Tribunal Supremo guarda silencio ante demanda del CPI sobre acceso a La Fortaleza

El Tribunal Supremo de Puerto Rico denegó sin explicación un recurso del Centro de Periodismo Investigativo (CPI), que había demandado a la gobernadora Jenniffer González Colón por exigir una credencial oficial del Departamento de Estado para acceder a las conferencias de prensa en La Fortaleza; solo el juez asociado Ángel Colón Pérez emitió un voto disidente con fundamentos escritos. El Tribunal de Apelaciones, foro intermedio, también había avalado la exigencia del Ejecutivo con una resolución que no rebatió los argumentos del CPI ni consideró el precedente del caso Disidente Universal de 1998.

La decisión —o la ausencia de ella— reinterpreta de facto un precedente de hace casi tres décadas que limitaba el valor legal de esa credencial oficial a un beneficio de estacionamiento, y abre la puerta a que el Ejecutivo puertorriqueño decida qué periodistas pueden ejercer su función de fiscalización dentro de la mansión ejecutiva. Datos de confianza en el poder judicial —19% en 2016 y 36% en 2019— sugieren que la falta de explicaciones judiciales agrava una legitimidad ya frágil.

En 1998, el Tribunal Supremo resolvió en el caso Disidente Universal que el único beneficio de la credencial de prensa oficial era el acceso a tablillas de estacionamiento; dos jueces disintieron entonces advirtiendo que el esquema era un "precedente peligroso" que permitiría al Estado decidir quién cubre eventos públicos. La disputa actual surge luego de que La Fortaleza comenzó a negar entrada a periodistas del CPI —entre ellos Luis Valentín Ortiz, con años de cobertura en el Palacio de Santa Catalina— mientras periodistas de medios televisivos comerciales y corresponsales internacionales han ingresado sin presentar esa credencial.