Sobreviviente de agresión sexual impulsa nueva Carta de Derechos para víctimas en Puerto Rico
Karla Hernández, sobreviviente de una agresión sexual ocurrida en una playa de Arecibo en 2020, fundó Vivo Alliance y desarrolló una propuesta legislativa para derogar la Ley 22 de 1988 y sustituirla por una nueva Carta de Derechos de las Víctimas de Delito con mecanismos de cumplimiento ejecutables. La medida aún no ha sido radicada, aunque ya se han iniciado acercamientos con legisladores para presentarla en el Senado.
La organización calculó que desde la declaración del estado de emergencia por violencia de género en 2021 se han destinado cerca de $60 millones en fondos públicos, mientras los indicadores de feminicidios y agresiones sexuales han ido al alza. La propuesta busca garantizar a las víctimas representación legal independiente, consulta obligatoria antes de acuerdos de culpabilidad y participación activa en etapas clave del proceso judicial.
La Ley 22 de 1988 es el marco legal vigente en Puerto Rico para los derechos de víctimas de delito; la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico colaboró en el análisis comparativo de los 50 estados y 21 países que sustenta la propuesta, y señaló que la ley actual carece de mecanismos de cumplimiento operacionalmente efectivos. La iniciativa cuenta con el respaldo de la Joyful Heart Foundation y LULAC.
Esta nota ilumina el hilo de cómo el sistema de justicia criminal de Puerto Rico trata a las víctimas de delitos sexuales y de género, y los esfuerzos ciudadanos por reformarlo desde adentro.