El 30 de abril de 2026, el Departamento de Salud de Puerto Rico compareció ante el tribunal en una vista de interdicto preliminar para defender su decisión de intervenir en la operación de las salas de emergencia de los CDT de Dorado y Vega Alta.

La intervención afecta directamente el acceso a servicios de emergencia en dos municipios del norte de Puerto Rico, y la vista determinará si el gobierno puede seguir adelante con el proceso de subasta para contratar un nuevo operador.

El 9 de abril de 2026, Salud emitió solicitudes de propuestas para contratar una entidad que asumiera la administración de ambas salas de emergencia, en medio de señalamientos de fallas administrativas en el Hospital Wilma N. Vázquez de Vega Baja, al cual están adscritos los CDT.