Economía y trabajo

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que FEMA obligó $81,903,943.10 para 59 proyectos de recuperación y reconstrucción durante la semana del 24 al 31 de agosto de 2026. Las asignaciones más grandes corresponden a $20.5 millones para el Edificio Prudencio Rivera Martínez, sede del Departamento del Trabajo, y $10.6 millones para la reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas.

Los fondos impactan infraestructura esencial en múltiples municipios, incluyendo carreteras, puentes, la red eléctrica, instalaciones deportivas y edificios universitarios.

Puerto Rico continúa en proceso de recuperación posdesastre, con fondos federales que se aprueban por etapas para atender daños a infraestructura pública en municipios y agencias del gobierno.

El 31 de agosto de 2026, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, afirmó que no renunciará al cargo tras la reunión semanal del Comité de Sequía en La Fortaleza, y rechazó que la corporación haya incumplido los acuerdos judiciales vigentes con el Municipio de San Juan. La semana anterior, el Municipio regresó al Tribunal de Primera Instancia luego de que la AAA no entregara información sobre la operación del servicio de agua en la capital, según lo exigía el acuerdo supervisado por el juez Anthony Cuevas.

El conflicto judicial entre la AAA y el Municipio de San Juan escala en medio de una crisis de sequía activa, con el embalse de Carraízo bajo racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto de 2026 y La Plata en ajustes operacionales, lo que somete a presión simultánea a cientos de miles de abonados en la zona este y metro.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha denunciado públicamente la gestión de la alta gerencia de la AAA y el juez Anthony Cuevas advirtió el 28 de agosto que no toleraría nuevos incumplimientos al acuerdo judicial; González Delgado señaló que actúa bajo instrucciones específicas de la gobernadora Jenniffer González para manejar la emergencia.

Pentaq Manufacturing Corp. anunció la expansión de sus operaciones en Sábana Grande tras obtener un contrato federal de más de $41 millones —con vigencia de cinco años— para producir piezas de uniformes de combate para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Como parte de la expansión, Pridco le concedió una instalación industrial de 5,785 pies cuadrados en el barrio Rayo Guaras, lo que generará unos 50 empleos nuevos en el municipio.

El contrato federal posiciona a Pentaq como suplidor activo de defensa desde Puerto Rico por los próximos cinco años, con un valor que supera los $41 millones; los 50 empleos proyectados representan un aumento directo en la base laboral de Sábana Grande.

Pentaq es inquilino de Pridco desde abril de 2004 y ya operaba varias propiedades industriales en Sábana Grande; la nueva instalación, que estuvo vacante aproximadamente tres meses antes de este acuerdo, se suma a esa red. Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de Pridco, destacó que la empresa lleva más de 20 años apostando al municipio y al mercado de manufactura especializada.

El secretario del DDEC, Carlos J. Ríos Pierluisi, defendió el domingo 30 de agosto de 2026 la presentación de Puerto Rico ante inversionistas en Nueva York, encabezada por la gobernadora Jenniffer González Colón, asegurando que los empresarios contactados no expresaron preocupaciones sobre las controversias con LUMA Energy ni con Power Expectations. Como parte de los anuncios vinculados a la gira, Abbott ampliará su planta en Arecibo con una inversión de aproximadamente $3.2 millones para manufacturar dispositivos médicos cardiovasculares y crear más de 60 empleos.

La expansión de Abbott incluye incentivos del DDEC por más de $1 millón y se enmarca en el argumento oficial de que la manufactura representa entre el 44% y el 46% del PIB de Puerto Rico, sector que el gobierno usa como ancla para atraer inversión extranjera.

La gira de inversión coincide con un momento de incertidumbre energética en la isla: hay una posible anulación de la extensión del contrato de LUMA Energy y la cancelación del contrato de energía temporera con Power Expectations, factores que la prensa señaló como posibles disuasivos para inversionistas.

El 30 de agosto de 2026, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, reinauguró el parque Dr. José Narciso Gándara Cartagena en Hato Rey tras una rehabilitación de $8,095,782.27 que incluyó canchas de pickleball, gimnasio al aire libre, 51 postes de iluminación, cinco torres de emergencia con cámaras y mejoras de drenaje pluvial.

El proyecto devuelve a las comunidades del área un espacio público de 1.8 hectáreas con mayor seguridad, accesibilidad y capacidad ambiental; se proyecta una mejoría de 150% en la absorción de bióxido de carbono a mediano y largo plazo.

Desarrollado en la década de 1950 como parte de la Urbanización Huyke, el parque acumuló deterioro en caminos, drenaje y accesibilidad; en 2022 fue seleccionado para revitalización mediante un proceso participativo entre el Municipio de San Juan, CODEFIN y el grupo comunitario Amigos del Parque Gándara.

El Índice de Actividad Económica (IAE) de Puerto Rico registró en julio de 2026 una caída interanual de 0.3%, situándose en 127.7, el sexto descenso consecutivo, completando así tres trimestres seguidos a la baja que abarcan el último trimestre de 2025 y los primeros dos de 2026.

El IAE es el indicador más oportuno del desempeño económico de la isla, dado que Puerto Rico no publica lecturas trimestrales del PIB; seis meses de caídas sostenidas señalan una pérdida de impulso que podría acercarse a una contracción técnica.

El año fiscal 2026 cerró con una caída anual del IAE de 0.4%, la segunda consecutiva, después de cuatro años al alza; previamente, el único retroceso comparable en un lustro había ocurrido en 2020 con una baja de 2.6% atribuida a la pandemia.

En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor en Puerto Rico registró 143.805, un alza de 0.1% frente a junio de 2026 y de 4% respecto a julio de 2025, según el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. El costo de la transportación privada bajó 0.9% de mes a mes, impulsado por una reducción de 5% en el precio del combustible.

Aunque el alivio en gasolina ofrece un respiro puntual a los consumidores, la transportación acumula un aumento de 10.1% en términos interanuales, y los alimentos subieron 2.4% en el mismo período, presionando el presupuesto de los hogares.

El IPC de Puerto Rico lo publica periódicamente el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos como indicador oficial del costo de vida en la isla; las categorías de alimentos y transportación pesan de manera desproporcionada en las familias de ingresos bajos y medios.

Un estudio independiente de Blue Morpho Firm titulado 'Pulso Financiero y Cooperativo de Puerto Rico', presentado en la Asamblea Anual de Socios de Circuito Cooperativo, encontró que el 74% de los participantes mantiene sus servicios financieros en bancos comerciales, mientras que solo el 21% los tiene en cooperativas de ahorro y crédito. La investigación incluyó 253 entrevistas en siete regiones y representación de 55 municipios.

El estudio identifica una brecha de penetración que el sector cooperativo busca cerrar desarrollando productos y estrategias alineados con las necesidades reales del consumidor; los resultados muestran además que las cooperativas superan a los bancos comerciales en algunos mercados del sur, oeste y la montaña, lo que sugiere que el mercado financiero puertorriqueño no puede tratarse como un universo homogéneo.

El estudio fue concebido para convertir el conocimiento directo del consumidor en inteligencia accionable para el sector cooperativo, y fue presentado ante presidentes de cooperativas y líderes cooperativistas en la Asamblea Anual de Socios de Circuito Cooperativo. La investigación abarcó el 71% de los 78 municipios de Puerto Rico y tiene un nivel de confianza del 95% con un margen de error de más o menos 6.2%.

El presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez, envió una carta el jueves 28 de agosto al congresista republicano por Arizona Paul Gosar pidiéndole reconsiderar su solicitud a la Junta de Control Fiscal para impugnar la Ley 215 de 2024, que regula los arbitrios municipales de construcción. Gosar había escrito el 18 de agosto al director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, argumentando que la ley aumenta el costo de las obras y desvía dinero destinado a la reconstrucción.

Eliminar los arbitrios reduciría ingresos que los municipios usan para carreteras, emergencias, manejo de desperdicios, inspecciones y seguridad. Hernández Rodríguez argumentó que cualquier exención contributiva para proyectos con fondos federales debe aprobarse mediante legislación del Congreso, no por vía de PROMESA ni de la Junta.

La Junta de Control Fiscal tiene autoridad bajo PROMESA para impugnar leyes fiscales de Puerto Rico que estime incompatibles con el plan fiscal; Gosar citó una comunicación de la propia Junta de diciembre de 2025 como respaldo para su solicitud, y sostuvo que la legislación pone en riesgo cerca de 4,000 millones de dólares en fondos federales. La Junta tiene plazo hasta el 15 de septiembre para responder cuatro preguntas planteadas por el congresista.

La Asociación de Economistas de Puerto Rico aprobó unánimemente el 20 de agosto de 2026 una resolución que rechaza el proyecto Esencia en Cabo Rojo, concluyendo que sus beneficios públicos no compensan "los costos y riesgos" al erario y las comunidades del municipio. La organización señaló que los empleos que generaría —en hotelería, limpieza y servicios de alimentos— suelen pagar cerca del salario mínimo y carecen de garantías de beneficios marginales.

La Asociación advierte que Esencia —que ofrecería residencias de lujo entre $2 millones y $20 millones— agravaría el desplazamiento de comunidades en Cabo Rojo y fomentaría una economía de enclave con vínculos limitados con la actividad productiva local, sumándose al escrutinio sobre un proyecto al que Turismo ya autorizó más de $497 millones en créditos contributivos y que carece de infraestructura pública de agua suficiente según la AAA y la AEE.

El proyecto, propuesto por Three Rules Capital y Reuben Brothers, acumula cuestionamientos desde varios frentes: el senador del PIP Adrián González Costa impugnó la concesión de créditos contributivos, y el 27 de agosto de 2026 la AAA y la AEE reconocieron ante el Senado que no tienen capacidad para suplir la demanda de agua del desarrollo.

El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera anunció su respaldo a la Immersive Technology for the American Workforce Act (H.R. 6968) durante GAMERGYPR 2026, convención celebrada el 29 de agosto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico en San Juan. La legislación federal asignaría $50 millones anuales para desarrollo laboral en gaming y tecnologías inmersivas.

El proyecto conecta fondos federales de adiestramiento laboral con una industria que, según la Entertainment Software Association, genera más de 250,000 empleos y aporta más de $65,000 millones a la economía estadounidense; Puerto Rico buscaría capitalizarse en ese mercado para retener jóvenes y estimular desarrollo económico.

H.R. 6968 es impulsada en el Congreso por los representantes John Mannion de Nueva York y Gabe Evans de Colorado, con apoyo de organizaciones como Jobs for the Future, la National Association of Workforce Boards y la XR Association; GAMERGYPR 2026 congregó entre 5,000 y 7,000 asistentes.

Tres corporaciones y dos individuos que eran acreedores del Banco de Desarrollo Económico (BDE) demandaron al director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, sus miembros, su consejero legal y al bufete Proskauer Rose LLC, alegando que la venta de su cartera de préstamos a una entidad privada constituyó un acuerdo ilegal. La demanda, sometida en el Tribunal de Primera Instancia, pide que los integrantes de la JCF respondan personalmente por daños, sin protección de inmunidad.

Sería la primera reclamación contra la JCF por daños con pretensión de responsabilidad personal contra sus miembros, lo que podría sentar un precedente sobre los límites de la inmunidad del ente fiscal. El contrato cuestionado ascendió a $384 millones y fue firmado en septiembre de 2018.

La venta de la cartera de préstamos del BDE a PR Recovery and Development JV, LLC y PR Recovery and Development REO, LLC ya había generado litigios previos, incluyendo señalamientos de conflicto de interés contra el bufete O'Neill & Borges ante la jueza federal Laura Taylor Swain, y un pleito local en el que el propio BDE alega que el contrato fue nulo.

El secretario de Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, declaró el 28 de agosto desde Ponce que la crisis de agua potable no ha causado retrasos en los proyectos de reconstrucción, y destacó 268 obras municipales activas bajo el programa City-Rev con $1,298 millones en fondos federales CDBG-DR. A la convención celebrada para atender esas obras asistieron solo 34 de los 78 alcaldes del país.

Los $1,298 millones en fondos federales están destinados a revitalizar comunidades afectadas por los huracanes Irma y María, y la baja asistencia de alcaldes —incluyendo los de pueblos afectados por la sequía— plantea interrogantes sobre la coordinación entre el gobierno central y los municipios.

El programa City-Rev canaliza fondos CDBG-DR del gobierno federal para rehabilitar los 78 municipios tras los huracanes de 2017; los ayuntamientos reportan dudas frecuentes sobre trámites ambientales, subastas y cumplimiento financiero que pueden ralentizar los desembolsos.

El 28 de agosto de 2026, la comisionada de Instituciones Financieras Mónica Rodríguez Villa alertó sobre nuevos esquemas de fraude dirigidos a personas que ya habían sido víctimas de inversiones cibernéticas falsas, entre ellos la Fundación Amira, suplantadores de FINRA vinculados al esquema EarnStock, y una persona que se hace pasar por agente del FBI.

Los fraudes apuntan a un grupo especialmente vulnerable —quienes ya perdieron dinero— prometiéndoles recuperación de fondos a cambio de pagos mediante tarjetas prepagadas o entrega de documentos personales, lo que puede resultar en pérdidas adicionales y robo de identidad.

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ha documentado previamente esquemas de inversiones cibernéticas como EarnStock e Investio; estos nuevos fraudes explotan esa base de víctimas ya identificadas, suplantando a la propia OCIF, a FINRA y al FBI para dar apariencia de legitimidad.

Durante la semana del 25 de agosto de 2026, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó visitas de fiscalización a supermercados, hospederías y establecimientos comerciales, y el miércoles 26 de agosto inspeccionó cinco comercios y verificó trece balanzas en el Mercado Familiar del Coliseo Antonio R. Barceló en Toa Baja.

La mayoría de los comercios mostró cumplimiento con las normas de rotulación y precios; las básculas rechazadas estaban descalibradas en contra del comerciante, por lo que no representaron perjuicio económico para los consumidores.

El DACO realiza rondas periódicas de fiscalización en comercios para garantizar que los consumidores reciban información clara sobre precios y métodos de pago conforme a las disposiciones de protección al consumidor.

La Oficina de la Contralora publicó una auditoría que identificó pagos en exceso de $355,873 a un suplidor del Colegio Universitario de San Juan por compras de computadoras y equipos tecnológicos, sin que se formalizaran las enmiendas contractuales requeridas antes del vencimiento de los contratos. El período auditado abarcó del 1 de enero de 2020 al 30 de junio de 2025.

Los dos contratos originales totalizaban apenas $200, lo que significa que los desembolsos superaron por más de mil veces las cuantías autorizadas; la contralora Carmen Vega Fournier confirmó que las transacciones se realizaron sin los controles contractuales obligatorios.

El Colegio Universitario de San Juan es una institución de educación superior adscrita al Municipio de San Juan, que cambió de nombre en 2026; las auditorías de la Contralora son el principal mecanismo de fiscalización de fondos públicos municipales en Puerto Rico.

El Gobierno de Puerto Rico transfirió $1,796,648.19 en fondos estatales al Municipio de Santa Isabel para rehabilitar 2.4 kilómetros de la carretera PR-161, vía que no se repavimentaba desde 1996. Los trabajos, parte de una asignación de $94 millones, cubren desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 2.4.

La PR-161 es utilizada por aproximadamente 8,700 vehículos diariamente, incluyendo transporte agrícola, y conecta barrios clave del municipio; el deterioro acumulado durante tres décadas representaba un riesgo de seguridad vial para residentes y agricultores.

Los fondos provienen de una asignación de $94 millones gestionada por el gobierno central para la repavimentación de carreteras estatales mediante transferencias a municipios; la PR-161 atraviesa el centro de Santa Isabel conectando el barrio Velázquez, barrio La Playa, el casco urbano, la barriada Felicia, barrio Paso Seco y barrio Jauca.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. inició el proceso de reglamentación para exigir licencias a toda plataforma que emita, venda o facilite pagos con stablecoins, según lo requiere la sección 3 de la Ley Genius, aprobada el 18 de julio de 2025. Los atrasos en el proceso regulatorio hacen posible que la fecha de activación de la ley, fijada para enero de 2027, tenga que ser pospuesta.

Las nuevas reglas impondrían multas de hasta $1 millón o cárcel de hasta cinco años a quienes emitan stablecoins sin licencia, y prohibirían a las plataformas certificadas ofrecer stablecoins emitidas en el extranjero. La banca tradicional, a través del Instituto de Política Bancaria, apoyó la propuesta; el sector DeFi aún tiene interrogantes.

La Ley Genius fue la primera legislación de la administración del presidente Donald Trump dirigida a regular criptomonedas, con foco en crear un marco para pagos con stablecoins. Las agencias federales tenían un año desde su aprobación para implementar la regulación necesaria, plazo que ya venció sin que el proceso haya concluido.

La Asociación de Navieros de Puerto Rico expresó su agradecimiento a la gobernadora Jenniffer González y al director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, por la derogación definitiva del Reglamento Núm. 8837, que establecía el Scanning Fee sobre el movimiento de contenedores de carga en los puertos de la isla.

El sector naviero sostiene que la eliminación del cargo representa un alivio para toda la cadena de distribución al remover un costo adicional que, a juicio de la industria, no produjo los resultados esperados, y que su derogación fortalece la competitividad comercial de Puerto Rico.

La derogación del reglamento se da en conjunto con la Ley 126-2026 firmada en julio de 2026, medidas que eliminan el respaldo legal del contrato con S2 Services Puerto Rico —empresa que, según la Oficina del Contralor, cobraba por el 100% de los furgones independientemente de si eran inspeccionados— y cuyo contrato la Autoridad de los Puertos canceló en agosto de 2025.

CSL Plasma Puerto Rico inauguró centros de recolección de plasma en El Cantón Mall en Bayamón y en Plaza Centro Mall en Caguas, elevando a seis su total de instalaciones en la isla tras una inversión de $30 millones.

La expansión suma entre 48 y 54 camas por centro para donaciones y forma parte de un crecimiento que ha generado 200 empleos en la isla desde la apertura del primer centro en Ponce en diciembre de 2023.

CSL Plasma inició operaciones en Puerto Rico con un centro en Ponce, seguido de instalaciones en Loíza, Toa Baja y San Juan; la empresa, subsidiaria de CSL Behring y filial de CSL Limited con sede en Australia, opera más de 330 centros en Estados Unidos y Europa.

El 27 de agosto de 2026, Abbott Laboratories anunció una inversión de $3.2 millones en su planta de Arecibo para incorporar la manufactura de una nueva generación de marcapasos inalámbricos y crear 60 empleos. El DDEC otorgó $1.0 millón en incentivos para maquinaria, equipo y creación de empleo.

La expansión añade capacidad productiva en un sector de alta especialización y genera empleos directos en Arecibo; los dispositivos manufacturados —marcapasos que eliminan la necesidad de cables— se distribuyen a mercados globales.

Abbott opera en Puerto Rico hace más de 80 años, con instalaciones en San Juan, Arecibo, Barceloneta y Caguas, y emplea actualmente a 1,400 personas en la isla.

La gobernadora Jenniffer González Colón y la directora ejecutiva de PRFAA, Gabriella Boffelli, anunciaron la disponibilidad de Préstamos por Daños Económicos por Desastre (EIDL) de la SBA para pequeños negocios, cooperativas agrícolas, empresas de acuicultura y organizaciones sin fines de lucro en los 26 municipios incluidos en la declaración federal de sequía. Los fondos pueden usarse como capital de trabajo para cubrir gastos operacionales que no hayan podido atenderse a causa del desastre.

La asistencia amplía el alcance de la respuesta federal más allá del sector agrícola hacia el tejido comercial y sin fines de lucro de comunidades como Ponce, Coamo, Salinas y otros 23 municipios, ofreciendo una vía de liquidez a negocios cuyas operaciones han sido afectadas económicamente por la sequía.

La declaración de desastre por sequía del USDA —que cubre 26 de los 78 municipios de la isla, donde el 62% del territorio sufre sequía severa y el 33% alcanza nivel extremo— fue emitida a petición de la gobernadora González Colón y ya había abierto acceso a programas de la Farm Service Agency para agricultores; el anuncio de hoy extiende esa cobertura mediante el programa EIDL de la SBA.

El 27 de agosto de 2026, el Departamento de Hacienda informó ante el Tribunal de Primera Instancia que iniciará un nuevo proceso competitivo para seleccionar su agencia de publicidad, solicitando la desestimación por academicidad de la demanda de Digimedia; la jueza Katarina Stipec Rubio apercibió al abogado de Hacienda, Carlos Sagardía Abreu, por haber hecho 'representaciones incorrectas' sobre el expediente judicial en tres ocasiones. Se acordó además que el secretario Ángel Pantoja Rodríguez será deponido, aunque su abogado anticipó que limitará el alcance de las preguntas invocando 'privilegios' sobre asuntos deliberativos.

El contrato cuestionado fue adjudicado a Veintinueve de Febrero —agencia que llevó la campaña de la gobernadora Jenniffer González— pese a que Digimedia obtuvo la puntuación más alta del comité evaluador; los contratos de Digimedia con Hacienda superaron los $47 millones entre 2019 y 2025. La Junta de Control Fiscal condicionó la renovación a 90 días —hasta el 30 de septiembre— y advirtió que la elección de Veintinueve de Febrero 'plantea serias preocupaciones de transparencia', señalando además que el manual de adjudicación fue modificado sustancialmente el mismo día en que se emitió la solicitud de propuestas.

Digimedia demandó a Hacienda tras perder un contrato que sostuvo por varios años; en enero el TPI rechazó una primera moción de desestimación al determinar que Hacienda debió notificarle formalmente la adjudicación, controversia que está pendiente ante el Tribunal de Apelaciones. El CPI reveló el año pasado que Hacienda le encargaba a Digimedia coordinación de eventos y compra de materiales promocionales con un sobrecargo de 15% en comisiones, gestiones que Hacienda podía hacer directamente.

El expresidente de la Junta de Supervisión Fiscal David Skeel calificó de "insinuaciones dudosas" un artículo de opinión del exgobernador Luis Fortuño, quien respaldó la decisión del presidente Donald Trump de destituir a tres de los cuatro miembros actuales del ente y cuestionó la capacidad de la jefatura de la JSF para manejar la reestructuración de la deuda de la AEE.

La controversia sobre las destituciones sigue pendiente en el Tribunal Federal de San Juan y ocurre en medio de presiones de bonistas y activistas conservadores sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE, con implicaciones directas para las finanzas de Puerto Rico.

Fortuño, socio y cabildero de la firma Reed Smith, criticó en particular al presidente del ente fiscal Arthur González —uno de los miembros que Trump busca destituir— y al propio Skeel, argumentando que carecen de experiencia práctica en empresas de servicios públicos; también pidió a funcionarios de Puerto Rico que insten a Trump a llenar las tres vacantes existentes en la JSF con nombramientos republicanos.

Boston Scientific Corporation reportó ante la SEC que el martes identificó un incidente de ciberseguridad que afectó sistemas críticos de tecnología de información, limitando su capacidad para procesar y enviar pedidos de clientes a nivel global.

La compañía, que lleva 35 años operando en Dorado y emplea a más de 500 personas en Puerto Rico, aún no puede precisar cuándo se normalizarán sus operaciones ni si el impacto financiero será materialmente significativo.

Boston Scientific es uno de los principales fabricantes de dispositivos médicos en Estados Unidos; su planta en Dorado forma parte del sector de manufactura médica que es pilar central de la economía de Puerto Rico.

Un total de 254 personas y empresas han solicitado el Incentivo Mano Amiga, programa creado por la Compañía de Turismo de Puerto Rico para apoyar a negocios turísticos afectados por la sequía y las interrupciones programadas del servicio de agua.

El programa ofrece hasta $10,000 por solicitud, lo que representa un alivio económico directo para cientos de negocios del sector turístico golpeados por la falta de agua.

Puerto Rico ha enfrentado una sequía que ha obligado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a implementar interrupciones programadas del servicio, afectando tanto a residentes como a empresas del sector turístico.

La contralora Carmen Vega Fournier publicó una auditoría a la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico —que cubre del 1 de julio de 2021 al 31 de mayo de 2025— con tres hallazgos significativos y dos comentarios especiales sobre contratación, propiedad pública y gobernanza. Entre las irregularidades figuran pagos indebidos de $8,049 a un contratista cuyos fondos estaban agotados, un contrato de $348,333 más enmienda de $140,000 otorgado a una corporación foránea no registrada en el Registro Único de Proveedores, y discrepancias de inventario que suman millones de dólares.

Las fallas afectan a la entidad que administra las pensiones de empleados del gobierno; las discrepancias de inventario involucran 1,199 unidades por $2.6 millones sin registrar en Hacienda y 894 unidades por $4.1 millones eliminadas internamente que permanecen sin actualizar en el sistema oficial.

La Junta de Retiro del Gobierno maneja los fondos de retiro de miles de empleados públicos en un contexto donde el sistema de pensiones de Puerto Rico acumula décadas de tensiones fiscales y reformas inconclusas.

Walmart Puerto Rico anunció una nueva edición de su programa Open Call PR, que conecta empresarios locales con compradores de la cadena para colocar productos manufacturados, elaborados, distribuidos o cosechados en la Isla. Las solicitudes se reciben entre el 24 de agosto y el 2 de octubre de 2026, con un evento presencial pautado para el 14 y 15 de octubre en Canóvanas.

El programa busca sustituir productos importados con alternativas locales, lo que puede representar contratos directos con una de las cadenas de distribución más grandes de Puerto Rico para productores y manufactureros de la Isla.

Open Call PR es una iniciativa recurrente de Walmart Puerto Rico orientada a integrar suplidores locales a su cadena de abasto, enmarcada en el discurso más amplio de sustitución de importaciones y desarrollo de la industria local.

El Departamento de Salud autorizó el 14 de agosto de 2026 la importación temporal de agua embotellada y hielo por 60 días mediante la Orden Administrativa Núm. OE-2026-64, firmada por el secretario Víctor Ramos Otero; sin embargo, supermercados y productores locales han logrado suplir la demanda sin recurrir a dicha exención.

Que la industria local absorba el aumento en la demanda durante la sequía sin depender de importaciones sugiere una mayor resiliencia en la cadena de abasto de alimentos del país.

La exención fue una respuesta a la sequía que afecta a Puerto Rico, y permite durante 60 días facilitar la distribución de productos esenciales para el consumo humano que normalmente estarían sujetos a restricciones de importación.

La gobernadora Jenniffer González Colón aprovechó la ceremonia de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) el martes 26 de agosto para promover a Puerto Rico como destino de inversión, destacando la extensión hasta 2055 de los beneficios de la Ley 60 y una tasa máxima de 4% sobre ciertos intereses, dividendos y ganancias de capital. La actividad no implicó una oferta pública inicial ni emisión de deuda, sino una presentación ante el circuito financiero de Wall Street.

La aparición en el NYSE forma parte de una gira económica más amplia que incluyó presentaciones ante inversionistas privados en Hampton, Nueva York, donde el Gobierno presentó una cartera de 29 proyectos cifrada en $2,618 millones en inversión comprometida y 5,069 nuevos empleos durante los primeros 20 meses de la administración.

La estrategia de González Colón en Nueva York también incluyó el Family Office and Private Wealth Legacy Summit, donde participó el empresario John Paulson, y presentaciones centradas en la capacidad manufacturera de la isla —que representa aproximadamente 44% del PIB— y oportunidades de reshoring como argumentos centrales de atracción de capital.

El alcalde de Añasco, Kabir B. Solares García, informó que el municipio ha invertido más de $25 millones en proyectos de asfalto y carreteras mediante fondos federales, estatales y municipales, incluyendo $4.4 millones asignados recientemente por la gobernadora.

Los proyectos abarcan carreteras municipales y estatales, caminos y barrios completos; Solares García proyecta que los fondos de FEMA designados para Añasco —aún pendientes de desembolso— podrían superar los $50 millones al finalizar el cuatrienio.

Al asumir el cargo, Solares García describió el estado de las carreteras de Añasco como una crisis de infraestructura vial prácticamente en abandono total.

El DTOP y la ACT rechazaron este miércoles, en vista pública de la Comisión de Transportación de la Cámara, la propuesta legislativa de reducir las multas de AutoExpreso de $15 a $5, argumentando que la medida es incompatible con el Plan Fiscal de la ACT, que proyecta $29.6 millones en ingresos por estas infracciones para este año fiscal.

El 38% de las cerca de un millón de transacciones diarias en plazas de peaje corresponden a conductores sin balance suficiente, lo que convierte esas multas en una fuente de ingreso crítica para las operaciones de la ACT y sus compromisos con la Federal Highway Administration.

La ACT anunció a finales de julio que reactivará las multas a partir de octubre de 2026, luego de haberlas suspendido en 2022 tras un ciberataque al operador del sistema; el representante José "Cheíto" Hernández es el autor del proyecto que busca reducirlas.

El representante Jorge "Georgie" Navarro reveló el 26 de agosto de 2026 que solo cuatro de las siete bombas de la represa La Plata son funcionales: una lleva 15 años inoperante, y la tercera y quinta aguardan piezas que aún no han llegado a Puerto Rico. La AAA proyecta instalar una bomba nueva en septiembre de 2026 y otra en febrero de 2027, mientras evalúa reemplazar las siete a un costo estimado de $700,000 cada una, con fondos ya asignados.

La falla de una sola bomba —provocada por una fluctuación de voltaje el jueves anterior— fue suficiente para dejar a ciudadanos sin servicio de agua potable, evidencia de que el sistema carece de redundancia real. Además de las bombas, se ejecuta una obra de $30 millones para instalar generadores eléctricos que garanticen la continuidad del bombeo.

La avería ocurrió cuando el motor de una bomba sufrió desperfectos mecánicos asociados a una fluctuación de voltaje; el componente eléctrico necesario no estaba disponible en Puerto Rico y debió gestionarse con suplidores en Estados Unidos. Tanto Navarro como el representante Víctor Parés Otero coincidieron en que la AAA no ha realizado inversiones significativas en infraestructura durante años.

En julio de 2026, la inflación en Puerto Rico se situó en 4.0%, una moderación respecto al 4.6% registrado en mayo, según datos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; el índice mensual subió apenas 0.1% frente a junio.

El combustible sigue siendo el principal motor del alza —la gasolina costaba 26.9% más que en julio de 2025—, aunque lejos del pico de 44% alcanzado en mayo; los alimentos también presionan, con vegetales frescos 18% más caros que hace un año.

La inflación subió con fuerza en mayo por el encarecimiento del petróleo vinculado al cierre del estrecho de Ormuz; en contraste, 2025 cerró con una inflación promedio de 1.5%, la más baja desde 2020.

La Liga de Ciudades de Puerto Rico respondió al Índice de Salud Fiscal Municipal de ABRE Puerto Rico —que clasificó a 22 municipios con desempeño deficiente y a diez como insostenibles en el año fiscal 2024— argumentando que los resultados reflejan la eliminación del Fondo de Equiparación y la centralización de recursos por el Gobierno Central, no una mala administración aislada.

La postura de la Liga desplaza el debate desde la gestión individual de cada alcalde hacia decisiones de política fiscal del Gobierno Central, lo que tiene implicaciones directas para cualquier reforma al sistema de financiamiento municipal.

La directora ejecutiva Cristina Miranda Palacios señaló la contradicción de exigirles más servicios a los municipios mientras se reducen sus recursos; el índice de ABRE Puerto Rico, en su duodécima edición, evaluó 74 ayuntamientos usando 13 indicadores financieros.

El senador demócrata Dick Durbin y el republicano Bill Cassidy presentaron una propuesta bipartidista para garantizar la solvencia del Seguro Social antes de un recorte proyectado del 22% en beneficios, previsto para el año 2032. La medida no impondría soluciones específicas, sino que crearía un proceso formal a través de la Junta Asesora de la Seguridad Social para que el Congreso actúe.

Decenas de millones de beneficiarios del Seguro Social enfrentan una reducción automática de prestaciones si el fondo fiduciario de jubilación no se refuerza antes de 2032; la propuesta busca obligar al Congreso a votar una solución que garantice la solvencia del programa por al menos 50 años.

La solvencia del Seguro Social lleva años siendo identificada como una crisis pendiente en Washington, pero ninguna propuesta formal presentada en esta legislatura ha avanzado significativamente; Durbin y Cassidy, ambos en la recta final de sus carreras en el Senado, la impulsan precisamente por tener poco que perder políticamente.

El portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, denunció el 26 de agosto de 2026 que el Departamento de Agricultura adeuda más de $3.2 millones a productores de leche por el subsidio salarial agrícola del año fiscal 2025-2026, y emplazó a la gobernadora Jenniffer González y a las agencias involucradas a agilizar los desembolsos.

Los ganaderos han tenido que costear de su propio bolsillo las nóminas de sus empleados mientras esperan el reembolso, lo que agrava su situación financiera en un momento en que la industria lechera enfrenta altos costos de insumos, sequía y calor extremo.

El subsidio salarial agrícola es un mecanismo del gobierno para apoyar la nómina de las vaquerías; Ferrer Santiago también llamó a ADEA, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y el Departamento de Hacienda a establecer un mecanismo inmediato para completar los pagos.

El exgobernador Luis Fortuño publicó un artículo de opinión en The Hill respaldando los esfuerzos del presidente Donald Trump para destituir a los tres miembros restantes de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que impugnaron la autoridad presidencial, y exhortó a los funcionarios electos de Puerto Rico a apoyar que la administración Trump llene las tres vacantes actuales del ente.

La JSF controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, y su composición incide directamente en la resolución de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), cuya deuda ronda los $8,500 millones y cuyas negociaciones con bonistas permanecen estancadas.

En junio de 2026, la JSF elevó su oferta de pago de la deuda de la AEE de $2,600 millones a $3,000 millones, pero un grupo de bonistas liderado por Golden Tree Asset Management la rechazó por exigir el cobro total con intereses, lo que equivaldría a $12,000 millones.

Banco Popular, FirstBank y Oriental registraron ganancias combinadas de $375.4 millones en el segundo trimestre de 2026, un alza de 23.2% frente al mismo periodo de 2025, según datos del FDIC. Es el nivel de ganancias más alto desde 2022.

El crecimiento supera el 20.0% registrado en el primer trimestre de 2026 y refleja una expansión sostenida de la rentabilidad bancaria en la isla; la tasa de morosidad también bajó a 1.85%, señal de menor riesgo crediticio en la cartera.

Banco Popular lideró con $224.0 millones (alza de 25.8%), seguido de FirstBank con $95.3 millones (19.1%) y Oriental con $56.4 millones (14.5%); a nivel nacional, los 4,238 bancos asegurados por el FDIC reportaron ingresos netos de $90,100 millones en el mismo trimestre.

El secretario del DDEC, Carlos Ríos Pierluisi, anunció el 25 de agosto de 2026 la designación de Edmeé Zeidan Cuebas como nueva secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), cargo que estuvo vacante por tres meses.

Zeidan Cuebas asume el liderato de la agencia que regula el sistema de permisos de construcción e inversión en Puerto Rico, un proceso crítico para el desarrollo económico de la isla.

Su predecesor, Norberto Almodóvar Vélez, fue destituido por el exsecretario Sebastián Negrón Reichard luego de que una auditoría interna revelara presuntas presiones indebidas y represalias en un proceso competitivo financiado con fondos federales; el caso está bajo investigación del Panel sobre Fiscal Especial Independiente.

La gerente general de San Juan Cruise Port, Clarivette Díaz, informó que la crisis de agua potable en la zona metropolitana no ha generado ninguna cancelación de visitas de cruceros al puerto de San Juan, y que la reducción de llegadas responde al ciclo normal de temporada baja —de mayo a septiembre.

La temporada alta de cruceros arranca en octubre y se proyecta la llegada de 1,290,000 pasajeros, lo que representa un renglón significativo para la economía turística de la isla en un momento en que la sequía presiona los servicios básicos.

La AAA aplica ajustes operacionales por sequía que han afectado el suministro de agua en la zona metropolitana; pese a ello, esta semana el crucero MSC World America —uno de los más grandes del mundo— se encontraba atracado en la Bahía de San Juan, y la semana pasada cuatro cruceros llegaron en un mismo día.

La administradora de la CFSE, Enid Ortiz Rodríguez, emitió un comunicado el 25 de agosto de 2026 negando que cuente con información que valide la ratificación del voto de huelga, señalando que solo 178 de los 1,219 empleados unionados participaron en la asamblea extraordinaria y que varios empleados le notificaron directamente que no había quórum suficiente. La Corporación reiteró que opera con normalidad y mantiene abiertos los canales de diálogo con la Unión.

La posición oficial de la CFSE pone en entredicho la legitimidad del proceso sindical y prolonga la incertidumbre sobre una posible huelga en la corporación que atiende a trabajadores lesionados en toda la isla; las negociaciones colectivas llevan en curso desde el 11 de febrero de 2026.

La Unión de Empleados de la CFSE había anunciado la ratificación del voto de huelga ante reclamos acumulados —entre ellos el Plan de Clasificación y Retribución, más de 2,400 querellas sin resolver y plazas vacantes— que atribuía a tácticas dilatorias de la administración.

El sistema cibernético del Seguro por Desempleo de Puerto Rico lleva fuera de servicio desde el 17 de agosto mientras se migran los datos hacia una nueva plataforma llamada Desempleo Digital, que entrará en funciones el 1 de septiembre de 2026. La secretaria del Departamento del Trabajo, María del Pilar Vélez Casanova, informó en conferencia de prensa en La Fortaleza que durante ese período no hay radicaciones, pagos ni certificaciones disponibles.

Los beneficiarios del Seguro por Desempleo llevan cerca de una semana sin poder reclamar sus pagos, y los patronos también se ven afectados, aunque tienen plazo hasta octubre para entregar su información.

La nueva plataforma Desempleo Digital introduce el pago por depósito directo como método de cobro y requerirá que cada reclamante se registre con correo electrónico y cuenta bancaria; la información del sistema anterior se migrará automáticamente.

Según un informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IIPR), el superávit comercial de la isla creció 55.61% en el año fiscal 2026 respecto al año fiscal 2025, al pasar de $4,354 millones a $6,775 millones; el alza se debió principalmente a una caída de 6.03% en las importaciones, no a un aumento en las exportaciones, que en realidad bajaron 1.61%.

El crecimiento del superávit refleja una contracción en la demanda de bienes importados —por valor de $3,396 millones menos— más que una expansión productiva, lo que matiza la lectura positiva del indicador.

El comercio exterior de Puerto Rico sigue concentrado en pocos mercados: Estados Unidos absorbe el 80% del valor exportado ($47,785 millones), seguido a distancia por Bélgica, España, Países Bajos y Brasil, según el IIPR.

El secretario de Agricultura Irving Rodríguez Torres afirmó que Puerto Rico podría recoger unos 100,000 quintales de café por temporada, pero el promedio anual es de 34,000 porque el resto se pierde en el campo por falta de mano de obra. Sobre el impacto de la sequía actual, indicó que el efecto principal se verá en el peso del grano —no en la cantidad— y que expertos proyectan una reducción de hasta un 50%, cifra que se confirmará en noviembre y diciembre.

El dato reencuadra la crisis cafetalera: la pérdida estructural por escasez de jornaleros supera a la causada por fenómenos climáticos, aunque el caficultor José Luis Roig Franceschini advirtió que la sequía podría reducir la cosecha de los 60,000 quintales proyectados para este año a apenas 15,000.

La declaración del secretario se produce mientras está activa la ventana de solicitud de asistencia federal abierta por el Departamento de Agricultura el 23 de agosto de 2026, que orienta a agricultores de 43 municipios hacia programas del USDA, incluyendo préstamos de emergencia activados por los datos del U.S. Drought Monitor.

El 25 de agosto de 2026, la secretaria de la Gobernación, Norma Burgos Andújar, presentó datos actualizados al 21 de agosto que muestran que ÍntegraPR ha procesado más de $1,300 millones en desembolsos, emitido 6,028 pagos, recibido 10,355 facturas y mantiene 24,955 órdenes de compra activas valoradas en aproximadamente $1,089.7 millones desde el lanzamiento del sistema el 8 de julio de 2026. Burgos Andújar acompañó la presentación con el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero; el director de la OGP, Orlando C. Rivera Berríos; y la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Los datos del Gobierno ofrecen la contrarréplica oficial a las denuncias del PPD sobre fallas operacionales: 5,791 suplidores han recibido al menos un pago mediante la plataforma, aunque la administración reconoce que aún atiende obligaciones pendientes de años anteriores paralelo a los pagos corrientes. Burgos Andújar también señaló que ÍntegraPR coloca a Puerto Rico en mayor cumplimiento con PROMESA al facilitar informes financieros y visibilidad del gasto gubernamental.

Un día antes, el PPD presentó una carta de Deloitte que documentaba que solo el 5.1% de los empleados públicos había sido capacitado al 10 de agosto y que la plataforma acumulaba aproximadamente 2,920 incidencias abiertas en 53 agencias; el Gobierno reconoció que la implementación requiere ajustes y capacitación continua. ÍntegraPR fue diseñada para centralizar las finanzas de más de 60 agencias y sustituir sistemas que operaban de forma separada desde finales de los años noventa.

El 24 de agosto de 2026, la Cámara de Representantes aprobó unánimemente el Proyecto de la Cámara 429, presentado por la representante Lourdes Ramos, que obligaría a promotores y expendedoras de boletos a reembolsar dentro de 15 días la totalidad del precio pagado —incluyendo cargos por servicio e IVU— cuando un espectáculo sea cancelado o suspendido. En la misma sesión también aprobó el Proyecto de la Cámara 1031, que prohibiría el cobro separado de cargos como el 'promoter fee' y el 'venue fee'.

La medida atacaría la práctica de retener el IVU cobrado al consumidor cuando un evento no se realiza, dinero que los promotores pueden recuperar mediante planilla enmendada ante Hacienda pero que actualmente no están obligados a devolver; la legislación permite retener hasta un 3% del valor de la transacción para cubrir cargos financieros irreversibles de tarjetas de crédito, siempre que hayan sido desglosados desde el inicio.

El proyecto surgió a raíz de un caso puntual en que un consumidor perdió $52 en cargos tras la cancelación de un concierto de música urbana; el DACO ya había emitido determinaciones administrativas señalando irregularidades en cómo se imponen cargos adicionales a los consumidores más allá de lo pactado con los artistas.

La gobernadora Jenniffer González Colón participará en eventos en Nueva York para promover a Puerto Rico como destino de inversión ante empresarios e inversionistas del mercado estadounidense.

La administración reporta que en año y medio se alcanzó una tasa de participación laboral de 44.6% —la más alta en 16 años— y se firmaron 29 acuerdos con 27 compañías que generaron 5,069 empleos e inversión privada de $2.6 billones.

La gira se enmarca en la Orden Ejecutiva OE-2025-012, que busca incentivar el regreso de manufactura a la isla (reshoring), y en esfuerzos paralelos de la administración por reducir un atraso de más de 14,000 casos de incentivos acumulados entre 2019 y 2024 y eliminar 107 regulaciones bajo el DDEC.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el 24 de agosto de 2026 que FEMA obligó $82,030,179.96 para nueve proyectos de recuperación, incluyendo más de $75.8 millones para infraestructura escolar del Departamento de Educación, entre ellos $53.7 millones para reconstruir desde cero la Escuela República de Costa Rica en Caguas.

La inyección cubre reconstrucción y modernización de escuelas, mejoras a sistemas de acueductos y alcantarillados, obras de drenaje, carreteras e instalaciones recreativas en distintos municipios, representando un avance concreto en la recuperación de infraestructura pública.

Los fondos se canalizan a través del programa FAASt, establecido durante el primer término del presidente Donald Trump, y son administrados localmente por COR3 y PRFAA, entidades creadas para gestionar la recuperación federal tras los desastres que afectaron a Puerto Rico.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, advirtió el lunes que una huelga de la Unión Independiente Auténtica (UIA) tendría consecuencias sobre las operaciones diarias de la corporación durante la emergencia por sequía. González Delgado sostuvo además que el plan de clasificación y retribución en disputa —aprobado por la Junta de Control Fiscal en diciembre de 2025— no constituye una negociación colectiva.

La advertencia llega mientras el sistema enfrenta interrupciones programadas en sectores abastecidos por Carraízo y una sequía en expansión; el Comité de Sequía reconoce que podrían extenderse los periodos sin servicio o aplicarse reducciones de presión si el panorama continúa deteriorándose.

La UIA y la administración de la AAA se encuentran en disputa por el plan de clasificación y retribución de empleados; la corporación sostiene que el plan ya comenzó a implantarse para personal gerencial y otros empleados, y que corresponde también a los trabajadores representados por la unión.