Tribunal Supremo acoge caso del gobierno contra LUMA; resolución esperada en meses
El Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió el 8 de agosto de 2026, por decisión de cinco a cuatro, las demandas del gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón que buscan cancelar el contrato de LUMA Energy, y concedió 30 días al gobierno para presentar alegatos y otros 30 a LUMA para refutarlos.
Si el tribunal determina que el contrato es nulo, LUMA podría tener que devolver los $135 millones que ha recibido por operar, y se activaría un proceso de transición del servicio eléctrico cuyo resultado aún es incierto.
La controversia central gira en torno a si la extensión del contrato de LUMA requería voto unánime de la Junta de Gobierno de la AP3 bajo la Ley 129 de 2009; dos miembros se abstuvieron, lo que, según los demandantes, invalida la extensión. El Colegio de Abogados había concluido previamente que tanto el contrato original como el complementario son nulos.
El caso ilumina la tensión estructural entre la privatización del sistema eléctrico y la capacidad del Estado para exigir rendición de cuentas a operadores privados de infraestructura crítica.