Legisladores advierten sobre riesgos fiscales en cancelación de contrato con Physician Correctional
El representante Eddie Charbonier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, advirtió sobre posibles descuadres presupuestarios en el Departamento de Corrección y Rehabilitación ante la cancelación del contrato con Physician Correctional, empresa que seguirá recibiendo $11.7 millones anuales durante la transición mientras administra una asignación separada de alrededor de $55 millones para el Programa de Salud Correccional. El secretario del DCR, Francisco Quiñones Rivera, no pudo precisar cuánto tiempo tomará la salida de la compañía ni el costo de contratar una nueva proveedora.
El DCR solicitó un aumento de $49.8 millones al Fondo General para el próximo año fiscal —con un presupuesto total solicitado de $489.9 millones— y la incertidumbre sobre los costos de transición y posibles litigios amenaza con afectar otros planes de gasto de la agencia, incluyendo aumentos salariales de $19 millones ya comprometidos para oficiales correccionales. Diez compañías compiten por el nuevo contrato de salud correccional, pero el proceso de selección aún está en etapa preliminar.
Physician Correctional ha sido señalada por irregularidades en su operación, aunque el propio secretario Quiñones Rivera reconoció que la empresa opera bajo altos estándares clínicos mientras dure la transición; un comité evaluador rindió un informe preliminar el 3 de abril de 2026 con propuestas de 10 proveedores, ocho de los cuales ofertaron para asumir todos los servicios, incluyendo salud mental y física de adultos y jóvenes.
Esta nota ilumina el hilo de la gestión y fiscalización de contratos multimillonarios en agencias de servicios críticos, donde la Legislatura intenta ejercer control sobre decisiones administrativas que pueden comprometer la salud de la población correccional y la estabilidad del presupuesto público.