Fiscales federales frenaron cargos por votos a cambio de drogas en cárceles de PR

Investigadores federales documentaron un esquema en el que líderes de la pandilla carcelaria Los Tiburones (Grupo 31) distribuían drogas a reclusos a cambio de votos para la ahora gobernadora Jenniffer González-Colón, pero en noviembre de 2024 —días después de que Trump ganara las elecciones y González-Colón se asegurara la gobernación— supervisores de la Fiscalía Federal del Distrito de Puerto Rico instruyeron a los fiscales a excluir los cargos relacionados con el fraude electoral y a no avanzar la investigación. En diciembre de 2024 se radicó una acusación contra 34 reclusos y asociados por tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, sin incluir ni un solo cargo vinculado al esquema de votos.

La decisión de abandonar los cargos de fraude electoral —un delito federal que conlleva hasta dos años de cárcel y multas de hasta $250,000 por incidente— priva al público de claridad sobre si funcionarios de correcciones o la campaña de la gobernadora tuvieron participación, según cuatro personas con conocimiento del caso citadas por ProPublica.

Puerto Rico es uno de los pocos estados o territorios de EE. UU. que permite votar a los reclusos; ese derecho fue codificado en 1980 bajo el gobernador Carlos Romero Barceló. El fiscal federal W. Stephen Muldrow, cuyo nombre aparece en la acusación, fue nombrado por Trump en 2019 y ha servido de forma continua desde entonces.