Pablo José radica proyecto de estatus tras meses de decir que el tema no era prioridad
El comisionado residente Pablo José Hernández Rivera radicó el 10 de junio de 2026 el 'Puerto Rico Democratic Self-Determination Act', un proyecto que permitiría un plebiscito vinculante con cuatro opciones: estadidad, independencia, libre asociación y un ELA reformado. La medida fue presentada junto a los congresistas Wesley Bell, Derek Tran y Val Hoyle, y cuenta con el respaldo de los portavoces legislativos del Partido Popular Democrático Héctor Ferrer Santiago y Luis Javier Hernández Ortiz.
El giro es políticamente significativo: Hernández Rivera había sostenido desde febrero de 2025 que Washington no tenía interés en atender el estatus y que cualquier debate al respecto era 'estéril' mientras la Junta de Supervisión Fiscal operara; la radicación ocurre directamente como respuesta a la decisión de la gobernadora Jenniffer González Colón de impulsar legislación exclusivamente estadista. Si el ELA reformado prevaleciera en el plebiscito, la Ley Promesa dejaría de aplicarse dos años después.
Durante su primer año en el Congreso, Hernández Rivera argumentó públicamente —incluso en una columna en The Wall Street Journal en octubre de 2025— que el ELA preserva la identidad cultural y la autonomía fiscal de Puerto Rico, pero insistió en que el estatus debía ceder paso a asuntos como el costo de vida y la crisis energética. El proyecto incorpora la opción del ELA mejorado, ausente en legislación federal de estatus anterior, y propone crear una Comisión para el Desarrollo del Estado Libre Asociado si esa fórmula gana.
Esta medida expone el hilo más persistente de la política puertorriqueña: quién define las reglas del juego —y cuándo— cuando Puerto Rico negocia su relación con Estados Unidos.