Sentiende — Boletín del día

El Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) determinó asignar $30 millones a LUMA Energy y otros $30 millones a Genera PR para atender situaciones de contingencia durante el año fiscal que inicia en julio de 2026, fondos que saldrán de una partida de más de $98 millones cobrada a los clientes como 'reconciliación' tras la revisión de la tarifa base que concluyó en abril.

Las compañías podrán acceder a esos fondos sin autorización previa, aunque el NEPR podrá ordenar la devolución de partidas si detecta un uso inelegible; el costo recae directamente sobre los clientes residenciales y comerciales.

La partida surge de la revisión de tarifa base que el NEPR concluyó en abril de 2026, proceso en el que se determinó un balance de reconciliación superior a $98 millones que será recobrado a través de las facturas de los abonados.

El ICE publicó el lunes nuevas normas de detención que permiten a contratistas con ánimo de lucro usar inteligencia artificial para comunicarse con los detenidos, reducen mecanismos de supervisión y mantienen el pago de $1 diario por trabajo voluntario. Los cambios, impulsados por la administración Trump, se justificaron como una medida para reducir la carga operativa de los contratistas.

Expertos advierten que las nuevas normas benefician a los contratistas —que recientemente recibieron acceso a más de la mitad de un presupuesto federal de $70 mil millones para aplicación de leyes migratorias— mientras reducen protecciones para las aproximadamente 60,000 personas bajo custodia del ICE, en un momento en que los centros registran un número sin precedentes de fallecimientos.

Los centros de detención del ICE ya enfrentaban acusaciones de negligencia médica, alimentación insuficiente y condiciones inhumanas antes de estos cambios; la antigua defensora del pueblo del Departamento de Seguridad Nacional Michelle Brane, quien supervisó prácticas de detención durante parte del mandato de Biden, calificó las nuevas normas como una eliminación deliberada de rendición de cuentas.

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto del Senado 605, ahora Ley 112-2026, que designa la última semana de febrero de cada año como la "Semana de los Future Farmers of America (FFA) en Puerto Rico".

La legislación busca fortalecer la educación agrícola y la apreciación pública hacia la agricultura como sector estratégico para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de la isla.

El proyecto fue de autoría del senador Jeison Rosa Ramos y reconoce la contribución de estudiantes, maestros, ganaderos y agroempresarios al sector agrícola puertorriqueño.

La Oficina del Inspector General (OIG) publicó el 17 de junio de 2026 un informe que documenta deficiencias en el manejo de propiedades de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), incluyendo $322,087 en gastos cuestionados de electricidad y agua en estructuras clasificadas como cerradas, y cerca de $258,578 en alquileres no cobrados por contratos sin formalizar.

El erario dejó de percibir ingresos y siguió pagando servicios públicos en propiedades sin uso oficial registrado; entre los casos figura una institución educativa que ocupa una escuela pública desde 2023 sin contrato, con pérdidas estimadas en $145,989, y un operador de estacionamiento en el Complejo Gubernamental Roberto Sánchez Vilella con pérdidas de aproximadamente $100,500.

El examen cubrió el período del 1 de julio de 2022 al 22 de enero de 2026. La OIG atribuye parte de las fallas a vacíos administrativos tras una reorganización interna de la AEP y escasez de personal; los inspectores también encontraron escuelas ocupadas en Dorado, Yabucoa y Bayamón durante visitas a propiedades catalogadas como cerradas.

El artista Josué Guarionex inaugurará el 21 de junio de 2026 "La Carreta Made a U-Turn", una escultura pública a escala real en forma de "U" en el Socrates Sculpture Park de Queens, Nueva York, donde permanecerá dos años. La obra, inspirada en René Marqués y Tato Laviera, busca provocar reflexión sobre la migración puertorriqueña, el desplazamiento y la pertenencia.

La instalación ofrece un espacio físico en el corazón de la diáspora neoyorquina para conversaciones sobre identidad y migración, temas directamente vinculados al éxodo continuo de residentes de Puerto Rico hacia Estados Unidos.

La obra dialoga con dos referentes literarios puertorriqueños: "La Carreta" (1953) del dramaturgo René Marqués y "La Carreta Made a U-Turn" (1979) del poeta nuyorican Tato Laviera, ambas obras canónicas sobre las tensiones del desplazamiento boricua.

Las ventas al detal en Puerto Rico bajaron 1.2% en marzo de 2026, su tercera caída consecutiva, según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Las mayores contracciones se registraron en tiendas por departamento (-10.3%), gasolineras (-7.5%) y piezas de autos (-5.4%), mientras que electrónicos (17.8%), deportes (16.9%) y ferreterías (11.6%) repuntaron.

El consumo al detal es uno de los indicadores más directos de la salud económica cotidiana de las familias puertorriqueñas; tres meses seguidos de contracción sugieren una desaceleración sostenida del gasto, aunque en los primeros nueve meses del año fiscal las ventas acumulan un alza de 1.3%.

Las ventas al detal habían cerrado 2025 con un alza de 2.7%, tras subir apenas 0.4% en 2024, lo que hace que la racha negativa reciente contraste con el desempeño positivo de los dos años anteriores.

La gobernadora Jenniffer González Colón viajó este martes a Washington D.C. para comparecer ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado federal, que citó a los gobernadores de los cinco territorios de Estados Unidos para deponer ante el Congreso. Durante su ausencia, la secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana fungirá como gobernadora interina desde la noche del martes hasta la mañana del jueves 18 de junio de 2026.

La comparecencia ofrece a Puerto Rico un espacio formal en el Congreso para plantear sus necesidades ante el poder legislativo federal, que tiene autoridad directa sobre los territorios bajo la Cláusula Territorial.

Los territorios de Estados Unidos carecen de representación con voto en el Congreso, por lo que vistas como esta constituyen uno de los pocos mecanismos directos mediante los cuales sus ejecutivos pueden incidir en decisiones legislativas federales.

El 16 de junio de 2026, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz radicó la Resolución del Senado 548 para investigar las alegaciones del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard contra el secretario de la Gobernación Francisco Domenech, la subsecretaria Itza García y otros funcionarios. La pesquisa quedó asignada a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que el propio Rivera Schatz encabeza.

La resolución apunta a un presunto esquema en que Domenech habría intervenido para conceder decretos contributivos —incluyendo el del proyecto Opus Miramar— a clientes de la firma Politank, que le perteneció hasta diciembre de 2024, pese a haberle dicho al Senado que se había auto inhibido de esos asuntos.

La investigación abarca también el testimonio que Domenech ofreció ante la Comisión Total el pasado 24 de marzo sobre su vínculo con Politank, así como señalamientos contra García por haber supuestamente insistido en la contratación de su pareja como suplidor del gobierno.

El 12 de junio de 2026, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito confirmó una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain que permite continuar reclamaciones por daños contra funcionarios y empleados públicos demandados individualmente por alegado uso excesivo de fuerza durante una manifestación en San Juan el 1 de mayo de 2018. El tribunal rechazó el argumento de la Junta de Supervisión Fiscal de que el Plan de Ajuste de la Deuda bajo PROMESA extinguía esas reclamaciones personales.

La decisión establece que la descarga de deuda bajo PROMESA no puede usarse como escudo para bloquear demandas de derechos civiles dirigidas a funcionarios en su carácter personal, lo que mantiene abierta una vía judicial para personas que alegan haber sido víctimas de abuso policial durante el proceso de reestructuración.

Los demandantes Jonathan Hernández Zorrilla y Yadira Carrasquillo González radicaron sus demandas en abril de 2019 tras alegar que miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico les aplicaron gas lacrimógeno y, en el caso de Hernández Zorrilla, balas de goma durante una protesta contra PROMESA. El Primer Circuito apoyó su análisis en la decisión del Tribunal Supremo federal en Harrington v. Purdue Pharma de 2024, que limitó la facultad de los tribunales de quiebra para extinguir reclamaciones contra terceros sin su consentimiento.

El 16 de junio de 2026, el alcalde de San Juan Miguel A. Romero Lugo presidió la primera ceremonia de reconocimientos de San Juan Urbano, academia municipal de arte y música donde los estudiantes presentaron composiciones, videos musicales, proyectos audiovisuales y coreografías en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera.

La ceremonia marca la culminación de la primera generación del programa, que usa música, artes y las industrias creativas como herramientas de desarrollo para jóvenes de San Juan.

San Juan Urbano fue impulsado por el Municipio de San Juan a propuesta del cantante Jowell, quien gestó la idea como un espacio de formación artística y de oportunidades reales dentro de la industria creativa para la juventud capitalina.

El presidente del Senado Thomas Rivera Schatz presentó el 16 de junio de 2026 la Resolución del Senado 548, que ordena investigar las alegaciones del exsecretario del DDEC Sebastián Negrón Reichard sobre presuntos delitos, intervenciones indebidas y conflictos de interés por parte del secretario de la Gobernación Francisco Domenech, la subsecretaria Itza García y otros funcionarios. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos —también presidida por Rivera Schatz— deberá incluir en su pesquisa el testimonio que Domenech ofreció el 24 de marzo ante la Comisión Total sobre su vínculo con la firma de cabildeo Politank, de la que fue dueño hasta diciembre de 2024.

Las denuncias de Negrón Reichard señalan que Domenech habría gestionado un decreto vinculado a un proyecto representado activamente por Politank, contradiciendo el juramento que prestó ante el Senado de que no intervenía en asuntos relacionados con la firma; la resolución cita prueba documental, incluyendo comunicaciones electrónicas, del seguimiento que Politank le daba a ese trámite.

La investigación se da en el marco de la controversia mayor en torno a Opus Miramar y el uso de decretos contributivos bajo la Ley 60: el DDEC solicitó recientemente una prórroga de 20 días laborables al Senado para completar la entrega de documentos sobre ese proyecto, y confirmó que una solicitud de incentivos radicada el 22 de julio de 2025 sigue bajo evaluación sin decreto emitido.

La secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres emitió el martes 16 de junio un comunicado escrito para aclarar la intervención de su agencia en la controversia generada tras la presentación de documentos por el exsecretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, ante la OPFEI sin pasar por el Departamento de Justicia. Gómez Torres precisó que el documento de Negrón Reichard no constituye una querella nueva, sino una solicitud para ampliar una investigación ya activa contra dos exfuncionarios de la OGPe: Norberto Almodóvar Vélez y Charlene Neuman Rivera.

La jefa de Justicia rechazó públicamente lo que describió como intentos de "mancillar" la integridad de su departamento, señal de que la disputa entre funcionarios de la administración ha escalado a un nivel de confrontación institucional abierta.

La controversia involucra al secretario de la Gobernación Francisco Domenech, contra quien Negrón Reichard había dirigido inicialmente su queja, y se enmarca en una investigación existente de la OPFEI sobre presuntas actuaciones indebidas en contrataciones de servicios profesionales durante la incumbencia de Negrón Reichard en el DDEC.