Diez años de la Junta de Control Fiscal: $2,200 millones gastados y crisis sin resolver
En mayo de 2026 se cumplen diez años desde la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) bajo la Ley PROMESA, periodo durante el cual la entidad ha gastado aproximadamente $2,200 millones —según un informe de Espacios Abiertos publicado en 2025— muy por encima de los $370 millones proyectados originalmente por el Congreso para un plazo de cinco o seis años.
Los recortes impulsados por la JCF han afectado pensiones, hospitales, escuelas públicas y la Universidad de Puerto Rico, que vio reducido su presupuesto del Fondo General en un 48% entre 2017 y 2024; la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece sin resolución definitiva a una década de iniciado el proceso.
La JCF nació después de que en 1984 el Congreso excluyera a Puerto Rico de la protección federal de quiebras, exclusión que pasó inadvertida hasta 2014, cuando una ley de quiebra local fue anulada por el Tribunal de Apelaciones de Boston; ante una deuda pública de $73 mil millones que se declaró impagable en 2015, el Congreso aprobó PROMESA y nombró la primera junta.
Esta nota ilumina el hilo central de la gobernanza fiscal colonial en Puerto Rico: cómo un mecanismo federal de supervisión financiera, originalmente concebido como temporal, se ha convertido en una estructura de poder permanente con costos y consecuencias que aún moldean la vida cotidiana en la isla.