OEG bloqueó contratos de Laboy Rivera con municipios, pero luego revirtió su posición
La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) determinó en una primera consulta que Manuel Laboy Rivera y su empresa NovaForge Consulting Partners LLC no podían prestar servicios a municipios ni a entidades como LUMA Energy y Genera PR con las que había intervenido en acciones oficiales durante su último año al frente de COR3; no obstante, tras una reunión solicitada por el propio Laboy Rivera en junio de 2025, la OEG revirtió esa posición en una segunda consulta y no halló impedimento para que operara con un nuevo grupo de municipios e instituciones.
La secuencia revela una laguna operacional: la OPAL contrató a NovaForge en marzo de 2025 sin consultar a la OEG, y la agencia admitió que ningún exfuncionario está legalmente obligado a hacer esa consulta, lo que dejó sin activar las disposiciones de la Ley de Ética mientras NovaForge acumulaba casi $1.2 millones en contratos públicos.
La Ley de Ética prohíbe que un exfuncionario sea contratado durante el año siguiente a su salida por entidades en las que haya intervenido en acciones oficiales el año previo; la OEG citó explícitamente que Laboy Rivera sostuvo reuniones, realizó visitas de campo y gestionó solicitudes ante FEMA en nombre de municipios y entidades energéticas mientras dirigía COR3, cargo que ocupó desde 2021 hasta diciembre de 2024.
Esta nota ilumina el hilo de la puerta giratoria entre el gobierno y el sector privado en el manejo de los miles de millones en fondos federales de recuperación que aún circulan por Puerto Rico, y expone los límites de los mecanismos de ética pública para contenerla.