DE recibe 3.10 en cumplimiento con Rosa Lydia Vélez, pero Comité Timón alerta sobre fallas estructurales
En febrero de 2026, el Departamento de Educación obtuvo una puntuación de 3.10 en su cumplimiento con las 87 estipulaciones del pleito de clase de Rosa Lydia Vélez, reflejo de una mejora en métricas del Tribunal. El Comité Timón de Madres y Padres de Educación Especial advirtió, no obstante, que los avances se concentran en requisitos de divulgación y no en servicios directos al estudiante.
El DE paga $11,000 diarios en multas por incumplir con el caso y continúa sin sancionar a funcionarios que obstruyen servicios, mientras compañías privadas que cobran cerca de $2,500 por niño cierran súbitamente y dejan a estudiantes sin atención. Las deficiencias afectan servicios especializados —terapia equina, acuática, procesamiento auditivo— que impactan directamente la comprensión lectora y el desarrollo de los estudiantes.
El pleito de clase Rosa Lydia Vélez lleva más de dos décadas bajo jurisdicción del Tribunal federal; el comisionado especial Carlos Rivera Martínez celebra vistas mensuales y la monitora Pilar Beléndez Soltero publica informes anuales. Desde 2016, la Junta de Control Fiscal ha condicionado el manejo presupuestario de Educación, y el paso por la gestión de la secretaria Julia Kelleher —quien fue arrestada— llevó a la designación de un Síndico federal.
Esta nota ilumina la tensión persistente entre métricas institucionales de cumplimiento y el impacto real en una de las poblaciones escolares más vulnerables de Puerto Rico, en un sistema educativo sometido simultáneamente a supervisión federal y fiscal.