Sindicatos marchan al Primero de Mayo frente a la Junta de Control Fiscal en Hato Rey
El 1 de mayo de 2026, una amplia coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil marchó desde Plaza las Américas hasta las oficinas de la Junta de Control Fiscal (JCF) en Hato Rey para denunciar las políticas de ese organismo y rechazar el proyecto PC 1115, que eliminaría la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. Trabajadores de telecomunicaciones, cine, salud, educación y la industria licorera, entre otros sectores, expusieron sus reclamos durante el trayecto.
El proyecto PC 1115, aún en discusión en la Cámara de Representantes, preocupa al movimiento laboral porque eliminar el mecanismo evaluador del salario mínimo podría frenar futuros aumentos salariales en una economía de alto costo de vida. Paralelamente, la IATSE Local 494 advierte que la falta de implementación de los $100 millones anuales en incentivos de la Ley 25 de 2023 —bloqueada según el sindicato por la JCF— ha generado escasez de trabajo en la industria del cine.
Desde la aprobación de la Ley PROMESA por el Congreso de Estados Unidos y la creación de la JCF, las movilizaciones del Primero de Mayo en Puerto Rico se han dirigido consistentemente hacia ese organismo como símbolo del control fiscal externo. En 2026 se cumplen 10 años de esa ley, hito que los manifestantes usaron para hacer un balance de sus efectos sobre la negociación colectiva, los planes de retiro y los servicios públicos.
Esta nota ilumina el hilo de la tensión estructural entre la autoridad de la JCF y los derechos laborales y económicos de los trabajadores puertorriqueños, un conflicto que atraviesa desde la política salarial hasta el futuro de la universidad pública.