JSF aprobó $11.6 mil millones en contratos energéticos sin hacer debida diligencia independiente
El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó —con condiciones— cuatro contratos energéticos que suman más de $11.6 mil millones con Solaner, Polaris, Gothams Energy y Power Expectations, admitiendo en cartas formales que no realizó verificaciones de antecedentes ni evaluaciones independientes sobre las empresas ni los proyectos. La revisión de la JSF se limitó al cumplimiento de la Sección 204(b)(2) de PROMESA y se basó exclusivamente en información provista por la Autoridad de Energía Eléctrica.
Los cuatro contratos —que incluyen 486.4 megavatios de almacenamiento en baterías y 200 megavatios de generación flotante temporera— carecen de estudios de viabilidad, permisos validados, acuerdos de suministro de gas natural y garantías financieras, según señaló la propia JSF en sus condicionamientos. Esa cadena de deficiencias transfiere todo el riesgo operacional y fiscal a la AEE, y por extensión a los ratepayers puertorriqueños.
La JSF fue creada bajo PROMESA para supervisar las finanzas públicas de Puerto Rico, incluyendo contratos de entidades como la AEE; sin embargo, su mandato formal se circunscribe al cumplimiento presupuestario, no a la auditoría técnica u operacional de los proyectos que aprueba. El contrato con Gothams Energy fue bloqueado condicionalmente por ausencia de estudios de interconexión y logística portuaria, mientras que el de Power Expectations, el mayor con valor máximo de $5.8 mil millones, también presenta múltiples deficiencias sin atender.
Esta nota ilumina el hilo estructural de la transformación energética de Puerto Rico: quién —y con qué rigor— supervisa los contratos multimillonarios que decidirán si el sistema eléctrico se moderniza o reproduce los mismos patrones de fragilidad.