JSF aprueba $37 millones para Educación Especial y exige reforma presupuestaria al DE
La Junta de Supervisión Fiscal aprobó más de $37 millones en reasignaciones presupuestarias —$27.8 millones para transportación, becas y reembolsos, y $9.5 millones para terapias y evaluaciones— para garantizar la continuidad de servicios a estudiantes del Programa de Educación Especial. Al mismo tiempo, la JSF advirtió que el Departamento de Educación ha dependido de fondos temporeros, incluidos fondos federales de emergencia pandémica que expiraron en el año fiscal 2026, para cubrir obligaciones recurrentes.
El costo por estudiante de Educación Especial aumentó aproximadamente un 102% entre los años fiscales 2010 y 2026, mientras la matrícula de ese programa bajó alrededor de un 18%, lo que expone una brecha estructural que, según la JSF, el DE no ha gestionado adecuadamente. La Junta condicionó la aprobación de fondos futuros a que el presupuesto del año fiscal 2027 incluya asignaciones recurrentes suficientes antes de su certificación.
El DE y la JSF llevan años en tensión sobre la administración de recursos de Educación Especial, con el gobierno realizando reasignaciones a mitad de año para cubrir déficits repetidos. La matrícula total del DE cayó aproximadamente un 37% entre los años fiscales 2017 y 2026, mientras la asignación del Fondo General creció cerca de un 18% en ese mismo período, agudizando el desbalance entre recursos y resultados.
Esta nota ilumina la tensión estructural entre la JSF y las agencias de gobierno sobre cómo financiar servicios sociales obligatorios en un contexto de contracción demográfica y dependencia de fondos federales temporeros.