Coalición denuncia expansión de escuelas chárter y desvío de fondos públicos en Puerto Rico
El 11 de junio de 2026, el Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció que el Departamento de Educación asigna cerca de $50 millones anuales a las 21 escuelas chárter actualmente operando, con planes de abrir cinco adicionales que elevarían ese gasto a $60 millones. Un informe de la Oficina del Inspector General concluyó que la agencia tiene deficiencias significativas en la fiscalización de estos planteles y no ha rendido los informes anuales requeridos por ley ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.
De los 7,410 estudiantes matriculados en escuelas chárter, 5,810 provienen del sistema público, lo que la coalición señala como evidencia de un desplazamiento que contribuye al cierre de planteles públicos. Al mismo tiempo, el gobierno ha indicado que se necesitarían alrededor de $90 millones para cumplir con la carrera magisterial de cerca de 8,000 maestros y maestras que aún no han recibido ese ajuste salarial.
Las escuelas chárter en Puerto Rico surgen de la Reforma Educativa impulsada por la exsecretaria Julia Keleher, quien posteriormente se declaró culpable de fraude cometido durante la administración de Ricardo Rosselló. Desde 2018 se han autorizado 21 escuelas bajo la Ley Núm. 85-2018, y en octubre de 2022 el Departamento de Educación fue ordenado a cancelar un contrato luego de revelarse que un incorporador había sido convicto por malversación de fondos.
Esta nota ilumina la tensión estructural entre la privatización del sistema educativo público y la capacidad del Estado de rendir cuentas sobre el uso de fondos públicos en Puerto Rico.