Datos contradicen narrativa legislativa que justificó la Ley 82 de 2026 sobre fianzas para paralizar obras

Una investigación del Capítulo de Rincón de la Fundación Surfrider y la coalición Paseo Responsable analizó 924 interdictos presentados entre enero de 2025 y mayo de 2026, y encontró que el 73% de los 295 relacionados a permisos y uso de terrenos fueron presentados por el Gobierno de Puerto Rico, no por ciudadanos u organizaciones ambientales. El hallazgo contradice los argumentos del representante Jorge "Georgie" Navarro Suárez y otros legisladores que justificaron la Ley 82 de 2026 —que impone una fianza mínima del 10% del valor de un proyecto para poder paralizarlo judicialmente— en un supuesto abuso de grupos ambientales.

La ley ya está vigente y aplica a todo procedimiento judicial o administrativo en curso; ciudadanos y entidades privadas que quieran impugnar una obra deben demostrar un interés propietario o personal y pagar la fianza, mientras que la Junta de Planificación y ciertos municipios autónomos quedan exentos. El informe también señala que los 295 interdictos representan apenas el 3.4% de los permisos de construcción tramitados en 2025, lo que refuta la narrativa de un cuello de botella generado por litigación ciudadana.

El Capítulo de Rincón de Surfrider impulsó esta investigación en el contexto directo del caso del Paseo Ciclista y Peatonal de Rincón, cuya paralización judicial —obtenida por la organización Amigos de Tres Palmas— precedió a la aprobación de la Ley 82 de 2026. El representante Navarro Suárez reconoció ante el Centro de Periodismo Investigativo que no estaba al tanto de las estadísticas cuando presentó el proyecto, y posteriormente radicó enmiendas para hacer discrecional la fianza, aunque el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez Núñez, adelantó que no les dará paso.