Senadores del PPD demandan a Justicia para obtener expedientes de casos archivados por corrupción
La delegación del PPD en el Senado presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia para obligar a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, a entregar al Senado un listado de casos archivados en la División de Integridad Pública y las órdenes de cierre correspondientes. El recurso se radica luego de que Justicia se negara a responder una petición de información aprobada unánimemente por el Senado el 4 de mayo de 2026, incluso tras concedérsele un plazo adicional de 48 horas el 19 de mayo.
La División de Integridad Pública investiga querellas de corrupción gubernamental, violaciones electorales y de ética por funcionarios públicos, por lo que el acceso a sus expedientes archivados incide directamente en la capacidad del Senado de fiscalizar al Ejecutivo. La negativa de Justicia a suministrar la información pone en tensión el principio de separación de poderes.
La controversia surgió al conocerse la Orden Administrativa 2026-09, que establece un proceso para cerrar o archivar casos tras dos años en la División de Integridad Pública. El recurso judicial invocado —el Artículo 34-A del Código Político— ha sido utilizado en controversias previas contra agencias como Hacienda, Recursos Naturales, Educación, Corrección y LUMA Energy.
Esta acción judicial ilumina el hilo de la tensión entre los poderes Legislativo y Ejecutivo en Puerto Rico, y la pregunta más amplia sobre la transparencia en las investigaciones de corrupción gubernamental.