Organismos de derechos defienden la JLBP ante la Cámara y piden reformar la rehabilitación
El 14 de agosto, organismos de protección de derechos compareció ante la Comisión de lo Jurídico de la Cámara para defender la permanencia de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), argumentando que los casos revocados representan apenas el 1.5% y que las revocaciones obedecen mayormente a factores como falta de vivienda o supervisión familiar, no a nuevos delitos.
La vista pública —celebrada en el marco de la Resolución de la Cámara 139— pone en juicio el futuro de la JLBP y los criterios con que se concede libertad condicionada, con implicaciones directas para el sistema penitenciario y la reinserción comunitaria de convictos.
La pesquisa legislativa surgió tras el feminicidio de una enfermera a manos de un hombre con historial de asesinatos que se beneficiaba de libertad supervisada desde 2018; la Comisión es presidida por el representante José 'Che' Pérez Cordero.
Esta nota ilumina la tensión permanente en Puerto Rico entre la presión pública por mayor seguridad y el debate sobre si el sistema de rehabilitación y supervisión penitenciaria puede reformarse desde adentro.