Diez años de la Junta de Control Fiscal: $2,200 millones gastados y crisis energética sin resolver
A diez años de la aprobación de la Ley PROMESA y la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF), un análisis de Espacios Abiertos publicado en 2025 ubica los gastos acumulados de la entidad —principalmente en abogados, asesores y contratistas— en $2,200 millones hasta fines de 2024, muy por encima de los $370 millones proyectados originalmente por el Congreso federal.
La cifra supera en casi seis veces la estimación inicial del Congreso, y los fondos han salido de los recursos de Puerto Rico en un período marcado por recortes a pensiones, cierre de escuelas, reducción del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico en un 48% del Fondo General entre 2017 y 2024, y una crisis energética cuya resolución permanece incierta.
La JCF fue establecida en 2016 bajo PROMESA luego de que Puerto Rico quedara excluido de la protección federal de quiebras desde 1984 y acumulara una deuda pública de $73 mil millones; el Congreso estimó entonces que la entidad operaría por cinco o seis años.
Esta nota ilumina el hilo estructural de la gobernanza fiscal impuesta en Puerto Rico y sus efectos acumulados sobre los servicios públicos, la economía y la emigración de profesionales.