DE paga $11,000 diarios en multas mientras incumple servicios directos de Educación Especial
En febrero de 2026, el Departamento de Educación recibió una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las 87 estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, lo que representa una mejora según las métricas del Tribunal. El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió, sin embargo, que los avances reflejan áreas de fácil cumplimiento —como campañas de divulgación— mientras persisten fallos en servicios directos al estudiante.
El DE acumula multas de $11,000 diarios por incumplimiento con el caso, y compañías privadas contratadas bajo el régimen de remedio provisional cobran cerca de $2,500 por niño sin supervisión adecuada de la agencia, con al menos tres de esas empresas notificando ya el cese de servicios. Los incumplimientos en maestros cualificados y terapias especializadas afectan directamente la comprensión lectora, escritura y desarrollo diario de los estudiantes.
El pleito de clase Rosa Lydia Vélez lleva más de dos décadas bajo jurisdicción del Tribunal federal, con el licenciado Carlos Rivera Martínez como comisionado especial y vistas mensuales de seguimiento. La jueza Eileen Navas Auger ha ordenado sanciones contra funcionarios que obstaculizan la prestación de servicios, órdenes que el DE tampoco cumple consistentemente.
Esta nota ilumina el hilo de la gobernanza institucional en Puerto Rico: cómo una agencia pública puede obtener métricas aceptables en papel mientras los servicios que más importan a las familias siguen sin resolverse décadas después de un fallo judicial.