Junta Fiscal advierte que el Título V debe reformarse para atraer inversión privada
Al certificar el Plan Fiscal revisado de 2024, la Junta de Supervisión y Administración Fiscal señaló que el programa Título V —creado bajo PROMESA para acelerar proyectos críticos de infraestructura— necesita un sistema de permisos más ágil, transparente y predecible para cumplir su función como motor de desarrollo económico.
Desde el año fiscal 2018, Puerto Rico ha recibido aproximadamente $120 mil millones en fondos federales —equivalentes al 145 % del Producto Nacional Bruto de 2023—, pero esos fondos son temporales; a medida que se agotan, el crecimiento depende cada vez más de la inversión privada que el Título V busca atraer.
El Título V nació con la Ley PROMESA para reducir la burocracia que frena el desarrollo, pero casi una década después muestra resultados mixtos: algunos proyectos han avanzado mientras otros permanecen estancados en los mismos cuellos de botella regulatorios que el programa pretendía superar, particularmente en el sector energético, donde la incertidumbre en torno a LUMA Energy complica la atracción de capital.
Esta nota ilumina el hilo de la transición económica de Puerto Rico: cómo la isla intenta pasar de la dependencia de fondos federales a un modelo sostenible, y si las herramientas institucionales existentes —como el Título V— están a la altura del reto.