Tribunal Supremo acoge caso del gobierno contra LUMA; resolución esperada en 60 a 120 días
El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió, en decisión de cinco a cuatro emitida el 8 de agosto de 2026, las demandas del gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón que buscan cancelar el contrato de LUMA Energy, y concedió 30 días al gobierno y 30 a LUMA para presentar alegatos y refutarlos, respectivamente. El caso gira en torno a si la extensión del contrato requería voto unánime de la Junta de Gobierno de la AP3 conforme a la Ley 129 de 2009, requisito que pudo no haberse cumplido dado que dos miembros se abstuvieron.
Una vez sometidos los alegatos, el tribunal podría resolver en 30 a 60 días adicionales y, de declarar nulo el contrato, LUMA tendría que enfrentar un proceso de transición que podría incluir la devolución de los $135 millones recibidos por operar la red eléctrica. La decisión del Supremo afectaría directamente a todos los abonados del sistema eléctrico de Puerto Rico.
El contrato original de LUMA fue adjudicado a las compañías matrices ATCO, Quanta e IEM, y críticos como el licenciado Luis Santini Gaudier —exrepresentante del interés público en la Junta de la AEE— señalan que LUMA se constituyó como entidad jurídica después de que se adjudicó el contrato, lo que a su juicio lo hace nulo. El Colegio de Abogados emitió un informe que documenta esa nulidad y los incumplimientos del operador, sin que la Oficina del Contralor haya actuado sobre una querella relacionada.
Este litigio concentra las preguntas centrales sobre quién controla, opera y rinde cuentas por la infraestructura eléctrica de Puerto Rico y bajo qué condiciones legales puede terminarse un contrato de privatización.