OIG halla fallas de fiscalización en escuelas chárter; DE asigna $50 millones anuales
El Junte Multisectorial en Defensa de la Educación Pública denunció el 11 de junio de 2026 que el Departamento de Educación desvía fondos públicos a corporaciones privadas mediante contratos de la Oficina de Escuelas Públicas Alianza, mientras un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) documentó deficiencias significativas en la fiscalización de las 21 escuelas chárter autorizadas desde 2018. La OIG también determinó que la agencia no ha sometido los informes anuales requeridos por ley ante el Gobernador y la Asamblea Legislativa correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024, ni ha evidenciado el informe del año fiscal 2025-2026.
El Departamento de Educación asigna cerca de $50 millones anuales a escuelas chárter, cifra que subiría a aproximadamente $60 millones si se aprueban las cinco escuelas adicionales proyectadas; la falta de fiscalización documentada por la OIG deja sin rendición de cuentas el uso de esos fondos públicos.
La Ley Núm. 85-2018 estableció el marco legal para las escuelas chárter en Puerto Rico y exige informes anuales al Gobernador y la Asamblea Legislativa; la organización ÚNETE señala que en los pasados años se han reportado más de tres escándalos relacionados con este modelo en la isla.
Esta nota ilumina el hilo de la privatización del sistema educativo público puertorriqueño y la capacidad —o falta de ella— del gobierno para fiscalizar el uso de fondos públicos en manos privadas.