MVC y PIP exigen investigación legislativa sobre esquema de votos por drogas en cárceles
El 13 de mayo de 2026, las delegaciones del PIP en el Senado y la Cámara radicaron legislación para ordenar una pesquisa sobre un alegado esquema de intercambio de votos por drogas en instituciones correccionales de Puerto Rico, presuntamente con fines de beneficio electoral para la administración actual. El Movimiento Victoria Ciudadana también exigió transparencia ante una investigación federal que, según un reportaje de ProPublica, fue detenida sin radicación de cargos ni explicación pública.
Las alegaciones apuntan a violaciones de la privacidad de reclusos durante el proceso electoral y a presión sobre internos para votar en la primaria del PNP de 2024, según quejas documentadas ante la Comisión de Derechos Civiles. La ausencia de cargos federales tras una investigación con evidencia significativa profundiza la desconfianza en la independencia de las instituciones electorales y judiciales.
Las denuncias sobre irregularidades en el voto carcelario y el trasiego de sustancias dentro de los penales anteceden al reportaje de ProPublica, según señalaron los portavoces del PIP, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Denis Márquez Lebrón. La Comisión de Derechos Civiles, a través de su director Ever Padilla, ya había señalado violaciones a la privacidad de los reclusos durante procesos electorales previos.
Este caso ilumina el hilo más amplio de la integridad electoral en Puerto Rico y la capacidad —o falta de ella— de las instituciones para investigar irregularidades en el voto de poblaciones vulnerables sin interferencia partidista.