A diez años de PROMESA, la Junta de Control Fiscal ha gastado $2,200 millones en asesores y contratistas
En mayo de 2026 se cumplen diez años desde la creación de la Junta de Control Fiscal (JCF) bajo la Ley PROMESA, período durante el cual la entidad ha gastado aproximadamente $2,200 millones —según un informe de Espacios Abiertos publicado en 2025— principalmente en abogados, asesores y contratistas, cifra que supera en casi seis veces la proyección original de $370 millones que estimó el Congreso.
Los recortes impuestos por la JCF han afectado pensiones, hospitales, escuelas públicas y la Universidad de Puerto Rico —que vio reducido su presupuesto del Fondo General en un 48% entre 2017 y 2024—, mientras la crisis energética de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece sin resolución definitiva tras una década.
Puerto Rico fue excluido de la protección de la Ley Federal de Quiebras en 1984, lo que dejó al gobierno sin mecanismo para reestructurar su deuda cuando esta alcanzó $73 mil millones en 2015; ante esa crisis, el Congreso aprobó PROMESA y nombró la primera JCF, con una duración estimada de cinco a seis años.
Esta nota ilumina el hilo de la gobernanza fiscal y la autonomía política de Puerto Rico: cómo una estructura de control externa, sin mandato electoral, ha tomado decisiones estructurales que moldean servicios públicos, energía y el futuro económico del país.