PFEI radica 10 cargos contra contratista y corporación por fraude de $380,000 en Guaynabo
El PFEI radicó diez cargos criminales —dos por fraude y ocho por apropiación ilegal grave de fondos públicos— contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp. por un presunto esquema de $380,000 destinados a un proyecto de infraestructura en Quebrada Margarita, Guaynabo. La jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Bayamón, determinó causa probable e impuso una fianza total de $200,000; la vista preliminar quedó pautada para el 14 de julio de 2026.
Los cargos expanden la investigación sobre fondos públicos canalizados a través de organizaciones sin fines de lucro y asignados por legisladores, con Huertas Torres actuando como enlace entre la Autoridad de Tierras, esas organizaciones y los legisladores. La pesquisa también detectó uso de propiedad pública para fines personales.
Huertas Torres fue contratado por la Autoridad de Tierras como técnico a cargo de proyectos en el distrito de Bayamón, y servía de intermediario entre esa agencia, las organizaciones sin fines de lucro receptoras de fondos y los legisladores que los asignaban. Los cargos fueron presentados por los fiscales especiales Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata Doria y Gisela Alfonso Fernández.
Este caso ilumina el hilo del uso y fiscalización de fondos discrecionales legislativos y la rendición de cuentas en contrataciones públicas en Puerto Rico.