Quejas disciplinarias contra Parra y Ferraiuoli exponen el sistema ético que regula la abogacía
El Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó en abril de 2026 una queja disciplinaria contra la exfiscal Janet Parra, radicada por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, y esta semana recibió una segunda queja contra Verónica Ferraiuoli, directora ejecutiva del Distrito de Convenciones, por presunta representación legal indebida mientras ocupaba un cargo gubernamental.
Ambas abogadas tienen vínculos directos con el gobierno de la gobernadora Jenniffer González Colón, y los casos ponen a prueba públicamente el sistema disciplinario que el Tribunal Supremo administra con exclusividad, cuyas nuevas Reglas de Conducta Profesional entraron en vigor en 2026.
El proceso disciplinario de la abogacía en Puerto Rico es confidencial mientras está en trámite e involucra al Procurador General como investigador preliminar y a un Comisionado Especial —usualmente un juez retirado— que celebra vistas evidenciarias antes de que el Tribunal Supremo emita una determinación final.
Este caso ilumina la tensión entre los vínculos político-gubernamentales de funcionarios letrados y los mecanismos de rendición de cuentas profesional que el Poder Judicial administra de forma independiente.