufrió una falla en uno de sus motores cuando se encontraba casi frente al puerto de Vieques, obligando a los pasajeros —sin aire acondicionado y sin información— a regresar a Ceiba por instrucciones de la Guardia Costera. El Colectivo Residentes de Vieques emitió un comunicado exigiendo transparencia a las agencias ATI y HMS sobre las causas de la falla, los protocolos de emergencia aplicados y el proceso de selección de las nuevas embarcaciones.

Para los residentes de Vieques, la transportación marítima es el único vínculo esencial con la isla grande, y las fallas recurrentes en embarcaciones descritas como nuevas exponen a pasajeros vulnerables —personas enfermas, mayores, niños y personas con necesidades especiales— a condiciones de riesgo sin protocolos de comunicación claros ni planes de contingencia conocidos.

El servicio de ferri entre Ceiba, Vieques y Culebra ha sido históricamente problemático, con interrupciones frecuentes y quejas sostenidas de residentes sobre confiabilidad y condiciones operacionales; la adquisición de embarcaciones nuevas buscaba atender esas críticas, pero el Colectivo señala que los incidentes mecánicos continúan.

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, respaldó el 16 de agosto la propuesta de elevar de $18 a $23 el precio mínimo que los beneficiadores pagan a los caficultores por cada almud de café puertorriqueño, señalando que el ajuste reflejaría pagos que ya ocurren voluntariamente en el mercado. La decisión final recae en el secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, quien trabaja con un comité de expertos desde diciembre.

El ajuste afectaría directamente los ingresos de los caficultores en una industria donde la producción local cubre apenas una fracción del consumo de la isla; Rodríguez Torres alertó que la industria registró pérdidas en la compraventa de café durante 2024 y 2025.

El precio mínimo por almud se ha mantenido en $18, aunque muchos beneficiadores ya pagan entre $20 y $25 de forma voluntaria; la recomendación del comité de expertos al DACO es la de revisar el precio con mayor frecuencia dado que el café cotiza como commodity internacional.

El Índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de Puerto Rico bajó de 24.3% en 2024 a 15.6% en 2025, según el informe anual del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) elaborado por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, con apoyo de Popular y el DDEC.

La caída refleja una desaceleración en la creación de nuevos negocios, aunque la tasa de cierre también bajó de 5.7% a 2.6%, lo que sugiere que los negocios existentes son más estables; sin embargo, el 28.1% de quienes cerraron citó falta de rentabilidad como causa principal, un aumento respecto al año anterior.

El estudio señala que la baja responde a una 'estabilización' tras años de crecimiento acelerado; persisten barreras estructurales como la dependencia de ahorros personales y tarjetas de crédito para financiarse, y el 43.2% de los encuestados indica que el miedo al fracaso les impediría emprender, cifra que no ha variado significativamente desde 2020.

El secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres reveló que la gobernadora Jenniffer González solicitó al USDA acelerar el acceso a programas de asistencia —préstamos de emergencia, aplazamiento de pagos y programas de conservación, entre otros— para mitigar los efectos de la sequía en la industria agrícola. Rodríguez Torres reiteró que los agricultores deben registrarse ante la Farm Service Agency (FSA) del USDA e inscribir sus fincas y cultivos antes de que se activen los programas, ya que el acceso no es automático.

La gama de ayudas —que incluye préstamos de emergencia, aplazamiento de pagos de préstamos, programas de irrigación, forraje y indemnización por muerte de ganado, y asistencia para cultivos no asegurados— solo estará disponible para quienes estén debidamente registrados en la FSA cuando los programas se activen. Puerto Rico puede acceder a estas ayudas a partir del nivel de sequía severa (D2) según el Monitor de Sequía de los Estados Unidos.

El anuncio se produce tras el decreto de estado de emergencia de la gobernadora González y el racionamiento de agua que afecta a aproximadamente medio millón de personas; la sequía cubre cerca del 80 % de la isla y ha llevado a ganaderos del sur a abastecerse con cisternas ante pozos y manantiales secos.

El Gobierno de Puerto Rico anunció el desembolso de $244.5 millones en fondos de FEMA para proyectos de infraestructura crítica, distribuidos entre la AAA ($193.2 millones), la AEE ($41.2 millones, incluyendo $1.6 millones para LUMA), la Administración de Vivienda Pública ($9 millones) y el municipio de Adjuntas ($1.1 millones). Entre enero y agosto de 2026, COR3 ha desembolsado $1,300 millones en fondos de FEMA para la reconstrucción del país.

El mayor adelanto individual —$75 millones— irá a la reconstrucción de la Planta de Tratamiento de Agua Sergio Cuevas, mientras que $35.8 millones rehabilitarán la planta de Culebrinas en Aguadilla y beneficiarán a más de 18,500 familias. Los fondos a la AEE se concentran en manejo de vegetación e incorporan al Cuerpo de Ingenieros del Ejército (USACE) para reducir interrupciones eléctricas en corredores críticos de transmisión.

COR3 administra los fondos federales asignados a Puerto Rico tras los huracanes, y el ritmo de desembolso ha sido históricamente lento; el anuncio de $1,300 millones ejecutados en lo que va de 2026 refleja un intento de acelerar una reconstrucción que lleva años en marcha.

Las ventas al detal en Puerto Rico totalizaron $4,420.9 millones en mayo de 2026, un alza de 0.8% respecto a mayo de 2025, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH). Los vehículos de motor nuevos y usados (+20.6%) y las tiendas de alimentos especiales (+19.0%) lideraron los aumentos, mientras que las tiendas por departamento (-10.5%) y los restaurantes (-9.9%) registraron las mayores caídas.

Pese a la mejora mensual, el valor acumulado de ventas al detal durante los primeros cinco meses de 2026 muestra una baja de 1.0% frente al mismo período de 2025, con $21,168 millones registrados. Las ventas de las PyMEs también retrocedieron 3.2% en mayo respecto al año anterior, lo que apunta a presión sostenida sobre el comercio menor.

Mayo de 2026 fue el mejor mes de mayo en ventas al detal desde 2023, cuando las ventas totalizaron $4,496.10 millones. Los datos son recopilados periódicamente por el DTRH como indicador de la actividad económica del consumidor en la isla.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el 14 de agosto de 2026 seis órdenes ejecutivas de la gobernadora Jenniffer González Colón, incluyendo dos que extienden retroactivamente el período de emergencia fiscal durante los doce meses de 2026 y una que encomienda a la Compañía de Turismo de Puerto Rico coordinar un Plan de Esterilización de Animales Domésticos. En el Senado, el secretario de Salud, Víctor Ramos, y la directora de la OECA, Wilma Rivera, reconocieron que la agencia históricamente careció de personal y presupuesto, aunque una asignación de poco más de $500,000 busca corregirlo con nueve posiciones aún vacantes.

La extensión de la emergencia fiscal cubre todo 2026 con efecto retroactivo, lo que ratifica actuaciones oficiales ya tomadas bajo ese marco legal; al mismo tiempo, la designación de Turismo —y no de Salud ni la OECA— como ente rector del plan de esterilización expone la brecha entre la política pública anunciada y la capacidad operacional de la agencia formalmente responsable del control animal.

La emergencia fiscal se rige por la Ley 5-2017 y requiere aval de la JSF conforme a PROMESA; el organismo aprovechó la carta del 14 de agosto para recordarle a la gobernadora que las órdenes deben someterse antes de emitirse. La OECA fue creada bajo la Ley 36-1984 con mandato de control de animales realengos, subvenciones municipales y educación pública, funciones que la vista senatorial reveló han operado por años con recursos insuficientes.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció que, a partir del 17 de agosto de 2026, las comunidades Escorial y Jardines de Carolina pasarán de la Zona 2 a la Zona 1 del Plan de Interrupciones Programadas de la planta de filtros Sergio Cuevas. El cambio afecta a 3,081 clientes —2,639 de Escorial y 442 de Jardines de Carolina.

El ajuste busca que el agua potable llegue con mayor rapidez durante los periodos de recuperación, según el director de la Región Metro de la AAA, José A. Rivera Ortiz, quien indicó que el análisis operacional mostró que la configuración de la red favorece atender estas comunidades dentro del ciclo de Zona 1.

El Plan de Interrupciones Programadas de la planta Sergio Cuevas divide las comunidades en zonas con ciclos distintos de servicio e interrupción; la AAA ha estado ejecutando ese plan en la región metro y este es el primer ajuste de zona anunciado para estas dos comunidades tras evaluar varios ciclos completados.

Datos de TransUnion presentados junto a la Asociación de Bancos de Puerto Rico revelan que la puntuación de crédito promedio de los consumidores en la isla alcanzó 712 en junio de 2026, frente a 707 en junio de 2025, con 1.8 millones de adultos manteniendo crédito activo. Los niveles de morosidad en productos como préstamos de auto, tarjetas de crédito e hipotecas se encuentran por debajo de los registrados en enero de 2018.

La reducción en la morosidad —las hipotecas bajaron de 3.7% a 2.0% y los préstamos de auto de 3.2% a 1.8% entre enero de 2018 y junio de 2026— sugiere mayor estabilidad financiera del consumidor pese a huracanes, terremotos, la pandemia y la inflación. El 50% de los consumidores con crédito activo se ubica en las categorías Prime Plus y Super Prime, lo que amplía la competencia entre instituciones financieras por clientes con perfiles sólidos.

El análisis cubre una década de choques económicos y naturales —incluyendo el huracán María, los terremotos de 2020 y la pandemia de COVID-19— que presionaron los ingresos y el costo de vida en la isla. TransUnion consolida su base de datos a partir de más de 700 suplidores de información crediticia.

La Junta de Supervisión Fiscal aprobó dos transacciones de deuda que permitirán a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados acceder a $127 millones en fondos federales —$61.8 millones del CWSRF y $65.2 millones del DWSRF— para financiar 46 proyectos de mejoras de capital, entre ellos el reemplazo de tuberías de plomo en toda la isla.

De los $65.2 millones destinados a agua potable, $35.2 millones serán préstamos con condonación de principal y sin intereses, lo que reduce la carga de deuda de la AAA; el resto se estructura a 1% de interés con un plazo de 30 años.

La AAA opera bajo el marco del Plan Fiscal 2025 supervisado por la JSF, y la gestión de estas transacciones fue presentada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), que actúa como agente fiscal del gobierno.

La Junta de Supervisión Fiscal respondió una consulta del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, —hecha el 28 de abril de 2026— y advirtió que eliminar el impuesto al combustible conocido como la Crudita tendría un impacto fiscal negativo acumulativo de $1,675 millones durante los próximos cinco años fiscales. El organismo indicó que solo respaldaría la medida si forma parte de una reforma contributiva amplia e integral.

La Crudita financia servicios esenciales del Fondo General —educación, seguridad pública, salud y pensiones gubernamentales— desde 2016, y su eliminación sin medidas compensatorias, según la Junta, generaría problemas presupuestarios significativos e incumpliría el Plan Fiscal para Puerto Rico.

El interés en eliminar o reducir la Crudita se intensificó tras el alza en los precios del combustible vinculada al conflicto entre Estados Unidos e Irán, lo que motivó varias medidas legislativas tanto en el Senado como en la Cámara. El impuesto fue redirigido al Fondo General inicialmente mediante una orden ejecutiva en 2015 y luego mediante la Ley 53-2021.

El 13 de agosto, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció la asignación de $227.6 millones —$226.1 millones de fondos federales de la Administración Federal de Tránsito y $1.5 millones de una reclamación de seguro— para rehabilitar y modernizar las 16 estaciones del Tren Urbano, su edificio de operaciones y mantenimiento, techos, plataformas, iluminación y sistemas eléctricos. El acuerdo con la agencia federal aún no se ha formalizado ni se ha iniciado proceso de licitación.

El director ejecutivo de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI), Josué Menéndez Agosto, confirmó que las 16 estaciones continuarán operando durante los trabajos, aunque advirtió que las mejoras tomarán 'muchos años'; la rehabilitación responde a daños de los huracanes Irma y María, pero la gobernadora aseguró que los trabajos irán más allá de reparar lo dañado para fortalecer seguridad, accesibilidad y resiliencia.

El Tren Urbano fue inaugurado en diciembre de 2004 durante la administración de Pedro Rosselló González; al anuncio asistieron los exsecretarios del DTOP Carlos Pesquera y Sergio González, figuras clave en el diseño y construcción del sistema.

El Índice de Actividad Económica (IAE) de Puerto Rico bajó 0.6% en junio de 2026 en comparación interanual, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), marcando 126.8 puntos —la tercera reducción consecutiva desde marzo.

El IAE no registraba un nivel tan bajo desde marzo de 2023, cuando marcó 126.6; el DDEC señala que los altos costos energéticos, la incertidumbre en políticas comerciales y el aumento en la inflación siguen siendo fuentes de preocupación para la economía.

El índice había cerrado el año fiscal 2024 con un alza de 2.9% frente al 2023, pero luego registró una reducción de 0.6% en 2025 y otra de 0.4% en 2026, revirtiendo ese impulso.

El 11 y 12 de agosto de 2026, Airbnb envió cartas al secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, y a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo, Willianette Robles Cancel, solicitando que los anfitriones de alquileres a corto plazo sean elegibles para incentivos económicos creados ante el racionamiento de agua por sequía. La empresa propone un incentivo de entre $2,500 y $5,000 por unidad ante el DDEC, y la inclusión explícita del sector en el programa Mano Amiga de Turismo, que ofrece hasta $10,000.

Los anfitriones de alquileres a corto plazo enfrentan pérdidas directas —cancelaciones, compra de agua en camiones cisterna, desinfección— y actualmente quedan fuera de las categorías elegibles de los programas existentes, lo que deja sin red de apoyo a un sector que genera ingresos del Canon por Ocupación de Habitación y sostiene cadenas de servicios locales.

El DDEC ya estableció mediante la Orden Administrativa DDEC-2026-03 un Incentivo de Recuperación Económica de hasta $5,000 para pequeños y medianos comerciantes afectados por el racionamiento, y la CTPR activó el programa Mano Amiga bajo la iniciativa Crece el Encanto, que contempla categorías como bed & breakfasts, paradores y hostales, pero no alquileres a corto plazo.

La Asociación de Constructores, encabezada por su presidenta Pinsy Rivera Ortiz, aboga ante el gobierno federal para que Puerto Rico reciba el mismo trato que los estados al calcular los límites de ingreso que determinan la elegibilidad para ayudas federales de vivienda, aprovechando la reciente aprobación de la Ley ROAD.

Bajo la fórmula federal actual, Puerto Rico usa exclusivamente el 30 % de la mediana de ingresos del área para definir familias de ingresos extremadamente bajos, mientras que los estados pueden tomar como referencia el nivel federal de pobreza si este resulta mayor, lo que reduce el universo de personas en la isla que pueden cualificar para asistencia; la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos señala que un empleado promedio en Puerto Rico debe trabajar más de 40 horas semanales para costear una vivienda modesta de dos habitaciones.

La Ley de Vivienda de 1937 sentó las bases de los programas federales administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos; Puerto Rico ha quedado históricamente excluido de ciertas fórmulas de esos programas, y en marzo de 2026 se presentó en el Congreso la Ley de Apoyo a Viviendas de Bajos Recursos para corregir ese trato diferenciado, medida que no fue recogida en la Ley ROAD.

El secretario del DDEC Carlos Ríos Pierluisi confirmó el 13 de agosto que 215 negocios han iniciado el proceso para recibir el incentivo por la crisis de agua potable, y anunció que el tope de asistencia aumentó de $5,000 a $10,000 por empresa. Además, el DDEC flexibilizó los criterios de elegibilidad, elevando el umbral de ventas anuales permitidas de $350,000 a $1 millón.

La ampliación del tope y de los criterios de elegibilidad abre el programa a un universo mayor de comerciantes; ahora empresas con ventas de hasta $1 millón pueden cualificar, y el procesamiento de cada solicitud puede extenderse hasta dos semanas.

El programa responde al racionamiento de agua decretado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que afecta a municipios del área metro y este de la isla; el incentivo cubre, entre otros gastos, la adquisición de cisternas para sustituir el servicio interrumpido.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) culminó los trabajos programados en los Túneles de Maunabo y los reabrió el 12 de agosto de 2026, luego de que permanecieran cerrados desde el 30 de octubre de 2025. El representante Christian Muriel hizo el anuncio.

Los túneles son la vía principal que conecta Maunabo y Yabucoa a través de la autopista PR-53, por lo que su cierre prolongado afectó el desplazamiento diario y la actividad económica del sureste de Puerto Rico.

El Túnel Dr. Vicente Morales Lebrón atraviesa la Sierra de Pandura y fue inaugurado el 19 de octubre de 2008 con un costo aproximado de $152 millones como parte de la autopista PR-53.

Durante una reunión en La Fortaleza el 12 de agosto de 2026, miembros de la Junta de Gobierno de la AAA informaron a la gobernadora Jenniffer González Colón que la corporación no ha podido reclutar personal crítico, incluyendo el vicepresidente de operaciones, ingenieros y puestos regionales esenciales para atender el racionamiento activo. El vicepresidente de la Junta, Rafael López Soler, identificó esas vacantes como un obstáculo que va más allá de la sequía que afecta los embalses.

La falta de personal operacional añade una capa estructural a la crisis de agua que afecta a San Juan, Canóvanas, Loíza, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto y Carolina, y sugiere que el racionamiento no puede resolverse solo con más agua en los embalses, sino que requiere capacidad institucional para gestionarla.

La renuncia del presidente de la Junta, Héctor Del Río Jiménez, el 6 de agosto por falta de consulta antes de activar interrupciones en Carraízo, expuso ya una fractura entre la dirección ejecutiva y el cuerpo rector de la AAA; la escasez de plazas técnicas confirma que los problemas operacionales preceden a la crisis de sequía.

En mayo de 2026, los ingresos del Fondo General cayeron $37.7 millones en comparación con mayo de 2025, rompiendo una racha de aumentos interanuales registrada entre enero y abril. Con un solo mes por reportar, el déficit acumulado entre años fiscales alcanza $124 millones, según el Departamento de Hacienda.

La caída casi garantiza que el año fiscal recién cerrado terminará con menos ingresos que el año fiscal 2024-2025, lo que podría presionar el presupuesto del gobierno central y las proyecciones fiscales.

Las contribuciones sobre ingresos mostraron un leve aumento de $2 millones —impulsado por $16 millones más en recaudos de corporaciones—, pero esa ganancia fue contrarrestada por una reducción de $11 millones en contribuciones de individuos y $1.1 millones menos en sociedades.

El Departamento de Agricultura admitió adeudar unos $10 millones a agricultores de la isla: cerca de $7 millones en subsidios salariales y $3 millones en incentivos regionales, incluyendo infraestructura y fertilizantes. El secretario Irving Rodríguez Torres atribuyó la deuda a las pérdidas generadas por vender café importado a precios congelados mientras el costo mundial del grano alcanzaba niveles históricos.

La deuda representa un golpe directo al flujo de caja de los agricultores, quienes dependen de esos subsidios salariales e incentivos para sostener sus operaciones; el déficit refleja que la política de precios fijos del café importado trasladó las pérdidas del mercado global al gobierno y, de ahí, al sector agrícola.

Puerto Rico importa la mayoría del café que consume, y el gobierno ha mantenido mecanismos de precio regulado para el grano importado. El alza histórica en los precios internacionales del café en los últimos años convirtió ese esquema en una fuente de pérdidas para la agencia.

La Asociación de Constructores de Puerto Rico, encabezada por su presidenta Pinsy Rivera Ortiz, exige que el gobierno federal aplique en la isla las mismas métricas que usa en los estados para determinar elegibilidad a ayudas federales de vivienda, señalando que la fórmula actual excluye a Puerto Rico del cálculo que toma como referencia el nivel federal de pobreza. La controversia surge en medio de la aprobación de la Ley ROAD, nueva legislación federal de estímulo a la construcción de viviendas.

Según la Coalición Nacional de Vivienda para Personas de Bajos Ingresos, un trabajador promedio en Puerto Rico debe trabajar más de 40 horas semanales para costear una vivienda modesta de dos habitaciones; la disparidad en los límites de ingreso reduce el universo de residentes que pueden cualificar para asistencia federal, agravando la crisis de accesibilidad.

Desde la Ley de Vivienda de 1937, los programas federales administrados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano utilizan límites de ingreso basados en la mediana del área; Puerto Rico ha quedado excluido de la disposición que permite usar el nivel federal de pobreza como referencia alternativa, un trato diferenciado que los constructores llevan años señalando.

El 13 de agosto de 2026, la Unión Independiente Auténtica (UIA-AAA) dio por terminado oficialmente el paro de 24 horas a las 10:00 p.m., tras una jornada de manifestación frente a La Fortaleza y reuniones con representantes de la gobernadora Jenniffer González que resultaron en un calendario concreto de negociaciones con la AAA. La UIA también envió una carta formal solicitando una reunión directa con la gobernadora.

El acuerdo establece tres reuniones escalonadas —el 14, 18 y 19 de agosto— para discutir el Plan de Clasificación y Retribución, asuntos de servicio al cliente y temas laborales pendientes, aunque los compromisos son de agenda, no de resultado, y la UIA advirtió que fiscalizará su cumplimiento.

El paro surgió de un conflicto salarial prolongado en torno al Plan de Clasificación y Retribución de la AAA, que incluye el posicionamiento de escalas y perfiles de puestos; representantes de la gobernadora indicaron disposición para intervenir si la administración de la AAA incumple, e incluso abrieron la posibilidad de gestionar ante la Junta de Supervisión Fiscal.

El Índice de Actividad Económica (IAE) de Puerto Rico registró su quinto descenso interanual consecutivo al situarse en 126.8 en junio de 2026, una caída de 0.6% respecto al mismo mes del año anterior y la lectura más baja desde febrero. En el año fiscal 2026, el IAE disminuyó 0.4%, marcando la segunda caída anual consecutiva.

Tres trimestres consecutivos de contracción configuran lo que se conoce como recesión técnica, una señal de deterioro sostenido en la actividad económica de la isla. Puerto Rico no cuenta con lecturas trimestrales del PIB, por lo que el IAE es el indicador de corto plazo más cercano disponible.

Tras cinco años consecutivos al alza, el IAE comenzó a retroceder: en el año natural 2025 cayó 0.4%, el primer descenso en un lustro. El antecedente más reciente de contracción había sido una caída de 2.6% en 2020, atribuida a la pandemia de COVID-19.

La Junta de Planificación anunció que realizará un estudio para estimar el impacto económico de la sequía de 2026, según declaró su presidente, Héctor Morales Martínez.

Los resultados servirán de base para que el Gobierno evalúe iniciativas de asistencia, reclamaciones e incentivos dirigidos a mitigar los daños; la última sequía comparable, entre 1994 y 1995, causó pérdidas estimadas en $23 millones.

La Junta de Planificación ya midió el impacto de la sequía de 1994–1995, cuando los daños más cuantiosos recayeron sobre la agricultura ($13.8 millones), manufactura ($3.9 millones), servicios ($2.8 millones) y el gobierno ($2.5 millones).

La AAA informó que sus plantas de tratamiento y oficinas comerciales continuaron operando con normalidad durante la primera jornada del paro decretado por la UIA, pese a que solo 1,304 de los 4,121 empleados se presentaron a trabajar. La vicepresidenta de Administración, Karim del Valle Gregory, atribuyó la continuidad del servicio al plan de contingencia ejecutado desde la noche del martes.

Con apenas un 32% de la plantilla activa, la AAA logró mantener el suministro de agua en medio de la emergencia por sequía que afecta a Puerto Rico, demostrando que el plan operacional de la gerencia absorbió el impacto inmediato del paro.

El paro fue convocado por la UIA ante reclamos salariales, incluyendo el Plan de Clasificación y Retribución y casos laborales pendientes. La gobernadora Jenniffer González Colón había presionado al sindicato para desistir de la paralización, advirtiendo que esta podría comprometer el racionamiento de agua vigente.

El 12 de agosto de 2026, el representante Christian Muriel y el alcalde de Maunabo, Ángel Omar Lafuente Amaro, anunciaron la reapertura oficial del Túnel de Maunabo luego de que la Autoridad de Carreteras y Transportación culminara los trabajos programados, tras un cierre de aproximadamente 10 meses.

La reapertura restablece el tránsito en ambas direcciones por una ruta esencial del sureste de Puerto Rico, mejorando la movilidad diaria de conductores y la actividad de residentes, comerciantes y visitantes de Maunabo y municipios aledaños.

El túnel es la vía de conexión más directa entre Maunabo y los municipios cercanos del sureste; su cierre prolongado obligó a rutas alternas más lentas para toda la región.

San Juan Cruise Port activó un plan de contingencia que contempla baños portátiles, contratación de agua en tanques y personal adicional de limpieza en los terminales del Viejo San Juan, ante posibles interrupciones en el suministro de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Hasta el momento, los muelles no han sido afectados por los cortes programados.

Los terminales de cruceros son un punto crítico del turismo en San Juan; cualquier interrupción en el servicio de agua podría afectar las operaciones de las líneas navieras y la experiencia de miles de pasajeros que transitan por el puerto.

Las interrupciones programadas de agua en varios municipios de Puerto Rico han obligado a distintos sectores de la industria turística a adoptar medidas preventivas; durante junio y julio de 2026, ninguna línea de cruceros que atracó en San Juan solicitó suplido de agua.

La Asociación de la Industria de Biotecnología Agrícola de Puerto Rico (Prabia) abrió una convocatoria para que estudiantes subgraduados y graduados presenten proyectos de investigación durante su convención anual, que se celebrará el 8 y 9 de octubre en el hotel Caribe Hilton. Los tres participantes con mayor puntuación recibirán consideración prioritaria para internados y mentoría en empresas como BASF, Bayer, Corteva Agriscience y Syngenta.

La iniciativa crea un enlace directo entre la academia puertorriqueña y multinacionales del sector agrícola-biotecnológico, abriendo vías concretas de empleo y colaboración para investigadores locales en una industria de peso estratégico en la isla.

Puerto Rico alberga operaciones de investigación y producción de semillas de varias de las mayores empresas de biotecnología agrícola del mundo, y Prabia agrupa a ese sector como voz gremial ante la industria, la academia y los reguladores.

El secretario de DACO, Hiram Torres Montalvo, aclaró que ningún restaurante puede imponer ni sugerir a sus clientes un cargo adicional por concepto de agua —conocido como 'water fee'— aun cuando el establecimiento enfrente gastos derivados de las interrupciones de servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La aclaración responde a señalamientos en redes sociales y quejas recibidas por DACO sobre establecimientos que habrían considerado aplicar ese cargo, lo que podría afectar directamente el bolsillo de los consumidores que salen a comer.

Las interrupciones programadas de la AAA han impactado tanto a hogares como a negocios que dependen del agua para cocinar, limpiar y cumplir con protocolos de salubridad, presionando a la industria gastronómica a buscar alternativas para sostener sus operaciones.

La Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF) anunció su primer Congreso Económico para el 18 de agosto de 2026 en el hotel Hilton Garden Inn en San Juan, con más de 100 participantes esperados, incluyendo el director de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Robert F. Mujica, y líderes de Citi, Banesco USA, Popular y OFG Bancorp.

La APAF busca traducir discusión en acción concreta sobre obstáculos persistentes al desarrollo económico —entre ellos el impuesto al inventario, la reforma de permisos, las tasas contributivas y la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)— mediante una alianza formal entre el sector público y el privado.

Juan A. Villeta Trigo, presidente de la APAF, señaló que estos asuntos llevan años sin resolverse a pesar de estar identificados, y subrayó la necesidad de que el sector privado hable con una sola voz para presionar por resultados.

La gobernadora Jenniffer González Colón vetó el Proyecto del Senado 679, que buscaba prohibir el discrimen contra familias que usan fondos federales de recuperación —como los programas R3 y de Asistencia al Comprador— para adquirir vivienda. Ayuda Legal Puerto Rico cuestionó públicamente el veto, calificándolo de oportunidad perdida en medio de una crisis de vivienda sin precedentes.

Según Ayuda Legal, miles de familias con ayudas federales aprobadas enfrentan el rechazo de vendedores a aceptar fondos CDBG-DR como método de pago, lo que frena la recuperación post desastre y pone en riesgo la utilización efectiva de esos recursos asignados a Puerto Rico.

El PS 679 fue redactado por Ayuda Legal Puerto Rico y presentado desde la oficina del senador Carmelo Ríos; su informe legislativo concluyó que el proyecto equilibraba la protección contra prácticas discriminatorias con el respeto al derecho de propiedad, incluyendo excepciones para situaciones comerciales legítimas.

Decenas de familias en la comunidad de Ciénaga, en Yauco, siguen sin recibir las primeras 15 viviendas de la Urbanización Villa Jireh, proyecto municipal prometido tras los terremotos de principios de 2020; al 7 de julio de 2026, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y LUMA reportaron trabajos esenciales aún pendientes que impiden la ocupación. La organización FURIA Inc. radicó una solicitud de información al amparo de la Ley 141 de 2019 para exigir transparencia sobre el avance de la obra.

Dos residentes han fallecido esperando la entrega y varios adultos mayores con condiciones de salud críticas continúan en módulos de madera temporeros en el tope de una montaña, expuestos a la temporada de huracanes; el alcalde Ángel Luis Torres Ortiz ha aplazado la fecha de entrega en múltiples ocasiones —la más reciente promesa era agosto de 2026— sin reunirse con la comunidad desde octubre de 2025.

Los terremotos de comienzos de 2020 afectaron severamente el suroeste de Puerto Rico, desplazando a miles de familias; desde mayo de 2024 los residentes de Ciénaga firmaron contratos de Promesa de Cesión de Titularidad con el municipio, y en diciembre de 2025 solo se firmaron actas de edificación de cinco viviendas, paso que no autorizaba mudanza ni otorgaba título sobre el terreno.

El Departamento de Hacienda recaudó $11,880.3 millones entre julio de 2025 y mayo de 2026, una baja de $114.4 millones —un 1.0%— frente al mismo período del año fiscal anterior. Las mayores contracciones ocurrieron en las contribuciones de corporaciones y sociedades (-4.6%) y en los arbitrios de autos (-14.2%) y bebidas alcohólicas (-10.9%).

De mantenerse la tendencia, sería la primera caída de ingresos fiscales desde el año fiscal 2023, lo que podría presionar el presupuesto del gobierno central en un momento en que Puerto Rico aún opera bajo supervisión fiscal federal.

En el año fiscal 2025 los recaudos habían crecido 2.0%, y 6.1% en el 2024; la última contracción anual en el año natural se había registrado en 2020, durante la pandemia.

El comisionado residente Pablo José Hernández, junto a los demócratas de mayor rango de los comités de Recursos Naturales de la Cámara, Seguridad Nacional de la Cámara y Energía y Recursos Naturales del Senado, solicitaron a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) una investigación sobre las interrupciones del servicio de agua, el deterioro del sistema de la AAA y el uso de fondos federales en Puerto Rico.

Los legisladores señalan que las tuberías deterioradas provocan la pérdida de aproximadamente la mitad del agua tratada, y que a pesar de casi una década de inversión federal, Puerto Rico sigue sin contar con un sistema confiable; la AAA administra aproximadamente 21,000 millas de tuberías que abastecen a gran parte de la Isla.

La solicitud responde a una crisis de agua que afecta a miles de familias y cuyas causas, según los firmantes, van más allá de la sequía actual e incluyen fallas administrativas y de infraestructura acumuladas pese a la financiación federal recibida.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 11 de agosto de 2026 la asignación de $801,645 para repavimentar aproximadamente 1.9 kilómetros de la carretera PR-866 en Toa Baja, entre los kilómetros 5.9 y 7.8, mediante un acuerdo colaborativo entre el DTOP y el municipio.

Los trabajos incluirán escarificado de asfalto, instalación de ojos de gato y marcado termoplástico en una vía de uso diario para residentes y conductores de Toa Baja.

La administración de González Colón declaró mediante orden ejecutiva un estado de emergencia por las condiciones de las carreteras de Puerto Rico, y ha canalizado fondos a municipios a través de acuerdos colaborativos con el DTOP y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

El 11 de agosto de 2026, el secretario del DDEC Carlos J. Ríos Pierluisi visitó las instalaciones de CBC-Pepsi Cola PR en Toa Baja —una de las tres principales embotelladoras de agua en la isla— para constatar la capacidad de producción ante el aumento extraordinario en la demanda generado por los anuncios de racionamiento en varios municipios. Las tres embotelladoras principales confirmaron tener capacidad de suplir el mercado local y cuentan con generadores de emergencia, pozos operativos e inventario de materia prima suficiente para varias semanas de producción continua.

La visita buscó ofrecer certeza pública de que el suministro de agua embotellada no colapsará durante la emergencia por sequía, en un momento en que la demanda ha aumentado considerablemente por el racionamiento activo en distintos municipios.

La crisis hídrica actual ha derivado en racionamiento de agua potable en municipios del área metropolitana y el interior, y motivó también la activación de incentivos económicos del DDEC y la Compañía de Turismo para pymes y negocios turísticos afectados. Las embotelladoras locales señalaron que la experiencia tras el huracán María fortaleció sus protocolos de contingencia.

Según GUIA, julio de 2026 cerró con 8,180 unidades vendidas, un alza de 1.59% frente a las 8,052 de julio de 2025, marcando el segundo mes consecutivo con crecimiento tras una racha de 13 meses de caídas que se extendió desde abril de 2025 hasta mayo de 2026. No obstante, el acumulado de enero a julio sigue muy por debajo al del mismo periodo de 2025.

Aunque dos meses consecutivos en positivo rompen la tendencia bajista prolongada, el rezago acumulado en los primeros siete meses del año refleja una contracción sostenida en uno de los sectores de consumo más grandes de la isla, con impacto en empleos, arbitrios y poder adquisitivo.

La presidenta de GUIA, Rosángela Guerra, ha atribuido el deterioro a la inflación, los aranceles, la desaceleración económica y el sistema de arbitrios vigente, y ha reiterado el llamado a reformar ese sistema; el único segmento con crecimiento sostenido es el de vehículos electrificados, que acumula un alza de 29% en los primeros siete meses del año.

El portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, y la representante Swanny Enit Vargas denunciaron el 11 de agosto de 2026 que agricultores en al menos ocho regiones de Puerto Rico llevan hasta nueve meses esperando pagos y subsidios del Departamento de Agricultura, incluyendo el Subsidio Salarial, el Subsidio de Maquinaria Agrícola y programas de abono y plaguicidas. Las regiones afectadas incluyen Caguas, Ponce, Mayagüez, Lares, Arecibo, San Germán, Utuado y Naranjito.

Los atrasos están afectando la operación y capacidad de producción de los agricultores, así como a suplidores vinculados al sector agrícola, lo que amenaza la continuidad de la producción de alimentos en la isla. Los legisladores exigen al secretario de Agricultura que revele el número de afectados, el total de dinero pendiente y un plan para ponerse al día.

El sector agrícola de Puerto Rico depende significativamente de subsidios gubernamentales para sostener sus operaciones; los retrasos en desembolsos de programas de incentivos han sido una preocupación recurrente en el debate legislativo sobre seguridad alimentaria en la isla.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo halló que el Gobierno de Puerto Rico impulsa la expansión de la industria de cruceros —con meta de dos millones de visitantes en 2026— sin un estudio de impacto económico municipal ni procesos de participación ciudadana, mientras residentes del Viejo San Juan reportan congestión vehicular, fallas en el servicio de agua y deterioro de la infraestructura.

Los 1.6 millones de cruceristas que visitaron la isla en 2025 generaron entre $228 y $367 millones en gasto —cifras en disputa entre la Junta de Planificación y Discover Puerto Rico— y su actividad económica se concentra en el área portuaria sin beneficiar al resto de la Isla, mientras la comunidad anfitriona absorbe los costos en infraestructura y calidad de vida.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció en agosto de 2025 su intención de convertir a Puerto Rico en un hub de cruceros similar a Miami; el Gobierno también promueve el desarrollo de infraestructura portuaria en Toa Baja, Cataño y Mayagüez, y la Compañía de Turismo anunció que en 2027 el Legend of the Seas hará escala en Ponce.

En julio de 2026 se vendieron 1,381 sacos de cemento de 94 libras en Puerto Rico, cifra que extiende a tres meses la racha positiva tras los 1,363 sacos de junio y los 1,297 de mayo, aunque el total de julio quedó tres unidades por debajo del mismo mes del año anterior.

La racha de tres meses consecutivos al alza matiza la tendencia contractiva reportada en los primeros siete meses de 2026, y sugiere cierta estabilización en la actividad de construcción, sector que forma parte del Índice de Actividad Económica.

El punto más alto reciente fue marzo de 2026 con 1,455 sacos, y el más bajo febrero de 2026 con 1,124; la venta de cemento es uno de los indicadores tradicionales para medir la salud de la economía puertorriqueña.

El Municipio Autónomo de Cabo Rojo anunció "Cabo Rojo Artesanal", una feria de artesanía puertorriqueña que celebrará su primera edición el 15 de agosto de 2026 en la Plaza Pública Dr. Ramón Emeterio Betances, con la participación de 80 artesanos de más de 12 municipios. El evento, por encomienda del alcalde Jorge A. Morales Wiscovitch, está previsto para celebrarse el tercer sábado de cada mes.

La iniciativa busca activar el comercio del Centro Urbano de Cabo Rojo canalizando el flujo de visitantes hacia restaurantes y comercios locales, en lugar de instalar quioscos de comida en la plaza.

El proyecto fue desarrollado por la nueva Oficina de Desarrollo Económico y Comunitario (ODEC) del municipio, y cada edición estará dedicada a distintos renglones de la artesanía puertorriqueña.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió el 8 de agosto de 2026 una carta al comisionado residente Pablo José Hernández advirtiendo que 22 municipios cobran arbitrios de construcción más altos a proyectos financiados con fondos gubernamentales que a obras privadas comparables, práctica que podría poner en riesgo financiamiento federal de recuperación por desastres. En 15 de esos municipios la tasa para obras gubernamentales alcanza el 10%, lo que en la mayoría de los casos representa el doble de la aplicada a proyectos privados.

Si las agencias federales determinan que esos costos adicionales son 'irrazonables' o 'discriminatorios' bajo las normas federales, Puerto Rico podría perder acceso a subvenciones de recuperación; además, los arbitrios elevados reducen la proporción del dinero federal que termina directamente en las obras de infraestructura. El caso Siemens–Guayanilla ilustra el riesgo: el municipio impuso cargos que sumaban cerca del 15% de un contrato de aproximadamente $150 millones antes de retirar las reclamaciones.

Veinte de los 22 municipios adoptaron tasas diferenciadas después del huracán María en 2017, cuando Puerto Rico comenzó a recibir cantidades sustanciales de fondos federales para recuperación; 11 lo hicieron entre 2022 y 2025. El Comité de Asignaciones de la Cámara federal ya incluyó lenguaje en el proyecto presupuestario del año fiscal 2027 que requeriría a FEMA informar si arbitrios municipales están retrasando desembolsos.

El Senado federal aprobó, con 90 votos a favor y seis en contra, una resolución continua que mantendría los niveles de financiamiento del año fiscal 2026 y extendería las operaciones del gobierno federal más allá del 30 de septiembre de 2026 hasta el 11 de diciembre. La versión difiere de la aprobada por la Cámara de Representantes, por lo que ambas cámaras deben acordar un texto final antes de enviarlo al presidente Donald John Trump.

Para Puerto Rico, la continuidad del financiamiento federal es crítica: la resolución incluye flexibilidades para el programa WIC y garantiza disponibilidad de fondos de FEMA para respuesta y recuperación por desastres, entre otros programas esenciales.

El gobierno federal opera con presupuesto aprobado hasta el 30 de septiembre de 2026; las resoluciones continuas son el mecanismo que el Congreso usa para evitar cierres del gobierno mientras completa el proceso de asignaciones, en este caso para el año fiscal 2027.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, advirtió el lunes 10 de agosto que los restaurantes no pueden cobrar a sus clientes un cargo por servicio de agua para recuperar el costo de abastecer cisternas durante las interrupciones programadas, en respuesta a publicaciones en redes sociales que alertaban sobre un denominado 'water fee'.

Los establecimientos que violen la Orden Administrativa 2026-006 —que congela precios de productos y servicios de primera necesidad relacionados con el agua— pueden enfrentar multas administrativas de hasta $10,000 por infracción.

La Orden Administrativa 2026-006 fue emitida el 1 de agosto de 2026 en el marco de un estado de emergencia por sequía, con el propósito de proteger a los consumidores de aumentos de precios en artículos y servicios esenciales vinculados al suministro de agua.

Las ventas al detal en Puerto Rico aumentaron 0.8% en mayo de 2026, según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), revirtiendo una caída promedio de 1.4% registrada en los primeros cuatro meses del año. Los mayores aumentos se dieron en autos (20.6%), tiendas de deporte (15.1%) y supermercados (4.1%), mientras que las tiendas de departamento (-10.5%) y restaurantes (-9.9%) registraron las mayores bajas.

El repunte interrumpe una racha negativa, aunque el acumulado de los primeros 11 meses del año fiscal apenas suma 0.9% de crecimiento, lo que sugiere una recuperación frágil del consumo interno.

Las ventas al detal cerraron 2025 con un alza de 2.7%, tras un modesto 0.4% en 2024; la desaceleración de los primeros meses de 2026 ponía en duda si ese impulso podía sostenerse.

La secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana explicó el 10 de agosto de 2026 que la AAA tuvo que modificar el calendario de racionamiento de agua potable porque las condiciones de presión del sistema no respondieron como se había proyectado al abrir las válvulas, dejando sectores sin servicio en días distintos a los planificados.

Las fallas de presión no previstas agravaron la incertidumbre para los residentes afectados, quienes quedaron sin agua en días en que debían tener servicio; Rivera Santana exhortó a los alcaldes a recorrer comunidades e identificar dónde hace falta apoyo adicional de camiones cisterna y oasis.

Rivera Santana ha fungido como enlace entre la AAA y los municipios afectados, y reconoció que la realidad en el terreno no coincide con lo que la AAA ha establecido formalmente, instando a la agencia a enviar personal a verificar en campo.

José "Che" Julio Aparicio, presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, presentó un Plan de Trabajo 2026-2027 que incluye reducir el IVU, eliminar el impuesto al inventario, bajar las tasas contributivas al 4% para individuos y corporaciones, y reformar el código de permisos. La CCPR planea someter el paquete de propuestas al gobierno y a la Junta de Supervisión Fiscal.

Las propuestas apuntan a aliviar cargas fiscales sobre el comercio y los consumidores en Puerto Rico, y forman parte de un plan económico a 10 años que busca eventualmente poner fin a la supervisión de la Junta de Supervisión Fiscal.

La Junta de Supervisión Fiscal lleva años supervisando las finanzas del gobierno de Puerto Rico tras la crisis de deuda pública. El impuesto al inventario y las tasas del IVU han sido blancos recurrentes de críticas del sector privado, que los señala como obstáculos a la competitividad de los negocios locales.

El exsecretario de Hacienda Francisco Parés Alicea advirtió, en un foro del Centro CRECE, que Puerto Rico destina menos de $2 millones de su presupuesto de casi $14,000 millones al desarrollo de inteligencia artificial, y que el gobierno opera con una estructura diseñada para una población mayor a la actual.

Parés señaló que la IA podría ampliar el cumplimiento tributario —hoy menos del 1% de los contribuyentes enfrenta auditorías— y que la resistencia a consolidar hospitales, recintos universitarios y servicios públicos distribuye recursos de forma ineficiente ante una población en declive continuo.

Parés dirigió el Departamento de Hacienda durante siete años y fue profesor en la UPR durante ese período; advirtió que si la universidad no reforma su estructura, podría enfrentar una intervención federal relacionada con el Programa Nacional de Préstamos Estudiantiles.

El secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres confirmó que el Departamento de Agricultura enviará entre el viernes 8 y el sábado 9 de agosto de 2026 una carta formal al USDA, en coordinación con la gobernadora Jenniffer González Colón, para solicitar la activación de programas federales de asistencia a agricultores afectados por la sequía.

Puerto Rico lleva una semana bajo clasificación D2 (sequía severa) y el secretario anticipa que los programas podrían activarse la semana siguiente; un cambio reciente en los criterios del USDA reduce el umbral de activación de seis semanas en D3 a tres semanas en D2, lo que abre la puerta a ayudas más rápidas.

La sequía severa cubre el 35.63% del territorio insular y al menos 11 municipios del sur están bajo sequía extrema (D3); fuentes previas estiman una caída de 69% en la producción de café y advierten que las condiciones secas podrían prolongarse hasta principios de 2027.

Tras el anuncio de Aerostar Airport Holdings de abrir un nuevo 'Global Lounge' en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, Airport Shoppes y Airport Catering Services reclamaron que la apertura viola derechos de exclusividad en venta de alimentos y bebidas que los tribunales les han reconocido.

La disputa pone en tensión una determinación judicial vigente contra una inversión ya anunciada por el operador del aeropuerto, con implicaciones para los contratos comerciales dentro de la principal terminal aérea de Puerto Rico.

Airport Shoppes alega que los tribunales establecieron que su contrato de exclusividad solo permite, como excepción, salas de espera operadas por aerolíneas —no por el concesionario del aeropuerto— y su presidente, José Algarín, advirtió que agotará todos los mecanismos legales disponibles.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, advirtió el 7 de agosto de 2026 que la agencia multará severamente a comerciantes que cobren precios excesivos por el servicio de acarreo y llenado de cisternas, en el marco de la Orden Administrativa 2026-006 firmada el 1 de agosto que congela precios en artículos y servicios de primera necesidad relacionados con el agua.

La orden cubre agua potable, hielo, agua embotellada, cisternas y todos los equipos, piezas y servicios de instalación o reparación asociados, extendiendo la vigilancia regulatoria al sector de acarreo privado que ha cobrado relevancia ante la crisis de sequía.

La congelación de precios surge en respuesta a lo que el DACO describe como una situación histórica de sequía que afecta a Puerto Rico; la Orden Administrativa 2026-006 es el instrumento formal que establece los parámetros para comercios que vendan productos y servicios relacionados con agua.

Liberty Puerto Rico reportó ganancias (OIBDA) de $92.7 millones entre abril y junio de 2026, un alza de 6.6% frente a los $87.0 millones del mismo periodo de 2025, aunque los ingresos cayeron 4.6% hasta $287.5 millones por presión en el segmento móvil y reducción de precios en el segmento residencial fijo.

Liberty es uno de los principales proveedores de telecomunicaciones en Puerto Rico, con 673,200 suscriptores móviles y 486,300 de Internet al 30 de junio de 2026; la caída de ingresos refleja retos estructurales en el mercado prepago y de banda ancha en la isla.

La compañía había absorbido los activos de AT&T en Puerto Rico en 2020, proceso que presionó sus finanzas y provocó una caída de 36.5% en ganancias en 2024; en 2025 las ganancias repuntaron 26.3% hasta $353.4 millones conforme se estabilizó la migración de clientes.

El 6 de agosto de 2026, el comisionado residente Pablo José Hernández Rivera se reunió con alcaldes en Aguada durante un encuentro de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico y destacó que su oficina ha anunciado más de $1.7 billones en fondos federales para municipios de la isla.

Los fondos están dirigidos a proyectos de infraestructura, desarrollo económico, turismo y servicios municipales, y la reunión conectó a los alcaldes con agencias federales como USACE y el USDA.

La oficina del comisionado residente actúa como enlace entre los municipios puertorriqueños y el gobierno federal para facilitar el acceso a programas de financiamiento competitivo.

En julio de 2026 se radicaron 556 casos de quiebras en Puerto Rico, un 19.6% más que en julio de 2025, según el Boletín de Puerto Rico. Es el segundo aumento consecutivo y el total más alto desde marzo.

En los primeros siete meses de 2026 se acumulan 3,615 quiebras, un 4.0% más que en el mismo periodo del año anterior; el Boletín proyecta que el año cerraría con 6,197 casos, lo que sería un récord histórico. Las quiebras comerciales —308 entre enero y julio, el nivel más alto desde 2017— incluyen restaurantes, empresas de construcción y oficinas médicas, con una deuda acumulada de $34.0 millones solo en julio.

El año 2025 ya había cerrado con 5,939 quiebras totales, la cifra más alta desde 2019 y un alza de 4.0% sobre 2024, año en que las quiebras habían crecido 28.8%.

La Cámara de Comercio de Puerto Rico celebró su primera reunión bajo la presidencia de José "Che" Julio Aparicio Laspina y presentó su Plan de Trabajo 2026-2027, con enfoque inmediato en la sequía, el racionamiento de agua, el contrato de LUMA, la reforma de permisos y la lentitud en el uso de fondos federales.

La sequía ya presiona a restaurantes, hoteles y servicios de salud — viajes de cisterna alcanzan hasta $3,000 para restaurantes — mientras el sector hotelero opera cerca del 70% de ocupación bajo condiciones de suministro inestable.

La Cámara de Comercio agrupa 33 asociaciones afiliadas y busca posicionarse como interlocutora activa en el debate legislativo sobre agua y energía, incluyendo la evaluación del contrato de LUMA y la defensa de fondos de salud ante el Congreso.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos J. Ríos Pierluisi, anunció el Incentivo de Recuperación Económica, que provee hasta $5,000 a pequeños y medianos comerciantes afectados por el plan de racionamiento de agua en 15 municipios. Los fondos cubren gastos incurridos desde el 1 de junio de 2026, incluyendo compra de agua, equipos de almacenamiento y pérdidas de inventario.

El programa está disponible para PyMes con ventas de $350,000 o menos y hasta 25 empleados a tiempo completo en municipios como San Juan, Bayamón, Guaynabo, Carolina y Caguas, entre otros, sin requerir certificación previa de PyMes. El DDEC inició el 6 de agosto una "Ruta de Orientación y Apoyo" que recorrerá los municipios afectados hasta el 13 de agosto.

La emergencia de agua potable fue declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2025-044 y el Boletín Administrativo OE-2026-28, y la gobernadora Jenniffer González encomendó a todas las agencias brindar apoyo excepcional a ciudadanos y comerciantes mientras dure la crisis.

Tras el anuncio de Aerostar Airport Holdings sobre la apertura de un nuevo 'Global Lounge' en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, Airport Shoppes y Airport Catering Services sostienen que la operación viola sus derechos contractuales de exclusividad en la venta de comida y bebida en la terminal.

Airport Shoppes, cuyo presidente José Algarín advirtió que recurrirá a todos los mecanismos legales disponibles, alega que determinaciones judiciales ya reconocieron esa exclusividad, lo que podría derivar en litigios que afecten la operación del nuevo lounge.

Según Airport Shoppes, los tribunales habían reconocido previamente su exclusividad en la venta de alimentos y bebidas en el aeropuerto, permitiendo solo como excepción las salas de espera de aerolíneas —no las operadas por el concesionario del aeropuerto.

El presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Luis González Delgado, afirmó el 6 de agosto de 2026 que la Junta de Gobierno fue informada sobre la posibilidad de un plan de racionamiento en la reunión ordinaria del 17 de julio. Esto ocurrió horas después de que Héctor Del Río renunciara a la presidencia de la Junta alegando que el cuerpo rector no fue notificado.

El intercambio expone una contradicción pública entre la dirección ejecutiva de la AAA y su Junta de Gobierno sobre quién sabía qué y cuándo, justo mientras se evalúa si implementar interrupciones programadas de agua que afectarían a los abonados.

La AAA enfrenta condiciones de sequía con niveles de embalses en descenso; González Delgado indicó que en julio se explicó a la Junta el procedimiento a seguir con alcaldes si el racionamiento fuera necesario, aunque no quedó claro si la Junta tenía que aprobar la medida mediante votación formal.

El Economic Development Business Leaders Summit 2026 se celebrará el 17 y 18 de septiembre de 2026 en el DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld, con el propósito de facilitar alianzas de inversión y relaciones comerciales entre empresarios, inversionistas y funcionarios de Puerto Rico y Florida.

El evento busca traducir el diálogo multisectorial en proyectos concretos que amplíen el acceso de empresas puertorriqueñas a nuevos mercados en Estados Unidos continental.

La organización detrás del summit, Summit Strategies Group LLC, ha promovido espacios de conexión entre los sectores empresarial, gubernamental y comunitario de Puerto Rico y Estados Unidos en ediciones anteriores.

Al celebrar una década de operaciones en Puerto Rico, Uber anunció la integración de reservaciones de hoteles vía Expedia, reservas en restaurantes mediante OpenTable y nuevos beneficios para miembros de Uber One dentro de una misma aplicación. La isla es el primer mercado de América Latina y el Caribe donde estas funcionalidades se presentan de forma conjunta.

La expansión apunta a fortalecer el ecosistema económico de la plataforma: más de 4,300 comercios han operado en Uber Eats durante la última década y aproximadamente la mitad de los negocios activos mensualmente son pequeñas y medianas empresas, mientras que más de 94,000 personas han generado ingresos a través de la plataforma.

Uber llegó a Puerto Rico hace diez años como servicio de transporte por aplicación y fue ampliando su oferta con Uber Eats y Uber One. La compañía reporta que más de 5.5 millones de personas han utilizado alguno de sus servicios en la isla durante ese período.

Pentaq Manufacturing, compañía puertorriqueña ubicada en Sabana Grande, obtuvo esta semana un contrato de $41,363,742 con la Agencia de Logística de Defensa para fabricar abrigos y pantalones de uniforme de combate para mujeres en climas cálidos. El acuerdo tiene una duración de cinco años, hasta el 5 de agosto de 2031, y cubrirá necesidades del Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

El contrato representa una inyección económica significativa para una empresa manufacturera en el municipio de Sabana Grande y confirma la capacidad competitiva de la industria local en licitaciones federales de defensa; Pentaq fue seleccionada entre 13 empresas que compitieron por el acuerdo.

Pentaq Manufacturing está establecida en la zona industrial del barrio Rayo Guaras de Sabana Grande. Su presidente, Oscar Quiles, fue reconocido en 2011 con el premio de empresario minoritario del año en Estados Unidos y en 2012 fue designado empresario estatal en Puerto Rico por la Administración de Pequeños Negocios (SBA).

Evertec cerró el segundo trimestre de 2026 con ingresos netos de $5.4 millones, una caída significativa frente a los $40.5 millones del mismo período de 2025, atribuida en parte a costos de respuesta ante un incidente de ciberseguridad ocurrido en junio pasado y a pérdidas por la salida de una inversión. Los ingresos totales, sin embargo, crecieron 20% hasta $274.6 millones, impulsados por adquisiciones en Brasil.

La divergencia entre el alza de ingresos totales y el desplome de las ganancias netas ilustra el peso financiero que un incidente de ciberseguridad puede tener sobre una empresa de tecnología de pagos que opera en Puerto Rico y Latinoamérica; la empresa ya revisó al alza sus proyecciones para el resto de 2026.

Evertec ha apostado por expandirse en Sudamérica: en 2026 anunció la compra del 100% de Dimensa, empresa tecnológica brasileña, por $181 millones, y el 67% de BBChain, startup de infraestructura blockchain, por $5.6 millones.

El 6 de agosto de 2026, empleados del Hospital Cardiovascular realizaron una protesta frente al Centro Médico de Río Piedras exigiendo el restablecimiento de beneficios del convenio colectivo, incluyendo aumentos salariales, bono de Navidad y días de vacaciones. El presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez, denunció que la administración del hospital aplicó la Ley 26 para recortar beneficios a pesar de que la Ley 128 de 2020 otorgó autonomía al hospital con la condición de no tocar los beneficios de sus empleados.

Según la UGT, los trabajadores unionados y gerenciales han visto reducidos sus beneficios económicos desde 2020, lo que representa años de pérdidas acumuladas en compensación para el personal de uno de los centros hospitalarios especializados del país.

La Ley 128 de 2020 concedió autonomía operacional al Hospital Cardiovascular para, entre otras cosas, realizar compras sin pasar por la Administración de Servicios Generales (ASG) y contratar libremente; la UGT alega que la dirección del hospital aplicó selectivamente esa ley para su beneficio administrativo mientras imponía la Ley 26 —de austeridad del gobierno— a los empleados.

El 6 de agosto de 2026, el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, y el portavoz alterno, Domingo Torres García, emplazaron a la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, a atender las fallas del sistema Integra PR, que mantiene a suplidores del Gobierno sin poder cobrar por servicios ya prestados y paraliza procesos en múltiples agencias. La denuncia se suma a la del director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla, quien emplazó al Gobierno el día anterior.

Los representantes advierten que la transición deficiente al sistema ERP evidencia una improvisación que afecta tanto a empresas que dependen de pagos gubernamentales como a la operación diaria de agencias públicas, en medio de un plazo del 29 de agosto para procesar facturas del año presupuestario 2025-2026.

Integra PR fue promovido por la propia subsecretaria García para centralizar finanzas, presupuesto, compras y contabilidad de más de 60 agencias; las fallas en su implementación han sido documentadas desde el 23 de junio, cuando proveedores dejaron de poder someter facturas.

La Cooperativa de Porcicultores de Puerto Rico y el Caribe (COOPORCI-PR) inauguró el Puerto Rico Meat Processing Center en Guaynabo con una inversión de $2.8 millones, con capacidad para procesar hasta 100 reses o 400 cerdos diarios.

La instalación proyecta producir 12.5 millones de libras de carne de res y 2.7 millones de libras de cerdo al año, crear unos 140 empleos directos e indirectos, y colocar carne local en supermercados, carnicerías y comedores escolares, reduciendo la dependencia de importaciones.

COOPORCI-PR, con 15 años de trayectoria, ha impulsado el modelo cooperativo en la producción porcina; históricamente los ganaderos y porcicultores independientes de la isla carecían de infraestructura propia de procesamiento que les permitiera competir con productos importados.

La Junta de Control Fiscal retiró su objeción a la Ley 37 de 2024 y notificó a la AAFAF que el gobierno podrá exonerar del pago de contribuciones al CRIM a las propiedades que operan bajo la Sección 8 de la Ley Nacional de Hogares.

La decisión desbloquea la implementación de la Ley 37 de 2024, que busca reducir los costos operativos de propietarios que participan en el programa federal de vivienda subsidiada y que estaban obligados a pagar contribuciones municipales.

El director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, reexaminó la medida y su impacto en los planes fiscales del gobierno y del CRIM; la Junta también exhortó al gobierno a colaborar con las organizaciones de alcaldes para proponer métodos alternos que atiendan el posible impacto fiscal de la ley.

Representantes de las principales organizaciones empresariales del país alertaron que la falta de agua y el inminente racionamiento están elevando los costos operacionales de restaurantes, hoteles, industrias y pequeños comercios; solo 10 hoteles ya han gastado más de $20.5 millones en agua.

Los gastos extraordinarios recaen directamente sobre los negocios y amenazan la productividad, las ventas, el empleo y la competitividad de múltiples sectores si la crisis hídrica se prolonga.

La crisis se enmarca en la emergencia por sequía declarada mediante la Orden Ejecutiva OE-2026-035 firmada el 31 de julio, que ya provocó racionamiento en la zona norte y el área metropolitana; industriales y comerciantes han activado planes de contingencia que incluyen cisternas y compra de agua.

El 28 de julio de 2026, el juez Enrique Lamoutte ordenó el cierre del caso de bancarrota bajo el Capítulo 11 del Instituto Médico del Norte, matriz del Hospital Wilma N. Vázquez en Vega Baja, tras más de una década de litigio. El caso, confirmado bajo un Plan de Reorganización en 2016, había sido reabierto en 2021 para atender tres pleitos adversarios contra Condado 7 y Greengift Capital, LLC.

El cierre marca el fin administrativo de una quiebra de 13 años para uno de los principales hospitales del norte de Puerto Rico, aunque la institución enfrenta un proceso separado de Capítulo 11 radicado en 2026.

El Hospital Wilma N. Vázquez, operado por el Instituto Médico del Norte, inició su primer proceso de reorganización en 2013 y obtuvo confirmación de su plan en 2016; el caso fue reactivado años después para resolver litigios pendientes contra entidades privadas.

En julio de 2026, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín recibió 1.3 millones de pasajeros, una reducción de 5.1% frente a julio de 2025, con descensos tanto en rutas hacia Estados Unidos como internacionales. Es el décimo mes consecutivo de caída en el tráfico.

La baja acumulada de 3.2% en los primeros siete meses de 2026 rompe el impulso de 2025, cuando el aeropuerto alcanzó un récord de 13.6 millones de pasajeros, y plantea preguntas sobre el impacto económico en el turismo y la conectividad de la isla.

Aerostar opera el aeropuerto mediante una concesión desde 2013 bajo la compañía matriz ASUR; el año 2025 había cerrado con cifras récord tras crecer 3.0% respecto a 2024.

El Economic Development Business Leaders Summit 2026 se celebrará el 17 y 18 de septiembre de 2026 en el DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld, con el propósito de crear alianzas comerciales y de inversión entre Puerto Rico y Florida.

La cumbre reunirá a empresarios, inversionistas y funcionarios de ambas jurisdicciones para abordar temas como acceso a mercados, infraestructura, desarrollo municipal y colaboración público-privada.

Summit Strategies Group LLC, organización detrás del evento, ha promovido previamente espacios de conexión entre sectores empresarial, gubernamental, comunitario y profesional de Puerto Rico y Estados Unidos.

La alcaldesa de Ponce Marlese Sifre Rodríguez y ejecutivos de JetBlue, encabezados por el vicepresidente David Jehn, se reunieron para evaluar la expansión del servicio aéreo desde el Aeropuerto Internacional Mercedita, incluyendo fortalecer la conexión con el mercado de Nueva York. En julio, JetBlue ya inauguró una nueva ruta entre Fort Lauderdale y Ponce.

Ampliar la conectividad aérea desde Mercedita impactaría directamente el turismo y la economía de la región sur, históricamente rezagada frente al área metropolitana en captación de visitantes y vuelos comerciales.

El Aeropuerto Internacional Mercedita ha operado con servicio limitado comparado con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, y los esfuerzos por atraer aerolíneas al sur de la isla han sido recurrentes en distintas administraciones municipales y estatales.

Al cumplir una década en Puerto Rico, Uber anunció la integración de reservaciones de hoteles vía Expedia, reservas en restaurantes vía OpenTable y nuevos beneficios de membresía Uber One, convirtiendo a la isla en el primer mercado de América Latina y el Caribe donde estas funciones se presentan de forma conjunta.

Más de 5.5 millones de personas han utilizado Uber o Uber Eats en Puerto Rico y más de 94,000 han generado ingresos mediante la plataforma, por lo que la expansión afecta directamente a conductores, repartidores y los más de 4,300 comercios activos en Uber Eats.

Uber llegó a Puerto Rico hace diez años como plataforma de transporte por aplicación; desde entonces amplió operaciones con Uber Eats y la membresía Uber One, acumulando más de 240,000 suscriptores en la isla.

La gobernadora Jenniffer González Colón criticó el martes 5 de agosto a la AAA por no informar públicamente que buzos enfrentaron dificultades el sábado para abrir compuertas en el embalse Carraízo, lo que atrasó la recuperación del servicio para comunidades en San Juan, Trujillo Alto, Carolina y Canóvanas. González Colón adelantó que espera una actualización de la agencia que podría adelantar el inicio del racionamiento.

La gobernadora calificó la omisión de 'grave error' que genera desconfianza pública; al momento de la conferencia, las comunidades afectadas seguían sin servicio y algunas bombas no podían operar por falta de agua suficiente.

El incidente en las compuertas ocurrió el sábado anterior y desestabilizó el sistema en zonas de Cupey, Trujillo Alto y Canóvanas; el racionamiento formal de 48 horas para los municipios abastecidos por Carraízo estaba fijado para el viernes 8 de agosto de 2026, aunque la gobernadora no descartó adelantarlo.

La presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), Clarissa Jiménez, confirmó que los pases diarios a hoteles y sus amenidades se han vuelto más relevantes para la industria ante los altos costos operativos y los cambios en los patrones de consumo de los puertorriqueños.

La tendencia refleja una contracción en el gasto de las familias puertorriqueñas, que buscan alternativas más económicas para disfrutar de amenidades hoteleras sin incurrir en el costo de hospedaje.

Según la PRHTA, los pases diarios no son una novedad en la industria hotelera, pero su adopción ha cobrado mayor relevancia recientemente en un contexto de altos costos operativos y presión económica generalizada.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico publicó este martes una auditoría a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) que documentó, durante un período de seis años, inversiones no autorizadas por la junta de directores, asesores no registrados ante la SEC, manejadores de fondos operando sin contratos vigentes y deficiencias contables. El informe señala además dos acuerdos de crédito por $80 millones —aprobados en 2019 y 2021— que no se ajustaban a los tipos de inversión permitidos por la ley orgánica de la corporación, transacciones que coinciden con préstamos otorgados a The Phoenix Fund y su subsidiaria PUC Holdings.

La CFSE administra las primas que pagan los patronos para cubrir accidentes laborales en Puerto Rico, por lo que las irregularidades afectan fondos públicos destinados a proteger a los trabajadores; el informe recomienda al Departamento de Justicia recobrar los fondos que habrían sido malversados.

Los hallazgos abarcan seis años de incumplimiento continuado, incluyendo la contratación tardía de la firma de contabilidad responsable de preparar los estados financieros de la corporación; la auditoría señala que los fondos de capital privado que recibieron el dinero pertenecen al mismo asesor de inversiones contratado por la CFSE.

Evertec reportó un ingreso neto de $5.4 millones en el segundo trimestre de 2026, una caída de 87% frente a los $40.5 millones del mismo periodo de 2025, aunque sus ingresos totales crecieron 19.7% hasta $274.8 millones.

La divergencia entre el crecimiento en ingresos y el desplome en ganancia neta plantea preguntas sobre los costos asociados a adquisiciones recientes; aun así, la empresa elevó sus proyecciones para el resto del año.

Evertec opera en 26 países de Latinoamérica, emplea a más de 1,600 personas y cotiza en la Bolsa de Nueva York; la empresa atribuyó parte del crecimiento en ingresos a adquisiciones recientes y a crecimiento orgánico en sus distintas líneas de negocio.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera reiteró este martes que el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, debe renunciar por fallas gerenciales y falta de mantenimiento en infraestructura, mientras cientos protestaron en sectores de San Juan y Loíza por la crisis de agua potable. Hernández Rivera, también presidente del PPD, anunció que desde Washington apoyará la declaración de emergencia solicitada por la gobernadora Jenniffer González ante la sequía.

La presión sobre la dirección de la AAA escala ahora al nivel federal, con el comisionado residente sumándose a los alcaldes que cuestionan la gerencia de la corporación pública en medio de un racionamiento inminente y una sequía severa.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ya había calificado de 'peligroso' que la actual administración de la AAA manejara la sequía; la gobernadora González convocó a alcaldes y jefas de agencias para coordinar racionamientos y abasto a escuelas mientras el embalse de Carraízo opera en nivel de ajustes.

La Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público responsabilizó este martes a la Junta de Control Fiscal (JCF) por certificar un recorte de $30 millones destinado a la renovación y reemplazo de equipos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), incluyendo bombas, tuberías y componentes esenciales del sistema de distribución. La organización señala que durante los pasados 10 años la JCF ha suspendido millones en fondos locales del programa de mejoras capitales de la AAA, debilitando su capacidad de mantenimiento.

El recorte ocurre mientras Puerto Rico atraviesa una sequía, los embalses bajan de nivel, el Superacueducto está averiado y comunidades —especialmente en la zona metropolitana— llevan meses sin servicio continuo de agua. La directora ejecutiva de la Comisión, la licenciada Eva Prados Rodríguez, señaló que simultáneamente se realizan pagos adicionales a bonistas de más de $300 millones anuales con fondos del Fondo General.

El libro de memorias del expresidente de la JCF David Skeel, publicado este mismo día, y las críticas de la Comisión Ciudadana coinciden en retratar una década de decisiones fiscales del organismo que, según sus críticos, priorizaron el repago de deuda sobre los servicios esenciales; la JCF también ordenó aumentos en la factura de la AAA, reducción de plantilla y la promoción de Alianzas Público-Privadas durante ese período.

Miles de querellas permanecen sin resolverse en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), con al menos un caso activo que lleva alrededor de tres años sin pronunciamiento ni comunicación de la agencia. El secretario Hiram Torres Montalvo atribuyó el atraso a recursos limitados.

El rezago deja a consumidores en la incertidumbre sobre sus reclamaciones y evidencia una falla operacional en la agencia responsable de proteger sus derechos. DACO apuesta por cambios legales y herramientas digitales para agilizar los procesos, aunque sin fechas concretas.

El propio secretario Torres Montalvo reconoció la falta de atención a las llamadas de los consumidores, señal de que el problema va más allá del volumen de casos y alcanza la capacidad de respuesta básica de la agencia.

Hoteleros en Puerto Rico confirman que los pases diarios —que permiten acceder a piscinas, playas y otras amenidades sin hospedarse— han ganado relevancia recientemente como opción de turismo interno ante el alza en costos operativos y el ajuste en el gasto de los consumidores.

La tendencia refleja un cambio en los patrones de consumo de los puertorriqueños ante la presión económica, y representa una fuente adicional de ingresos para la industria hotelera sin requerir ocupación de habitaciones.

Clarissa Jiménez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA), aclaró que los pases diarios no son una tendencia nueva, pero sí han cobrado mayor relevancia en el clima económico actual.

En junio de 2026, el Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector manufacturero de Puerto Rico se ubicó en 54.1 puntos, indicando expansión, pero el subíndice de inventarios cayó a 32.4 puntos, su nivel más bajo desde 2010.

Cuatro de las cinco variables del PMI mostraron expansión, pero los inventarios propios de las empresas encuestadas registraron contracciones en tres de los primeros seis meses de 2026, lo que apunta a presiones sostenidas en la cadena de suministro del sector industrial.

El PMI es producido mensualmente por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en colaboración con la Asociación de Industriales de Puerto Rico; un umbral de 50 puntos separa expansión de contracción.

En junio de 2026, las llegadas de pasajeros al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín bajaron 4.2% en comparación con junio de 2025, una reducción de 26,624 pasajeros —de 633,697 a 607,073— según datos de Aerostar Airport Holding. La caída se atribuye principalmente a la salida de Spirit Airlines del mercado internacional.

La pérdida de capacidad hacia Norteamérica, que concentró 24,963 de los pasajeros perdidos, representa una contracción directa en la conectividad aérea que sostiene la industria turística de la isla.

Spirit Airlines, aerolínea de bajo costo que operaba rutas hacia Puerto Rico, abandonó el mercado internacional, eliminando una fuente de tráfico accesible para viajeros de Norteamérica y el Caribe.

El 28 de julio de 2026, FirstBank, DTOP y PRITS activaron una nueva funcionalidad en CESCO Digital que permite a conductores de vehículos bajo contrato de arrendamiento visualizar su unidad, consultar multas, acceder al marbete virtual y descargar la licencia del vehículo desde la aplicación.

La integración elimina gestiones presenciales para clientes de arrendamiento de vehículos individuales, centralizando en una sola plataforma documentos que la Policía de Puerto Rico ya acepta digitalmente.

CESCO Digital es la plataforma de autoservicio vehicular administrada por DTOP y PRITS; hasta ahora sus funciones estaban limitadas a vehículos de propiedad directa, dejando fuera a quienes operan bajo contrato de lease.

Un incendio en la fábrica de Cacao 360, ubicada en Finca Semila en Barceloneta, obligó a la empresa fundada por Decenia Vega Rodríguez y Abel Vélez Ruiz a detener temporalmente su manufactura de chocolate de especialidad. A partir de agosto de 2026, la pareja duplicará los recorridos por la finca y ampliará talleres educativos para generar ingresos mientras reconstruye el proyecto.

La interrupción afecta la producción y venta en línea de uno de los proyectos de chocolate artesanal puertorriqueño con mayor perfil en agroturismo, aunque el producto seguirá disponible hasta agotar inventario en supermercados y tiendas Pueblo.

Cacao 360 lleva años operando desde Finca Semila en Barceloneta, combinando cultivo de cacao, manufactura de chocolate de especialidad y experiencias educativas de agroturismo como parte de su modelo de negocio.

La amenaza de racionamiento de agua potable por sequía y las averías recientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) han puesto en aprietos a negocios que dependen del servicio, como lavanderías, car wash y restaurantes, obligándolos a operar en pérdida, cerrar temporalmente o subir precios.

Algunos negocios generan entre $600 y $700 diarios, pero gastan una cantidad similar en cisternas privadas que no alcanzan para cubrir un día completo de operaciones, eliminando cualquier margen de ganancia.

Los comerciantes describen la crisis del agua como un escenario análogo al de los apagones eléctricos, y señalan que la acumulación de requisitos regulatorios y costos operativos ya limitaba su capacidad de crecer antes de esta emergencia.

Según datos del Business Employment Dynamics del BLS, en 2025 se crearon 6,229 nuevas empresas en Puerto Rico —un 12.6% más que en 2024— mientras cerraron 5,773 negocios, un 12.7% más que el año anterior. En términos de empleo bruto, el sector privado generó 175,190 puestos y perdió 170,560.

Aunque el balance anual bruto de empleo fue positivo, el cuarto trimestre de 2025 registró una pérdida neta de 5,692 empleos en el sector privado, la segunda caída consecutiva, lo que indica que el dinamismo en la creación de empresas no se ha traducido aún en crecimiento sostenido del empleo.

El aumento de 12.4% en empleos brutos creados en 2025 es el primero en cuatro años, según la misma fuente; sin embargo, el número de cierres de negocios también subió respecto a 2024, y las 784 empresas que cesaron operaciones en el cuarto trimestre representan la cifra más baja de cierres definitivos desde 2003.

El Municipio de Isabela firmó un contrato de arrendamiento con PRIDCO para ocupar una instalación de 35,000 pies cuadrados en la Avenida Industrial 698 de Isabela, antigua sede de DXC Technology, donde se establecerá la nueva sede del Consorcio Laboral del Noroeste.

El acuerdo busca convertir la propiedad en un hub de semiconductores, desarrollo de software e inteligencia artificial vinculado al ecosistema aeroespacial del noroeste y al Aeropuerto Rafael Hernández, con un centro de capacitación técnica acelerada para suplir talento especializado a industrias de la región.

PRIDCO tenía la instalación en desuso luego de su vínculo con DXC Technology; el municipio asume el arrendamiento completo y mantiene el subarrendamiento existente de la empresa 'IM' para retener la fuerza laboral actual.

El Departamento de Justicia federal solicitó el 1 de agosto de 2026 al Primer Circuito de Apelaciones en Boston que remita a la jueza de distrito María Antongiorgi Jordán el caso sobre el despido de tres miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sin oposición de las partes. La solicitud llega en respuesta a una decisión del Tribunal Supremo estadounidense que reafirmó la independencia de la Reserva Federal.

El resultado del caso determinará si el presidente puede destituir libremente a los miembros de la JSF —el ente que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico— o si la Ley Promesa exige causa justificada para hacerlo. Los tres funcionarios destituidos, Arthur González, Andrew Biggs y Betty Rosa, permanecen en el centro de la disputa.

Trump destituyó abruptamente a seis miembros de la JSF hace aproximadamente un año, en medio de presiones de sectores conservadores que señalaban la lentitud en los acuerdos de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Antongiorgi Jordán frenó esas destituciones al sostener que la Ley Promesa requiere mostrar causa.

Datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) muestran que el empleo en manufactura cayó aproximadamente 49.3%, equivalente a unos 78,200 trabajadores menos entre 1990 y 2025, situándose en alrededor de 80,300 puestos directos a junio de 2025.

La manufactura sigue siendo el sector de mayor peso en la economía puertorriqueña —representando el 43% del Producto Interno Bruto— pero opera con casi la mitad del personal que tenía hace tres décadas, lo que plantea interrogantes sobre la creación de empleo de calidad en el futuro.

La caída se aceleró tras la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal, que incentivaba la instalación de plantas industriales en la isla; desde entonces, la automatización y optimización de procesos han reducido aún más la necesidad de mano de obra, según Gabriel Maldonado, exsecretario del DTRH y miembro del Comité de Capital Humano de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.

El 31 de julio de 2026, el presidente de la AAA, Luis González Delgado, confirmó que culminaron las pruebas integrales en la planta de filtros Finca Rosso 1 —iniciadas el miércoles— y que la instalación volvió a operar; proyectó que el servicio se restablecerá, más tardar, el domingo en los sectores más altos de Guaynabo y Bayamón.

Aunque la AAA estimó que hasta 60,000 abonados podían verse afectados, la corporación aseguró que solo unos 2,000 sufrieron interrupción; el barrio Camarones arriba, que depende de varios relevos de presión, podría no recuperar el servicio hasta el domingo.

La rotura en Finca Rosso 1 fue causada por una fluctuación de voltaje que apagó e incendió las bombas repentinamente, generando una mezcla de aire y agua que rompió las tuberías; los trabajos —que incluyeron pruebas de todas las bombas y motores como último paso antes de integrar la nueva infraestructura— afectaron principalmente sectores de Santa Rosa y Canta Gallo, en Guaynabo, y La Morenita, en Bayamón.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció que su portal de desempleo estará fuera de servicio del 17 al 28 de agosto de 2026 mientras migra datos al nuevo sistema llamado Desempleo Digital. Los reclamantes deberán crear una cuenta nueva con correo electrónico personal, y los pagos se realizarán exclusivamente por depósito directo.

La interrupción afecta directamente a los beneficiarios activos del seguro por desempleo, quienes no podrán reclamar semanas en tiempo real durante casi dos semanas; las semanas no reclamadas podrán solicitarse de forma retroactiva una vez el sistema entre en funcionamiento en septiembre. La exigencia de cuenta bancaria para depósito directo representa un cambio operacional que requiere preparación de los usuarios.

La secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova, encabeza la transición, descrita como uno de los proyectos de modernización más importantes para el Seguro por Desempleo en Puerto Rico, en cumplimiento con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La gobernadora Jenniffer González firmó el 31 de julio de 2026 la Ley 152-2026, que faculta al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) a ofrecer préstamos, garantías y líneas de crédito a empresas dedicadas al reciclaje; ese mismo día firmó la Ley 151-2026, que establece las Rutas de Turismo de Aventura de Puerto Rico bajo el DDEC.

La ley de reciclaje abre financiamiento del BDE —incluyendo programas respaldados con fondos federales— sin impactar el Fondo General, en un momento en que la tasa de reciclaje del país ronda el 10%, muy por debajo de la meta de 35% que debía alcanzarse en 2006.

La meta del 35% de reciclaje fue fijada por la Ley 70-1992 con plazo al 31 de diciembre de 2006; Puerto Rico lleva décadas sin cumplirla. La ley de turismo de aventura, impulsada por el representante José Aponte Hernández, busca distribuir la actividad turística hacia municipios del interior y zonas costeras menos desarrolladas.

El expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal, David Skeel, presentó el jueves su libro "Promi$e Land: The Inside Story of the Puerto Rico Debt Crisis" ante la Cámara de Comercio de Puerto Rico, donde advirtió que una vez se complete la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Puerto Rico perderá acceso al mecanismo de reestructuración que provee PROMESA.

La advertencia marca un horizonte concreto para el fin de la supervisión federal como herramienta de alivio fiscal: la quiebra de la AEE —la única reestructuración pendiente— determinaría el cierre efectivo del proceso que redujo unos $70,000 millones en bonos del gobierno.

El exgobernador Alejandro García Padilla declaró la deuda pública impagable años antes de que el Congreso aprobara PROMESA, legislación que creó la Junta de Supervisión Fiscal y el marco legal bajo el cual se ejecutó la mayor reorganización de deuda municipal en la historia de Estados Unidos.

El 30 de julio, la gobernadora Jenniffer González Colón reunió a funcionarios de varias agencias en la reunión número 56 de Cumpliendo Contigo para coordinar proyectos de carreteras, vivienda, mitigación de inundaciones y protección costera en Rincón. Entre las prioridades viales figuran la repavimentación de la PR-414, tramos de la PR-412 y reparaciones en la PR-411, donde un deslizamiento en el kilómetro 13.9 está cerca del 25% de diseño.

Los proyectos —que incluyen fondos federales— se encuentran en distintas etapas de diseño, permisos y construcción, lo que significa que comunidades de Rincón aún esperan obras concretas de recuperación y resiliencia costera.

Cumpliendo Contigo es una iniciativa de la gobernadora González para coordinar directamente con alcaldes el avance de proyectos municipales pendientes; esta fue su reunión número 56 bajo ese esquema.

La inflación interanual en Puerto Rico bajó de 4.6% en mayo a 4.2% en junio de 2026, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, con una reducción mensual de 0.3% respecto al mes anterior.

La moderación se explica por una caída de 5.2% en el precio del petróleo y la gasolina entre mayo y junio, aunque la reanudación de bombardeos en esos días anticipa un repunte en la inflación para julio y agosto.

El nivel de mayo (4.6%) había sido el más alto desde marzo de 2023; en perspectiva, 2025 cerró con una inflación promedio de 1.5%, la más baja desde 2020, mientras que 2022 registró 6.1%, el nivel más alto en más de 15 años.

La empresa Politank recibió una prórroga del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) para presentar una moción de reconsideración sobre las multas emitidas en su contra, con fecha límite el 17 de agosto de 2026. El secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, confirmó que la extensión fue concedida como parte del trámite administrativo ordinario.

La prórroga retrasa la determinación final del DDEC, que podría incluir la revocación o anulación del decreto de incentivos de Politank; hasta que la Oficina de Incentivos evalúe los argumentos de la empresa, no habrá resolución en el caso.

El DDEC ya había emitido multas y un apercibimiento de posible revocación del decreto de Politank antes de que la compañía solicitara tiempo adicional para defenderse mediante el proceso de reconsideración administrativa.

La cervecería artesanal Ocean Lab Brewing Co. expandió sus operaciones en Cataño con una inversión de $9.7 millones en maquinaria y equipo, recibiendo casi $3 millones en incentivos del DDEC al amparo de la Ley 60.

La nueva planta de 80,000 pies cuadrados triplicará la capacidad de producción hasta 600,000 cajas anuales y generará 60 nuevos empleos en manufactura, logística, distribución y hospitalidad.

Ocean Lab fue fundada en 2017 en Isla Verde y cuenta actualmente con 60 empleados; además de Cataño, la empresa abrió en marzo de 2026 un establecimiento frente a los muelles de cruceros del Viejo San Juan con una inversión adicional de $1.3 millones.

El Departamento de la Marina de los Estados Unidos formalizó la transferencia de tres parcelas —AOC F, Sites 731, 734 y 735— a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads (LRA) mediante Quitclaim Deeds bajo el mecanismo federal de Economic Development Conveyance (EDC). Con esta acción, el U.S. Navy ha transferido aproximadamente 3,307 acres bajo ese mecanismo; cerca de 345 acres restantes permanecen en proceso de remediación ambiental federal.

Cada parcela transferida amplía el portafolio disponible para inversión, desarrollo económico y creación de empleos en la antigua base naval, que representa uno de los proyectos de redesarrollo de mayor escala en Puerto Rico.

La antigua Base Naval Roosevelt Roads, cerrada por la Marina hace más de dos décadas, ha sido objeto de un proceso gradual de traspaso al gobierno de Puerto Rico a través de la LRA; las parcelas pendientes permanecen bajo investigación y remediación ambiental federal antes de su eventual transferencia.

PRMF Fund LLC, un fondo de capital privado creado para reactivar el financiamiento municipal en Puerto Rico, participará en la compra de una porción de la emisión de bonos de obligación general del Municipio de San Juan —valorada en unos $340 millones— que saldrá al mercado en agosto de 2026.

El fondo busca llenar el vacío dejado por el cierre operacional del Banco Gubernamental de Fomento en 2018, ofreciendo plazos más largos y estructuras flexibles a municipios que hoy dependen casi exclusivamente de la banca comercial; PRMF estima desplegar unos $100 millones adicionales en los próximos meses.

El BGF financiaba históricamente la obra pública municipal, pero completó su cierre operacional en 2018 tras la crisis de deuda; desde entonces, la eliminación del Fondo de Equiparación y la política de autosuficiencia municipal impulsada por la Junta de Supervisión Fiscal han presionado las finanzas de los pueblos.

El 21 de julio de 2026, el presidente Donald Trump anunció aranceles de 100% a medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028, escalando a 200% en 2029, con un período de transición de dos años para que los fabricantes trasladen producción a territorio estadounidense.

Puerto Rico, donde el sector de ciencias de la vida representa más de un tercio del producto manufacturero según PRIDCO, podría atraer nuevas inversiones farmacéuticas; sin embargo, expertos advierten que los aranceles por sí solos no garantizan la relocalización y podrían encarecer medicamentos esenciales.

En abril de 2026, la administración impuso aranceles a ciertos productos farmacéuticos patentados bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, excluyendo entonces a los genéricos y ordenando al Departamento de Comercio estudiar el tema; el anuncio de julio extiende esa política y fija por primera vez un calendario para los genéricos.

Desde que el Departamento de Seguridad Nacional emitió el 17 de marzo de 2026 una dispensa de la Ley Jones —vigente hasta el 16 de agosto— que permite embarcaciones extranjeras transportar petróleo, gasolina y fertilizantes entre puertos estadounidenses, se han activado rutas comerciales hacia y desde Puerto Rico que no tenían precedente en 20 años de registros federales. Entre el 25 de abril y el 27 de mayo de 2026 llegaron a la isla 11 cargamentos de combustible en buques de bandera extranjera procedentes del Golfo de México.

La evidencia recopilada por el Cato Institute indica que la flota nacional protegida por la Ley Jones no cubría —en algunos casos por falta de los buques necesarios— rutas que sí activaron de inmediato embarcaciones extranjeras; sin embargo, un análisis de Estudios Técnicos, Inc. concluye que la dispensa no ha reducido los precios de la gasolina ni en Puerto Rico ni en Estados Unidos.

La Ley Jones de 1920 exige que el comercio entre puertos estadounidenses se realice en buques construidos, de bandera y tripulados por ciudadanos de Estados Unidos; Puerto Rico ha estado sujeto a esa restricción desde entonces, y críticos han argumentado por décadas que encarece bienes de primera necesidad en la isla.

El presidente de la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar (AIJA), César González Ortiz, exigió el martes 29 de julio el reembolso expedito de gastos de viaje a inspectores de la Comisión de Juegos, quienes adelantan de su bolsillo entre $200 y $400 mensuales en gasolina, estadías y peajes. También demandó un plan de Clasificación y Retribución justo para los empleados.

Los inspectores fiscalizan casinos que generan millones en recaudos para el gobierno, pero esperan meses para que les reembolsen gastos que, según González Ortiz, reducen efectivamente su salario mensual; la AIJA advierte que recurrirá a mecanismos legales y sindicales si la administración no actúa.

La AIJA señala que la Oficina de Recursos Humanos de la Comisión ha mantenido una actitud confrontacional, con alegadas amenazas e intimidación contra representantes sindicales, y critica que tanto la gerencia como la OATRH y la Junta de Control Fiscal han demorado la atención a estos reclamos.

El secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, anunció el Programa de Incentivo Recuperación Económica, que ofrece hasta $5,000 a pequeñas y medianas empresas ubicadas en los municipios afectados por la emergencia de agua potable para cubrir gastos extraordinarios incurridos desde el 1 de junio de 2026.

El incentivo está disponible para comercios con ventas de $350,000 o menos y hasta 25 empleados a tiempo completo en municipios que incluyen San Juan, Bayamón, Guaynabo, Caguas y Canóvanas, entre otros; no requiere certificación previa de pyme emitida por el DDEC.

La gobernadora Jenniffer González Colón respaldó la iniciativa como parte de un esfuerzo coordinado entre agencias para atender el impacto de la emergencia hídrica; la elegibilidad se rige por la Orden Ejecutiva OE-2025-044, el Boletín Administrativo OE-2026-28 y comunicaciones oficiales de la AAA.

El 28 de julio, la Coalición Exigimos Agua —integrada por comunidades de San Juan y otros municipios— convocó una manifestación para el 4 de agosto frente a las oficinas centrales de la AAA en San Juan para exigir un servicio de agua potable confiable y continuo. Residentes de sectores como Calle Loíza, Machuchal, Santa Teresita, Ocean Park y las zonas altas de Santurce denunciaron que llevan meses con interrupciones frecuentes y bajas presiones.

Según la plataforma comunitaria Sinaguasinluz, residentes de Calle Loíza y Machuchal llevan 115 días sin servicio estable de agua potable en lo que va de 2026 —equivalente al 55% del año— y solo en junio reportaron 28 días sin agua; miles de familias en la zona metropolitana siguen sin acceso confiable al recurso.

El Municipio de San Juan y la AAA establecieron un comité de estabilización tras un acuerdo judicial en junio de 2026, pero líderes comunitarios señalan que las medidas anunciadas aún no se han materializado; la Coalición Exigimos Agua exige rendición de cuentas y planificación efectiva ante lo que describen como una crisis prolongada.

El representante del PPD Ramón Torres arremetió el 28 de julio de 2026 contra la propuesta de la AAA de multar a ciudadanos por mal uso del agua, señalando que la corporación pierde cerca de dos terceras partes del agua que produce cada día. El presidente de la AAA, Luis González Delgado, confirmó que las multas siguen "sobre la mesa" mediante órdenes ejecutivas o administrativas del Departamento de Recursos Naturales.

La crítica legislativa expone una contradicción central en la respuesta institucional a la sequía: la AAA busca fiscalizar al ciudadano sin haber resuelto sus propias pérdidas operacionales de agua en la red de distribución.

La AAA exhortó a la ciudadanía a suspender el llenado de piscinas, el lavado de vehículos y el uso de mangueras para limpiar exteriores, mientras el embalse de Carraízo se encuentra en nivel de ajustes operacionales.

El Centro Unido de Detallistas reiteró el martes su llamado al gobierno para eliminar el impuesto al inventario y agilizar la aprobación de la reforma de permisos, contenida en el Proyecto de la Cámara 1213.

El CUD advierte que el impuesto al inventario desincentiva el almacenamiento de mercancía esencial y reduce la capacidad de respuesta ante emergencias, mientras que el sistema de permisos funciona como un "impuesto oculto" que drena tiempo y dinero a las pymes.

El presidente del CUD, Ramón Barquín III, indicó que el gremio ha sostenido estas propuestas durante el pasado año mediante foros, recomendaciones y comparecencias ante la Asamblea Legislativa, sin que se hayan concretado acciones definitivas.

El 21 de julio de 2026, el presidente Donald Trump anunció que a partir del 1 de agosto las importaciones de medicamentos genéricos mantendrán arancel de 0% por dos años, pero escalarán a 100% en 2028 y a 200% en 2029; los medicamentos patentizados ya enfrentan un arancel de 100% desde abril.

Puerto Rico importó $3.2 billones en productos farmacéuticos genéricos y bioequivalentes en 2025, el 46% de sus importaciones farmacéuticas totales; Irlanda es el principal suplidor con el 68% de esas preparaciones, lo que expone directamente la cadena de suministro de la isla a la escalada arancelaria.

La medida busca presionar a las farmacéuticas a reubicar producción en Estados Unidos; en ese país, los medicamentos genéricos representan el 90% de las recetas despachadas aunque solo el 13% del gasto farmacéutico total, según el análisis de Estudios Técnicos.

Las tiendas de uniformes escolares en Puerto Rico enfrentan una combinación de presiones: cierre de talleres locales, alza en costos de transporte y aranceles sobre telas importadas de Asia, mientras el Departamento de Educación proyecta una matrícula de 221,800 alumnos en escuelas públicas para el año académico 2026-2027, una reducción de casi 4% respecto al curso anterior.

La caída en matrícula y el encarecimiento de insumos amenazan la viabilidad de distribuidores locales, lo que podría traducirse en menos opciones y precios más altos para las familias al inicio del curso escolar.

La industria de la aguja en Puerto Rico ha perdido capacidad manufacturera a medida que algunas fábricas se han reorientado hacia confección militar; simultáneamente, algunas instituciones académicas compran directamente a fabricantes en Colombia y Perú, saltándose a los distribuidores locales.

Javier D. Ferrer, CEO y presidente de Popular Inc., anticipó que Popular Plaza —segunda fase del proyecto Popular Center District en Hato Rey— estará lista para abrir en el tercer trimestre de 2027, tres años después del inicio de la construcción.

El edificio de 16 pisos y 250,000 pies cuadrados incluirá un hotel Marriott AC de 121 habitaciones, y forma parte de una inversión de $300 millones en el corredor financiero de Hato Rey.

Popular Center District es un desarrollo comercial y corporativo impulsado por Popular Inc. en el corazón de Hato Rey; Popular Plaza es su segunda fase y representa la expansión física más significativa del grupo bancario en la isla en años recientes.

La firma Estudios Técnicos publicó el Índice de Miseria Juvenil, que mide la presión económica sobre adultos de 20 a 24 años en Puerto Rico; entre enero de 2021 y mayo de 2026, el índice promedió 25.8 puntos, frente a 20.8 para la población general. En 2024, el salario anual de empleos de nivel inicial en la isla fue de $19,800, unos $10,190 por debajo del promedio estadounidense.

La tasa de desempleo del grupo de 20 a 24 años promedió 11.5%, casi el doble del 6.2% de la fuerza laboral en general, y en 2024 un total de 5,792 jóvenes de ese rango de edad emigraron a Estados Unidos. La combinación de bajos salarios, alto desempleo y costo de vida elevado refuerza los incentivos para que este segmento abandone la isla.

El índice fue elaborado por Marianna Meléndez Ruiz, participante del programa de internado de Estudios Técnicos, adaptando el Índice de Miseria para Puerto Rico —que incorpora inflación y tasas de interés— y sustituyendo la tasa de desempleo general por la juvenil para aislar la situación específica de ese grupo.

En el segundo trimestre de 2026, el EBITDA de Aerostar en Puerto Rico bajó 16.9%, a 543.0 millones de pesos mexicanos (unos $31.1 millones), según reportó su compañía matriz ASUR. El aeropuerto Luis Muñoz Marín recibió 3.5 millones de pasajeros entre abril y junio, un 3.5% menos que en el mismo periodo de 2025.

La caída en ingresos aeronáuticos —de 15.8%— y el descenso en el tráfico de pasajeros apuntan a una desaceleración del turismo aéreo tras el récord de 13.6 millones de pasajeros que registró el aeropuerto en 2025. Puerto Rico representa el 12.7% de los ingresos totales de ASUR.

ASUR opera el aeropuerto Luis Muñoz Marín mediante una concesión desde 2013 a través de su subsidiaria Aerostar. El año pasado el tráfico había alcanzado un nivel récord, con un crecimiento de 3.0% respecto a 2024.

Nielsen confirmó a la publicación Inside Radio que cesará sus mediciones de audiencias de radio y televisión en Puerto Rico en diciembre de 2026, decisión atribuida a que su base de suscriptores en la isla se redujo a solo cinco empresas.

Sin Nielsen, el mercado de radio quedará sin ninguna empresa que mida audiencias, lo que elimina la referencia para fijar precios de espacios publicitarios; en televisión existen tres alternativas —Comscore, iSpot.tv y VideoAmp— aunque ninguna opera actualmente como estándar reconocido por la industria local.

La mayoría de las emisoras de la isla no estaban suscritas al servicio de Nielsen, lo que aceleró la reducción de su base de clientes hasta hacerlo inviable comercialmente para la empresa.

Una rotura longitudinal en una tubería principal de 30 pulgadas, provocada por un desplazamiento de terreno en la PR-174, mantiene con bajas presiones o interrupciones de agua a 687 abonados de Bayamón y Guaynabo; la AAA estima completar la reparación en 12 a 16 horas. La avería también afectó el funcionamiento de la Estación de Bombas La Morenita.

Casi 700 abonados de dos municipios del área metropolitana permanecen con servicio interrumpido mientras la AAA moviliza brigadas, equipo pesado y recursos adicionales para reemplazar el segmento completo de tubería dañado.

El daño fue detectado cuando personal operacional identificó una reducción inusual en el sistema de succión de la estación de bombeo; tras inspección, las brigadas localizaron la rotura en una zona campo traviesa e iniciaron trabajos de excavación para evaluar su magnitud.

El 23 de julio de 2026, The Washington Post publicó un editorial en el que exige flexibilizar de manera permanente la Ley Jones para Puerto Rico, argumentando que la legislación obliga a la isla a comprar propano más caro en mercados extranjeros para proteger empleos marítimos que no existen en ese sector.

Según el editorial, tras concederse exenciones temporales a la ley, Puerto Rico compró en los últimos cuatro meses más del doble del propano estadounidense adquirido en los 22 años anteriores combinados, lo que el periódico presenta como evidencia del impacto directo de la ley sobre la economía y la seguridad energética de la isla.

La Ley Jones de 1920 exige que el comercio entre puertos estadounidenses se realice en buques de bandera, construcción y tripulación estadounidense; Puerto Rico ha buscado exenciones a esa legislación durante décadas, señalando que encarece bienes básicos para sus residentes.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) avanza en la derogación del Reglamento 8837, que regulaba el escaneo de furgones en los muelles, en cumplimiento con la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón, quien canceló el programa el 25 de agosto de 2025. Al mismo tiempo, el gobierno enfrenta un litigio de S2 Services, la empresa que operaba el sistema, que reclama alrededor de $106 millones por la cancelación de su contrato.

La demanda de $106 millones representa una carga fiscal potencial directa para el erario, mientras el sector de alimentos —uno de los principales importadores de bienes a la isla— ya reclamaba desde años atrás la eliminación de un sistema al que atribuían costos trasladados a los consumidores.

La gobernadora González Colón catalogó el sistema de escaneo como ineficiente e innecesario, y la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 126-2026, conocida como la Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico, como marco sustituto. La APPR abrió un período de comentarios ciudadanos como parte del trámite formal de derogación del reglamento.

La Oficina de Operaciones de Campo de San Juan de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) anunció la apertura del registro para el San Juan Trade Day 2026, evento gratuito dirigido a profesionales de importación y exportación que se celebrará el 15 de septiembre en el hotel Aloft by Marriott en Isla Grande.

El foro permite que la comunidad comercial interactúe directamente con CBP y otras agencias federales sobre temas de comercio internacional; los agentes de aduanas pueden obtener horas de educación continua.

El San Juan Trade Day es un evento periódico organizado por CBP para conectar a la comunidad de importadores y exportadores con agencias gubernamentales; el cupo es limitado y requiere inscripción individual.

Según el estudio Radiografía del Consumidor 2026 comisionado por la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), las compras de supermercado en línea crecieron de 16% en 2025 a 19% en 2026, según una muestra de 1,600 encuestados.

El alza refleja un cambio sostenido en los hábitos de consumo en la isla; los millennials (30 a 45 años) lideran el uso con 31%, seguidos por la generación Z (14 a 29 años) con 27%.

El consumidor puertorriqueño sigue visitando físicamente los supermercados, pero las plataformas digitales de estos establecimientos han ganado terreno de forma progresiva en los últimos años.

El director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, afirmó que el proyecto de Reforma Contributiva presentado por el Ejecutivo en enero de 2026 cuenta con $554 millones identificados en sobrantes y ahorros de presupuestos anteriores y del vigente como fuente de repago.

La declaración busca despejar dudas sobre la viabilidad fiscal de la reforma contributiva y presiona a la Asamblea Legislativa para que atienda el proyecto durante la segunda sesión ordinaria de 2026.

El Ejecutivo radicó el proyecto de Reforma Contributiva en enero de 2026; hasta ahora la Asamblea Legislativa no le ha dado prioridad en agenda.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel, anunció que la ocupación en hospederías endosadas superará el 88% en todas las regiones turísticas durante el fin de semana del 24 al 27 de julio de 2026, con el sábado 25 de julio proyectado como el día pico con un 93% de ocupación promedio.

El Área Metropolitana lidera con 94.1% de ocupación, lo que refleja una demanda turística concentrada durante los días feriados y un aumento en el turismo interno de residentes.

La CTPR agrupa las regiones turísticas de la isla bajo las marcas Porta Capital, Porta Caribe, Porta del Sol y otras; los datos presentados son estadísticas preliminares recopiladas por la agencia.

Una enmienda al presupuesto del gobierno central distribuirá $20 millones en proyectos de capital municipales, financiados con recaudos excedentes del pasado año fiscal, según explicó el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Orlando Rivera Berríos.

Los fondos, destinados a proyectos de desarrollo económico, salud o seguridad pública, se suman a otras asignaciones de la misma enmienda: $90.4 millones para la Carrera Magisterial y $35 millones al DTOP para mejoras a carreteras municipales.

Es el segundo año consecutivo que los municipios reciben una inyección de este tipo mediante enmiendas al presupuesto del gobierno central financiadas con recaudos adicionales.

El 23 de julio de 2026, el precio del crudo Brent subió 7.4% hasta $101.01 el barril —nivel no visto desde mayo— luego de que el presidente Donald Trump declarara que considera 'un ataque masivo' contra Irán, mientras milicias hutíes de Yemen atacaron dos buques saudíes en el mar Rojo.

El petróleo West Texas, referencia para Puerto Rico, subió 5% hasta $92 el barril, y la gasolina en la isla ya alcanzó un promedio de $1.107 por litro, precio no registrado desde finales de mayo de 2026.

El alza revierte el alivio que trajo el acuerdo de alto el fuego entre EE.UU. e Irán firmado a finales de junio de 2026, que había bajado el Brent hasta $70; con el estrecho de Ormuz bloqueado por Irán, el mar Negro afectado por la guerra en Ucrania y ahora el mar Rojo bajo amenaza, la Agencia Internacional de la Energía expresó esta semana 'preocupación por la seguridad del suministro' global.

Popular, Inc. informó un ingreso neto de $278.2 millones ($4.35 por acción diluida) en el segundo trimestre de 2026, frente a $210.4 millones en el mismo periodo de 2025, un aumento de 32.2%. El presidente y CEO Javier D. Ferrer confirmó además la recompra de acciones por $125 millones —agotando la autorización previa de $500 millones— y el pago del dividendo trimestral de $0.75 por acción.

Los resultados reflejan un crecimiento sostenido: los depósitos alcanzaron $70,233.1 millones —$3,015.6 millones más que en el segundo trimestre de 2025— y los activos totales llegaron a $78,972.3 millones al 30 de junio de 2026. La provisión por pérdidas en préstamos bajó de $75.9 millones a $65.9 millones entre el primer y segundo trimestre.

El resultado del segundo trimestre supera el del primero de 2026, cuando el ingreso neto fue de $245.7 millones. Popular ya había anunciado un aumento de 20% en su dividendo trimestral —de $0.75 a $0.90 por acción— sujeto a aprobación del Consejo, y una nueva autorización de recompra de acciones de hasta $1,000 millones, enmarcados en una reorganización de su cúpula ejecutiva.

El representante Jorge "Georgie" Navarro Suárez radicó un proyecto para enmendar la Ley 22-2000 y eliminar las multas administrativas de $15 por cruzar peajes sin balance suficiente, sustituyéndolas por un mecanismo en que el conductor pague solo el peaje adeudado —con notificación en 24 horas y cinco días para saldar sin cargos adicionales— o lo vea conciliado al renovar el marbete. La propuesta busca actuar antes de que el DTOP y la ACT reactiven esas penalidades el 1 de octubre de 2026.

El legislador documentó casos en que deudas de menos de $10 en peajes escalaron a $150 en cargos acumulados; de aprobarse, el proyecto cortaría ese ciclo sin eliminar la obligación de pagar el peaje ni la multa de $100 por evadir deliberadamente el sistema.

Las multas de $15 permanecen suspendidas desde el ataque cibernético que afectó AutoExpreso en abril de 2022; la suspensión se extendió por más de cuatro años hasta el anuncio de reactivación para octubre de 2026.

Una investigación del Centro de Periodismo Investigativo y The BVI Beacon documentó que, aunque los cruceros llevaron 35.5 millones de pasajeros al Caribe en 2025 —casi 17% más que en 2019—, comerciantes, operadores turísticos y economistas advierten que una porción creciente del gasto de los visitantes queda en manos de las líneas navieras antes de llegar a las comunidades locales.

Las islas absorben congestión, daño ambiental y presión sobre infraestructura mientras las compañías de cruceros amplían comisiones por excursiones, ventas a bordo y acuerdos con vendedores aprobados; un estudio citado en la investigación estimó que las líneas retenían cerca del 60% del precio de las excursiones vendidas a bordo.

La industria moderna de cruceros creció de medio millón de pasajeros mundiales en 1970 a 37.3 millones en 2025, según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros; investigadores llevan décadas señalando que los acuerdos entre gobiernos caribeños y navieras favorecen a la industria, pero el fenómeno se ha acentuado con la construcción de megacruceros y la expansión de itinerarios.

El Senado de Estados Unidos publicó una versión actualizada de la Ley de Claridad para Activos Digitales, preparada por el Subcomité de Banca Digital, que busca unificar distintas versiones del proyecto y completar el marco regulatorio sobre criptomonedas iniciado con la Ley Genio en el verano de 2025. Los republicanos aún necesitan diez votos demócratas para llevar la medida al pleno, y una votación en el pleno no está en calendario.

La ley determinaría cómo se regula toda la industria del blockchain en EE. UU., incluyendo qué protecciones y obligaciones tendrían las plataformas de cripto frente a las agencias federales como la CFTC; además, el debate está tensionado por el informe financiero de 2025 del presidente Donald Trump, que muestra ganancias de $1.4 mil millones en iniciativas relacionadas con criptomonedas.

La Ley Genio, aprobada en el verano de 2025, dejó pendientes aspectos sobre la estructura del mercado de activos digitales que la Ley de Claridad busca atender; la negociación actual se traba principalmente en provisiones de ética que limitarían la capacidad de funcionarios electos y sus familiares de crear o beneficiarse de criptomonedas mientras legislan sobre la industria.

First BanCorp registró ingresos netos de $96.1 millones en el segundo trimestre de 2026, un aumento de 24% frente al mismo periodo de 2025, según informó el miércoles su principal ejecutivo, Aurelio Alemán, en llamada con accionistas. La cartera de préstamos creció 21% interanual, impulsada por $1,700 millones en nuevas originaciones, elevando el total de empréstitos a unos $13,300 millones.

Alemán calificó el periodo cerrado el 30 de junio como 'el período de desempeño más sólido y consistente en la historia' de la compañía, atribuyendo el alza principalmente a la actividad comercial en Puerto Rico, lo que apunta a expansión del crédito privado en la isla.

First BanCorp, cotizada en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo FBP, es la matriz de FirstBank y el segundo conglomerado bancario de Puerto Rico. El primer trimestre de 2026 ya había reportado un ingreso neto de $88.8 millones, y el segundo trimestre continúa esa tendencia ascendente.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles (216-212) la legislación de autorización de gastos de Defensa para el año fiscal 2027, que incluye $33.5 millones para un sistema de tratamiento de agua de emergencia en Fort Buchanan utilizando el lago Las Casas como fuente alterna.

El sistema garantizaría suministro de agua a la instalación durante emergencias o interrupciones del servicio; la legislación también extiende hasta septiembre de 2027 la autorización de $56 millones para una microrred eléctrica en Fort Buchanan y $14.5 millones para el Campamento Santiago en Salinas.

La autorización de la microrred fue aprobada originalmente en 2023 y ahora se prorroga; el comisionado residente Pablo José Hernández respaldó las medidas como inversiones en resiliencia de infraestructura crítica militar.

El 22 de julio, las cancelaciones y retrasos de vuelos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín dejaron a unos 9,035 pasajeros afectados, según Aerostar Airports Holding, debido a condiciones climáticas adversas en el noreste de Estados Unidos.

Más de 5,100 viajeros de llegada y cerca de 3,800 de salida quedaron interrumpidos en rutas clave hacia Nueva York, Miami, Boston, Filadelfia y otros destinos, impactando la conectividad aérea del principal aeropuerto de la isla.

El lunes anterior ya se habían cancelado alrededor de 20 vuelos, afectando a unos 3,200 viajeros; la cifra del miércoles representa un aumento significativo dentro de la misma semana de disrupciones.

El 17 de junio de 2026, Claro concretó la instalación del primer punto de conexión del cable submarino AMX-1 en el sur de Puerto Rico, por la playa adyacente al hotel Ponce Hilton; el anuncio formal se celebró el 22 de julio en Ponce con una inversión de $35 millones.

La nueva conexión añade redundancia a las rutas internacionales de datos de la isla —hasta ahora concentradas en el norte— con una capacidad de transmisión de hasta 90 terabits por segundo, lo que refuerza la resiliencia de las telecomunicaciones ante eventos de interrupción.

Claro instaló el cable AMX-1 por el norte de Puerto Rico en 2014; el sistema se extiende unos 19,300 kilómetros y enlaza 15 puntos de desembarque en ocho países y territorios de América del Norte, Central y del Sur.

El Centro Unido de Detallistas, por voz de su presidente Ramón Barquín III, alertó que las averías en la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y los planes de racionamiento por sequía generan pérdidas de entre $18 millones y $20 millones diarios a las pequeñas y medianas empresas en Puerto Rico.

Negocios como restaurantes, lavanderías, salones de belleza y centros de cuido —que dependen del agua para operar y cumplir requisitos sanitarios— absorben gastos adicionales de hasta $700 diarios en cisternas y agua embotellada, en municipios que incluyen San Juan, Guaynabo, Bayamón, Canóvanas y Comerío, entre otros.

El CUD señala que la inestabilidad en servicios esenciales produce un efecto dominó que erosiona la confianza empresarial y pone en riesgo miles de empleos; la crisis combina averías estructurales de la AAA con un contexto de sequía que ha obligado a planes de racionamiento en varias regiones de la isla.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), a través de su programa PromoExport, anunció la "Ruta a la Exportación", una serie de talleres dirigidos a empresas puertorriqueñas interesadas en internacionalizar sus productos y servicios, con sesiones programadas para el 13 de agosto en Ponce, el 10 de septiembre en Mayagüez y el 24 de septiembre en San Juan.

La iniciativa busca cerrar la brecha de información y acceso a recursos especializados que, según el DDEC, impide que empresas con potencial exportador inicien procesos de internacionalización, con el objetivo de multiplicar empleos y actividad económica en la isla.

El secretario Carlos J. Ríos Pierluisi encabeza el esfuerzo bajo la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón de ampliar las oportunidades de exportación para pequeñas y medianas empresas locales; González Colón fue miembro del Comité de Pequeños Negocios de la Cámara federal y promovió iniciativas similares durante su etapa como congresista.

OFG Bancorp reportó un ingreso neto de $58.78 millones ($1.39 por acción diluida) en el segundo trimestre de 2026, frente a $51.80 millones en el mismo periodo de 2025. Las originaciones de préstamos aumentaron 24% respecto al primer trimestre, hasta $755.0 millones, y los activos totales de la entidad ascendieron a $12,154.7 millones al 30 de junio de 2026.

El crecimiento de 13.5% en ganancias interanuales y la reducción de la provisión para pérdidas en préstamos —de $22.5 millones en el primer trimestre a $13.0 millones en el segundo— apuntan a una cartera de crédito más saludable. Los títulos de OFG cerraron el martes con una subida de 5.80%, cerca de su máximo de 52 semanas.

Los depósitos locales cayeron levemente a $9,921.9 millones al cierre de junio de 2026, comparado con $9,964.0 millones en el mismo periodo de 2025, lo que sugiere una leve contracción en la base de ahorro local aun cuando la rentabilidad del banco mejoró.

Según datos ajustados de la Encuesta de Empleo Asalariado No Agrícola del DTRH, el empleo total se redujo 0.2% en junio de 2026, con una pérdida neta de 2,100 puestos, mientras el empleo público cayó 2.2% interanual —4,300 empleos menos— acumulando 22 meses consecutivos de descensos.

La caída del empleo público se concentró en el gobierno estatal (-3,900) y el federal (-1,000), contrarrestando los 2,200 empleos generados en el sector privado; además, la economía cerró 2025 con una pérdida neta de 3,600 empleos, un contraste marcado frente al crecimiento de 1.0% registrado en 2024.

Tras crecer por encima del 5% los dos años posteriores a la pandemia, el ritmo de creación de empleos se fue moderando hasta entrar en terreno negativo en 2025; el sector privado promedió 1,800 empleos nuevos ese año, frente a los 8,900 de 2024.

El martes 22 de julio de 2026, representantes del sector industrial se reunieron en un conversatorio sobre seguridad hídrica organizado por la Asociación de Industriales, donde exhortaron a sus pares a adoptar medidas de eficiencia para reducir la dependencia del servicio de agua potable y mantener competitividad.

La escasez de agua afecta directamente las operaciones industriales —desde el aire acondicionado hasta la generación de vapor— y la falta de planes de manejo de riesgo hídrico puede comprometer la continuidad productiva de empresas en la isla.

El evento contó con la participación del presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y se da en un contexto de inestabilidad crónica en el servicio de agua potable; la ingeniera Geannette Siberón indicó que los planes de manejo de riesgo de agua ya son requisito para multinacionales que operan en Puerto Rico.

El 21 de julio de 2026, el secretario del DACO Hiram Torres Montalvo anunció un operativo para detectar aumentos excesivos en precios de cisternas vendidas en plataformas digitales como Facebook Marketplace y ClasificadosOnline, donde tanques de 200 galones sin motor se ofrecen a cerca de $400, el doble del precio regular.

La Orden Administrativa 2026-003 congela los precios de cisternas y otros productos esenciales vinculados a la sequía, por lo que los vendedores detectados podrían enfrentar sanciones; el operativo se extenderá a inspecciones físicas en comercios de toda la isla.

El operativo surgió mientras personal de la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos del DACO investigaba otro asunto y encontró una proliferación de anuncios con precios que, según el secretario, superan con creces los del mercado regular.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció que a partir de octubre de 2026 comenzará a imponer multas a los conductores que transiten por los peajes con saldo insuficiente en sus cuentas de AutoExpreso.

La medida responde a requisitos del Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y a compromisos presupuestarios de la ACT, lo que significa que el cumplimiento tiene implicaciones fiscales directas para la corporación pública.

Desde 2022, la ACT ejecutó un plan de modernización que incluyó el reemplazo de infraestructura física en las plazas de peaje de las carreteras PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66, además de modificaciones al sistema operativo para mejorar su seguridad y estabilidad.

HUD suspendió esta semana el acceso de la Autoridad de Financiamiento de Vivienda de las Islas Vírgenes (VIHFA) a nuevos fondos federales de reconstrucción, citando deficiencias administrativas, controles financieros inadecuados, riesgos de fraude y retrasos graves en proyectos financiados con cerca de $2,000 millones recibidos desde 2017. La VIHFA tiene 30 días para solicitar una vista administrativa y apelar.

La acción confirma que HUD tiene facultad de suspender fondos de reconstrucción a territorios cuando detecta irregularidades, lo que pone bajo escrutinio a Puerto Rico, donde el gobierno también administra miles de millones de dólares para la recuperación tras los huracanes Irma y María, aunque HUD no ha anunciado ninguna medida similar contra la isla.

La determinación contra las Islas Vírgenes cita años de auditorías con debilidades en controles internos, certificaciones presuntamente falsas y la condena del exdirector de operaciones Darin Richardson por fraude bancario, lavado de dinero y conflicto de intereses; el gobernador Albert Bryan Jr. rechazó los señalamientos y anunció que apelará.

El precio promedio de la gasolina en Puerto Rico aumentó a $1.087 el litro durante la semana del 20 de julio de 2026, un alza de 2.9% respecto a la semana anterior, según el DACO. El incremento sigue una subida de más de 3% en el precio del crudo Brent, que llegó a $91.42 el barril tras resurgir enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

Es la primera vez desde principios de junio de 2026 que el precio promedio de la gasolina sube en la isla, lo que encarece el costo de transporte para los consumidores puertorriqueños.

El precio del petróleo Brent no superaba los $91 el barril desde el 11 de junio de 2026; la tensión geopolítica entre EE.UU. e Irán fue el detonante del alza, aunque el precio cedió levemente tras conocerse una oferta de mediación.

El 21 de julio, el alcalde Julio Roldán confirmó que la AAA culminó el lunes los arreglos en tres salideros que causaban bajas presiones e interrupciones severas a más de 15,000 familias en Aguadilla durante dos semanas, con el restablecimiento del servicio esperado a partir de ese martes. Según Roldán, la AAA tardó dos semanas en resolver la situación porque no podía localizar los puntos de falla en sectores como San Antonio, Caimital Alto y Maleza.

Más de 15,000 familias aguadillanas estuvieron hasta cuatro días consecutivos sin acceso a agua potable, evidenciando la incapacidad de la AAA para detectar y reparar averías con agilidad en un servicio esencial.

Desde el 19 de julio, la AAA había reportado la avería en la Región Oeste y desplegó brigadas y camiones cisterna como respuesta de emergencia; el municipio distribuyó 309 cajas de agua ante la falta de información oficial sobre el plan de racionamiento.

El lunes 20 de julio, aproximadamente 20 vuelos desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia la costa este de Estados Unidos fueron cancelados debido a condiciones climáticas provocadas por incendios forestales en Canadá. JetBlue fue la aerolínea más afectada, dejando a cientos de pasajeros —entre ellos familias con niños— varados en la terminal.

Los pasajeros afectados quedaron sin alojamiento ni transporte alterno garantizado, obligados a improvisar en los pasillos del aeropuerto mientras gestionaban reembolsos y vuelos alternativos hacia destinos como Filadelfia.

Los incendios forestales en Canadá han generado disrupciones en el espacio aéreo de la costa este de Estados Unidos, afectando rutas de conexión que son críticas para la diáspora puertorriqueña que viaja entre la isla y ciudades como Filadelfia, Nueva York y Boston.

La AAA anunció interrupciones programadas de agua entre el 21 y 22 de julio de 2026 en múltiples municipios del norte, oeste y la Región Metro, incluyendo Arecibo, Utuado, Quebradillas, Camuy, Lajas y sectores como Santurce, Condado, Miramar e Isla Verde. Los trabajos incluyen lavado de sedimentadores, limpieza de tanques y mantenimiento eléctrico en distintas plantas y estaciones de bombas.

Las interrupciones alcanzarán hasta 12 horas en algunos sectores y afectarán comunidades en al menos seis municipios más decenas de sectores del área metropolitana; los trabajos en la represa Carraízo impactarán directamente zonas densamente pobladas como Santurce, Condado e Isla Verde.

El presidente de la AAA, Luis González, describió los trabajos como inversiones operacionales planificadas para reducir la necesidad de reparaciones de emergencia y fortalecer la resiliencia del sistema de agua potable de la Isla.

Alrededor de 9.5 millones de personas en Estados Unidos —uno de cada cinco prestatarios de préstamos federales para estudios— se encuentran en situación de impago, llevando más de nueve meses de retraso en sus pagos; Puerto Rico registra la tasa más alta de impagos entre todas las jurisdicciones, según datos del gobierno federal.

El impago conlleva consecuencias graves como el embargo de salario o de pagos del Seguro Social, aunque la administración Trump ha suspendido temporalmente esos cobros forzosos; la crisis afecta de forma desproporcionada a Puerto Rico en un contexto de alza generalizada en el costo de vida.

Los impagos se dispararon tras la expiración de una prolongada moratoria de pagos instaurada durante la pandemia de COVID-19, período en que los prestatarios federales estuvieron protegidos de consecuencias crediticias y cobros.

Un estudio regional de Chubb titulado "Seguridad y Protección: lo que los latinoamericanos protegen frente al desempleo" reveló que los trabajadores en Puerto Rico identifican el pago de hipoteca o arriendo y las cuentas de servicios básicos como sus principales temores ante la pérdida de empleo, cada uno señalado por el 31% de los encuestados.

El 21% de los encuestados también teme no poder comprar alimentos si pierde su empleo, lo que dibuja un panorama de vulnerabilidad económica doméstica extendida entre la fuerza laboral de la isla.

El estudio forma parte de una encuesta regional que abarcó a varios países latinoamericanos, situando a Puerto Rico dentro de un patrón regional de precariedad ante el desempleo.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la cartera de préstamos de las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por COSSEC alcanzó $7,864 millones, un aumento de $332 millones —o 4.41%— frente al cierre del año completo de 2025.

El crecimiento sostenido en la cartera refleja que el sector cooperativista amplía su alcance financiero aun con menos sucursales físicas, lo que incide directamente en el acceso al crédito de miles de socios en Puerto Rico.

COSSEC regula y asegura a las cooperativas de ahorro y crédito de Puerto Rico; la cartera de préstamos del sector cerró 2025 en $7,532 millones, base sobre la cual se mide el alza reportada este trimestre.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que COR3 desembolsó $1,027 millones en fondos de FEMA durante el primer semestre de 2026 para proyectos de reconstrucción y mitigación de riesgos. La cifra representa un aumento de $94.7 millones frente al mismo periodo de 2025.

El incremento refleja una aceleración en la fase de construcción de proyectos financiados con fondos federales post-desastre, lo que incide directamente en el flujo de efectivo disponible para municipios, agencias gubernamentales y entidades sin fines de lucro.

COR3 administra los fondos de FEMA asignados a Puerto Rico tras múltiples desastres; los desembolsos operan mediante reembolso o adelanto de fondos según el tipo de solicitud presentada por los subrecipientes.

La actividad económica de Puerto Rico registró en mayo de 2026 una baja de 1.2% respecto al mismo mes del año anterior, completando seis meses consecutivos de contracción. El economista Ángel Rivera Montañez advierte que la isla ha entrado en una fase recesiva del ciclo económico.

Los sectores de construcción y manufactura continúan en descenso, el mercado laboral pierde su función como estabilizador, y el consumo personal se agota ante precios elevados y alzas en costos energéticos. Los indicadores adelantados señalan que el deterioro podría profundizarse en los próximos meses.

La contracción ocurre en un entorno estructuralmente frágil, marcado por limitaciones en capacidad productiva, rigideces institucionales y presiones demográficas adversas que restringen el margen para políticas contra cíclicas. Rivera Montañez señala que reformas estructurales pendientes son necesarias para restablecer un crecimiento sostenido.

El 18 de julio, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) alertó sobre un esquema fraudulento en TikTok que anuncia propiedades de lujo en Dorado, Gurabo y Humacao por $600 mensuales y solicita un depósito adelantado de $300 para "tramitar" el alquiler.

El bajo precio anunciado está diseñado para atraer a consumidores vulnerables, quienes pierden al menos $300 en depósitos por propiedades que no están disponibles para alquiler.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, indicó que fue la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor la que identificó las publicaciones, lo que sugiere un patrón de vigilancia activa de redes sociales por parte de la agencia.

El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, estimó en unos $40 millones el costo de reconstruir el Paseo Lineal de Puerta de Tierra para atender la erosión del terreno, y anunció que en las próximas semanas se formalizará la subasta de las obras.

El proyecto afecta una zona de alto tránsito vehicular y peatonal a la entrada del Viejo San Juan, y su complejidad aumenta por la presencia del mar, requisitos de cumplimiento con FEMA y la Oficina Estatal de Conservación Histórica, y la posible existencia de yacimientos arqueológicos precolombinos y coloniales.

La erosión del terreno en el área del Paseo Lineal ha requerido intervención federal y estatal; el proceso de planificación se ha extendido por las exigencias de múltiples agencias, incluyendo FEMA y la Oficina Estatal de Conservación Histórica (CHPO).

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizó el 18 de julio un cierre parcial de la PR-30 en el kilómetro 26.0, dirección Humacao–Las Piedras, de 7:00 am a 3:00 pm, para trabajos de corte en juntas de losas de pavimento.

El proyecto, con una inversión de $27,925,200 en fondos estatales y federales, incluye rehabilitación de pavimento en puentes, mejoras de drenaje, rotulación permanente y barreras de seguridad, e involucra 385 empleos.

Los trabajos forman parte del Programa Acelerado de Mejoras de Seguridad de la ACT en el municipio de Humacao, un esfuerzo más amplio de intervención en infraestructura vial financiado con fondos mixtos.

La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Hacienda Ángel L. Pantoja Rodríguez anunciaron pagos adicionales de $29,675,941 correspondientes a créditos reembolsables para seniors y pensionados de bajos recursos, elevando el total desembolsado a $57,418,371 desde que comenzó el proceso el 2 de julio de 2026.

El desembolso beneficia a 123,111 personas de bajos recursos; el proceso continúa hasta el 14 de octubre de 2026, por lo que quienes no hayan radicado aún pueden recibir créditos de $400 (seniors) o $300 (pensionados).

La Planilla Senior se radica mediante el Formulario 481.1 a través de la plataforma SURI; el año pasado se presentaron aproximadamente 190,000 planillas, mientras que al momento del anuncio se habían recibido 129,382.

A mediados de julio de 2026, el restablecimiento del cobro en el Tren Urbano sigue sin fecha definida; La Fortaleza indicó que "se está haciendo la evaluación al respecto" cuando fue consultada sobre el tema. ATI confirmó que ya comenzaron los adiestramientos de uso, calibración y reparación de los equipos de cobro para los operadores.

El director ejecutivo de ATI, Josué Menéndez Agosto, había sostenido en abril que el cobro se reanudaría tan pronto como en agosto de 2026, pero esa fecha tampoco está garantizada, prolongando una incertidumbre que arrastra más de dos años.

Desde marzo de 2024 los pasajeros del Tren Urbano viajan gratis mientras se realizaban mejoras al sistema de cobro y se fomentaba el uso del transporte colectivo; desde entonces se han manejado múltiples plazos de reanudación sin que ninguno se haya concretado.

El puerto de San Juan registró en mayo de 2026 un aumento interanual de 576.6% en pasajeros de puerto base, pasando de 2,052 a 13,884, según cifras de la Compañía de Turismo. En lo que va del 2026, un total de 983,630 pasajeros han pasado por el puerto —257,462 como puerto base y 726,168 en tránsito.

Los aumentos acumulados de 118,198 pasajeros en puerto base y 191,755 en tránsito frente al mismo período del año anterior indican una recuperación sostenida del turismo de cruceros, sector clave para la economía local.

El mes pico de puerto base en 2026 fue marzo con 75,976 pasajeros, mientras enero lideró el tránsito con 196,550, impulsado por las Fiestas de la Calle San Sebastián.

El 16 de julio de 2026, el Departamento de la Familia inició la distribución de un bono escolar de $800 por estudiante a 2,028 familias del Programa TANF Categoría C activas en junio de 2026, con una inversión total de $2.8 millones que beneficiará a 3,470 menores. El dinero, depositado automáticamente en la Tarjeta Única, podrá usarse para uniformes, materiales escolares, calzado y otros artículos de regreso a clases.

Las familias elegibles recibirán el beneficio sin necesidad de solicitudes ni trámites adicionales, ya que la elegibilidad se determina de forma automática, eliminando barreras de acceso para 3,470 menores en situación de necesidad.

El Programa TANF provee asistencia temporal a familias de bajos recursos con fondos federales; su Categoría C abarca familias en situación de necesidad activas en el sistema de ADSEF. El desembolso lo canaliza la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF).

El 16 de julio, el asesor legal del Departamento de la Familia, Carlos Limardo Ortiz, reconoció ante la Comisión de Relaciones Federales del Senado que los cuatro programas de la agencia carecen de intercomunicación de datos, obligando a ciudadanos a solicitar ayudas federales por separado en distintas oficinas. La agencia también atribuyó las limitaciones en el acceso a fondos federales al estatus territorial de Puerto Rico.

La falta de integración retrasa el acceso a beneficios de programas como WIOA y TANF, y el director de Planificación indicó que puede haber fondos sin utilizar cuando los criterios de elegibilidad —fijados por la fuente federal— no se ajustan a la realidad local. Bajo el esquema actual del PAN, una familia de tres personas recibe en promedio unos $315 mensuales, frente a cerca de $535 bajo SNAP, diferencia que el comisionado residente Pablo José Hernández Ortiz ha defendido corregir mediante transición al SNAP.

La vista pública, dirigida por el vicepresidente senatorial Carmelo Ríos Santiago, evaluó los fondos discrecionales federales y el proceso de State Plans que limita su distribución. En diciembre de 2025, Hernández Ortiz argumentó ante el Congreso que la transición al SNAP representaría alrededor de $1,000 millones adicionales anuales en asistencia alimentaria; sin embargo, en abril de 2026 el Farm Bill dejó a Puerto Rico fuera de una transición inmediata al programa.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) anunció la publicación de los estados financieros auditados del año fiscal 2023 —período que cerró el 30 de junio de 2023— tanto para el Gobierno central como para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), disponibles en el sistema EMMA de la MSRB. La auditoría de la AEE había sufrido una demora prolongada, en parte por información pendiente requerida a LUMA Energy.

La publicación desbloquea el cumplimiento de las obligaciones de divulgación financiera del Gobierno ante el mercado municipal y la Junta de Supervisión Fiscal, que exige estados auditados conforme a PROMESA; sin los datos de la AEE, el Gobierno no podía cerrar sus propios libros consolidados.

Puerto Rico ha arrastrado históricamente atrasos severos en sus auditorías gubernamentales, uno de los factores centrales en su crisis de deuda; PROMESA impone requisitos de transparencia financiera como condición del proceso de reestructuración.

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, confirmó el 16 de julio de 2026 que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no será reubicado de su sede actual mientras el gobierno espera autorizaciones de la Junta de Supervisión Fiscal relacionadas con un reclamo sobre su contrato de arrendamiento.

La situación pone en evidencia la dependencia del gobierno en espacios privados con costos elevados, y la Autoridad de Edificios Públicos indicó que lleva alrededor de un año rehabilitando centros gubernamentales para eventualmente absorber agencias con rentas altas.

El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos, Félix Lassalle Toro, señaló que la corporación trabaja en la rehabilitación de facilidades gubernamentales con miras a reducir el gasto en arrendamiento privado, estrategia que Peña Payano describió como parte de un plan más amplio del gobierno.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos reprogramó para septiembre el lanzamiento de Desempleo Digital, la nueva plataforma para el cumplimiento de obligaciones patronales, que originalmente estaba pautada para agosto. Como parte de la migración, el Portal de Patronos cerrará temporalmente del 17 al 28 de agosto de 2026.

El aplazamiento permite a las empresas completar sus cierres contables y radicar las planillas del trimestre que finalizó el 30 de junio de 2026 sin interrupciones operacionales; durante el cierre del portal, los patronos no podrán realizar radicaciones, pagos ni transacciones relacionadas con los programas de Desempleo y SINOT.

La secretaria del DTRH, María del Pilar Vélez Casanova, indicó que la decisión responde a solicitudes directas de sectores patronales privados que pidieron tiempo adicional para sus procesos de cierre trimestral.

El inversionista John Paulson presentó una demanda contra Fahad Ghaffar y Better Puerto Rico reclamando $200 millones en daños, alegando que Ghaffar violó un acuerdo de no demandar a las entidades Paulson relacionadas con concesionarios de automóviles, a pesar de haber recibido una suma millonaria a cambio.

El caso suma presión legal sobre Ghaffar, quien el 8 de mayo de 2026 ya fue hallado responsable por fraude y conducta dolosa y ordenado a pagar $48 millones a las entidades Paulson.

Ghaffar presentó demandas contra las entidades Paulson tanto en Delaware como en Puerto Rico pese al acuerdo suscrito; a finales de 2025, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio le revocó su decreto contributivo bajo la Ley 22.

En abril de 2026, el aeropuerto Luis Muñoz Marín registró 1,148,401 pasajeros, con bajas tanto en llegadas como en salidas respecto a marzo; las llegadas cayeron 73,990 y las salidas 61,556. En los primeros cuatro meses de 2026 han llegado 2,313,890 pasajeros, una reducción de 55,909 frente al mismo período de 2025.

El flujo de pasajeros es un indicador directo del turismo y la actividad económica vinculada al principal puerto aéreo del país; cuatro meses consecutivos de caídas interanuales apuntan a una tendencia sostenida, no a una anomalía puntual.

Marzo de 2026 había sido el mejor mes del año en tráfico de pasajeros, lo que hace que la baja de abril sea más pronunciada en comparación. El aeropuerto de Mercedita, en contraste, registró un aumento de 1,753 llegadas respecto a 2025.

En junio de 2026, se vendieron 8,738 vehículos nuevos en Puerto Rico, un alza de 2.5% sobre junio de 2025, según GUIA. Fue el primer mes con crecimiento tras 13 meses consecutivos de descensos.

A pesar del repunte mensual, el acumulado de enero a junio de 2026 refleja una caída de 16.9% frente al mismo periodo de 2025, equivalente a casi 10,000 unidades menos vendidas.

El mercado local de autos nuevos ha estado bajo presión sostenida durante más de un año; en el primer semestre de 2026, casi todas las marcas registraron mermas, con excepción de algunas marcas de lujo como BMW, Acura, Volvo, Genesis y Lamborghini.

El Departamento de Hacienda, a través de su secretario Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunció que el primer periodo de ventas exentas del IVU para artículos y uniformes escolares será del viernes 17 al sábado 18 de julio de 2026, de medianoche a las 11:59 p.m.

La exención permite a las familias adquirir materiales y uniformes escolares sin pagar el Impuesto sobre Ventas y Uso, aliviando el gasto del regreso a clases.

La medida responde a la Carta Circular de Rentas Internas 26-11, que establece dos periodos anuales de ventas exentas; el segundo está pautado para el 8 y 9 de enero de 2027.

El 15 de julio de 2026, en una vista pública del Senado, la directora de Servicio al Cliente de la AAA, Edna Borges, confirmó que se realizarán ajustes en las facturas de los abonados que estuvieron sin agua potable en junio, aunque el proceso no se completó durante ese ciclo de facturación porque la agencia atendía la emergencia. La AAA espera recibir información de sus áreas operacionales para determinar cuántos días cada sector estuvo sin servicio antes de emitir los descuentos.

Abonados —incluyendo residentes de condominios cuyos contadores registraron agua suplida por cisternas privadas— recibieron cobros por un servicio que no recibieron; Borges aclaró que los ajustes serán continuos mientras persistan las interrupciones, lo que constituye un derecho bajo la Ley 143-2018.

La Ley 143-2018 obliga a las entidades de servicios públicos a ajustar facturas ante interrupciones mayores de 24 horas durante emergencias decretadas; el senador novoprogresista Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la comisión que convocó la vista, también cuestionó reportes de facturas infladas en condominios cuyas cisternas continuaron funcionando durante la crisis.

El gobierno anunció el 15 de julio de 2026 que Frontier Airlines operará tres rutas diarias desde Dallas, Houston y Cleveland hacia el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín entre noviembre y enero, usando aviones A320Neo con capacidad para 186 pasajeros.

Las rutas añadirán 15,624 asientos al inventario disponible y se estima que aportarán alrededor de $10.4 millones a la economía local durante la temporada alta.

Frontier ya opera varias rutas domésticas desde la costa este y sureste de los Estados Unidos continentales hacia Puerto Rico; esta expansión temporal apunta a los mercados de Texas y Ohio, donde reside una cantidad significativa de puertorriqueños.

El director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, le envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón pidiéndole no firmar el Proyecto de la Cámara 272, que aumentaría de dos a siete días los períodos de exención del IVU para compras de materiales de regreso a clases en enero y julio.

Según Mujica, la medida reduciría los ingresos del Fondo General y de los municipios en aproximadamente $3.4 millones al año y $16.7 millones durante los próximos cinco años fiscales, sin fuentes compensatorias identificadas; la JSF advirtió que se reserva el derecho de solicitar remedios judiciales si la gobernadora convierte el proyecto en ley.

El PC 272 fue aprobado sin ser incorporado en las consideraciones del presupuesto para el año fiscal 2027, que el Gobierno, la Asamblea Legislativa y la Junta certificaron en las últimas semanas; Mujica señaló que su implantación probablemente requeriría una reasignación presupuestaria que violaría la Sección 204(c) de la Ley PROMESA.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó el Informe de Auditoría OC-27-04 revelando que PRITS desembolsó $130,000 por la plataforma Electronic Eligibility Engine (E3), entregada en junio de 2023, pero que al cierre de la auditoría no estaba disponible ni había sido utilizada por las agencias para las que fue diseñada; el informe también señala que PRITS no ha elaborado el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología exigido por la Ley 75-2019, carece de mecanismo formal para recopilar los programas de ciberseguridad de las agencias según ordena la Ley 40-2024, y presentó fuera de término el Informe de Progreso Anual del año fiscal 2024.

Al 24 de octubre de 2025, solo una agencia —la Oficina de Gerencia y Presupuesto— había sometido su programa de ciberseguridad, exponiendo al gobierno a vulnerabilidades no evaluadas; mientras tanto, fondos públicos comprometidos para modernizar la entrega de ayudas económicas a ciudadanos permanecen sin producir resultado alguno.

PRITS es la entidad rectora de la política tecnológica del gobierno de Puerto Rico, creada para coordinar la innovación digital entre agencias; la Ley 75-2019 le impone la obligación de producir un plan estratégico que, según la auditoría, sigue sin existir años después de su mandato, período durante el cual la agencia también estuvo sin director ejecutivo en propiedad desde mediados de 2022 hasta enero de 2026, cuando Poincaré Díaz Peña fue confirmado al puesto.

El Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico (BDE) respaldó una inversión total de $5,393,185 bajo el Programa 504 de la SBA para financiar la construcción y equipos de dos restaurantes Fazoli's en Bayamón y Cupey, operados por la empresa puertorriqueña Loro Group.

Los dos establecimientos generarán 56 empleos directos cada uno y llevarán la plantilla de Loro Group a más de 800 empleados en Puerto Rico, según la empresa.

Loro Group, integrado por la familia Rodríguez Lockwood, opera en la industria gastronómica local desde la década de 1990 con marcas como La Parrilla Argentina y Texas Roadhouse Puerto Rico; Fazoli's representa su entrada al segmento de comida italiana fast casual.

El director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, anunció el 14 de julio de 2026 que el bono de medicamentos de $100 será depositado automáticamente en las cuentas de 114,553 pensionados y beneficiarios del Gobierno Central, la Judicatura y los Maestros en o antes del 15 de julio de 2026, por un desembolso total de aproximadamente $10,967,175.

El pago automático alcanza a más de 114,000 beneficiarios sin que estos deban realizar ningún trámite; el desembolso fue posible tras una transferencia interagencial de $18 millones aprobada por la gobernadora Jenniffer González Colón para cubrir gastos no recurrentes de la Junta.

La Junta de Retiro otorga por ley una serie de beneficios anuales a sus pensionados elegibles, entre ellos una aportación patronal al plan médico de $100 mensuales, un Bono de Navidad de $200 y el Bono de Medicamentos de $100, bajo las leyes 447-1951, 1-1990, 305-1999 y 160-2013.

La Diócesis de Arecibo dio inicio el 14 de julio de 2026 a dos proyectos de reconstrucción —la Catedral San Felipe Apóstol y el Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús— con una inversión combinada de cerca de $5 millones financiada a través del programa de recuperación de la Iglesia Católica en Puerto Rico. Los proyectos generarán aproximadamente 74 empleos directos e indirectos.

La restauración devolverá a su condición previa al huracán María uno de los principales símbolos religiosos del norte de la isla y un hogar que desde 1999 ha albergado a más de 600 menores víctimas de maltrato, negligencia o abandono. El programa completo proyecta cerca de 7,000 empleos directos e indirectos a lo largo de cinco a siete años.

El programa de recuperación de la infraestructura de la Iglesia Católica en Puerto Rico comenzó en marzo de 2025 con los trabajos en la Catedral Metropolitana Basílica Menor de San Juan Bautista, en el Viejo San Juan, como parte del proceso de reconstrucción posterior al huracán María. COR3 figura entre los organismos que coordinan el financiamiento y la planificación.

La presidenta de la Unión Independiente de Empleados de la Compañía de Fomento Industrial (UIECFI), Carmen Julia Vallés, denunció el 14 de julio de 2026 que el director ejecutivo de PRIDCO, Roberto Lefranc Fortuño, se niega a reunirse con el sindicato para atender reclamos sobre dietas de viaje, bonos de productividad y ajustes salariales.

La unión alega que PRIDCO incumple con el pago del bono de productividad aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal para el año fiscal 2023-2024, y que el Plan de Clasificación y Retribución implantado en 2024 se adoptó sin negociación sindical, controversia que ya se ventila ante la Junta de Relaciones del Trabajo.

Según la UIECFI, las dietas de viaje y comida no han cambiado desde 2009 —0.65 centavos por milla y $9.50 por almuerzo o cena— y una propuesta para revisarlas fue presentada ante la pasada administración de PRIDCO sin que la dirección actual la retomara.

En el año fiscal 2026 se vendieron 15.4 millones de sacos de cemento de 94 libras en Puerto Rico, un aumento de 1.2% respecto al año fiscal 2025, según el Instituto de Estadísticas. La producción creció 5.7% en ese mismo periodo.

El crecimiento se desaceleró marcadamente frente al alza de 5.8% registrada en el año fiscal 2025, y las ventas cayeron 2.4% en los primeros seis meses de 2026, lo que puede anticipar enfriamiento en la industria de construcción.

Las ventas de cemento son un indicador adelantado de la actividad constructiva y forman parte del Índice de Actividad Económica que mide la salud económica de la isla.

La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico inició el 13 de julio de 2026 una misión de trabajo en Washington D.C., encabezada por su presidente y alcalde de Jayuya, Jorge "Georgie" González Otero, con reuniones ante agencias federales, el comisionado residente Pablo José Hernández y PRFAA para agilizar proyectos de reconstrucción frenados por procesos burocráticos.

La delegación —integrada por alcaldes de trece municipios— busca destrabar obras financiadas por FEMA, HUD, USDA Rural Development y el Cuerpo de Ingenieros, cuyas demoras, reconocidas por la propia directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, siguen afectando la calidad de vida de los residentes.

Los proyectos de reconstrucción federal en Puerto Rico han arrastrado retrasos crónicos que requieren coordinación entre múltiples agencias; la misión también incluye una sesión con la National League of Cities, que trabaja directamente con el Congreso en financiamiento para gobiernos locales.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció trabajos de mantenimiento y mejoras entre el 13 y el 16 de julio de 2026 que podrían causar bajas presiones o interrupciones en Bayamón, Guaynabo, Aguadilla, Aguada, Moca, Quebradillas, Camuy, Manatí, Comerío y Villalba. Los trabajos incluyen la reconstrucción de la estación Finca Rosso 1, limpieza del Superacueducto, mantenimiento en la planta Montaña de Aguadilla, lavado de sedimentadores en Quebradillas y reemplazo de bombas en Comerío.

La ronda afecta simultáneamente cuatro regiones del país, con interrupciones que van desde ocho hasta 16 horas en algunos sectores durante días laborables, impactando directamente el servicio de agua potable a residentes y negocios.

El presidente ejecutivo Luis González Delgado enmarcó los trabajos dentro del plan de modernización de la AAA para atender el rezago histórico en infraestructura de producción y distribución de agua potable.

El 13 de julio, el presidente Donald Trump declaró en una entrevista con Fox News que Estados Unidos se convertirá en el 'guardián' del estrecho de Ormuz y exigió que otras naciones compensen a Washington por proteger la vía marítima. La declaración se produce tras una nueva ofensiva estadounidense contra instalaciones militares iraníes en la noche del domingo.

Por el estrecho de Ormuz transita el 20 % del crudo mundial; su cierre —declarado por Irán 'hasta nuevo aviso'— representa un riesgo directo para el suministro global de energía y los mercados internacionales. Irán respondió bombardeando Kuwait, Baréin, Catar, Jordania, Omán y Emiratos Árabes Unidos, países con presencia militar estadounidense.

La escalada se intensificó después de que Trump declarara roto un alto el fuego previo y autorizara bombardeos contra objetivos iraníes en represalia por ataques a buques que intentaban cruzar el estrecho. El Comando Central (Centcom) confirmó que los blancos incluyeron instalaciones de misiles, drones, capacidades navales y redes de comunicaciones iraníes.

En junio de 2026 se vendieron 8,738 vehículos nuevos en Puerto Rico, un alza de 2.46% frente a las 8,528 unidades de junio de 2025, según GUIA. Sin embargo, el acumulado de enero a junio de 2026 totalizó 48,464 unidades, una reducción de 16.85% respecto a las 58,284 del mismo periodo de 2025.

La contracción de casi 10,000 unidades en el primer semestre refleja una erosión sostenida del mercado, aunque el repunte de junio —liderado por sedanes medianos y full, que subieron 94.12%, y crossovers y subcompactos, con alza de 18.65%— sugiere una estabilización incipiente del consumo.

La tendencia al alza en vehículos híbridos, que comenzó a registrarse en mayo, se acentuó en junio; las ventas del mes se distribuyeron en 86% por canal retail y 14% en flotas.

En abril de 2026, las ventas al detal en Puerto Rico registraron un descenso frente al mismo mes del año anterior, con las mayores caídas en vehículos de motor (-14.5%), tiendas de artículos electrónicos (-9.6%) y restaurantes (-9.5%). Al mismo tiempo, el índice general de precios al consumidor del DTRH subió de 140.874 en marzo a 143.167 en abril.

La combinación de menor consumo y precios más altos apunta a una presión económica sobre los hogares puertorriqueños; la tasa de desempleo ajustada se mantuvo en 5.6% en abril, sin cambio respecto a marzo.

Los datos provienen del Informe de Ventas al Detal del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y del índice de precios al consumidor del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, que son los instrumentos oficiales de medición del consumo y el costo de vida en la isla.

La Administración Federal de Tránsito otorgó a Puerto Rico una subvención de $10 millones para estudiar la viabilidad de extender el Tren Urbano hacia el Viejo San Juan y el Aeropuerto Luis Muñoz Marín; el anuncio lo hizo el domingo el director ejecutivo de la ATI, Josué Menéndez Agosto, en la conferencia semanal de La Fortaleza. El análisis tomará alrededor de 18 meses.

El estudio abre la posibilidad de conectar por primera vez el principal sistema de transporte masivo de Puerto Rico con su aeropuerto internacional, un enlace contemplado desde el diseño original del proyecto. De materializarse, la extensión transformaría la movilidad metropolitana y el acceso al principal punto de entrada aérea del país.

El Tren Urbano inauguró en 2004 con una línea entre Bayamón y Santurce; desde entonces, cambios de administración, altos costos de construcción y deficiencias en el diseño inicial han mantenido cualquier extensión en etapa de estudios por más de dos décadas.

El representante novoprogresista Ángel Morey radicó el Proyecto de la Cámara 1328, que propone elevar de $10,000 a $20,000 el donativo anual obligatorio de los beneficiarios de decretos contributivos de la Ley 60 a organizaciones sin fines de lucro. La medida fue referida a la Comisión de Hacienda y podría generar entre siete y ocho millones de dólares adicionales si aplica a decretos existentes.

El Fondo Legislativo para Impacto Comunitario —conocido como el "barrilito"— financia a más de 600 entidades sin fines de lucro que solicitan fondos anualmente de un fondo de $20 millones, mientras la Junta de Supervisión Fiscal ha rechazado en años anteriores aumentar la asignación directa del fondo.

La Ley 60 exige a los Individuos Residentes Inversionistas e Individuos Inversionistas hacer un donativo anual de $10,000 a partir del segundo año de su decreto; adicionalmente, la Ley 38-2026 ya contempla un aumento de 0 % a 4 % en la tasa preferencial sobre ingresos pasivos a partir de 2027, lo que lleva a defensores del programa a advertir sobre posible afectación a su competitividad.

El alcalde de San Juan Miguel Romero Lugo anunció el 12 de julio de 2026 el inicio de los trabajos de rehabilitación de las plazas La Convalecencia y El Pilar en el casco urbano de Río Piedras, con una inversión de $6.1 millones y un plazo estimado de doce meses.

Ambas plazas sufrieron daños significativos tras el huracán María en 2017; el proyecto incorporará accesibilidad, iluminación LED, cámaras de seguridad, estaciones solares con Wi-Fi y áreas recreativas ampliadas, y se ejecutará por fases para mantener acceso público durante la construcción.

La rehabilitación forma parte de un esfuerzo más amplio del Municipio de San Juan por revitalizar el centro urbano de Río Piedras, área comercial e histórica que ha enfrentado deterioro físico y económico desde el paso del huracán María en 2017.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector manufacturero de Puerto Rico subió a 52.4 en mayo de 2026, un aumento de 3.1 puntos frente a abril, aunque por debajo del 56.1 registrado en marzo.

Una lectura sobre 50 indica expansión en el sector manufacturero; todos los subíndices medidos —producción, nuevos pedidos, empleo, inventarios y entregas de proveedores— aumentaron respecto al mes anterior.

El índice, elaborado por la Asociación de Industriales de Puerto Rico y el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, ha registrado lecturas en 50 o por encima en 119 de los 193 meses desde que se comenzó a medir.

El sector de comida rápida en Puerto Rico ha radicado 235 quiebras entre 2017 y junio de 2026, con un monto adeudado de $61.6 millones, según el Boletín de Quiebras de Puerto Rico. Solo en lo que va de 2026, el sector ya acumula 15 quiebras.

La tendencia refleja el impacto combinado de la inflación, el alza en costos operacionales y un consumidor más cauteloso al gastar, factores que amenazan la viabilidad de establecimientos de comida rápida en la isla.

Los cierres y quiebras se han acelerado en los últimos meses en un contexto de mayor costo de vida, presionando a cadenas y negocios independientes que operan en un mercado donde los márgenes ya eran estrechos.

El secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, respondió el 11 de julio de 2026 a la petición del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, indicando que la agencia evaluará detenidamente toda la información disponible antes de tomar una determinación sobre el decreto contributivo solicitado por Mountain Air Cargo. Ríos Pierluisi señaló que se comunicó directamente con el alcalde para escuchar sus preocupaciones.

La decisión del DDEC determinará si una empresa con una deuda de $1,416,694 en patente municipal —y casi cuatro décadas de alegado incumplimiento fiscal— puede acceder a beneficios contributivos del Estado.

El alcalde Roldán había enviado el 10 de julio de 2026 una carta formal al DDEC oponiéndose al decreto tras una auditoría que detectó que Mountain Air Cargo operó sin pagar patente municipal desde los aeropuertos de Aguadilla y Carolina; las negociaciones entre el municipio y la empresa para evitar litigio no han prosperado.

El 11 de julio de 2026, la AAA informó que las mediciones de la mañana reflejan una tendencia general de aumento en las presiones del agua potable en sectores de San Juan, Carolina y Loíza, dos días después de que la represa Carraízo retomara funciones; puntos como frente al restaurante El Tomate pasaron de 15.7 a 30 psi en aproximadamente 24 horas. El presidente ejecutivo Luis Reinaldo González Delgado advirtió que todavía hay sectores con bajas presiones, intermitencias o interrupciones mientras el sistema continúa su recuperación gradual.

El avance es desigual: mientras sectores como Luis Lloréns Torres y la calle Loíza ya registran presiones adecuadas de 44 y 30 psi respectivamente, puntos como Casa Cuba y la calle Tartak apenas superan los 11 psi, lo que significa que miles de abonados —en particular en estructuras de varios niveles— aún no reciben servicio en condiciones óptimas.

La crisis hídrica comenzó con trabajos programados en Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas que dejaron a más de 180,000 abonados sin servicio en la región metropolitana, desatando protestas con cacerolazos en San Juan; para el 10 de julio la AAA había restablecido agua a 168,476 abonados, pero la normalización completa de presiones continuaba pendiente.

El 10 de julio de 2026, FEMA otorgó $95,136,835.31 para financiar 47 proyectos de recuperación y mitigación en Puerto Rico vinculados al huracán María, los terremotos de 2020, el huracán Fiona y la tormenta tropical Ernesto, según anunció el comisionado residente Pablo José Hernández.

Los fondos cubren infraestructura en múltiples municipios y agencias, incluyendo $21.4 millones para Jayuya, $14.1 millones para muelles del puerto de San Juan y $10.3 millones para la AEE, con proyectos que abarcan carreteras, instalaciones portuarias, sistemas eléctricos y edificios públicos en comunidades aún en proceso de recuperación.

Puerto Rico gestiona fondos federales de recuperación tras desastres consecutivos desde el huracán María; las asignaciones llegan años después de los eventos que las originaron, reflejando la lentitud estructural del proceso de obligación y desembolso de fondos de FEMA.

El 10 de julio de 2026, JetBlue inició un vuelo diario entre Fort Lauderdale y el Aeropuerto Internacional Mercedita en Ponce, y añadió un segundo vuelo diario hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla, según informó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Willianette Robles Cancel.

Las nuevas operaciones representan 118,260 asientos adicionales y un impacto económico directo de alrededor de $38 millones para las regiones sur y oeste de la isla; para noviembre de 2026 se prevé además una nueva ruta Baltimore–San Juan con un impacto adicional de sobre $38.7 millones.

JetBlue ya operaba un vuelo diario entre Fort Lauderdale y Aguadilla; la expansión anunciada en mayo de 2026 suma Ponce como destino directo y dobla la frecuencia hacia Aguadilla, buscando descentralizar la actividad turística más allá de las zonas tradicionales del norte de Puerto Rico.

La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres anunciaron en Cidra que el Departamento de Agricultura preservará sin recortes los $63.1 millones en incentivos agrícolas estatales del año fiscal anterior para el año fiscal 2026-2027. El periodo de solicitud, que ya está abierto, se extenderá hasta el 31 de octubre de 2026.

Los fondos cubren partidas que van desde $33 millones en subsidio salarial agrícola y $12.2 millones para la industria lechera hasta $10 millones en programas generales de incentivos y $7.9 millones para inversiones y mejoras permanentes, con acceso para agricultores, ganaderos, pescadores y agroempresarios.

El gobierno señala que las órdenes administrativas que activan estos incentivos fueron firmadas durante los primeros días del año fiscal, eliminando la espera histórica de meses que retrasaba el acceso a las ayudas.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, advirtió el 10 de julio de 2026 sobre un esquema de llamadas automatizadas que se hacen pasar por LUMA Energy para exigir pagos de supuestas deudas eléctricas bajo amenaza de suspensión del servicio. Las llamadas provienen de números 1-800 y 1-877 y utilizan tecnología de inteligencia artificial generativa para ocultar su origen real.

Los estafadores buscan obtener datos personales sensibles —incluyendo número de Seguro Social e información bancaria— de consumidores que podrían actuar por temor a quedarse sin electricidad. LUMA Energy confirmó al DACO que no contacta a sus clientes para solicitar pagos por teléfono.

La Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor del DACO fue creada en 2023 precisamente para identificar y alertar sobre este tipo de modalidades dirigidas a obtener datos de consumidores de forma ilegal.

El director de la OGP, Orlando Rivera Berríos, informó el 10 de julio de 2026 que la nueva estructura salarial de la Policía de Puerto Rico entró en vigor el 1 de julio, y que los ajustes comenzarán a reflejarse en las nóminas a partir del 15 de julio, según confirmó el superintendente Joseph González Falcón.

El costo de la primera fase ascendió a cerca de $33 millones —unos $5 millones por encima del estimado inicial de $28 millones incorporado al presupuesto del año fiscal 2027— y la OGP indicó que ya identificó los recursos para cubrir la diferencia sin afectar fases posteriores de la reforma.

Se trata de la primera revisión en 10 años de la escala salarial de los miembros del sistema de rango de la Policía; la reforma debió cumplir con la metodología del Plan Uniforme de Clasificación y Retribución y contar con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal antes de implementarse.

La agencia Fitch Ratings asignó una calificación 'BBB+' con perspectiva estable a una emisión de bonos de $125 millones del municipio de San Juan.

La calificación refleja mejoras en las finanzas municipales —incluyendo superávits bajo la administración actual— pero también advierte sobre la tendencia demográfica "excepcionalmente débil" de la ciudad y los riesgos de la frágil infraestructura de Puerto Rico.

Fitch señaló que la nota toma en cuenta el historial de grandes déficits acumulados antes del año fiscal 2021, vinculados a la recuperación de los huracanes y la pandemia.

Con el 82.6% del territorio bajo algún nivel de sequía o condiciones anormalmente secas, expertos advierten que la prolongación del déficit de lluvias en los próximos meses amenaza la producción agrícola y la cadena agroalimentaria de Puerto Rico.

Aunque el Departamento de Agricultura no ha reportado pérdidas formales, la combinación de sequía extendida e interrupciones en el servicio de agua potable genera incertidumbre económica en el sector y pone en riesgo el abasto de alimentos de producción local.

La actual crisis hídrica se ha profundizado semana tras semana; el informe del Monitor de Sequía de los Estados Unidos del 9 de julio de 2026 registró que el 50.85% del archipiélago se encuentra bajo sequía moderada (D1) y el 10.53% bajo sequía severa (D2), con municipios del sur como Ponce, Guánica y Salinas entre los más afectados.

Islandwide anunció una inversión de $1.7 millones para mejorar su sistema de clasificación de paquetes, con lo que espera triplicar su capacidad de procesamiento; el DDEC otorgará $580,000 en incentivos bajo la Ley 60.

La expansión generará 80 nuevos empleos en una empresa que ya emplea a 397 personas y maneja sobre 3.5 millones de paquetes al año, con operaciones en Ponce y Arecibo.

Fundada hace 55 años, Islandwide es una de las principales empresas puertorriqueñas de logística, transportación y distribución; el DDEC ha utilizado los incentivos de la Ley 60 para estimular inversión privada y creación de empleos en el sector.

El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunció que los días 17 y 18 de julio de 2026 serán el primer periodo de ventas exentas del IVU para uniformes y materiales escolares, con un segundo periodo el 8 y 9 de enero de 2027.

Las familias puertorriqueñas podrán adquirir útiles y uniformes sin pagar el impuesto sobre ventas durante esas fechas, lo que representa un alivio directo al bolsillo en la temporada de regreso a clases.

Hacienda celebra estos periodos de exención del IVU de forma recurrente antes del inicio de cada semestre escolar, conforme a lo establecido en la Carta Circular de RI 26-11, que delimita los artículos elegibles.

El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, explicó el 9 de julio que el aumento en el precio de la gasolina tras el conflicto entre Irán y Estados Unidos en febrero no se trasladó de inmediato a las estaciones de servicio, sino aproximadamente dos semanas después y de forma gradual.

Al 9 de julio, los precios en bomba oscilan entre $1.00 y $1.06 por litro para gasolina regular, $1.16 y $1.23 para premium, y $1.12 y $1.27 para diésel, cifras que afectan directamente el costo de vida de los consumidores puertorriqueños.

El alza en el precio del barril de petróleo se originó tras el estallido del conflicto entre Irán y Estados Unidos en febrero de 2026; Torres Montalvo señaló que, conforme el precio del barril comenzó a bajar, también se observó una merma en las bombas.

La Cámara Alta de Puerto Rico aprobó el Proyecto del Senado 1288, que establece la "Ley para la Aplicación Uniforme del Redondeo en Transacciones en Efectivo de Puerto Rico", obligando a redondear los pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano.

La medida regula cómo se manejarán las transacciones en efectivo ante la inminente escasez del centavo en los comercios, luego de que la Casa de la Moneda de Estados Unidos dejara de fabricar esa denominación hace aproximadamente siete meses.

La decisión federal de cesar la producción del centavo en Estados Unidos obligó a Puerto Rico a definir un marco legal para los intercambios comerciales cotidianos que dependen de esa denominación.

El 9 de julio de 2026 entró en vigor el Reglamento 9732 del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que restringe la venta y manejo de sustancias refrigerantes exclusivamente a técnicos de refrigeración e ingenieros mecánicos con licencia estatal y certificaciones EPA 608 y 609.

El reglamento impone multas de hasta $5,000 por infracción a suplidores, técnicos sin licencia y consumidores que adquieran refrigerantes sin autorización, y exige a los comercios mantener una bitácora diaria de ventas.

La normativa fue aprobada por DACO y abarca equipos industriales, comerciales, domésticos y móviles; la presidenta del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico (CTRA), Lissette Cintrón Sánchez, instó a los técnicos sin licencia a regularizarse antes de enfrentar inspecciones.

La gobernadora Jenniffer González Colón acusó a la Junta de Supervisión Fiscal de crear obstáculos para justificar su estadía en la isla, luego de que el organismo argumentara que su presencia es necesaria como escudo ante posibles déficits futuros.

González Colón advirtió que los salarios y contratos de la Junta los costea el pueblo de Puerto Rico con sus contribuciones, no el gobierno federal, en momentos en que la isla aún no cuenta con auditorías completas de sus finanzas.

La gobernadora indicó que su administración ha presentado dos presupuestos balanceados —aunque no auditados— y que entregó las auditorías correspondientes a 2023, con planes de completar las de 2024 antes de que concluya 2026.

La Legislatura evalúa más de 40 medidas sobre inteligencia artificial —desde educación hasta campañas políticas— sin que exista aún una política pública definida, mientras dos proyectos que delegan esa tarea en PRITS siguen bajo trámite. Un informe preliminar de la ONU advierte que la IA avanza más rápido que la capacidad regulatoria de los gobiernos.

El informe de la ONU señala que Estados Unidos controla el 75 % de la potencia computacional de clústeres avanzados de IA, lo que coloca a Puerto Rico en dependencia casi total de infraestructura y modelos extranjeros; legisladores como el representante José Aponte y el senador Ángel Toledo advierten que el desplazamiento laboral ya es visible y que la falta de preparación agrava las consecuencias.

La ONU describe la IA como una tecnología de propósito general comparable al motor de vapor o la electricidad, pero advierte que sus beneficios económicos no se materializan de inmediato —fenómeno conocido como la curva en J— y que el 91 % de los modelos destacados provienen del sector privado, concentrando el poder transformador en pocas manos.

La gobernadora Jenniffer González y el secretario de Hacienda Ángel L. Pantoja Rodríguez anunciaron el 8 de julio de 2026 el primer desembolso de $27,742,430 en créditos reembolsables para personas de 65 años o más y pensionados de bajos recursos, cubriendo 59,592 planillas procesadas desde que el Formulario 481.1 quedó disponible el 2 de julio.

En apenas cinco días se radicaron 75,202 planillas de un estimado de 190,000; el periodo de solicitud cierra el 14 de octubre, y Hacienda reporta además $481.5 millones aprobados en Cheques de Alivio a 710,383 contribuyentes, reflejando la escala del alivio económico en curso.

El Formulario 481.1, conocido como Planilla Senior, se habilitó el 2 de julio a través de la plataforma SURI; Hacienda ha programado Ferias de Servicio en varios municipios —incluyendo Bayamón, Ceiba, Caguas y Humacao— y ha atendido a más de 1,000 personas. La radicación es únicamente electrónica.

La gobernadora Jenniffer González anunció este miércoles la implantación del sistema ERP bajo el nombre Íntegra PR para unificar los sistemas financieros, presupuestarios y administrativos del gobierno; el nuevo sistema reemplaza las plataformas JEDI y PADAWAN, creadas entre 2021 y 2022, que daban transparencia a la Administración de Servicios Generales (ASG) sobre la contratación gubernamental.

González sostuvo que la plataforma acelerará pagos, permitirá visibilidad en tiempo real de compras a suplidores y ayudará a poner al día los estados financieros auditados para salir de la Junta de Supervisión Fiscal, pero el desplazamiento de JEDI y PADAWAN genera cuestionamientos sobre una presunta pérdida de transparencia en la contratación pública de la ASG.

La OGP operará el ERP Íntegra y la ASG perderá sus facultades estatutarias sobre adquisiciones gubernamentales a partir de enero de 2027, reorganizando quién controla las compras del gobierno central en una función que la ley actualmente reserva exclusivamente a la ASG; la inversión total en el sistema alcanzó los $100 millones tras una década de intentos fallidos.

La directora ejecutiva interina de COR3, María L. Marín Colón, anunció el 8 de julio de 2026 la publicación de varias subastas para proyectos de reconstrucción con fondos de FEMA, incluyendo la rehabilitación del Paseo Lineal de Puerta de Tierra en San Juan y la reconstrucción de las escuelas Conchita Igartúa de Suárez, en Aguadilla, y Juan B. Stubbe, en Cidra.

Los proyectos atienden daños del huracán María y la erosión costera continua; el paseo contempla la construcción de una pared de pilotes de acero, geotubos y otras medidas de mitigación costera, mientras que las propuestas para las escuelas deberán presentarse antes del 17 de agosto.

La Autoridad de Carreteras y Transportación completó la fase de diseño del Paseo Lineal antes de publicar la subasta; una reunión de presubasta virtual está programada para el 22 de julio, dentro de un proceso más amplio de contratación activa bajo la recuperación federal de Puerto Rico.

El 8 de julio de 2026, la contralora Carmen A. Vega Fournier y el secretario de Salud Víctor M. Ramos Otero firmaron un acuerdo para compartir diariamente datos del Registro Demográfico —incluyendo registros desde 2015— con el fin de identificar personas fallecidas que figuren con beneficios públicos activos como el PAN, Plan Vital y Sección 8.

El cruce de información permitirá a auditores de la Contraloría verificar fechas de defunción de manera continua para detectar desembolsos irregulares en programas estatales y federales, cerrando una brecha documentada en informes de auditoría previos.

Informes anteriores de la Oficina de la Contralora ya habían identificado casos en que personas fallecidas —o familiares suyos— recibían beneficios restringidos ilegalmente; el acuerdo formaliza el acceso a la plataforma STEVE del Registro Demográfico como mecanismo permanente de verificación.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) continúa trabajos de repavimentación en los kilómetros 0.0 al 4.0 de la PR-60 en dirección de Las Piedras hacia Humacao, con un cierre temporero de la rampa desde la PR-924 programado para el 10 de julio de 2026.

El proyecto, con una inversión de $11,091,888.48 financiada en un 80.25% con fondos federales, incluye reparación de losas de hormigón, instalación de guardrails y rótulos, y generará 40 empleos directos e indirectos en la región.

La PR-60 es una vía principal que conecta el corredor este de la isla; el proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio de rehabilitación estructural y mejoras de seguridad vial impulsado por la ACT.

El 7 de julio de 2026, alrededor de 50 vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín fueron retrasados o cancelados debido a condiciones climáticas adversas en el noreste de Estados Unidos; según FlightAware, hasta las 5:00 p.m. se contabilizaban ocho vuelos domésticos cancelados y 42 atrasados.

Las disrupciones afectan directamente a pasajeros que dependen del SJU como principal puerta aérea de la isla, en un contexto donde a nivel nacional había 503 cancelaciones y más de 4,000 retrasos ese mismo día.

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es el principal hub aéreo de Puerto Rico y concentra la mayoría de los vuelos comerciales entre la isla y el continente estadounidense; las interrupciones climáticas en el noreste suelen tener efecto cascada sobre las rutas hacia el Caribe.

Las ventas al detal cayeron 2.2% en abril de 2026, según el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), marcando la cuarta caída consecutiva mensual. En los primeros diez meses del año fiscal en curso, las ventas acumulan un alza de 1.0%.

La caída refleja presión en rubros de alto gasto como autos (-14.5%), electrónicos (-9.6%) y restaurantes (-9.5%), señales de contracción en el consumo discrecional que afecta la actividad económica local.

Las ventas al detal habían registrado un alza de 2.7% en 2025, luego de crecer apenas 0.4% en 2024; la racha de cuatro caídas consecutivas contrasta con ese desempeño reciente.

El municipio de Fajardo inaugurará el 10 de julio de 2026 la Ruta Las Marinas, con lo que su Sistema de Transporte Público Colectivo quedará completo y todas las comunidades del municipio estarán interconectadas mediante cinco rutas gratuitas.

El sistema —compuesto por las rutas Las Croabas, Centros Comerciales, Puerto Real, Paraíso y Las Marinas, con un total de 109 paradas— ofrece movilidad sin costo a los residentes para acceder a empleos, comercios y servicios.

El alcalde José Aníbal 'Joey' Meléndez impulsó el sistema desde el Terminal de Transportación de Fajardo como eje central; la Ruta Las Marinas, con 29 paradas, es la última en incorporarse a la red.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) anunció que cerrará su Portal de Patronos del 20 al 31 de julio de 2026 para completar la migración a su nueva plataforma, Desempleo Digital, que estará disponible en agosto. Durante ese periodo, patronos, administradores externos y contables no podrán realizar radicaciones ni transacciones electrónicas relacionadas con el Seguro por Desempleo ni con SINOT.

El cierre afecta directamente el cumplimiento de obligaciones patronales; para mitigar el impacto, la secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, anunció una prórroga de dos semanas —hasta el 14 de agosto de 2026— para la radicación de planillas trimestrales de Seguro por Desempleo y SINOT.

El DTRH lleva tiempo en un proceso de transformación digital orientado a modernizar sus plataformas de servicio; Desempleo Digital representa el componente central de ese esfuerzo de modernización tecnológica.

En junio de 2026 se radicaron 550 casos de quiebra en Puerto Rico, un 8.1% más que en junio de 2025, según el Boletín de Puerto Rico; es el mayor número de quiebras para un mes de junio desde 2019. En los primeros seis meses del año se acumulan 3,059 radicaciones, y la publicación proyecta que 2026 podría cerrar con 6,118 casos, lo que superaría el récord de 5,939 registrado en 2025.

El sector comercial es el más afectado: 49 negocios se declararon en quiebra solo en junio —un alza de 22.5%— con una deuda combinada de $15.4 millones, y las quiebras comerciales en lo que va del año alcanzan su nivel más alto desde 2017. Los sectores con mayor dificultad son restaurantes, construcción y oficinas médicas.

El patrón de insolvencia recurrente agrava el cuadro: 145 negocios han radicado quiebra más de una vez desde 2017, incluidos tres que lo han hecho cuatro veces, lo que el Boletín describe como una señal de dificultad estructural para salir de la insolvencia. El año 2025 ya había cerrado como el de mayor actividad desde 2019, con un aumento de 4.0% sobre 2024, año en que las quiebras habían crecido 28.8%.

En junio de 2026, el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín registró 1.2 millones de pasajeros, una baja de 4.6% frente a junio de 2025. Es el noveno mes consecutivo de descenso en el tráfico, según datos de ASUR, empresa matriz de Aerostar.

La caída acumulada en los primeros seis meses de 2026 llega a 2.8%, lo que contrasta con el récord de 13.6 millones de pasajeros que se registró en todo el año 2025. El descenso afecta tanto rutas domésticas —tráfico con Estados Unidos bajó 4.9% en mayo— como internacionales, con una baja de 2.7% en junio.

Aerostar opera el aeropuerto bajo una concesión de ASUR desde 2013. El año 2025 había marcado el pico histórico de pasajeros en el Luis Muñoz Marín, con un crecimiento de 3.0% respecto a 2024.

La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) anunció la séptima edición de la Gran Feria de Turismo Interno, que se celebrará el 11 y 12 de julio en el Balneario de Boquerón, en Cabo Rojo —primera vez fuera del área metropolitana— con una inversión de hasta $700,000 y la participación de 71 municipios y más de 130 exhibidores.

La CTPR proyecta un impacto económico de entre $2.5 millones y $3 millones para la región oeste, estimando que el flujo de visitantes se extiende entre cuatro y cinco días más allá del evento en hospederías, restaurantes y comercios locales.

La directora ejecutiva Willianette Robles Cancel señaló que la agencia lleva año y medio trabajando en descentralizar el turismo del área metropolitana; esta edición añade por primera vez un componente de turismo deportivo con competencias de voleibol de playa y tennis playero.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció que entre el 8 y el 31 de julio de 2026 habrá cierres de carriles en la vía colectora de la PR-18, en dirección de Caguas hacia San Juan, como parte de trabajos para instalar bases de rótulos elevados. Los cierres aplicarán en horario de 9:00 am a 5:00 pm.

Los trabajos, con una inversión de $9,300,970 en fondos estatales, afectarán una de las principales rutas de acceso al área metropolitana y se anticipa congestión vehicular durante las semanas de construcción.

El proyecto forma parte de la extensión de la vía colectora que conecta la Avenida Roosevelt (PR-23) con la PR-22 en dirección San Juan–Bayamón; la ACT indica que la construcción ha generado aproximadamente 240 empleos.

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) anunció el cierre de tramos de la PR-52, en dirección de Ponce a San Juan, el martes 7 de julio entre las 6:00 p.m. y las 2:00 a.m., para realizar trabajos de depósito de hormigón en la losa de un puente ubicado entre los kilómetros 102.4 y 102.6 de la Autopista Luis A. Ferré. También cerrará la rampa desde la PR-12 hacia la PR-52, y un carril en dirección contraria permanecerá cerrado hasta las 2:00 p.m. del miércoles 8 de julio.

Los cierres afectarán el tránsito en uno de los corredores principales entre el norte y el sur de la isla durante horas nocturnas; los conductores deberán utilizar rutas alternas como la PR-2 y los accesos hacia la PR-1 y la PR-12.

Las obras forman parte de un proyecto de rehabilitación de la Autopista Luis A. Ferré que incluye pavimento, losas de puentes, marcado y señalización, con una inversión de $28,932,739.24 en fondos federales y estatales.

El Gobierno de Puerto Rico publicó los Estados Financieros Auditados correspondientes al año fiscal 2023, el primero emitido bajo la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. La gobernadora y el secretario de Hacienda Ángel L. Pantoja Rodríguez señalaron que el proceso para el informe del año fiscal 2024 está en marcha.

Es el primer año fiscal que contempla pagos de servicio de deuda tras la aprobación del Plan de Ajuste de Deuda en marzo de 2022, lo que hace el superávit operacional del Fondo General —de aproximadamente $94.4 millones— especialmente significativo como indicador de estabilidad fiscal. Los ingresos del gobierno primario también aumentaron $1,830 millones respecto al año fiscal 2022, mientras los gastos bajaron $3,465 millones.

La publicación continúa la actualización del calendario de emisión de estados financieros que el gobierno ha estado reconstruyendo tras años de retrasos. Pantoja Rodríguez indicó que el proceso para los estados del año fiscal 2024 está prácticamente completado, con excepción de la auditoría de la Autoridad de Energía Eléctrica.

El 4 de julio, dos averías eléctricas consecutivas en la planta de filtros Río Blanco, en Naguabo, dejaron sin agua potable a cerca de 800 familias en la zona sur de Vieques. La AAA indicó que la recuperación ha sido más lenta de lo habitual por el alto consumo registrado durante el fin de semana feriado.

La interrupción afecta directamente a cientos de familias en una isla municipio donde el acceso a servicios básicos depende de infraestructura continental; el municipio activó brigadas para suplir agua en las comunidades Esperanza y Martineau.

Vieques recibe su servicio de agua potable desde plantas en el municipio de Naguabo, en la isla grande, lo que hace que cualquier avería en esa infraestructura tenga consecuencias amplificadas en la isla municipio.

El Primer Circuito de Apelaciones federales, en Boston, otorgó hasta el último día de julio de 2026 a las partes para presentar mociones sobre los próximos pasos en el litigio por los despidos de miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, tras las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense a principios de esa semana.

El plazo fija el calendario inmediato del caso que podría determinar los límites del poder presidencial para destituir a los miembros del organismo que supervisa las finanzas públicas de Puerto Rico y su proceso de quiebra.

El Primer Circuito había reactivado el litigio el 1 de julio de 2026 tras el fallo del Supremo federal en Trump contra Cook; un juez federal ya había determinado previamente que las destituciones fueron ilegales bajo la Ley PROMESA, que solo permite remociones por 'causa justificada'.

El alcalde de Peñuelas Josean González Febres anunció un plan de rehabilitación vial que supera los $15 millones bajo el programa Asfalto para Nuestra Gente, que incluye la repavimentación de sectores rurales donde no se realizaban trabajos desde hace más de dos décadas y las carreteras PR-385 y PR-391, esta última con una inversión aproximada de $9 millones.

Los trabajos alcanzan comunidades como Quebrada Ceiba y Cerro Los Cabros, que no habían recibido asfaltado en más de 20 años, y la PR-385, sin repavimentación total en más de 30 años; la inversión combina fondos municipales con asignaciones estatales y legislativas, sin recurrir a fondos de COR3.

El alcalde indicó que el deterioro vial era la queja más frecuente de los ciudadanos —al menos ocho de cada diez llamadas— y que las gestiones con el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el secretario del DTOP Edwin González fueron clave para obtener recursos adicionales.

La Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) anunció que inaugurará en los próximos meses al menos siete proyectos de vivienda asequible —entre ellos Bahía Palmas en Cataño, Brisas de Arroyo, Brisas del Mar Village en Guayama, Vista del Norte en Guaynabo y Jardines de Loíza, más dos égidas— que sumarán más de 800 unidades. El anuncio se dio en el marco de la entrega el martes de las primeras 15 viviendas del Proyecto Mirasol en Yabucoa, con renta mensual de $533 e inclusión de placas solares, cisterna y servicio eléctrico.

La demanda supera ampliamente la oferta: el Proyecto Mirasol, de 149 unidades, tiene una lista de espera de cerca de 1,100 personas, mientras que el proyecto Ensueño en Cupey registra casi 5,000 interesados, cifras que dimensionan la brecha de vivienda asequible en la isla.

El director ejecutivo de la AFV, Ricardo Álvarez Barreto, ofreció los detalles durante la conferencia de prensa en La Fortaleza; los proyectos se suman a los ya anunciados con fondos CDBG-DR y están diseñados con estándares de resiliencia, incluyendo unidades habilitadas para personas con discapacidad visual, auditiva y de movilidad.

La gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, anunciaron el 2 de julio de 2026 la integración del IVU municipal en SURI para los 73 municipios participantes de COFIM; la cuenta 'Ventas y Uso – Municipal' ya aparece en los perfiles de los comerciantes, y la funcionalidad de pagos y la nueva Planilla Mensual de IVU estarán disponibles desde el 1 de agosto de 2026. La iniciativa responde a la Ley 72-2025, de autoría de la gobernadora.

La medida centraliza en una sola plataforma el cumplimiento del IVU municipal para más de 300 mil comerciantes en la mayoría de los municipios de la isla, reduciendo la carga administrativa de quienes operan en múltiples jurisdicciones. Los recaudos seguirán perteneciendo a cada municipio y no se alteran las facultades de COFIM.

La Ley 72-2025 estableció el marco legal y colaborativo entre Hacienda y los municipios de COFIM para viabilizar la radicación y el pago del IVU municipal a través de SURI. Hasta ahora, la fragmentación del sistema obligaba a los comerciantes a manejar procesos separados por jurisdicción.

La gobernadora Jenniffer González declaró que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se "extralimitó en sus funciones" al certificar unilateralmente el presupuesto revisado del año fiscal 2026 antes de las 8 de la noche del 30 de junio, cuando el gobierno aún tenía hasta medianoche para actuar sobre la medida aprobada por el Senado y la Cámara. González emitió posteriormente un veto de línea que eliminó $35 millones asignados por la JSF para el Plan de Mejoras a Carreteras Municipales y redujo de $3 millones a $1 millón los fondos para la celebración de la independencia de los Estados Unidos.

El enfrentamiento expone una disputa de fondo sobre los límites de la autoridad de la JSF frente a las facultades constitucionales del Ejecutivo y la Legislatura de Puerto Rico: González advirtió que no renunciará a su potestad de firmar, vetar o aplicar vetos de línea a la legislación, lo que sienta precedente sobre quién tiene la última palabra en materia presupuestaria mientras el ente fiscal siga vigente.

La JSF certificó el presupuesto revisado de 2026 argumentando que no hubo consenso entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, aunque la gobernadora sostiene que el proyecto había sido aprobado por ambas cámaras y solo aguardaba su firma. El gobierno señaló un superávit de $635 millones en ese presupuesto y buscaba enmendar el plan de gastos para atender deudas pendientes.

El 2 de julio de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, entregaron 38 títulos de propiedad a familias en Maricao, muchas de las cuales esperaron entre 20 y 25 años para obtener certeza jurídica sobre sus residencias.

La titularidad formal protege el patrimonio de decenas de familias que enfrentaron huracanes, retos económicos y procesos burocráticos prolongados sin reconocimiento legal de sus hogares.

Varias de las familias beneficiadas recibieron sus solares desde mediados de los años noventa y vieron sus proyectos afectados por el huracán Georges; el proceso administrativo para formalizar la titularidad se extendió por décadas.

El Departamento de la Familia y ADSEF anunciaron el jueves que el programa Summer EBT comenzará el 4 de julio de 2026 con $59.9 millones para 332,775 estudiantes elegibles, quienes recibirán $180 cada uno para la compra de alimentos durante el receso escolar.

El beneficio alcanzará a estudiantes matriculados en 1,025 escuelas participantes —858 públicas y 167 privadas— del Programa Nacional de Almuerzos Escolares, sosteniendo el acceso a alimentos nutritivos durante el verano cuando los menores no reciben comidas escolares.

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, subrayó que la seguridad alimentaria de los menores es prioridad de la administración; el programa se estableció como iniciativa permanente de verano tras surgir durante la pandemia de COVID-19 bajo el nombre Pandemic EBT.

El Departamento de Hacienda habilitó el 2 de julio de 2026 el Formulario 481.1 (Planilla Senior) a través de SURI para el año contributivo 2025; la ventana de solicitud cierra el 14 de octubre de 2026. Personas de 65 años o más pueden reclamar un crédito de $400, y pensionados de bajos recursos uno de $300.

Decenas de miles de adultos mayores y pensionados de bajos recursos en Puerto Rico pueden acceder a créditos compensatorios directos; el proceso es exclusivamente electrónico mediante SURI, aunque Hacienda coordinará 20 ferias de servicios en 17 municipios durante julio para asistir a quienes no puedan radicar en línea.

La radicación electrónica obligatoria del Formulario 481.1 a través de SURI está establecida desde la Carta Circular de Rentas Internas Núm. 20-32; el esquema de ferias municipales es continuación de años anteriores en que Hacienda ha colaborado con alcaldes y grupos comunitarios para ampliar el acceso al beneficio.

El Índice de Gerentes de Compra (PMI) del sector manufacturero de Puerto Rico se ubicó en 52.4 puntos al 31 de mayo de 2026, señalando expansión tras la contracción registrada en abril (49.3 puntos), según reporte del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en colaboración con la Asociación de Industriales.

Por primera vez en lo que va de 2026, las cinco variables del índice —producción, nuevas órdenes, entregas de suplidores, inventarios y empleo— mostraron expansión simultánea, con producción, empleo, inventarios y entregas de suplidores alcanzando 52.9 puntos cada una.

El PMI manufacturero inició 2026 con una contracción en enero (48.8 puntos), se recuperó en febrero (51.8) y marzo (56.1), y volvió a contraerse en abril (49.3) antes del repunte de mayo; los principales retos reportados por las empresas incluyen costos de materiales y operativos, así como logística de cadena de suministro.

La secretaria del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, anunció este jueves que en agosto entrará en operación 'Desempleo Digital', una nueva plataforma que eliminará los cheques semanales por correo y los trámites en papel para reclamantes de desempleo.

Los desempleados podrán gestionar sus reclamaciones, consultar casos y someter documentación en línea desde cualquier lugar y hora, sin tener que visitar físicamente una oficina del Departamento del Trabajo.

El Departamento del Trabajo actualmente procesa solicitudes y emite pagos de desempleo mediante cheques enviados por correo, un sistema que la agencia describió como menos ágil y accesible que la nueva modalidad digital.

El Índice de Actividad Económica (IAE) registró 127.1 puntos en mayo de 2026, igualando el segundo peor resultado del año fiscal junto a diciembre, mientras el consumo de gasolina se desplomó 11.7% frente a mayo de 2025 y 4.2% frente a abril. La nómina no agrícola, por su parte, alcanzó 962,600 puestos ocupados.

La caída en el consumo de gasolina —uno de los cuatro componentes del IAE— profundiza la tendencia de contracción sostenida; el mejor registro reciente del índice fue 129.7 en 2024, frente a los 127.1 actuales.

El IAE incorpora empleo no agrícola, generación de energía eléctrica, consumo de gasolina y venta de sacos de cemento. El peor mes del año fiscal fue enero, con 126.9 puntos, lo que ubica a mayo entre los registros más bajos del ciclo.

En julio de 2026 se cumplen 20 años desde que Puerto Rico implantó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) mediante la Ley 117 del 4 de julio de 2006, un sistema que pasó de recaudar unos 600 millones a más de 3,000 millones de dólares anuales pero que hoy acumula más de 130 exenciones y combina elementos incompatibles de distintos modelos contributivos. Un grupo multisectorial que incluye el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas ya presentó a la gobernadora y al secretario de Hacienda una propuesta de reforma contributiva integral.

El IVU fragmentado en 79 jurisdicciones municipales con reglas distintas encarece el cumplimiento para los comercios y dificulta la fiscalización de Hacienda; además, parte de su recaudación sigue comprometida al pago de la deuda de COFINA, lo que limita cualquier intento de modificarlo.

El IVU sustituyó un arbitrio general cobrado en los muelles cuya recaudación estaba estancada y contaba con más de treinta exclusiones; años después de su creación, un intento de reemplazarlo con un IVA de 16% fracasó ante la oposición de los comerciantes, y en su lugar se aumentó la tasa a 11.5% y se reintrodujo el cobro en los muelles, reinstalando el efecto cascada que el diseño original pretendía eliminar.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 1 de julio el uso de su facultad constitucional de veto de línea para distribuir los ahorros del Año Fiscal 2025-2026, que generó un superávit de $635 millones —el primero certificado como balanceado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) en la historia de Puerto Rico. Junto al director de la OGP, Orlando Rivera, firmó la distribución de esos fondos mediante resolución conjunta durante el último día de sesión de la Asamblea Legislativa.

La distribución incluye $90 millones para saldar la deuda acumulada en la carrera magisterial, $5 millones para SER de Puerto Rico y pagos de otras deudas, entre ellas las de educación especial; el ejercicio del veto de línea también busca rebatir las objeciones de la JSAF y sostener que el presupuesto vencido estuvo balanceado conforme a PROMESA.

La JSAF había certificado el presupuesto 2025-2026 como impuesto —y no consensuado— por desacuerdos sobre partidas de carreteras municipales, el Programa del Café de ADEA y educación especial; González Colón había enviado previamente una enmienda a la Asamblea Legislativa para redistribuir esos ahorros antes del cierre del año fiscal.