JSF aprobó contratos energéticos de $11,600 millones sin realizar debida diligencia independiente
El 8 de mayo de 2026, la Junta de Supervisión Fiscal aprobó —con condiciones— cuatro contratos energéticos por $11,600 millones con Solaner, Polaris, Gothams Energy y Power Expectations, admitiendo en cartas a la AEE que no realizó verificaciones de antecedentes, no auditó modelos financieros ni evaluó la viabilidad operacional de los proyectos. La revisión de la JSF se limitó al cumplimiento presupuestario bajo la Sección 204(b)(2) de PROMESA, basándose exclusivamente en información provista por la AEE.
Los cuatro contratos —que incluyen 486.4 megavatios de almacenamiento en baterías a 20 años y hasta 200 megavatios de generación temporera flotante— transfieren todo el riesgo operacional y reputacional a la AEE, una corporación pública que avanzó contratos multimillonarios sin estudios de viabilidad, sin permisos validados y sin acuerdos de suministro de gas natural. La JSF prohibió la ejecución del contrato con Gothams Energy hasta que la AEE corrija deficiencias básicas de planificación.
La transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico ha estado marcada por años de contrataciones cuestionadas, desde el controversial contrato de Whitefish Energy tras el huracán María hasta los cambios en el operador LUMA. La JSF, creada bajo PROMESA para supervisar las finanzas públicas de la isla, tiene autoridad de revisión sobre contratos significativos de agencias como la AEE, pero sus cartas de aprobación incluyen descargos que reconocen los límites de ese escrutinio.
Esta nota ilumina la brecha entre la apariencia de supervisión institucional y la verificación real en las decisiones que moldean la infraestructura energética —y la factura eléctrica— de Puerto Rico.