A 20 años del IVU, un impuesto que pasó de reforma a sistema fragmentado
En julio de 2026 se cumplen 20 años desde que Puerto Rico implantó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) mediante la Ley 117 del 4 de julio de 2006, un tributo que comenzó con una tasa de 7% y hoy opera como un híbrido de más de 130 exenciones, 79 jurisdicciones municipales y elementos de distintos modelos contributivos. La recaudación creció de unos 600 millones a más de 3,000 millones de dólares anuales, pero el sistema fue desviado para emitir deuda a través de COFINA y luego modificado varias veces sin una reforma estructural coherente.
El IVU es hoy el principal impuesto al consumo del gobierno y parte de sus recaudos sigue comprometida con el pago de deuda, lo que limita cualquier intento de rediseñarlo; el crédito por trabajo que atiende su regresividad devuelve más de 1,400 millones de dólares anuales. Un consorcio que incluye el Colegio de CPA, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas ya presentó a la gobernadora y al secretario de Hacienda una propuesta de reforma contributiva integral que también se discute con la Junta de Supervisión Fiscal.
Antes del IVU, el principal impuesto al consumo era el arbitrio general, cobrado en los muelles con más de treinta exclusiones y un recaudo estancado; el diseño original del IVU buscaba eliminar ese efecto cascada y capturar la economía informal, pero un intento posterior de sustituirlo por un IVA de 16% fracasó y en su lugar se aumentó la tasa a 11.5% reinstalando los problemas que el sistema original quería corregir.
Esta nota ilumina el hilo de cómo las decisiones fiscales de emergencia —deuda, parches legislativos, exenciones políticas— han moldeado la estructura contributiva de Puerto Rico y complican cualquier reforma que el país necesita para su recuperación económica.