Amnistía Internacional alerta sobre deterioro democrático en Puerto Rico por leyes recientes

El 26 de junio de 2026, Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) denunció un patrón sistemático de acciones legislativas y gubernamentales que, según la organización, restringen el espacio cívico, limitan el acceso a información pública y debilitan derechos fundamentales. Entre las medidas señaladas figuran la Ley 156-2025 sobre acceso a información, la Ley 82-2026 que impone fianzas para impugnar permisos de construcción, y leyes que restringen derechos de personas LGBTIQ+.

Las medidas denunciadas afectan directamente la capacidad de la ciudadanía, la prensa y las organizaciones comunitarias para fiscalizar al gobierno sin represalias; la Ley 82-2026, por ejemplo, exige una fianza equivalente al 10% del valor de un proyecto de construcción para poder impugnar permisos, lo que encarece la justicia ambiental y comunitaria.

AIPR identificó un conjunto de legislación aprobada entre 2025 y 2026 —incluyendo la Ley 63-2025 que prohíbe servicios de afirmación de género, la Ley 26-2026 sobre baños inclusivos y la Ley 64-2025 que otorga al secretario de Hacienda discreción sobre exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro— como parte del mismo patrón de cierre del espacio cívico.