Arquitectos de PROMESA revelan que la JSF fue condición innegociable del Congreso republicano
Al cumplirse diez años de la ley PROMESA, el exfuncionario del Tesoro Antonio Weiss y el excongresista republicano Rob Bishop confirmaron que una junta de supervisión fiscal fue requisito irrenunciable del Congreso para aprobar cualquier mecanismo de reestructuración de deuda para Puerto Rico.
Los testimonios dejan en evidencia que la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal —el ente que controla las finanzas del gobierno electo puertorriqueño— no fue producto de negociación sino de una condición política impuesta desde Washington; la ley ha permitido reducir a cerca de la mitad la deuda del gobierno y sus principales corporaciones públicas.
PROMESA fue aprobada en 2016 bajo la administración del presidente Barack Obama, cuyo Departamento del Tesoro tomó como referencia los procesos de rescate fiscal de ciudades como Washington D.C. y Nueva York; el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, Rob Bishop, fue el legislador encargado de impulsar la legislación por instrucción del presidente cameral Paul Ryan.
Esta nota añade una capa fundacional al hilo de la tensión entre soberanía puertorriqueña y poderes federales: revela que la arquitectura colonial de PROMESA fue diseñada deliberadamente, no como accidente de negociación.