Sentiende — Boletín del día

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció que FEMA obligó $81,903,943.10 para 59 proyectos de recuperación y reconstrucción durante la semana del 24 al 31 de agosto de 2026. Las asignaciones más grandes corresponden a $20.5 millones para el Edificio Prudencio Rivera Martínez, sede del Departamento del Trabajo, y $10.6 millones para la reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Besares en Caguas.

Los fondos impactan infraestructura esencial en múltiples municipios, incluyendo carreteras, puentes, la red eléctrica, instalaciones deportivas y edificios universitarios.

Puerto Rico continúa en proceso de recuperación posdesastre, con fondos federales que se aprueban por etapas para atender daños a infraestructura pública en municipios y agencias del gobierno.

El Sindicato de Trabajadores de la UPR y la administración universitaria no llegaron a un acuerdo este lunes en el Departamento del Trabajo, por lo que la huelga comenzará el martes 1 de septiembre en 10 de los 11 recintos del sistema. La presidenta de la UPR, Zayira Jordán Conde, confirmó que la institución activó de forma provisional la cubierta médica con MCS Life Insurance Company para más de 750 empleados del sindicato, vigente del 1 de septiembre al 31 de enero de 2027.

La paralización afecta a 10 recintos universitarios al inicio del semestre académico, mientras que el conflicto de fondo —quién escoge el plan médico de los empleados del sindicato— permanece sin resolverse a pesar de la medida provisional.

El Sindicato ratificó su voto de huelga en asamblea extraordinaria la semana pasada ante el impasse con la administración sobre el plan médico; los trabajadores representados han mantenido históricamente su propia cubierta sin pago de prima, pero la UPR ha intentado en el pasado incorporarlos al plan institucional.

La presidenta de la Opfei, Ygrí Rivera Sánchez, confirmó este lunes que concedió 15 días adicionales a las fiscales especiales Maricarmen Rodríguez Barea y Gisela Alfonso Fernández para culminar la investigación contra la exsecretaria de Vivienda Ciary Pérez Peña; el nuevo plazo vence el 18 de septiembre de 2026. La extensión se solicitó porque aún falta información de varios subpoenas en proceso.

Las fiscales han utilizado 60 de los 90 días adicionales que permite la Ley de la Opfei (Ley 2 de 1988), y todavía podrían solicitar más tiempo antes de concluir o presentar cargos contra una exfuncionaria de gabinete.

El Departamento de Justicia recomendó el 10 de abril de 2026 asignar un fiscal especial independiente para investigar a Pérez Peña por supuestas irregularidades en Yabucoa Auto Service, un negocio familiar de inspección de vehículos y venta de marbetes; el término inicial de 90 días venció en julio.

El 31 de agosto de 2026, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) San Juan y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) firmaron un memorando de entendimiento para coordinar el referido e investigación de posibles delitos federales, incluyendo narcotráfico, trata de personas, delitos financieros y ciberdelitos.

El acuerdo crea un marco formal para que el DRNA notifique a HSI sobre actividades con posibles implicaciones criminales federales y permite operaciones conjuntas, intercambio seguro de información y coordinación de recursos entre ambas agencias.

HSI San Juan ha venido estableciendo alianzas con agencias estatales para ampliar su alcance en Puerto Rico; este tipo de memorando de entendimiento extiende la coordinación federal-estatal más allá de los cuerpos de seguridad tradicionales hacia una agencia de recursos naturales.

La gobernadora Jenniffer González Colón reafirmó el 31 de agosto de 2026 que la sequía es la causa del racionamiento de agua que afecta entre el 10 y 13 por ciento de los clientes en dos zonas de Puerto Rico, y sostuvo que la crisis no desalentará la inversión extranjera.

Más de una de cada diez personas en las zonas afectadas enfrenta servicio intermitente de agua potable, y las lluvias del fin de semana anterior no fueron suficientes para aliviar la situación; el nivel del embalse La Plata continúa bajando.

La gobernadora ofreció las declaraciones durante una conferencia de prensa sobre la convención de la Florida-Caribbean Cruise Association pautada para octubre, comparando la situación con estados de emergencia por sequía declarados en Maryland, Virginia y otros estados del país.

La senadora independiente Joanne Rodríguez Veve y el portavoz del PNP en el Senado, Gregorio Matías Rosario, presentaron un proyecto que ordenaría transferir aproximadamente $3.7 millones del Tesoro Estatal al Fideicomiso para el Retiro de la Policía como aportación especial única. Los fondos, acumulados bajo la Ley 140-2014 principalmente mediante recaudos de multas de tránsito, permanecen sin utilizarse por más de diez años porque el fideicomiso original que debía administrarlos nunca llegó a constituirse.

De prosperar la medida, los policías retirados recibirían una aportación adicional a sus pensiones con dinero que ya existe bajo custodia del Estado y que los autores describen como fiscalmente neutral. El proyecto también derogaría la Ley 140-2014 e impediría que los fondos reviertan al Fondo General.

La Ley 140-2014 creó un fondo especial para mejorar las condiciones de la Policía, pero la estructura fiduciaria requerida nunca se formalizó: no se otorgó la escritura pública, la junta de fiduciarios no se organizó y no se realizó ningún desembolso. El Fideicomiso para el Retiro de la Policía al que se propone transferir los fondos sí existe, opera y está reglamentado.

El 31 de agosto de 2026, el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, afirmó que no renunciará al cargo tras la reunión semanal del Comité de Sequía en La Fortaleza, y rechazó que la corporación haya incumplido los acuerdos judiciales vigentes con el Municipio de San Juan. La semana anterior, el Municipio regresó al Tribunal de Primera Instancia luego de que la AAA no entregara información sobre la operación del servicio de agua en la capital, según lo exigía el acuerdo supervisado por el juez Anthony Cuevas.

El conflicto judicial entre la AAA y el Municipio de San Juan escala en medio de una crisis de sequía activa, con el embalse de Carraízo bajo racionamiento de 48 horas desde el 7 de agosto de 2026 y La Plata en ajustes operacionales, lo que somete a presión simultánea a cientos de miles de abonados en la zona este y metro.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero, ha denunciado públicamente la gestión de la alta gerencia de la AAA y el juez Anthony Cuevas advirtió el 28 de agosto que no toleraría nuevos incumplimientos al acuerdo judicial; González Delgado señaló que actúa bajo instrucciones específicas de la gobernadora Jenniffer González para manejar la emergencia.

Una querella anónima presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) acusa al secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, de usar horas laborales, empleados y un vehículo de la agencia para planificar su campaña a la alcaldía de Cataño por el PNP. El documento, de unas ocho páginas, señala específicamente al asesor de prensa Christopher Domenech y al director de la División Legal, Gabriel Sicardó, como participantes en reuniones del comité político durante tiempo pagado por el erario.

La querella añade una dimensión legal a la controversia ya existente sobre Torres Montalvo: además de negarse a renunciar a su cargo, ahora enfrenta alegatos de que desatendió las labores de inspección y congelación de precios que la orden ejecutiva de emergencia por sequía le encomendó específicamente a DACO.

La gobernadora Jenniffer González Colón había declarado una emergencia por sequía y ordenó a DACO emitir una congelación de precios e intensificar inspecciones; la querella alega que esas tareas quedaron desatendidas mientras el secretario gestionaba su campaña. La candidatura de Torres Montalvo fue confirmada el 31 de agosto de 2026, y la elección especial en Cataño está fijada para el 27 de septiembre de 2026.

Pentaq Manufacturing Corp. anunció la expansión de sus operaciones en Sábana Grande tras obtener un contrato federal de más de $41 millones —con vigencia de cinco años— para producir piezas de uniformes de combate para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial de Estados Unidos. Como parte de la expansión, Pridco le concedió una instalación industrial de 5,785 pies cuadrados en el barrio Rayo Guaras, lo que generará unos 50 empleos nuevos en el municipio.

El contrato federal posiciona a Pentaq como suplidor activo de defensa desde Puerto Rico por los próximos cinco años, con un valor que supera los $41 millones; los 50 empleos proyectados representan un aumento directo en la base laboral de Sábana Grande.

Pentaq es inquilino de Pridco desde abril de 2004 y ya operaba varias propiedades industriales en Sábana Grande; la nueva instalación, que estuvo vacante aproximadamente tres meses antes de este acuerdo, se suma a esa red. Roberto Lefranc Fortuño, director ejecutivo de Pridco, destacó que la empresa lleva más de 20 años apostando al municipio y al mercado de manufactura especializada.

El secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Parés, anunció que el curso electivo de Arquitectura de Puerto Rico —ofrecido por segundo año consecutivo en la Escuela Especializada en las Bellas Artes (Central High)— estará disponible próximamente para otras escuelas superiores que muestren interés.

El curso introduce a estudiantes al estudio del entorno construido como expresión histórica, cultural y comunitaria de Puerto Rico; los maestros de Estudios Sociales recibirán talleres y material didáctico para su integración.

La iniciativa surgió de la reconstrucción del tercer piso de la Central High y del interés de sus estudiantes de noveno grado en la arquitectura local, impulsada además por la donación del libro enciclopédico de la arquitecta Astrid Díaz.

El 31 de agosto de 2026, el nominado a comisionado asociado del Negociado de Energía, Omar M. Rodríguez González, compareció ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado y reconoció que Puerto Rico atraviesa una crisis energética, comprometiéndose a tomar decisiones basadas en evidencia y no en presiones externas. Durante la vista, el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz planteó además la posibilidad de ampliar por ley las facultades del NEPR para evaluar la capacidad técnica de las empresas que aspiren a operar el sistema eléctrico, propuesta que Rodríguez González respaldó condicionalmente.

El intercambio abre la puerta a una reforma legislativa que le otorgaría al Negociado de Energía un rol más directo en la selección y evaluación técnica de operadores eléctricos, lo que alteraría la estructura de supervisión vigente sobre empresas como LUMA. La senadora Migdalia Padilla Alvelo subrayó que los comisionados tienen un poder decisional extraordinario sobre servicios por los que el puertorriqueño paga.

El NEPR es el ente regulador que supervisa contratos y operaciones de los actores del sector eléctrico; reforzar su capacidad técnica y su alcance fiscalizador ha sido una demanda recurrente de grupos de consumidores y expertos ante la complejidad de los acuerdos de concesión. En la misma vista fueron evaluadas Mary Joe Tanner Zalduondo para Registradora de la Propiedad y Ana Margarita Ruiz Ramos para Procuradora de Asuntos de Menores, cuyos nombramientos Rivera Schatz también llevó al pleno ese mismo día.

El representante novoprogresista José Aponte anunció que radicará legislación para encomendar a ASSMCA el desarrollo de un programa de prevención sobre el uso de redes sociales entre menores, financiado con parte de los $124.7 millones que recibirá Puerto Rico del acuerdo con Meta Platforms Inc. Aponte también instó al Senado a aprobar el Proyecto de la Cámara 425, que obligaría a comercios que venden dispositivos electrónicos a orientar a los consumidores sobre controles parentales.

El programa buscaría orientar a niños, adolescentes, padres y encargados sobre los riesgos del uso de redes sociales, canalizando directamente hacia la salud mental de los menores una porción de los $124.7 millones producto del acuerdo; el acuerdo total entre múltiples jurisdicciones de Estados Unidos y Meta supera los $18 mil millones.

El Proyecto de la Cámara 425 ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y se encuentra bajo consideración de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado, presidida por Wilmer Reyes, aunque la versión senatorial incluye una enmienda que Aponte señala omite disposiciones clave de la versión cameral, como las guías de PRITS y el material de prevención cibernética.