Proyecto de ley propone suspender gobiernos académicos de la UPR por cinco años
El representante Jorge Navarro Suárez radicó el 5 de mayo de 2026 un proyecto de ley de emergencia que suspendería por cinco años las facultades de los Senados Académicos, Juntas Administrativas, Junta Universitaria y Claustros de la UPR, transfiriendo todo poder decisional, ejecutivo y presupuestario a la Junta de Gobierno. La medida también ampliaría esa Junta de 13 a 25 miembros, añadiendo al presidente de la universidad y a los once rectores de recintos.
La propuesta concentraría el control de la primera institución universitaria pública del país en un solo cuerpo durante cinco años, eliminando temporalmente los mecanismos de participación compartida de facultad, estudiantes y administración. Esto ocurre en el contexto de una disputa con la Junta de Supervisión Fiscal, que condicionó $40 millones a la consolidación de recintos y proyecta recortes acumulados de hasta $512 millones para la UPR.
La Junta de Supervisión Fiscal rechazó el presupuesto de la UPR para el año fiscal 2026 y ha presionado hacia la consolidación de los recintos de Aguadilla, Arecibo y Utuado, agudizando una crisis fiscal que el proyecto describe como estructural, recurrente y multifactorial.
Esta nota ilumina la tensión de largo plazo entre la autonomía universitaria, la presión fiscal federal a través de la JSF y el rol de la Legislatura en redefinir la gobernanza de las instituciones públicas de Puerto Rico.