Sentiende — Boletín del día

El martes 18 de agosto de 2026, industriales locales de hielo solicitaron al Departamento de Salud que deje sin efecto la Orden Administrativa 2026-646, que concedió una exención temporera para importar hielo durante la emergencia por sequía. La industria argumenta que las plantas locales cuentan con capacidad productiva y pozos individuales para abastecer la demanda sin recurrir a suplidores extranjeros.

La entrada de importadores extranjeros, según los industriales, causaría daño a los productores locales en un momento de contracción económica; Ángel David Vázquez, propietario de El Angel Ice Plant y expresidente de la Asociación de Industriales de Hielo, calificó la apertura del mercado de 'funesta' dado el contexto económico.

El Departamento de Salud emitió la Orden Administrativa 2026-646 ante los niveles críticos de los embalses y la escasez de lluvia, como parte de una exención de 60 días para facilitar la importación de hielo y agua embotellada. Los industriales cuestionaron que no se les consultó antes de emitir la medida y señalaron que la industria mantuvo el suministro durante emergencias previas, incluyendo el huracán María.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obtuvo, mediante demanda al presidente de la Cámara Carlos 'Johnny' Méndez, las declaraciones juradas de los 53 representantes, y encontró que 12 recibieron ingresos extralegislativos en 2025, entre ellos legisladores que trabajan en televisión, música, docencia y asesoría financiera. El secretario de la Cámara, Alberto León Ayala, había certificado por escrito que solo un representante —Jorge Navarro Suárez— había declarado ingresos adicionales.

La certificación incorrecta de León Ayala mantuvo a la Cámara sin entregar los documentos por más de un mes, y solo los remitió el 3 de julio tras ser emplazada judicialmente; la situación expone un mecanismo de opacidad en la divulgación de conflictos de interés de legisladores que ganan $73,775 anuales en salario base.

La Ley 97-1968 fija los salarios legislativos y permite ingresos extralegislativos de hasta el 35% del salario anual; ese tope fue diseñado en mayo de 2013 cuando se eliminaron las dietas y reembolsos de transportación que recibían los legisladores por asistir a sus funciones.

Este 18 de agosto se cumplen 92 años del nacimiento de Roberto Clemente en Carolina, Puerto Rico, y 54 años de su muerte en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 cuando llevaba ayuda humanitaria a Nicaragua tras un terremoto.

Clemente fue el primer latinoamericano exaltado al Salón de la Fama del Béisbol (1973), acumuló 3,000 hits en su carrera y ganó 12 Guantes de Oro, convirtiéndose en símbolo del atleta comprometido con causas sociales dentro y fuera del campo.

Clemente jugó 18 temporadas con los Piratas de Pittsburgh, ganó dos Series Mundiales (1960 y 1971) y fue MVP de la Liga Nacional en 1966; en Puerto Rico impulsó la Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina para ofrecer instrucción deportiva a jóvenes de escasos recursos.

El 18 de agosto de 2026, Carlos Estefano Pino, convicto por asesinato y sospechoso del feminicidio de la enfermera Jennifer Torres Castro ocurrido el 24 de junio, asistió a su vista final ante la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) en Hato Rey por presuntamente incumplir con los requisitos de supervisión de su oficial sociopenal la noche del crimen. La vista se celebró de forma confidencial a solicitud del Departamento de Justicia para proteger la integridad de la investigación.

De revocarse su libertad bajo palabra, Estefano Pino —quien fue liberado en 2018 con 85 años de sentencia pendientes— perdería el privilegio y regresaría a prisión mientras la fiscalía continúa investigando el asesinato de Torres Castro, cuya causa de muerte aún está a la espera de resultados del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Estefano Pino fue condenado por el asesinato de Myrna Báez Valle, una joven de 22 años, cometido en 1990, y la JLBP le concedió el privilegio en 2018 pese a tener décadas de sentencia por cumplir. Fue arrestado días después de que el cuerpo de Torres Castro apareciera en su apartamento en Caguas, cuando la JLBP emitió una orden porque no respondió a su técnica sociopenal, Xiomar Rivera, ni habría dormido en su residencia esa noche.

El 18 de agosto de 2026, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico presentaron 135 cargos criminales contra 33 personas vinculadas a la Operación Eslabón, un esquema en el que se pagaron ilegalmente más de $300,000 en multas del DTOP y AutoExpreso con una tarjeta de crédito sin autorización de sus titulares. Entre los imputados figuran beneficiarios directos del fraude, quienes realizaron las transacciones, gestores, negocios de gestoría y otros intermediarios.

El esquema —ejecutado principalmente entre junio y septiembre de 2021 a través de CESCO Digital y AutoExpreso— abarcó más de 100 transacciones ilegales que resultaron en reclamaciones de devolución de fondos atendidas por el Departamento de Hacienda, lo que trasladó el costo al erario. La escala de los cargos refleja una red de facilitadores que explotó vulnerabilidades en los sistemas de pago digital del gobierno.

La operación fue conducida por la División de Robo a Bancos y Fraude a Instituciones Financieras de la Policía y la División de Delitos Económicos de Justicia. Casos anteriores de fraude vinculados a trámites de vehículos de motor han involucrado empleados de gobierno y redes de gestores que ofrecían eliminar deudas y multas de forma ilegal.

El presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González, anunció este martes que los clientes afectados por el racionamiento de agua recibirán créditos en sus facturas calculados por zona y por la cantidad de días sin servicio, con ajustes esperados a finales de agosto o principios de septiembre de 2026. González confirmó además que la AAA paralizó los cortes de servicio en todas las zonas actualmente bajo racionamiento, incluyendo las afectadas por el embalse Carraízo.

La medida protege a decenas de miles de abonados que enfrentan interrupciones de agua potable de recibir cobros completos por un servicio que no recibieron, y elimina el riesgo de que les corten el servicio mientras dure la emergencia.

Puerto Rico atraviesa una situación de emergencia hídrica ligada al nivel del embalse Carraízo, uno de los principales embalses que abastece el área metropolitana, lo que ha obligado a la AAA a imponer racionamientos en múltiples zonas de la isla.

El exgobernador Alejandro García Padilla expresó sorpresa y cuestionó públicamente la decisión de colocar al zar de Energía, Josué Colón, al frente del protocolo gubernamental para atender la sequía que atraviesa Puerto Rico, respondiendo con un "hay que orar" durante una entrevista radial el 18 de agosto de 2026.

Trece de los 19 embalses monitoreados registraron reducciones en su almacenamiento —incluyendo Carraízo, que ya opera bajo racionamiento de 48 horas, y La Plata, que se acerca a la fase de ajustes operacionales— mientras el Gobierno define su estrategia de respuesta.

Puerto Rico enfrentó en 2015 una de sus sequías más severas, con un plan de racionamiento que se extendió por más de 130 días bajo la administración de García Padilla; la gobernadora Jenniffer González se reunió con él un día antes de la entrevista para conocer las estrategias aplicadas en aquella emergencia.

La administración del Recinto de Río Piedras de la UPR confirmó el 17 de agosto de 2026 que no tiene fecha definida para reanudar clases presenciales, luego de haber declarado un estado de emergencia por el racionamiento de agua; el semestre comenzó en modalidad virtual el 17 de agosto, cinco días después de la fecha original del 12 de agosto.

Unos 11,216 estudiantes permanecen sin clases presenciales indefinidamente, ya que el racionamiento afecta la Planta Central de Enfriamiento de la que dependen aproximadamente 25 edificios del recinto.

La rectora interina Mayra Charriez Cordero explicó el 15 de agosto que la suspensión de clases presenciales responde al impacto del racionamiento sobre el sistema de enfriamiento, aclarando que el recinto no está cerrado y continúa ofreciendo servicios donde las condiciones lo permiten.

Al 18 de agosto de 2026, la AAA reportó que 14 embalses registraron descensos en las últimas 24 horas; La Plata bajó nueve centímetros y se acerca al nivel de ajustes operacionales (44.90 m), mientras Carraízo y Cidra permanecen en esa fase desde hace varias semanas. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que una onda tropical vigorosa —anteriormente identificada como Invest 94L— comenzará a generar aguaceros moderados a fuertes a partir del miércoles.

La lluvia proyectada sería beneficiosa para las zonas en condiciones secas, pero el NWS advierte incertidumbre sobre cuánta humedad alcanzará directamente las islas; el jueves se espera el retorno de una masa de aire seca y estable que podría prolongar las condiciones de déficit hídrico. Carraízo y Cidra, que abastecen a San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas, Gurabo, Aguas Buenas, Caguas, Cayey y Cidra, continúan en fase de ajustes operacionales.

El Gobierno declaró una emergencia estatal el 31 de julio de 2026 y la Junta Fiscal autorizó acceso inicial de hasta 20 millones de dólares del Fondo de Emergencia; el Comité Científico establecido en 2018 para manejar crisis hídricas permanece inactivo pese a que más del 72% del territorio se encuentra en condiciones secas.

En una carta fechada el 17 de agosto de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) amplió su escrutinio del contrato de Power Expectations al exigir la identificación de todos los cabilderos, consultores, abogados e intermediarios que participaron en el proceso de contratación, los términos de su compensación y si esa compensación estaba condicionada a la adjudicación, aprobación, ejecución o continuidad del acuerdo. La Junta también pregunta si alguna de las empresas presentó el formulario federal Standard Form-LLL de divulgación de cabildeo, dado que el contrato incluía una certificación contra ese tipo de actividad.

El requerimiento podría permitir reconstruir quiénes tuvieron acceso e influencia durante las negociaciones de un contrato con un valor máximo potencial de aproximadamente $5,886 millones, cuya aprobación ya fue revocada y que está bajo investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico y autoridades federales. La Junta también pregunta si algún individuo asociado con las empresas vendedoras trabajó para el Gobierno de Puerto Rico o alguna corporación pública en los cuatro años anteriores y si esa relación fue divulgada.

Las preguntas sobre cabilderos forman parte de las 17 áreas de interrogantes que la Junta incluyó en la misma carta del 17 de agosto en que documentó que la 3PPO recomendó a la AEE sustituir a Enchanted Rock por Flotek sin revelarle alegaciones de posible conducta impropia y criminal que conocía desde el 16 de junio; la Junta ya había revocado formalmente su aprobación al contrato y ordenado su terminación.

El presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, confirmó el 18 de agosto de 2026 que la agencia ya aplica ajustes operacionales en el embalse La Plata, apagando una de las cuatro bombas durante la noche para bajar la extracción de entre 60 y 70 millones de galones diurnos a 50 millones nocturnos. El Comité de Sequía no contempla activar un plan de racionamiento para los abonados que dependen de ese embalse.

Nueve municipios —Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Bayamón, Cataño y Corozal— dependen de La Plata; González Delgado indicó que la medida está logrando frenar el descenso y extender la vida útil del embalse, descartando por ahora interrupciones programadas de servicio.

El Gobierno declaró emergencia estatal por sequía el 31 de julio de 2026 y ha activado recursos para cisternas y dragados; alcaldes de los municipios afectados habían pedido acción preventiva, mientras la gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo que imponer un racionamiento con los niveles actuales sería una decisión arbitraria.

Una resolución del Senado propone retomar el examen legislativo de la contaminación en los terrenos de la antigua Commonwealth Oil Refining Company (CORCO) y Puerto Rico Olefins en Peñuelas, donde la EPA identificó benceno, tolueno, dioxinas y metales pesados como arsénico, cadmio y cromo en el suelo y el agua subterránea.

La comunidad de Tallaboa, contigua al predio, lleva décadas expuesta a esos contaminantes; el cierre del complejo también eliminó más de 1,000 empleos y dejó las estructuras abandonadas sin remediación completa.

Entre las décadas de 1950 y 1970, CORCO operó uno de los complejos petroquímicos más grandes del mundo, con capacidad de refinar 161,000 barriles de petróleo al día; tras su cierre, el sitio quedó registrado como zona contaminada con residuos catalíticos y sustancias químicas enterradas.