Rectora de UPR Cayey defiende despidos como expiración de contratos pandémicos
La rectora de UPR Cayey, Rochellie Martínez Vivas, respondió el 3 de julio de 2026 a las acusaciones del Sindicato de Trabajadores de la UPR, argumentando que los 16 empleados despedidos tenían nombramientos especiales financiados con fondos no recurrentes de la pandemia del COVID-19 cuyos términos vencieron el 30 de junio de 2026. La rectora negó además que la administración haya emitido instrucciones para reducir salarios de empleados del gremio, y sostuvo que el caso judicial citado por el sindicato corresponde a hechos particulares que no guardan relación con los procesos administrativos actuales.
La disputa sobre si los despidos constituyen una expiración legítima de contratos o un desacato a un fallo judicial definirá si el sindicato convoca una huelga al inicio del próximo semestre académico, con potencial impacto directo en las operaciones del recinto y su comunidad estudiantil.
La sentencia del Tribunal de Apelaciones del 8 de mayo de 2026 confirmó un laudo del Negociado de Conciliación y Arbitraje del 27 de enero de 2023, que declaró ilegal el despido de un trabajador con siete años de servicio; la administración de Cayey alega que los contratos ahora vencidos son de naturaleza distinta a ese caso. El sindicato sostiene que los 16 cesanteados acumulan hasta cinco años de servicio y ya habían adquirido estatus permanente.
El conflicto en UPR Cayey expone la tensión persistente entre las administraciones universitarias y los gremios laborales en la institución pública de educación superior más grande de Puerto Rico, ahora centrada en si los fondos pandémicos crearon derechos permanentes de empleo.