DRNA contrata empresa para inventario de gases pero excluye año clave 2025
El 18 de agosto de 2026, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan celebró una vista de seguimiento y ordenó al DRNA presentar informes mensuales de progreso; la agencia reveló que contrató una empresa para elaborar los inventarios de gases de efecto invernadero de 2022, 2023 y 2024, pero el contrato no cubre 2025. El tribunal fijó una nueva vista para el 28 de octubre de 2026.
El año 2025 es considerado clave para medir si Puerto Rico avanzó hacia la meta de la Ley 33-2019 de reducir en un 50 % las emisiones respecto a los niveles de 2005, y su exclusión del contrato deja ese horizonte sin datos oficiales. El DRNA no ha publicado el inventario desde 2021, pese al mandato judicial y a la exigencia anual de la ley.
El Puente Puerto Rico obtuvo una sentencia contra el DRNA hace casi cuatro años para forzar la publicación del inventario; la organización tuvo que reactivar el caso en noviembre de 2025 al no recibir respuesta de la agencia tras promesas previas de cumplimiento.
Esta nota ilustra cómo agencias del gobierno de Puerto Rico pueden sostener un patrón de incumplimiento con mandatos judiciales y obligaciones legales ambientales sin consecuencias inmediatas, poniendo en entredicho la efectividad de la política pública climática del país.