Primer Circuito reactiva pleito sobre destitución de tres miembros de la Junta de Supervisión
El 1 de julio de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ordenó al Departamento de Justicia y a los exmiembros de la Junta de Supervisión Fiscal Arthur J. González, Betty Rosa y Andrew Biggs presentar mociones en 30 días sobre cómo debe continuar el caso tras el fallo del Supremo federal en Trump contra Cook. El caso, que impugna la destitución de los tres por el presidente Trump en 2025, había estado suspendido a la espera de esa decisión.
El resultado podría determinar si el presidente puede destituir libremente a los miembros de la Junta de Supervisión o si deben existir garantías procesales, lo que afecta directamente la independencia del organismo que supervisa las finanzas públicas de Puerto Rico y su proceso de quiebra.
Un juez federal ya había determinado que las destituciones fueron ilegales; el Departamento de Justicia argumentó que los miembros fueron removidos por ineficiencia y mala gestión, y citó aproximadamente 2,000 millones de dólares en honorarios profesionales bajo su supervisión. La Ley PROMESA permite la destitución solo por 'causa justificada' sin definir el término ni exigir audiencia.
Este litigio ilumina la tensión permanente entre el poder ejecutivo federal y la autonomía de los organismos que gobiernan la crisis fiscal de Puerto Rico.