A 20 años del IVU, expertos lo califican de sistema incoherente que urge reforma
En julio de 2026 se cumplen 20 años desde que Puerto Rico implantó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) mediante la Ley 117 del 4 de julio de 2006, un sistema que pasó de recaudar unos 600 millones a más de 3,000 millones de dólares anuales pero que hoy acumula más de 130 exenciones y combina elementos incompatibles de distintos modelos contributivos. Un grupo multisectorial que incluye el Colegio de Contadores Públicos Autorizados, la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y el Centro Unido de Detallistas ya presentó a la gobernadora y al secretario de Hacienda una propuesta de reforma contributiva integral.
El IVU fragmentado en 79 jurisdicciones municipales con reglas distintas encarece el cumplimiento para los comercios y dificulta la fiscalización de Hacienda; además, parte de su recaudación sigue comprometida al pago de la deuda de COFINA, lo que limita cualquier intento de modificarlo.
El IVU sustituyó un arbitrio general cobrado en los muelles cuya recaudación estaba estancada y contaba con más de treinta exclusiones; años después de su creación, un intento de reemplazarlo con un IVA de 16% fracasó ante la oposición de los comerciantes, y en su lugar se aumentó la tasa a 11.5% y se reintrodujo el cobro en los muelles, reinstalando el efecto cascada que el diseño original pretendía eliminar.
Esta nota ilumina el hilo de la reforma contributiva pendiente en Puerto Rico, un debate central para la sostenibilidad fiscal del país y para la relación entre el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal y el sector privado.