Organizaciones ambientales cuestionan reforma de permisos en medio de sequía extrema
El 18 de agosto, organizaciones ambientales, comunitarias y profesionales celebraron una conferencia de prensa frente al Capitolio para denunciar la insistencia del Gobierno en aprobar una nueva ley de permisos mientras el país enfrenta sequía extrema y racionamiento de agua. Los portavoces señalaron que el proyecto sustitutivo —que deroga 72 leyes y supera 800 páginas— ha circulado entre sectores de la construcción sin ser publicado ni sometido a vistas públicas amplias.
Las organizaciones advierten que la reforma abriría paso a la privatización de zonas costeras, reduciría protecciones ambientales y arqueológicas, y trasladaría poder decisional sobre uso del territorio a inversionistas privados, agravando la crisis del agua en un contexto de cambio climático.
El proyecto de reforma surge de un Task Force creado por la gobernadora Jenniffer González y presidido por el entonces secretario de la Gobernación Francisco Domenech, que incluyó representantes del sector privado con un mandato explícito de darles un rol más prominente en la evaluación de permisos. Los proyectos originales —PC 1213 y PS 1183— quedaron pendientes en la sesión legislativa anterior y ahora se negocia un sustitutivo entre La Fortaleza, el Senado y sectores económicos.
Esta nota ilumina el hilo de cómo las presiones del desarrollo privado moldean la política pública ambiental y territorial en Puerto Rico, con implicaciones directas para el acceso a recursos naturales y la planificación del país.