Sobreviviente de agresión sexual impulsa nueva Carta de Derechos para víctimas en Puerto Rico
Karla Hernández, sobreviviente de una agresión sexual en una playa de Arecibo en 2020, fundó Vivo Alliance junto a su esposo Gerald Ericksen para impulsar una propuesta legislativa que derogaría la Ley 22 de 1988 y la sustituiría por una nueva Carta de Derechos de las Víctimas de Delito con obligaciones claras y ejecutables. La medida aún no ha sido radicada, aunque el grupo ya ha iniciado acercamientos con legisladores con miras a presentarla en el Senado.
La propuesta introduciría representación legal independiente para víctimas, consulta obligatoria antes de acuerdos de culpabilidad y participación en etapas clave del proceso judicial, atendiendo lo que Vivo Alliance describe como la ausencia de mecanismos de cumplimiento en el marco vigente. Según cálculos de la organización, desde la declaración del estado de emergencia por violencia de género en 2021 se han destinado cerca de $60 millones en fondos públicos, mientras los indicadores de feminicidios y agresiones sexuales han ido al alza.
El marco legal actual para víctimas de delito en Puerto Rico data de la Ley 22 de 1988; la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que colaboró en el diseño de la propuesta, sostiene que esa ley carece de los mecanismos de cumplimiento necesarios para que los derechos reconocidos sean operacionalmente efectivos. La iniciativa recibió respaldo de la Joyful Heart Foundation y de LULAC, y su diseño se apoya en un análisis comparativo de los 50 estados de Estados Unidos y 21 países.
Esta nota ilumina el hilo de cómo el sistema de justicia criminal de Puerto Rico responde —o no— a las víctimas de violencia de género, y si la inversión pública en esa área se traduce en protecciones concretas y ejecutables.