JSF insiste en que operación privada del sistema eléctrico es requisito legal
El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal emitió una declaración pública sosteniendo que el sistema eléctrico debe permanecer en manos privadas, luego de que la jueza federal Laura Taylor Swain remitiera a los tribunales locales el proceso del Gobierno para cancelar el contrato de LUMA Energy.
La JSF señaló que la operación privada de la red de la AEE es un requisito de la Ley 120-2018 y del plan fiscal de la corporación, y que cualquier cambio de operadores debe seguir un proceso transparente y competitivo sin interrumpir el mantenimiento ni la modernización del sistema.
La gobernadora Jenniffer González Colón había calificado el fallo de Swain como una doble victoria legal; la JSF y LUMA habían argumentado previamente que el litigio debía ventilarse en el tribunal federal de quiebras bajo PROMESA.
La postura de la JSF revela la tensión estructural entre el gobierno electo y el organismo fiscal federal sobre quién tiene la última palabra en el futuro del servicio eléctrico en Puerto Rico.