Grupos de derechos civiles alegan ante el Primer Circuito que FEMA discriminó a Puerto Rico en reconstrucción
LatinoJustice PRLDEF, Southern Legal Counsel y la ACLUPR presentaron un amicus curiae ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito alegando que FEMA utilizó procesos ambientales menos rigurosos y desiguales en la reconstrucción de Puerto Rico tras los huracanes Irma y María. Las organizaciones piden al tribunal que confirme una orden previa del Tribunal de Distrito que exige a FEMA completar una Declaración de Impacto Ambiental antes de avanzar con decisiones sobre la red eléctrica.
Una investigación citada en el documento encontró una disparidad de financiamiento de casi cuatro a uno a favor de contratistas corporativos frente a la asistencia directa a hogares, y una reducción de 38 % en ayuda a comunidades rurales a nivel nacional; además, los 78 municipios de Puerto Rico han sido excluidos del Índice Nacional de Riesgo de FEMA. La inversión federal en la red eléctrica asciende a aproximadamente $12,000 millones, y el caso podría sentar precedente para otros proyectos de reconstrucción en el país.
El caso Comité Diálogo Ambiental, Inc. contra FEMA cuestiona el uso de una Evaluación Ambiental Programática —un proceso menos exigente— en lugar de la Declaración de Impacto Ambiental completa que exige la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) para proyectos de gran escala. El litigio se da mientras continúa la reconstrucción de la infraestructura energética de la isla y ante el inicio de una nueva temporada de huracanes el 1 de junio de 2026.
Esta nota ilumina el hilo de cómo las decisiones federales de recuperación poshuracán han moldeado —y siguen moldeando— la justicia ambiental, la participación ciudadana y el futuro energético de Puerto Rico.